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Modo: Corpus Pro

SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA MENORES. LOS PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO Y ADICIONADOS, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE DE 2005, SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2008-PL. · Registro digital (IUS): 21713
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, , Pág. 341.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIO: DAVID RODRÍGUEZ MATHA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en el artículo tercero fracción VII, del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, en materia común, además de que reviste características de importancia y trascendencia.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por el señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José de Jesús Gudiño Pelayo, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Los criterios que se aducen como contradictorios, son los siguientes:

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver en sesión de catorce de diciembre de dos mil seis, por unanimidad de votos, el amparo en revisión **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SÉPTIMO. Los agravios que hace valer el recurrente son inoperantes. De la sentencia de amparo que ahora se impugna dictada en el juicio de amparo indirecto **********, promovido por ********** en representación de su hijo ********** se advierte que el Juez Federal sobreseyó en el juicio de garantías porque estimó que se actualizaron dos causas de improcedencia conforme a los siguientes argumentos: A. Respecto a la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo en relación con los numerales 103 constitucional y 1 del ordenamiento citado en primer término: 1. El acto reclamado, consistente en el proceso de reforma constitucional del párrafo cuarto, y adición de los párrafos quinto, sexto y séptimo, recorriéndose en su orden los restantes del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no está comprendido en las hipótesis de procedencia del juicio de garantías, porque no encuadra en la fracción II ni en la fracción III de los ordinales 103 constitucional y 1o. de la Ley de Amparo, aunado a que el promovente no alega invasión alguna de soberanía entre la Federación y los Estados; tampoco está comprendido en la fracción I de los referidos preceptos debido que para que un juicio fuera procedente en términos de la fracción mencionada, sería preciso que el término ‘leyes’ a que aluden tales disposiciones, comprendiera a la Constitución, lo que es inaceptable, ya que el juicio de garantías es el medio de defensa más eficaz de la Constitución, por lo cual no es dable pretender utilizar ese medio de defensa para reclamar y destruir la Constitución. 2. El juicio de amparo no es un mecanismo que permita cuestionar la constitucionalidad de cualquier acto o norma, por infracción a un principio constitucional, sino que su elaboración estructural a nivel fundamental, legal y jurisprudencial, está ceñida a los límites y parámetros previstos por el artículo 103, fracción I, de la Carta Fundamental, reproducido por el diverso 1, fracción I, de la Ley de Amparo. 3. El juicio de amparo ha sido concebido para enjuiciar los actos de los tres poderes constituidos, entendiéndose que cuando esos actos reciben el nombre o la calificación de leyes se refieren a reglas de conducta generales, abstractas e impersonales que provienen de los Poderes Legislativo Federal, Estatales o del Distrito Federal o, en su caso, del presidente de la República o de los gobernadores tratándose de reglamentos asimilables a aquéllas; de ahí que el objeto de la acción de amparo es ceñir al legislador ordinario y a los Poderes Ejecutivo y Judicial a las previsiones constitucionales, sin juzgar otros actos que realicen órganos o entidades distintas de orden constitucional. 4. No deben confundirse los conceptos de ‘Constitución’ y ‘ley’, aquélla es el conjunto de normas supremas que rigen la organización y funcionamiento de los poderes públicos y sus relaciones de orden social; mientras que la segunda es el conjunto de normas que derivan su validez y eficacia de la propia constitución. 5. La ‘Constitución’ y la ‘ley’, sea ésta federal y local, se diferencian por su jerarquía, por su proceso de elaboración y por su contenido. En cuanto a su jerarquía prevalece la norma constitucional respecto de la ordinaria cuando ésta se encuentra en contravención con aquélla; en lo que atañe a su proceso de elaboración, la Constitución emana del Poder Constituyente y únicamente puede ser reformada o adicionada por el Poder Revisor también llamado Constituyente Permanente, en tanto que la ley proviene de los poderes constituidos; y por lo que se refiere a su contenido la Constitución señala originalmente los aspectos mencionados, en tanto que la ley desarrolla los preceptos constitucionales sin poder alterarlos. 