PENSIÓN Y JUBILACIÓN. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN LA CUAL SE FIJA INCORRECTAMENTE AQUÉLLA O EL SALARIO BASE PARA CALCULARLA, PODRÁ IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 48/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO (ANTERIORMENTE CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO).
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia administrativa, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. El Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo administrativo 755/2004, el once de abril de dos mil cinco, en la parte conducente, sostuvo:
"SEXTO. Los argumentos que a manera de conceptos de violación hace valer el peticionario de garantías, en esencia, los hace consistir en la ilegalidad de la resolución definitiva reclamada de la Sala Regional II del Noroeste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, dictada el treinta de junio de dos mil cuatro, dentro del juicio de nulidad tramitado con el número de expediente 2067/03-02-01-2, dictada con motivo del recurso de reclamación que interpuso contra el auto de fecha nueve de enero de dos mil cuatro, mediante el cual el Magistrado instructor desechó la demanda de nulidad promovida en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, por considerarla extemporánea ya que, aduce el impetrante que la autoridad responsable violó en su perjuicio las garantías de legalidad y fundamentación establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por inexacta aplicación de los artículos 202, fracción IV, 203, fracciones II y V, 207, 234 y 236 todos del Código Fiscal de la Federación, así como los artículos 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 5o., 84 y 516 de la Ley Federal del Trabajo, por falta total de aplicación, al establecer el considerando tercero, con relación a los puntos resolutivos primero y segundo de la resolución recurrida. Contra tal determinación, que constituye el acto reclamado, aduce la parte quejosa, que si bien es cierto el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, establece un término para presentar la demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, también lo es que el mismo no aplica en el caso planteado ante la responsable, porque se trata del ajuste correcto de su pensión jubilatoria, determinada por las autoridades demandadas, hoy terceras perjudicadas, y que, tratándose de estos supuestos no hay prescripción, ya que no existe un término perentorio en el cual la persona que se sienta perjudicada con la determinación del monto de su pensión, deba acudir ante el tribunal, a demandar su debida integración, en virtud de que el pago incorrecto de dicha prestación es un acto de tracto sucesivo, que se da día con día, razón por la cual, dice, tiene expedito el derecho para comparecer ante la autoridad a demandar la debida integración de su pensión jubilatoria; en apoyo de lo anterior, invoca diversos criterios del Poder Judicial de la Federación, que han quedado transcritos en el considerando que antecede. Es infundado el concepto de violación que plantea la parte quejosa. En efecto, a juicio de este órgano colegiado, estuvo en lo correcto la Sala señalada como autoridad responsable, al haber declarado la legalidad del auto de fecha nueve de enero de dos mil cuatro, mediante el cual se desechó, por extemporánea, la demanda de nulidad promovida por el ahora impetrante de garantías, en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que la actuación del tribunal emitente del acto reclamado, se ajustó al tenor literal de lo dispuesto en el artículo 207, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, que para mejor ilustración se transcribe: ‘Artículo 207’. (se transcribe). Lo anterior se concluye así, ya que la parte quejosa sustenta sus conceptos de violación en un supuesto que no tiene aplicabilidad en el caso en estudio, puesto que además de que el artículo anteriormente transcrito no hace distinción alguna, en cuanto al término que establece para promover la demanda de nulidad contra actos o resoluciones administrativas, pretende hacer valer la ilegalidad de la resolución, en que la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, confirmó el auto de fecha nueve de enero de dos mil cuatro, dictado en el expediente 2067/03-02-01-2, mediante el cual el Magistrado instructor de dicho órgano jurisdiccional, desechó por extemporánea la demanda de nulidad que promovió en contra de la resolución emitida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal en Sonora, con sede en esta ciudad, en la cual determinó la concesión, a favor del ahora impetrante, de