JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LA FACULTAD QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 782 Y 886 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO LA DEBE EJERCER DE MANERA RACIONAL Y PRUDENTE. POR LO QUE SÓLO DEBE ORDENAR DE OFICIO LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS CUANDO REALMENTE SEAN CONVENIENTES PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD MATERIAL BUSCADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia de trabajo, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo 489/1998 el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en la parte que interesa, sostuvo:
"VI. Son infundados en una parte y fundados en otra, los conceptos de violación antes transcritos. ... Ahora bien, de antemano cabe decir, que es infundado que la Junta responsable estuviera obligada a ordenar el desahogo de la prueba pericial, para determinar la profesionalidad del padecimiento del actor, puesto que no existe precepto legal alguno aplicable al caso, que imponga al citado tribunal dicha carga; sin que obste para ello, lo que ordena el artículo 824 de la ley laboral, porque debe entenderse que la obligación de la Junta nace cuando existe ofrecimiento genérico de la prueba pericial por parte de quienes intervienen en el juicio laboral, no cuando se pretende que la designación se haga de primera intención por parte de la Junta. Ni tampoco opera lo que previene el artículo 782 de la citada ley, en el sentido de que la Junta podrá ordenar con citación de las partes, el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad; puesto que la facultad ahí conferida a los tribunales obreros sólo constituye un medio para aclarar o complementar las probanzas legalmente ofrecidas por las partes; empero no, para suplir las deficiencias de la parte actora, recibiendo las pruebas que ella no tuvo interés en rendir. Sirve de apoyo a lo anterior, y en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3829, del Tomo LXXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que a la letra reza: ‘TRABAJO, PRUEBA PARA MEJOR PROVEER EN EL PROCEDIMIENTO DE.’ (se transcribe)."
De las consideraciones preinsertas derivó la tesis, cuyo rubro, texto y datos de localización son:
"PRUEBA PERICIAL. LA JUNTA NO ESTÁ OBLIGADA A PROCURAR SU DESAHOGO SI ÉSTA NO FUE OFRECIDA. Si las partes no ofrecieron en el juicio laboral la prueba de peritos, resulta ilegal la pretensión de alguna de ellas, en el sentido de que la Junta obrera ordene su desahogo; esto es así, porque ninguna disposición legal aplicable al caso existe, que imponga al citado tribunal dicha carga, sin que obste para ello lo que ordena el artículo 824 de la Ley Federal del Trabajo, porque la obligación de la Junta nace cuando existe ofrecimiento genérico de la prueba pericial y no cuando se pretende que la designación del perito se haga de primera intención por parte de la Junta. Ni tampoco opera lo que previene el artículo 782 de la citada ley, en el sentido de que la Junta podrá ordenar con citación de las partes, el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad; puesto que la facultad ahí conferida a los tribunales obreros sólo constituye un medio para aclarar o complementar las probanzas legalmente ofrecidas por las partes; empero no para suplir las deficiencias de las partes, recibiendo las pruebas que ellas no tuvieron interés en rendir." (No. Registro: 194,500. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, marzo de 1999. Tesis X.3o.6 L. Página 1441).