6. Como el concepto ‘leyes’ a que aluden los artículos 103 constitucional y 1 de la Ley de Amparo, ambos en su fracción I no comprende el de la ley suprema o sea la ‘Constitución’, el juicio de garantías es improcedente. Citó los criterios de rubros: ‘DEMANDA DE AMPARO CONTRA LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. IMPROCEDENCIA DE LA.’ y ‘CONSTITUCIÓN, REFORMAS A LA. AMPARO IMPROCEDENTE. BANCA Y CRÉDITO.’. 7. Admitir la procedencia del juicio implicaría la posibilidad de destruir la reforma constitucional con que culminó el procedimiento de su formación, por ello es inadmisible analizar la constitucionalidad de los actos que tienen lugar durante la secuela de ese procedimiento. 8. El Juez de Distrito consideró que la tesis aislada P. LXIV/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU EJERCICIO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO, POR FORMAR PARTE DEL PROCESO LEGISLATIVO.’ y las diversas que tuvieron su origen en el amparo en revisión **********, promovido por **********, no eran obligatorias de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, aunado a que disentía de tales criterios porque consideró que a través de la acción de amparo no es dable cuestionar la regularidad constitucional de un proceso de reforma a la propia Carta Fundamental. B. En cuando a la causal de improcedencia regulada en la fracción V del dispositivo 73 de la Ley de Amparo: 1. El juicio de garantías debe seguirse a instancia de parte agraviada, por ello como presupuesto de la procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico, que es la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Transcribió las tesis: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO.’ e ‘INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.’. 2. El peticionario de garantías no aportó pruebas para acreditar la afectación que le origina el precepto 18 constitucional, porque si bien es menor de edad ello no implica que se afecte su interés jurídico con la reforma constitucional, ya que para ser sujeto de la justicia de menores infractores, establecida en el precepto en comento, es necesaria la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales, según lo establezca la Federación, los Estados y el Distrito Federal. 3. El quejoso no acreditó haber cometido algún delito, a pesar que tal afectación debe probarse fehacientemente, toda vez que el numeral 4 de la Ley de Amparo previene que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; por ello era necesario que la parte quejosa acreditara estar en los supuestos que contempla la norma constitucional que, según aduce, emergió de un procedimiento de reforma inconstitucional. Para apoyar lo anterior invocó la tesis ‘REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN. EL INTERÉS JURÍDICO DERIVA DE LA AFECTACIÓN QUE PRODUCE, EN LA ESFERA DE DERECHOS DEL QUEJOSO, EL CONTENIDO DE LOS PRECEPTOS MODIFICADOS.’. 4. Cuando se promueve el juicio de amparo en contra de una ley o de un ordenamiento de observancia general con motivo de su aplicación, es necesario que se pruebe ésta durante el juicio o, en su caso, en la audiencia constitucional, y con ello que tal disposición afecta su interés jurídico; pues no basta para tener por demostrado éste el que en la demanda de amparo se hubiere declarado bajo protesta de decir verdad que se está dentro de la hipótesis normativa que prevé el precepto. 5. Si bien el quejoso no controvierte el texto del artículo 18 constitucional, su propósito es obtener una sentencia de amparo que lo proteja en contra de la aplicación de dicho dispositivo constitucional, es decir, que se le conceda la protección en contra del numeral en cita aunque sea por las violaciones en el procedimiento observado para su creación, para el efecto de que no se le considere imputable. 6. El artículo 18 constitucional no es de naturaleza autoaplicativa, como lo aduce el quejoso, ya que de su texto se advierte que es una norma heteroaplicativa, en virtud de que la aplicación de tal precepto está condicionada a una conducta realizada por el individuo. Citó la jurisprudencia ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’. 