una pensión jubilatoria; bajo el argumento de la ahora quejosa, de que la acción que le asiste para hacer valer la correcta fijación de dicha pensión, es imprescriptible. Sin embargo, la sanción que deriva de la inobservancia del dispositivo legal antes transcrito, en el que se sustenta el acto reclamado, atiende al principio de preclusión, que es de naturaleza procesal, y no al concepto de prescripción extintiva, que es de carácter sustancial, razón por la cual también se estiman inaplicables las tesis que invoca en su demanda de garantías, puesto que las mismas parten de la base de que el derecho para el ejercicio de la acción que surge con motivo de una relación obrero patronal, y la que cita en último término se refiere a la acción que de manera directa procede contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que en todas ellas se hace referencia a la no afectación del aludido derecho sustantivo de la parte trabajadora, mediante la prescripción liberatoria; de ahí que el supuesto en que se ubica el quejoso resulta inaplicable a la cuestión esencialmente resuelta en la sentencia que se combate en este juicio, puesto que se refiere, como ya se dijo, a una sanción de carácter procesal, por la inoportuna presentación de la demanda de nulidad. En efecto, la sanción que fue impuesta por la responsable, al declarar la firmeza del auto desechatorio de la demanda de nulidad promovida por el ahora peticionario de garantías, contra la resolución del organismo público señalado como autoridad demandada, atiende, no al concepto de prescripción liberatorio, que como se dijo, es de carácter sustantivo, el cual, en la especie consiste en la pérdida de un derecho sustantivo por su inejercicio, dentro de los términos que la ley de la materia establece; sin embargo, el término previsto en el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, es de naturaleza procesal, ya que si dicho dispositivo legal establece que el juicio de nulidad que procede contra las resoluciones administrativas, debe promoverse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, entonces, la falta de presentación de la demanda de nulidad, dentro del plazo establecido por dicho numeral, consuma el derecho (adjetivo) para ejercer el medio de defensa que establece el mencionado ordenamiento legal, contra la resolución administrativa emitida por la autoridad demandada. Al respecto, es ilustrativa la tesis de jurisprudencia 1a./J. 21/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, página 314, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: ‘PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.’ (se transcribe). También, tiene aplicación la tesis aislada, sustentada por la otrora Tercera (sic) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXVII, visible a página 290, que dice: ‘PRECLUSIÓN.’ (se transcribe). Por consiguiente, es dable concluir en esta ejecutoria, que el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, que sirvió de base para el desechamiento de la demanda de nulidad promovida por el quejoso, contra la resolución emitida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Delegación Sonora, con sede en esta ciudad, relativa a la fijación de la pensión jubilatoria del impetrante, mediante auto de fecha nueve de enero de dos mil cuatro, confirmado por la Sala responsable en la resolución que ahora se combate, fue exactamente aplicado, y suficiente para sustentar la determinación adoptada en la resolución impugnada, toda vez que al haber quedado, el ahora quejoso, formalmente notificado de la concesión de la pensión jubilatoria, por parte de la autoridad demandada en el juicio de nulidad que intentó promover, el veintinueve de septiembre de dos mil tres, habiendo surtido efectos la notificación el treinta de los mismos mes y año, iniciando el cómputo a partir del uno de octubre de dos mil tres, con exclusión de los días que se precisan en la misma resolución combatida, para fenecer el término, el tres de diciembre de dos mil tres, aspecto que no se controvierte por la parte quejosa en la demanda de garantías, por lo que resultó correcto que en base con lo anterior, el tribunal responsable haya llegado a la conclusión de que la demanda era extemporánea, por haberse presentado hasta el doce de diciembre de dos mil cuatro, es decir, fuera del término de los cuarenta y cinco días a que se refiere el numeral en comento, resolución que se estima no es violatoria de las garantías individuales de la parte quejosa, pues se reitera, tratándose de la promoción de un juicio de nulidad, el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, no establece