CUARTO. Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 10749/2002 el trece de noviembre de dos mil dos, en la parte que interesa, sostuvo:
"Resulta, también infundado el argumento del quejoso, vertido en parte del segundo concepto de violación, en el sentido de que la responsable tenía la obligación de practicar las diligencias que juzgare necesarias y convenientes para el esclarecimiento de la verdad, así como el argumento de que, en todos los juicios se deben cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo; que dicha prueba es trascendental para resolver la litis planteada y que, la responsable debió atender que los peritos practicaron una serie de estudios médicos, técnicos, de laboratorio, de gabinete y de campo para llegar a sus conclusiones. En efecto, si bien la prueba idónea para señalar las enfermedades que presenta el actor y, en su caso poder determinar la profesionalidad de las mismas, es la pericial médica, también debe decirse que tal probanza sólo orienta el criterio del juzgador en relación con la profesionalidad de los padecimientos que en el dictamen respectivo se diagnostiquen, pues, las Juntas de Conciliación y Arbitraje se encuentran facultadas para valorar las pruebas en conciencia y, tratándose de la prueba pericial, son soberanas para hacerlo, con la única condición de que expresen las razones y fundamentos legales tomados en cuenta, para negar o en su caso darle valor; por ello, la circunstancia de que la pericial médica sea una prueba idónea para determinar los padecimientos que presenta el trabajador, no significa que la Junta del conocimiento esté obligada a ordenar la constitución del perito al lugar o centro de trabajo en donde adujo el actor prestó sus servicios, como una de las diligencias necesarias para robustecer dicha prueba y, en un determinado caso, acreditar el nexo causal, si el ahora quejoso no lo pidió al perito en el cuestionario respectivo, ni solicitó a la Junta esa orden y, menos todavía, propuso a la Junta alguna inspección en dicho lugar a manera de perfeccionamiento, cuando a él corresponde probar sus pretensiones. Esto es así, porque debe tomarse en consideración que el procedimiento laboral se rige por un derecho dispositivo, pues no es la propia autoridad quien por sí misma debe dar inicio y seguir todo el procedimiento de los asuntos, sino que el juicio laboral debe iniciarse por instancia de parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 685 de la Ley Federal de Amparo (sic), amén de que también establece que las pruebas se deben ofrecer según lo previsto en los artículos 778 y 780, de donde se desprende que es obligación de las partes ofrecer sus pruebas y no de la autoridad laboral. Ciertamente, como ha quedado asentado, es el trabajador quien en el procedimiento laboral que nos ocupa, está obligado a probar sus acciones, porque ese ejercicio es necesario para la obtención de su interés y no, como contrariamente lo argumenta el impetrante del amparo, quien afirma que esa obligación debía recaer en el ente asegurador, y esto porque fue el mismo quejoso quien solicitó del instituto demandado determinadas prestaciones; por tanto, al actor correspondía probar con los medios necesarios e idóneos el derecho a obtener un laudo favorable de acuerdo a sus pretensiones; y, en su caso, solicitar su perfeccionamiento. Ahora bien, independientemente de que la propia Ley laboral establece en el artículo 782 del Código Obrero (sic), una potestad de ordenar el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por peritos, y en general practicar las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad; y que, de conformidad con el artículo 824 del mismo ordenamiento legal, la Junta está obligada a nombrar incluso a los peritos del trabajador, cuando se actualicen hipótesis, tales como: cuando éste no hiciera nombramiento de perito, el designado no compareciera a la audiencia respectiva a rendir su dictamen, o bien, cuando el trabajador lo solicite, por no estar en posibilidad de cubrir los honorarios correspondientes; así como que, en aras del principio que regula la materia laboral, consistente en que serán aplicables en primer término, las normas más favorables al trabajador (como reconocimiento de carácter tutelar que implica todo el derecho del trabajo), de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo, dicha ley no faculta a la citada autoridad para que sustituya al trabajador en su obligación de aportar pruebas para acreditar sus pretensiones. Por el contrario, este tribunal considera que la aludida ley, faculta en varios momentos procesales, a la Junta Laboral para que sea ésta quien dicte las medidas pertinentes a la prosecución del juicio, es decir, accione todo el proceso aun sin interés manifestado por las partes, para que el juicio no quede paralizado durante su procedimiento y lleguen a la etapa de su resolución, pues, es la Junta quien bajo su más estricta