7. Como la parte quejosa no demostró la aplicación en su perjuicio de la norma en cita, carece de interés jurídico para la impugnación del proceso de reforma constitucional del párrafo cuarto, y adición de los párrafos quinto, sexto y séptimo, recorriéndose en su orden los restantes del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Invocó los criterios de rubros: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA ÚNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA.’ y ‘LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS.’. Por su parte, los agravios expresados por el recurrente se sustentan en lo siguiente: A. En cuanto a la primera causa de improcedencia sustentada por el Juez de Distrito en los numerales 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en relación con los numerales 103 constitucional y 1 de la ley en cita: 1. Los razonamientos del Juez de Distrito, relativos a que el proceso de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no puede ser controvertido mediante el juicio de garantías conforme a una interpretación restrictiva del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como del diverso 1 de la Ley de Amparo, fueron analizados por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito cuando declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el director de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, por lo que causa extrañeza y es controvertible que el juzgador pretenda resolver cuestiones que ya fueron resueltas por una instancia de alzada, quien determinó que no se acredita la causa de improcedencia que invocó el Juez Federal, lo que constituye cosa juzgada. 2. En un Estado constitucional y de derecho no es dable pensar que el actuar de los Poderes de la Unión pueda ser arbitrario o ilimitado, asumir una consideración de tal magnitud equivale a convalidar el rompimiento de los pilares fundamentales del propio estado de derecho, y asumir que existen entidades de poder con carácter supra-constitucional. 3. En un estado constitucional y de derecho no resulta admisible dejar sin efecto el control constitucional de los actos de autoridad de los Poderes de la Unión, por lo que intentar concebir al ‘Poder Constituyente’ como una entidad arbitraria, capaz de modificar a su antojo la Constitución Federal resulta irracional y antidemocrático. 4. Los criterios para el control de la constitucionalidad en materia de reformas y adiciones a la Carta Magna no tienen el grado de madurez propio de los regímenes constitucionales modernos, ya que no admite el cuestionamiento sustantivo de una reforma a la Constitución, permitiendo que siempre que se cumplan los requisitos formales de validez de formación y modificación de las normas jurídicas dicha reforma sea calificada como válida, ello no obstante que dicha norma pueda ser violatoria del sistema de derechos fundamentales reconocidos en el mundo contemporáneo. 5. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo

en la tesis de rubro: ‘REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN. EL INTERÉS JURÍDICO DERIVA DE LA AFECTACIÓN QUE PRODUCE, EN LA ESFERA DE DERECHOS DEL QUEJOSO, EL CONTENIDO DE LOS PRECEPTOS MODIFICADOS.’, que el juicio de amparo es el recurso idóneo para cuestionar el procedimiento de reformas y adiciones al texto de la Constitución. 6. El criterio del Juez de Distrito llevaría a sostener que los actos realizados por las autoridades que participan en el proceso de reformas a la Constitución carecen de cualquier medio de control jurisdiccional, lo cual implicaría afirmar la validez de cualquier transgresión al proceso de reformas a la norma fundamental, sin que existiese alguna manera de obligar a las autoridades a ceñirse al citado proceso. 7. Conforme al artículo 49 constitucional el Estado mexicano está dividido en tres poderes, sin embargo el Juez de amparo señala la existencia de un ‘supremo poder reformador’ como órgano extraordinario, cuya existencia deriva del ordinal 135 constitucional, dicho precepto únicamente establece un procedimiento, pero no un órgano extraordinario y menos con atribuciones ilimitadas. 8. El dispositivo 135 de la Carta Magna establece el procedimiento de reforma de la misma, el cual es rígido y complejo, ya que deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y b) Que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. Dicho precepto establece cuáles son los organismos que deben intervenir en el proyecto de reforma, así como la mayoría necesaria para llevarse a cabo, por lo que delimita la actuación de las distintas autoridades que en dicho proceso intervienen. 9. Si bien del precepto 135 en mención se desprende la participación de diversos órganos actuando conjuntamente, ello no supone la creación de un ente distinto; la separación de las funciones de los poderes que componen la unión implica un equilibrio en el ejercicio del poder y la cooperación entre dichos poderes, es decir, la realización de funciones de manera conjunta, constituye un sistema de control básico, sin el cual el estado de derecho es impensable. 