excepción alguna, como en la especie, para que el término que ahí se prevé no transcurra cuando se reclame de la autoridad demandada la resolución que haya emitido para determinar una pensión jubilatoria. Sostener la oportunidad perenne para promover el juicio contencioso administrativo, en contra de actos de autoridad como la que en este caso aparece como demandada, iría en detrimento de la seguridad jurídica que justifica que los procedimientos autónomos queden sujetos a términos precisos y legalmente determinados, que sólo pueden encontrar excepción en la ley específica que los regula, o en la interpretación que de ésta hagan los tribunales competentes, resultando obvia la diferencia que se desprende de las leyes laborales, en cuanto contemplan la imprescriptibilidad de las acciones de reclamación o nivelación de las pensiones jubilatorias, que se enderezan en contra de los patrones, como tales, ya sean particulares (personas físicas o morales) o incluso entidades del Estado, con la salvedad de que a las mismas, se les contempla como parte patronal, desprovistas del jus imperii y actuando en un plano de coordinación (y no de supra a subordinación de derecho público) con los particulares empleados. En estos casos, la primera intervención de una autoridad como tal, es la del órgano jurisdiccional laboral, que estará obligado a conocer en todo tiempo de los reclamos de los trabajadores al ejercer las acciones jubilatorias. En cambio, no puede confundirse la diversa naturaleza de las pretensiones del actor, hoy quejoso, pues si ante la demandada su reclamo gira en torno a la incorrección en la determinación de la pensión jubilatoria, al plantear la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, la única pretensión destacable es la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, en un procedimiento autónomo e independiente, regido por el Código Fiscal de la Federación y por la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el primero de los cuales, precisamente en el artículo 207 ya comentado, prescribe categóricamente que el juicio contencioso deberá instarse, por escrito, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada; y si bien dicho precepto contempla supuestos de suspensión del aludido plazo, no consagra excepción alguna, ni establece la posibilidad de que algún acto de autoridad pueda impugnarse en cualquier tiempo, lo que si bien no conduce a sostener que las acciones jubilatorias son prescriptibles, sí determina que las acciones de nulidad de actos administrativos autoritarios sean preclusivas. Por vía de ejemplo, a fin de poner de relieve la circunstancia que se destaca, en cuanto a la trascendencia de diferenciar la naturaleza de las acciones, lo mismo ocurre en un juicio de amparo directo en que, a pesar de reconocer el Tribunal Colegiado la imprescriptibilidad de las acciones de nivelación de pensiones jubilatorias de los trabajadores ante las autoridades laborales, contra lo resuelto respecto de ellas en el laudo respectivo, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, el trabajador inconforme sólo dispondrá del término de quince días para promover la acción de amparo, y el desechamiento de la demanda es inevitable, a pesar de la imprescriptibilidad de las acciones relacionadas con la jubilación, si el trabajador no se ajusta al término que establece la ley de la materia. Es decir, la circunstancia que caracteriza la acción primaria no trasciende a las diversas acciones, como la de amparo o la de nulidad, que se regulan en las leyes que establecen, como juicios autónomos, la posibilidad de su instauración y resolución. Tan es así lo anterior, y tan no se puede, bajo el aserto de la imprescriptibilidad de la acción de nivelación de la pensión jubilatoria, pretender que pueda intentarse cualquier reclamo en todo tiempo, que de haberse promovido el presente juicio (en cuyo fondo subyace el análisis de aquella acción, siendo la que aquí se atiende -la de amparo- diferente), una vez transcurrido el término de quince días establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, la demanda habría sido desechada. En mérito a lo anterior, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado ..."
El actual Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito (anteriormente Cuarto Tribunal Colegiado del propio circuito) al resolver los amparos directos administrativos 785/2005 y 351/2006 el tres de enero y tres de noviembre, ambos meses de dos mil seis, sustentó similar criterio al anterior, luego, por razones de economía procesal no se transcriben las consideraciones en las cuales se sustenta el mismo.