responsabilidad, debe velar porque los juicios que ante ella se sigan no queden inactivos, salvo disposición en contrario; pero no está obligada en términos del citado artículo, a suplir en sus obligaciones procesales a las partes, cuando a ellas corresponde una carga procesal, porque es a los contendientes a quienes se les impone la obligación de probar su pretensión. Se acude en apoyo a lo ya razonado, a las consideraciones vertidas en la exposición de motivos de doce de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, correspondientes a la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos setenta, específicamente de los capítulos LX y LXI, denominados ‘Procedimientos especiales’, que regula entre otros artículos el dispositivo 872, materia de esta controversia; y, ‘Procedimientos para la tramitación y resolución de los conflictos colectivos de naturaleza económica’, que contiene dispositivos referentes a la prueba pericial; respectivamente, de donde resulta evidente que el legislador además de tomar en cuenta que los conflictos de trabajo deben resolverse en un periodo breve de tiempo y en casos particulares urgentemente, también previó que en el procedimiento, en lo relativo a los dictámenes de los peritos, su desahogo debe hacerse del conocimiento de los trabajadores y de los patronos a fin de que formulen observaciones y ofrezcan las pruebas que estimen convenientes, y de que en los conflictos laborales no se trata de decidir sobre derecho preexistente, sino de aplicar la norma a las relaciones de trabajo, además de tomar en consideración que los peritos son auxiliadores, pero no responsables del negocio ni de la resolución que se dicte, en los términos expuestos en el párrafo que precede. Tampoco el Legislador, ha deseado atribuir a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la responsabilidad de instrucción del proceso al establecer, en ciertos casos un principio inquisitivo, que se traduce en la facultad que se otorga al juzgador para que investigue la verdad a través de todos los medios legales que tenga a su alcance, sin intervención de las partes, es decir, sin que la inactividad de las partes lo obligue ni lo limite a decidir únicamente sobre los medios que ellas le lleven o le pidan; así como para iniciar de oficio el proceso y para dirigirlo con iniciativas personales; o por lo menos, no quiso establecer un poder supletorio de la actividad procesal de las partes, puesto que reserva, a la parte trabajadora, entre otras cuestiones, la promoción de la demanda y en algunos casos lo relativo a la carga de la prueba; luego, la Junta debe respetar el derecho procesal que a cada parte corresponde, porque no obstante que en determinados casos tenga que actuar de oficio, debe enterar a las partes de su actuar, esto debe entenderse así en base al principio de equidad y oportunidad de las partes, pues, la ley les confiere el derecho procesal de alegar lo que a su derecho convenga, tan es así que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, establece que, cuando para continuar el trámite del juicio en relación con la inactividad del procedimiento, y sea necesaria la promoción del trabajador, y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de tres meses, se debe ordenar se le requiera para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad. Lo mismo sucede con el artículo 782 que nos ocupa, mismo que se refiere a que la Junta ‘podrá’ ordenar con citación de las partes, el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y en general, practicar las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate; de donde se concluye que, las normas del trabajo no deben quedar supeditadas a la mayor o menor diligencia de las partes y que, por ese motivo, el proceso laboral deba optar en lo posible por una impulsión procesal propia, pues, el sistema legal impone tanto a las partes como al tribunal, el cumplimiento de determinados actos procesales, para que las normas del capital y del trabajo tengan un legal y efectivo cumplimiento dentro del ámbito social. Criterios similares sostuvieron el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en el amparo directo 489/98, promovido por Carlos Mario Pérez Arias, resuelto por unanimidad de votos en sesión del veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, con número de tesis X. 3o.6 L, publicada en la página 1441, del Tomo IX, marzo de 1999, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el amparo directo 3952/86, promovido por Hugo Mayr Sánchez y otro, resuelto en sesión de veintidós de mayo de mil novecientos ochenta y siete, por unanimidad de votos, consultable en la página 497 del tomo 217-228, Sexta Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación; mismos que este órgano colegiado hace suyos, tales criterios respectivamente rezan: ‘PRUEBA PERICIAL. LA JUNTA NO ESTÁ OBLIGADA A PROCURAR SU DESAHOGO SI ÉSTA NO FUE OFRECIDA.’ (se transcribe). ‘PRUEBAS. LAS JUNTAS NO PUEDEN SUSTITUIRSE A LAS PARTES Y ORDENAR EL DESAHOGO DE LAS NO OFRECIDAS EN SU OPORTUNIDAD.’ (se transcribe). Planteado lo anterior, debe decirse que en el caso que nos ocupa, el vocablo ‘podrá’, contenido en el artículo 782 de la ley laboral, no debe entenderse con un matiz de obligatoriedad para la Junta del conocimiento, sino con un sentido opcional, pues, en dicho artículo se otorga a la Junta, una facultad discrecional o posibilidad de ordenar diligencias de manera oficiosa, o sin solicitud del actor, pero esa facultad que se le otorga no es para que supla en sus obligaciones procesales a las partes, sino para que, en dado momento, no quede paralizado el procedimiento laboral; pues, con ello, no actúa en contra de la aplicación del derecho a favor de la clase obrera, ni va más allá de la intención del legislador, en los términos expuestos, máxime que si dicho órgano emisor hubiere querido plasmar que cuando se trata del obrero, la Junta, en forma obligatoria, se allegará de las pruebas para resolver la litis, hubiera establecido que las pruebas del trabajador fueran aportadas por la Junta o bien que ésta las perfeccionara de motu proprio; hipótesis que no se actualiza, ya que en la Ley Federal del Trabajo, estableció las bases para que las partes ofrezcan sus pruebas y en todo caso, pudieran llevar a cabo el perfeccionamiento de las mismas; incluso, en la pericial otorgó tanto a la Junta del conocimiento como a las partes, la opción de interrogar a los peritos en el desahogo de esa probanza, amén de que si la Junta advierte discrepancia puede ordenar se nombre a un perito tercero en discordia, a quien también las partes como la Junta, podrán cuestionar de considerarlo necesario, además de que el perito debe ceñirse a lo solicitado en el cuestionario proporcionado por los contendientes; pues, de lo contrario, se estaría violando el principio de equidad de las partes y se estaría yendo más allá del sentido proteccionista que la ley otorga a la parte obrera. Abundando, como también lo refiere el quejoso, tampoco las partes solicitaron en sus respectivos cuestionarios, la inspección en el centro de trabajo del actor, ni lo solicitaron de manera independiente, tampoco solicitaron la constitución de la autoridad correspondiente al lugar de trabajo, con el objeto de acreditar el medio ambiente en el que se desenvolvió el trabajador, ni se ofreció de manera alguna otra prueba tendiente a acreditar esa circunstancia, ya sea con otra pericial en la materia correspondiente, la inspección judicial o bien la solicitud a la autoridad de perfeccionar el medio de convicción que se plantea, o bien se le hubiera solicitado la inspección respectiva; luego, si la Junta Laboral, al momento de analizar la prueba pericial, advierte que el examen de campo en comento en la prueba ofrecida por el trabajador, o bien en el dictamen del tercero en discordia, no se hizo por parte del perito respectivo y ordena que se constituya en el centro de trabajo donde el actor dijo laboraba, con la finalidad de que realice los estudios correspondientes para establecer el nexo causal requerido para acreditar la profesionalidad de determinados padecimientos, la responsable estaría faltando al principio de igualdad entre las partes, porque estaría ordenando algo no solicitado por la parte a quien corresponde la obligación de probar, esto es se estarían trayendo nuevas pruebas no ofrecidas por quienes tienen esa obligación, y en todo caso probando o desacreditando los hechos de las partes, según se trate, en este caso en favor del actor; incluso podría ser en perjuicio del mismo trabajador; mas esto no está permitido, en virtud del principio general de equidad procesal, porque como se ha dicho es al trabajador a quien corresponde la carga de probar en el caso que nos ocupa, aun cuando la ley establezca que en caso de duda, la autoridad debe resolver lo más favorable al trabajador, y tal disposición (artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo) no debe entenderse en el sentido de suplir al trabajador en su obligación de probar fehacientemente, o bien perfeccionar sus probanzas en virtud de la facultad proteccionista de que se encuentra investida, en beneficio de la parte obrera, sin dar intervención a la parte contraria, pues, en todo caso, al traer pruebas al juicio no ofrecidas por el actor, cuando a éste corresponde aportarlas para acreditar sus pretensiones, la responsable tendría que convertirse en parte en el juicio, incluso con la facultad de perfeccionar todas aquellas pruebas ofrecidas por el trabajador aun cuando no haya solicitado ese perfeccionamiento; y se insiste, podría ser en su perjuicio, por tanto estaría rebasando los principios aludidos y en su caso, dejando sin defensa a una de las partes, lo que conduciría a un grave desequilibrio procesal y, por ende, no se estaría actuando conforme a derecho, en aras de una supuesta facultad de