10. El hecho de que diversos órganos actúen conjuntamente para desempeñar funciones específicas obedece a una razón de control, pero no implica la creación de distintos poderes cada vez que eso sucede, ya que sería absurdo decir que se crea un nuevo ‘poder’ cada vez que varios órganos actúan conjuntamente para alguna función específica, como cuando actúan el senado y el Ejecutivo conjuntamente en la designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 11. No se está ante la creación material o formal de un nuevo órgano encargado de la reforma; sino frente a la regulación específica de cada uno de los sujetos que intervienen en dicho procedimiento; aunado a que no existe fundamento constitucional alguno para suponer que la combinación de poderes prevista por el artículo 135 sea un órgano, sino que se trata de la combinación de autoridades que tienen encomendada una función específica consistente en reformar la Constitución, sin que cada una de ellas pierda su identidad ni adquiera una distinta. 12. El ‘poder reformador de la Constitución’ es un ente que sólo existe en un plano teórico, en la doctrina, pero no tiene un fundamento en nuestra Constitución; el hecho de que algunos teóricos del derecho hablen de su existencia no autoriza al juzgador a sobreseer en el juicio de garantías apoyándose en esa posición doctrinaria. 13. El proceso de reformas a la Constitución, como cualquier conjunto de actos de autoridad, debe estar sujeto al cumplimiento de lo prescrito por la propia Ley Fundamental; dentro de todo Estado constitucional se reconoce el carácter normativo y el efecto directo de las disposiciones de la Carta Magna lo cual significa abandonar el viejo dogma que concebía a las disposiciones constitucionales como simples elementos de un programa político, para reconocer su función generadora per se de obligaciones y derechos; así como erradicar la idea de que toda norma constitucional debe ser reglamentada mediante normas secundarias para tener eficacia, y reconocer que la sola existencia de la norma constitucional hace exigible de manera inmediata, sin necesidad de que existan normas secundarias, las prescripciones por ella contempladas. 14. El proceso que reforma a la Constitución debe ser restringido por un mecanismo de control a fin de que su decisión no quede al arbitrio del poder público; en tal sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva denominada ‘La expresión «Leyes» en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986’, consideró que deben implementarse mecanismos de control suficientes para garantizar que las reformas y leyes emanadas del Congreso sean dadas de forma legítima. 15. En nuestro país opera el principio de rigidez constitucional, ya que es posible reformarla pero mediante un mecanismo complejo, pues los artículos que prescriben el proceso para reformarla prevén ciertos límites, de otra manera, se estaría identificando a los órganos que reforman la Constitución con el Poder Constituyente. 16. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución del treinta de agosto de mil novecientos noventa y seis dictada ‘en el juicio de amparo accionado por **********’, consideró que el actuar de los órganos encargados de la función reformadora está sujeto al procedimiento que le determina la propia Constitución y que el juicio de amparo es el medio idóneo para impugnar los actos de las autoridades responsables durante el proceso de reformas al texto fundamental, como se advierte de la tesis ‘INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU EJERCICIO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO, POR FORMAR PARTE DEL PROCESO LEGISLATIVO.’. 17. En el supuesto de que al conjunto de autoridades y procedimientos previstos para llevar a cabo reformas a la Constitución, se le denominara como ‘Poder Reformador’, los actos de dicho ‘poder’ deben ajustarse al contenido constitucional y ser impugnables, como todo acto de autoridad, a través de los medios de control constitucional propios de todo estado de derecho. B) Respecto a la diversa causal de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo: 1. El interés jurídico del quejoso quedó plenamente acreditado, porque se demostró la existencia de los derechos legítimamente tutelados, consistentes en la ausencia de imputabilidad y la situación jurídica de que gozaba el quejoso con anterioridad a la reforma, así como su violación por un acto de autoridad, ya que basta cualquier modificación o restricción en la esfera de garantías de un gobernado, para generar ipso facto una afectación personal y directa en su perjuicio. 