TERCERO. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 42/2006 el quince de marzo de dos mil seis, en la parte que interesa, sostuvo:
"QUINTO. La parte quejosa aduce, esencialmente, en su único concepto de violación que la Sala da por concluido el juicio al considerar que la demanda no se presentó en el término que establece el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, aunque la demanda se presentó fuera del término que señala el citado numeral, la resolución que se impugna no se trata de una prestación aislada sino es una resolución de pensión por jubilación la cual continúa afectándola al no cubrirse correctamente su importe, por lo que cada día se actualiza el daño, citando como apoyo diversas tesis que transcribe en el escrito de demanda. Además, señala que el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, legislación en la cual se sustenta la pensión, señala expresamente que el derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible, por lo que el reclamo al otorgamiento correcto de la pensión por jubilación se hizo en tiempo. Resulta fundado el concepto de violación formulado. Antes de dar respuesta al concepto de violación es conveniente precisar el contexto sobre el cual se hizo el pronunciamiento de la Sala Fiscal responsable, esto es, cuál es la pretensión y la causa de pedir de la parte actora. Según se advierte de la demanda de nulidad la ahora parte quejosa ocurrió a demandar ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la nulidad de la resolución contenida en la concesión de pensión de catorce de noviembre de dos mil uno, notificada el dieciocho de diciembre del mismo año, por medio de la cual se le concedió la pensión por jubilación, a fin, señala, de que se determine y cuantifique correctamente su cuota diaria en términos de los artículos 15 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es decir, la promoción de la demanda de nulidad no atiende per se a la resolución de concesión de pensión, sino a la determinación y cuantificación que se hace por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La Sala Fiscal señalada ahora como responsable, en la sentencia materia del presente juicio de amparo determinó sobreseer en el juicio contencioso administrativo teniendo como sustento la manifestación expresa de la parte actora de la fecha en que tuvo conocimiento del acto impugnado, por lo que con apoyo en los artículos 202, fracción IV y 203, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, consideró que la demanda se presentó de manera extemporánea conforme al término que establece el artículo 207 del citado ordenamiento legal. Precisada cuál es la litis que da motivo al juicio de amparo que se resuelve, se procede a transcribir el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que dispone: ‘Artículo 186.’ (se transcribe). El artículo transcrito establece, en lo sustancial, que son imprescriptibles los derechos a la jubilación y a la pensión; tal disposición obedece a que por su naturaleza son derechos de tracto sucesivo generados una vez que se han reunido todos los supuestos para su actualización y su determinación surte consecuencias a lo largo de la vida del pensionado. En este mismo sentido se entiende que es imprescriptible, en el caso de prestaciones futuras, el derecho para obtener su fijación correcta, en tanto que la acción para combatir su incorrecta cuantificación puede y debe intentarse en el momento en que el pensionado estime conveniente al percatarse de su posible incorrección, acción que en el caso de ser fundada surtirá efectos a partir de que se intente. Por otra parte, las pensiones caídas y cualquiera otra prestación en dinero a cargo del mencionado instituto, que no se reclamen dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieran sido exigibles, prescribirán a favor del instituto, el que apercibirá a los acreedores de referencia mediante notificación personal, sobre la fecha de la prescripción, cuando menos con seis meses de anticipación; el apercibimiento aludido en el artículo en mención debe ser efectuado sólo cuando sea jurídicamente exigible, esto es, cuando el citado instituto haya dado autorización para el cobro de las prestaciones pero el interesado no se haya presentado a reclamarlo. De la relación de ideas precisadas, se tiene entonces que como la pretensión de la parte actora en el juicio contencioso administrativo es que se determine y cuantifique correctamente su cuota diaria de pensión en términos de los artículos 15 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resulta que al ser imprescriptibles los derechos a la jubilación y a la pensión en razón de que son derechos de tracto sucesivo y