discrecionalidad (y no obligatoria) que se le confiere, porque, es bien sabido que el derecho laboral es el que regula las relaciones entre el capital y el trabajo, otorgando en determinados casos, protección a la clase más débil, pero no sustituyéndola en sus obligaciones como parte de un procedimiento, y menos aún puede basarse en el principio de que en caso de duda, debe resolver allegándose los medios de convicción necesarios para la resolución del negocio, cuando lo que estaría haciendo no es resolver, sino aportar pruebas tendientes a acreditar algo que corresponde al trabajador probar. Aún más, la Junta al resolver debe apreciar y valorar el peritaje en relación con el planteamiento de la controversia; dicho valor depende además, de la estimación que de ellos haga en relación con las diversas pruebas aportadas en los autos, de acuerdo a la razón, experiencia o información que sirve de sustento al dictamen médico, como son los estudios, exámenes, planteamiento de las conclusiones y demás elementos que el perito haya empleado para la emisión de su dictamen, inclusive si éste hizo o no la valoración de las enfermedades que presenta el actor, de acuerdo con las condiciones de trabajo del actor, como podría ser que el perito se constituyera a ese lugar, lo cual constituye un mero estudio técnico que le sirve de apoyo para emitir sus diagnósticos, sin que sea obligación del perito constituirse oficiosamente en el lugar aludido, además es claro que la finalidad de la prueba médica en este asunto, es determinar qué factores originaron determinadas enfermedades y no la relación causal entre el medio ambiente laboral y dichas enfermedades, y en todo caso lo único que puede aportar es un indicio sobre los orígenes de las enfermedades y no propiamente el nexo causal multirreferido. Lo anterior, porque el médico sabe qué enfermedades producen ciertos agentes sin necesidad de constituirse al lugar de trabajo, de ahí que tampoco sea una obligación de la responsable ordenar ese traslado por parte del perito cuando del estudio del peritaje advierta que no lo hizo, pues es un elemento que si bien puede resultar indispensable, no siempre es necesario para probar la profesionalidad de los padecimientos que presenta el trabajador, puesto que la ley también establece la presunción de esa profesionalidad, en determinados casos; por lo mismo, el hecho de que el perito en cuestión no se constituya en el lugar de trabajo del obrero, no significa que la responsable al advertirlo, en el momento de analizar la pericial médica, la Junta Laboral se encuentre legalmente obligada a ordenar esa diligencia, porque si bien es verdad que los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas en que se apoyen, lo cierto es que esto precisamente otorga al juzgador la libertad de la apreciación de las pruebas que se someten a su conocimiento, inclusive con la facultad de indagar, mediante las pruebas ofrecidas, los puntos de profundización con el propósito de encontrar la verdad, pues, a (sic) de buscar el significado exacto de cada elemento probatorio, haciendo una operación intelectual destinada a extraer hechos relevantes que se convierten en la litis; así entonces, tiene plenitud para apreciar las pruebas, sin un criterio estricto y legal, sino con criterio lógico no arbitrario; pero no puede tener hechos ni suplir en determinados casos, a favor de la clase obrera, lo que no se haya solicitado cuando se trate de una facultad exclusiva de las partes en el procedimiento, como es traer a juicio pruebas, cuando la carga de la prueba como es el caso, corresponda al trabajador; ni tampoco puede en virtud de dicha facultad, perfeccionarlas cuando no se ha solicitado dicho perfeccionamiento por quien debe hacerlo. Así, si a la Junta se le plantearon hechos y se aportaron pruebas determinadas, y ésta resuelve cuestiones en base a las pruebas no discutidas, ni aportadas, ello se traduciría en una violación del derecho de una de las partes (en este caso, en perjuicio del Instituto demandado), a quien no se daría la oportunidad de ser oído, ni de aportar pruebas en contrario (vencido en juicio), puesto que se tendrían como verdaderos o falsos, según sea el caso, los hechos discutidos, a menos que se pruebe lo contrario, toda vez que las pruebas se ofrecen al juzgador quien no tiene la carga de acreditar o desacreditar lo manifestado por las partes, sino que, llegado el momento, las analizará para sentirse convencido o no de la versión presentada y, en su caso, acreditada por cada una de las partes. Ahora bien, como se ha dicho, la Junta del conocimiento es la encargada de aplicar el derecho y, para analizar el valor probatorio que se debe otorgar a los peritajes en cuestión, debe determinar si los dictámenes aportados por las partes en el juicio laboral, reúnen los requisitos legales necesarios para considerarlos con valor probatorio o no, y así determinar la litis; luego, esa valoración