2. La sola entrada en vigor de la reforma al artículo 18 constitucional, genera un agravio personal y directo, en virtud de que toda norma que contenga disposiciones de derechos fundamentales constituye una norma de carácter autoaplicativo cuyos efectos modifican una situación sin que se requiera acto alguno de individualización por parte del sujeto de dicha norma. Para apoyar lo anterior citó la jurisprudencia ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’. 3. Al controvertirse una reforma que lesiona los derechos fundamentales de las personas que corresponden a un grupo determinado de la población, se está frente a una norma de carácter incondicionada o autoaplicativa, en los términos descritos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis ‘REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN. EL INTERÉS JURÍDICO DERIVA DE LA AFECTACIÓN QUE PRODUCE, EN LA ESFERA DE DERECHOS DEL QUEJOSO, EL CONTENIDO DE LOS PRECEPTOS MODIFICADOS.’, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva denominada ‘Responsabilidad Internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la convención (arts. 1o. y 2o. Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994’. 4. El agravio se produce en el momento en que se conculcan los derechos fundamentales y la disposición impugnada tiene el carácter de ley autoaplicativa, puesto que basta con ser menor de edad para haber perdido el derecho a ese manto protector, por lo que al causar dicha norma un perjuicio evidente al quejoso, resulta procedente el juicio de garantías en contra del proceso de reforma a la Constitución. 5. En conclusión, como la esfera de derechos del quejoso fue vulnerada mediante la reforma impugnada, y al tener ésta el carácter de autoaplicativa por contener disposiciones fundamentales, se acredita el interés jurídico del quejoso para acudir al juicio de garantías. C. Por último expuso lo que denominó ‘violaciones al proceso de reformas a la Constitución Federal’, relativas a la supuesta vulneración de la autonomía parlamentaria de las Cámaras del Congreso de la Unión y de la garantía de legalidad durante el proceso de reformas a la Constitución; violación al artículo 67 en relación con el ordinal 16 de la Carta Magna; y violaciones en cuanto al fondo de la reforma por falta de prueba de la constitucionalidad de la restricción que sufrió el dispositivo 18 del Pacto Federal, transgresión a la garantía de audiencia y a los numerales 1, 16, 22, 4 y 18 del Pacto Federal. De la comparación entre las consideraciones esgrimidas en la sentencia recurrida con lo expresado por el inconforme en sus agravios, se advierte que éste no combatió los razonamientos torales por los que el Juez de Distrito decidió sobreseer en el juicio de garantías, concretamente los relativos a que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo en relación con los numerales 103 constitucional y 1 del ordenamiento citado en primer término, porque el acto reclamado no está comprendido en las hipótesis de procedencia que establecen los dos últimos preceptos, no se alegó invasión de soberanía entre la Federación y los Estados; el juicio de garantías es el medio de defensa más eficaz de la Constitución, por lo que no es dable acudir a él para reclamar y destruir la Constitución, tampoco es un mecanismo que permita cuestionar la constitucionalidad de cualquier acto o norma, por infracción a un principio constitucional, su objeto es ceñir al legislador ordinario y a los poderes ejecutivo y judicial a las previsiones constitucionales, sin juzgar otros actos que realicen órganos o entidades distintas de orden constitucional; y como el concepto ‘leyes’ a que aluden los artículos 103 constitucional y 1o. de la Ley de Amparo, ambos en su fracción I, no comprende el de la ley suprema o sea la ‘Constitución’, el juicio de garantías es improcedente. Y respecto a la diversa causal de improcedencia regulada en la fracción V del dispositivo 73 de la Ley de Amparo, no combatió los argumentos atinentes a que el peticionario de garantías no aportó pruebas para acreditar la afectación que le origina el artículo 18 constitucional, porque el ser menor de edad no implica que se afecte su interés jurídico con la reforma de tal precepto, ya que para ser sujeto de la justicia de menores infractores es necesaria la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales, tampoco acreditó haber cometido algún delito, a pesar que tal afectación debe probarse fehacientemente y que era