su determinación surte consecuencias a lo largo de la vida del pensionado, no debe tomarse en cuenta para efectos del cómputo del término para promover la demanda de nulidad la fecha en que se concedió la pensión, sino aquélla podrá intentarse en el momento en que el pensionado lo estime conveniente al percatarse de la indebida o incorrecta cuantificación en términos del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como excepción a la regla del artículo 207 del Código Fiscal de la Federación que prescribe el término para promoverse la demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sobre el particular resultan aplicables, en lo conducente los criterios que a continuación se transcriben: ‘JUBILACIÓN. EL DERECHO PARA OBTENER SU PAGO ES IMPRESCRIPTIBLE, PERO NO EL DERECHO A LAS PENSIONES VENCIDAS Y NO RECLAMADAS, QUE PRESCRIBE EN UN AÑO’. (se transcribe). ‘DERECHO PARA RECLAMAR LA PENSIÓN JUBILATORIA, ES IMPRESCRIPTIBLE.’ (se transcribe). En la inteligencia de que la promoción de la demanda de nulidad cuando se cuestiona la cuantificación de la pensión no implica, de resultar procedente la acción, que los efectos se retrotraigan a la fecha en que se concedió aquélla, pues ello atentaría contra los principios de seguridad jurídica y de preclusión. En consecuencia, al haber resultado fundado el concepto de violación en estudio, se impone conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia materia del presente juicio de amparo y, en su lugar, emita otra en la que no considere extemporánea la demanda de nulidad por las razones analizadas en esta ejecutoria."
De las consideraciones preinsertas derivó la tesis, cuyos rubro, texto y datos de localización son:
"PENSIÓN JUBILATORIA. CUANDO SE PRETENDE LA CORRECTA DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA OTORGADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EL PARTICULAR PUEDE PROMOVER JUICIO DE NULIDAD CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE, POR TRATARSE DE UN DERECHO IMPRESCRIPTIBLE. Cuando la pretensión de la parte actora en un juicio contencioso administrativo es que se determine y cuantifique correctamente su cuota diaria de pensión conforme a los artículos 15 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el término para presentar la demanda no debe computarse a partir de la fecha en que se le notificó la concesión de la pensión, sino a partir del momento en que lo estime conveniente al percatarse de su indebida o incorrecta determinación o cuantificación. Ello es así en atención a que acorde con el artículo 186 de la ley en cita los derechos a la jubilación y a la pensión son imprescriptibles, lo que obedece a que, por su naturaleza, son de tracto sucesivo y su determinación genera consecuencias a lo largo de la vida del pensionado. Cabe decir que se entiende que es imprescriptible, en el caso de prestaciones futuras, el derecho para combatir su incorrecta determinación o cuantificación que, en caso de prosperar, surtirá efectos a partir de que se intente la acción correspondiente." (Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de 2006, tesis I.4o.A.531 A, página 1281).
CUARTO. Con la finalidad de estar en condiciones de determinar si en el caso a estudio existe o no la contradicción de tesis denunciada es necesario sintetizar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados emitentes de las ejecutorias participantes en la contradicción de tesis al rubro indicada.
1. El entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del propio circuito, en sesión celebrada el once de abril de dos mil cinco, al resolver el amparo directo administrativo 755/2004, sustentó las consideraciones, esenciales, siguientes:
En el artículo 207, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación no se hace distinción alguna, en cuanto al término para promover la demanda de nulidad contra actos o resoluciones administrativas y que la sanción derivada de la inobservancia de tal precepto atiende al principio de preclusión, el cual es de naturaleza procesal y no al concepto de prescripción extintiva, cuya naturaleza es sustantiva.
Lo anterior, porque el plazo previsto en el artículo 207 citado es de naturaleza procesal, pues conforme a sus disposiciones el juicio de nulidad contra las resoluciones administrativas debe promoverse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en el cual haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada; luego, la falta de presentación de la demanda de nulidad dentro del plazo indicado consuma el derecho (adjetivo) para ejercer el medio de defensa previsto en el precepto en comento, contra la resolución administrativa emitida por la autoridad demandada.