sólo corresponde a la autoridad laboral, es decir, únicamente a ella corresponde decidir sobre la convicción o no que crean en ella los dictámenes respectivos; y en su caso, decidir si existe la posibilidad de nombrar un tercero, inclusive, de estimarlo conveniente, tiene facultad al igual que las partes, de hacer preguntas al perito de que se trate, para descubrir la verdad; pero tal decisión depende de un estudio colegiado de la prueba pericial médica, para así estimar si su formulación es profunda, acuciosa, lógica y objetiva con el problema planteado y así decidir, si de su conjunto se advierte alguna credibilidad jurídica que le lleve a decidir sobre la litis planteada, o si sólo uno de los dictámenes puede arrojar alguna evidencia, en virtud de que su estudio haya sido profundo, acucioso y objetivo del problema que se le planteó. Cobra aplicación la jurisprudencia 409, visible en la página 272, del Tomo V, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cuarta Sala, del Apéndice citado, cuyo rubro y contenido son: ‘PRUEBA PERICIAL. SU ESTIMACIÓN POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE HACERSE ANALIZANDO TODOS LOS DICTÁMENES RENDIDOS EN EL JUICIO, EXPRESANDO LAS RAZONES POR LAS CUALES LES OTORGAN O NIEGAN VALOR PROBATORIO.’ (se transcribe). En conclusión, la Junta del conocimiento debe hacer un estudio de las pruebas aportadas al sumario por los contendientes y, en el caso que nos ocupa, de la pericial médica, valorándola también en relación con la apreciación de las manifestaciones de las partes; para que, en dado momento y basándose en el valor real de cada peritaje, se pueda resolver la litis planteada y como bien lo dice el quejoso y por lo ya expuesto, el perito no está obligado a observar método alguno para llegar a la conclusión de las enfermedades que presenta el actor, de ahí que sea jurídicamente ilógico, que la Junta del conocimiento se encuentre obligada a ordenar de manera oficiosa, la constitución del perito en el centro de trabajo donde el actor dijo laboraba, con la finalidad de que realice los estudios correspondientes sobre el medio ambiente para establecer el nexo de causalidad de la enfermedad con el medio ambiente laboral al que estuvo expuesto el trabajador, precisamente porque, como bien lo argumentó el quejoso, la pericial médica es una prueba trascendental para resolver la litis planteada; en virtud de que tiende acreditar lo manifestado por el actor en su demanda; pero contrario a lo que sostiene el inconforme, el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, no tiene el alcance que pretende darle, ya que ello traería como consecuencia, de así resultar, que la impartición de justicia le sea favorable, sin que el demandado hubiere estado en posibilidad legal de acreditar lo contrario; por lo que, de haberse ordenado la práctica de diligencias que nos ocupan, la Junta responsable hubiera incumplido con las formalidades esenciales del procedimiento; de donde resultan infundadas las alegaciones del quejoso en ese sentido y por tanto inexacto que dejó en el perito tercero en discordia la carga de probar."
De las consideraciones transcritas emanó la tesis, cuyo rubro, texto y datos de localización son:
"PRUEBA PERICIAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBE OFRECERLA EL TRABAJADOR, PUESTO QUE LA JUNTA NO PUEDE SUSTITUIRSE A ÉSTE EN SUS OBLIGACIONES PROCESALES. Independientemente de que en términos del artículo 824 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta está obligada a nombrar los peritos que correspondan al trabajador, mismos que sólo tienen como verdadera función la de auxiliarla, ya que sus opiniones orientan su decisión, ésta actúa ilegalmente cuando va más allá de la intención del legislador, es decir, cuando sustituye al obrero en su obligación procesal, allegándose pruebas para resolver la litis o las perfecciona motu proprio, pues con ello no se ajusta a derecho, ya que el orden jurídico aplicable establece las bases para que las partes ofrezcan sus pruebas y, en dado caso, soliciten el perfeccionamiento de las mismas, pues de otra manera se estaría violando el principio de equidad de las partes y yendo más allá del sentido proteccionista que la ley otorga a la parte obrera, en razón de que la Junta laboral estaría aportando nuevas pruebas que no fueron ofrecidas por quienes tienen esa obligación para acreditar y/o justificar sus extremos." (No. Registro: 184,809. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, febrero de 2003. Tesis I.9o.T.154 L. Página 1121).
QUINTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, el once de febrero de dos mil ocho, al resolver por mayoría de votos el amparo directo 838/2007, en la parte conduc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21060-63aece0c/junta-de-conciliacion-y-arbitraje-la-facultad-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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