necesario acreditara que estaba en los supuestos que contempla la norma constitucional, pues no basta para tener por demostrado el interés jurídico declarar bajo protesta de decir verdad que se está dentro de la hipótesis normativa que prevé el precepto cuya reforma se controvierte. Lo anterior puede advertirse fácilmente al comparar unos con otros, de lo que deviene la inoperancia de los agravios expresados; aunado a que los restantes agravios que hace valer el inconforme no tienden a combatir los fundamentos y consideraciones que sustentan la resolución recurrida, sino pretenden en forma directa desvirtuar la legalidad de los actos reclamados, lo que no constituye la materia de la litis en la revisión, la que se circunscribe al estudio del fallo recurrido con vista de los motivos de inconformidad que plantea el inconforme, de ahí que los agravios deben estar en relación directa e inmediata con las argumentos contenidos en la sentencia que se recurre y comprender no sólo la cita de las disposiciones legales que se estima fueron infringidas y su concepto, sino la concordancia entre aquéllas, éste y las consideraciones en que se apoya la sentencia impugnada, lo que evidentemente no sucede en la especie. Al caso es aplicable la jurisprudencia 29 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, que dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA.’ (se transcribe). Sin embargo, por ser el quejoso menor de edad, este Tribunal Colegiado en suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 bis, fracción V, de la Ley de Amparo, procede al análisis de la sentencia en lo que constituye materia de la revisión. Lo anterior con apoyo en la tesis: 1a./J. 191/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento sesenta y siete, XXIII, mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: ‘MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.’ (se transcribe). En tal sentido fue legal la determinación del Juez de Distrito al estimar que se actualizó un motivo de improcedencia del juicio de garantías que debe ser estudiado de oficio por ser de orden público, lo aleguen o no las partes, que en el caso se trata de la consignada en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo; lo que significa un obstáculo procesal que impidió al nombrado juzgador analizar la litis constitucional planteada y, por ello, sobreseyó en el mismo. A fin de sustentar la postura anterior, es menester destacar lo siguiente: Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: (se transcriben). De los preceptos transcritos, se desprende que el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, y la noción de perjuicio presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; de ahí que ese derecho subjetivo protegido, afectado directamente por un acto de autoridad, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo exige para la procedencia del juicio de garantías. En ese sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial de la Sala Auxiliar, visible en la página cincuenta y seis, Séptima Parte, Tomo 72, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que invoca el recurrente en su primer agravio, cuyo rubro y texto son: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.’ (se transcribe). También son ilustrativos los criterios de la Segunda y Tercera Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables, la primera, en la página treinta y cuatro, Tercera Parte, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, y la segunda a fojas doscientos veinticuatro, Primera Parte, Tomo II, julio a diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que son del tenor literal siguiente: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.’ (se transcribe). ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUE LO CONSTITUYE.’ (se transcribe). Precisado lo anterior, de la demanda de garantías y las constancias que obran en el juicio de amparo ********** se advierte que el acto reclamado por el quejoso es el proceso de reforma constitucional del párrafo cuarto, y adición de los párrafos quinto, sexto y séptimo, recorriéndose en su orden los restantes del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa tesitura, como el acto de autoridad que se reclama tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular, el interés jurídico para promover el juicio de amparo debe derivar directamente de los efectos que produce en la esfera j

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21713-b6c0bf44/sistema-integral-de-justicia-para-menores-los-parrafos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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