En esta tesitura, si existe una resolución por medio de la cual se concede una pensión jubilatoria y el interesado no está de acuerdo con los términos en los cuales se fijó, la acción que le asiste para la fijación correcta de la misma debe ejercerla dentro del plazo de cuarenta y cinco días previsto en el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, es decir, el juicio de nulidad respectivo lo debe promover dentro de ese plazo, pues de lo contrario será desechada la demanda respectiva, sanción que atiende al principio procesal de preclusión y no al concepto de prescripción extintiva, el cual es aplicable a los derechos sustantivos.
En otras palabras, tratándose del juicio de nulidad en el artículo 207 citado no se establece excepción alguna, esto es, que el plazo en él previsto no transcurra tratándose de la resolución en la cual a juicio del interesado no se haya fijado correctamente la pensión respectiva, pues sostener la oportunidad perenne para promover ese juicio iría en detrimento de la seguridad jurídica, la cual justifica que los procedimientos autónomos queden sujetos a términos precisos y legalmente determinados, los cuales sólo pueden encontrar excepción en la ley específica que los regula, o en la interpretación de ella, hecha por los tribunales competentes.
Cuando la demanda de nulidad gira en torno a la incorrecta determinación de la pensión jubilatoria, la única pretensión destacable es la declaratoria de nulidad de un acto administrativo en un procedimiento autónomo e independiente, regido por el Código Fiscal de la Federación y por la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y específicamente en el artículo 207 de dicho código se prescribe categóricamente que el juicio contencioso debe instarse, por escrito, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, y si bien en tal precepto se contemplan supuestos de suspensión del plazo indicado, no se consagra excepción alguna ni establece la posibilidad de que algún acto de autoridad pueda impugnarse en cualquier tiempo, lo cual si bien no conduce a sostener que las jubilaciones son prescriptibles, sí determina que las acciones de nulidad de actos administrativos autoritarios sean preclusivas.
El órgano colegiado citado para destacar la trascendencia de diferenciar la naturaleza de las acciones, acude en vía de ejemplo al amparo directo en el cual, a pesar de que el Tribunal Colegiado reconozca la imprescriptibilidad de las acciones de nivelación de las pensiones jubilatorias de los trabajadores ante las autoridades laborales, pero si el pensionado no impugna el laudo, en el cual se halla un pronunciamiento respecto de ellas, en el término de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, deberá desechar la demanda de garantías por haber precluido el derecho relativo, a pesar de la imprescriptibilidad de las acciones relacionadas con la jubilación.
El actual Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito (anteriormente Cuarto Tribunal Colegiado del propio circuito), al resolver los amparos directos 785/2005 y 351/2006 sustentó similar criterio al contenido en las consideraciones acabadas de sintetizar.
2. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el quince de marzo de dos mil seis, al resolver el amparo directo 42/2006 sustentó, esencialmente, las consideraciones siguientes:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado los derechos a la jubilación y a la pensión son imprescriptibles en razón de que son de tracto sucesivo y su determinación surte consecuencias a lo largo de la vida del pensionado, por ello cuando éste pretende la determinación correcta de la cuota diaria de la pensión en términos de los numerales 15 y 64 de la ley invocada no debe tomarse en cuenta, para efectos del cómputo del término para promover la demanda de nulidad, la fecha en la cual se concedió la pensión, sino que aquélla podrá intentarse en el momento en el cual el pensionado lo estime conveniente al percatarse de la indebida o incorrecta cuantificación en términos del numeral 186 citado, como excepción a la regla del artículo 207 del Código Fiscal de la Federación que prescribe el término de cuarenta y cinco días para promover la demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Ahor
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20330-51ee6514/pension-y-jubilacion-la-resolucion-definitiva-dictada-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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