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Modo: Corpus Pro

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR AL PATRÓN LA RECTIFICACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO ANTES DEL 1o. DE MARZO DEL AÑO SIGUIENTE AL COMPUTADO. CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA SURGIDA DE CRITERIOS SUSTENTADOS EN AMPARO DIRECTO Y EN REVISIÓN FISCAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 88/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21316
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 1166.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 88/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: LUIS ÁVALOS GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados al resolver, en revisión fiscal y en amparo directo, aspectos relativos a la materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis es formulada por el Magistrado Enrique Zayas Roldán, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que sustenta uno de los criterios materia del presente asunto; luego, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

TERCERO. Con el propósito de determinar la existencia o inexistencia de la divergencia de criterios denunciada y, en el primer caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver la revisión fiscal 68/2008 en sesión de quince de mayo de dos mil ocho, con relación al tema de contradicción, consideró lo siguiente:

"OCTAVO. Los agravios son sustancialmente fundados. Refiere la recurrente en el primer agravio, que para determinar en qué momento el instituto debe de notificar las resoluciones de rectificación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo, es necesario analizar el artículo 32, fracciones I, III, V y VI, del Reglamento del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, del que se desprende que el periodo a revisar comprende del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año de que se trate (en el presente caso, dos mil seis); sin embargo, de acuerdo a lo establecido en la fracción V del artículo en comento, los patrones ‘deben’ presentar su determinación en la prima del seguro de riesgos de trabajo, durante el mes de febrero del año subsecuente, pudiendo incluso ser presentada el último de febrero, por lo tanto la Sala pretende que se confronten datos, se emitan resoluciones y se notifiquen en menos de un día. Que es cierto que las resoluciones de rectificación de prima en el seguro de riesgos de trabajo, surten sus efectos a partir del 1o. de marzo del año subsecuente y hasta el último día de febrero del año siguiente (en el presente caso del uno de marzo de dos mil siete al veintinueve de febrero de dos mil ocho), pero ello no condiciona la fecha en que dichas resoluciones deben de ser notificadas, máxime cuando el artículo 297 de la Ley del Seguro Social, otorga un término de cinco años para ejercer sus facultades de comprobación y de determinación, precepto del que se desprende que no existe obligación legal, de notificar las resoluciones de rectificación de prima en el seguro de riesgos de trabajo ‘antes’ de que éstas entren en vigor, y por el contrario, sí existe una norma expresa que otorga un término de cinco años para ejercer sus facultades de comprobación y de determinación. Que la autoridad tiene conocimiento del hecho generador de la resolución cuando verifica la información proporcionada por el patrón y la confronta con sus registros, detectando que la información proporcionada por éste es incorrecta y no concuerda con los registros del propio instituto (fracción VI del artículo 32). Que la Sala basó su conclusión en dos aspectos: el primero de ellos, que la resolución debía notificarse al patrón antes de que entrara en vigor porque de otra manera, ‘... impediría al causante afectado, conocer y estar en aptitud de aplicar la nueva prima en forma oportuna ...’ y el segundo de ellos porque tampoco se le permitiría ‘... inconformarse en contra de esa resolución ...’; pero no existe obligación legal de notificar las resoluciones de rectificación de prima ‘antes’ de que ‘entren en vigor’ y este hecho en nada la convierte en una resolución ilegal, porque no tiene efectos retroactivos, ni siquiera para el pago de cuotas; como erróneamente lo estima la Sala. Que lo anterior, se esgrimió en la contestación de demanda y al no haberlo atendido la Sala, viola lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que en el caso de que la modificación de la prima sea controvertida, se otorga el beneficio de que el contribuyente pague sus cuotas con la prima que él mismo se determinó y sólo se le cobran cuotas por diferencias cuando se resuelve el medio de defensa interpuesto y se reconoce la validez de la resolución impugnada. Que el hecho de que la autoridad haya notificado la resolución de rectificación de prima con número de folio ********** de **********, después de que dicha resolución entrara en vigor, en nada afecta a su legalidad; y menos bajo el argumento no podría ser impugnada por el hoy actor, pues es obvio que el término para su impugnación empieza a correr un día después de que surte sus efectos la notificación del acto reclamado; esto es, no importa la fecha en que dicha resolución sea notificada al hoy actor pues su término para controvertirla siempre empezará a correr después de la notificación del propio acto. El agravio es sustancialmente fundado. En efecto, el artículo 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, que invoca la recurrente, prevé: ‘Artículo 32.’ (se transcribe). El transcrito artículo establece que los patrones revisarán anualmente su siniestralidad para determinar si permanecen en la misma prima, o si ésta disminuye o aumenta (dicha prima tendrá vigencia desde el primero de marzo del año siguiente a aquel en que concluyó el periodo computado y hasta el día último de febrero del año subsecuente) para lo cual, prevé como obligación de aquéllos, presentar al instituto, durante el mes de febrero, los formatos impresos o el dispositivo magnético en donde se harán constar los casos de riesgos de trabajo terminados durante el año, precisando la identificación de los trabajadores y las consecuencias de cada riesgo, así como el número de trabajadores promedio expuesto al riesgo dados en razón de la mecánica bajo la cual efectúen los pagos de cuotas. Información, que de conformidad con la fracción VI, será verificada por el instituto y si determina que la prima manifestada no es congruente con la obtenida por el propio instituto, hará la rectificación correspondiente, la cual surtirá efectos a partir del primero de marzo del año posterior a que se refiere el cómputo, debiendo ser notificada al patrón. Esto es, tratándose de la prima de riesgo del ejercicio fiscal de dos mil seis (que fue la analizada por la autoridad demandada en el juicio de nulidad), el patrón tenía la obligación de informar al instituto a más tardar el último día de febrero de dos mil siete (en el presente caso lo hizo el doce de febrero de dos mil siete, como se advierte de la foja veintiuno del expediente relativo al juicio de nulidad), si aumentó, disminuyó o se mantuvo igual; siendo que dicha prima regirá la situación fiscal de la empresa, a partir del primero de marzo de dos mil siete y se encontraba vigente hasta el último día de febrero de dos mil ocho (fecha en que a más tardar se debe presentar el cálculo de la prima correspondiente a dos mil siete); empero, dicha información proporcionada por el patrón, será verificada por el instituto y si determina que no es congruente con la obtenida con base en sus registros, hará la rectificación correspondiente, la cual surtirá efectos a partir del primero de marzo de dos mil siete, debiendo ser notificada al patrón. Interpretación que, hasta este punto, coincide con la realizada por la Sala, quien precisó: (se transcribe). Empero, en cuanto a la obligación que tiene el instituto de notificar al patrón la rectificación de la prima de grado de riesgo (fracción VI del transcrito artículo), la Sala determinó: (se transcribe). Como se observa, la Sala al interpretar el artículo 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, concluyó que la notificación de la rectificación de la prima de grado de riesgo la debió efectuar el instituto a más tardar el último día de febrero de dos mil siete (en relación con la prima calculada por el ejercicio fiscal de dos mil seis), toda vez que ésta debía ser aplicada a partir del primero de marzo de ese año. Interpretación que como lo refiere la inconforme, resulta inexacta, toda vez que impide a la autoridad hacer la rectificación de la prima. Ello es así, ya que con fundamento en la fracción V del artículo en estudio, jurídicamente el patrón puede presentar la información sobre la prima por él calculada, hasta el último día de febrero del ejercicio posterior al que corresponde dicha prima, día en el que la Sala concluyó que debe notificarse al patrón la rectificación efectuada con fundamento en la fracción VI del citado artículo; lo cual no es materialmente viable. La interpretación realizada por la Sala, si bien tiende a privilegiar la seguridad jurídica del contribuyente, impide materialmente a la autoridad hacendaria realizar la rectificación pues se insiste en que jurídicamente el patrón puede presentar la información atinente a la prima de grado de riesgo por él calculada, hasta el último día de febrero del ejercicio siguiente al que corresponde la misma, siendo materialmente imposible que la autoridad analice dicha información, rectifique la prima y notifique la resolución respectiva, precisamente ese mismo día. Si bien es deseable que al iniciar la vigencia de la prima rectificada (uno de marzo del ejercicio siguiente al que corresponde dicha prima) el patrón tenga conocimiento de ella, jurídicamente no puede obligarse a la autoridad a que lo haga en esos términos, ya que como lo refiere la recurrente, no existe precepto alguno que así lo establezca y la interpretación de la fracción VI del artículo 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, como ha quedado de manifiesto, no lleva a esa conclusión. Sin que con ello se deje en estado de inseguridad jurídica a los contribuyentes, pues en todo caso las facultades de fiscalización de la autoridad hacendaria, se encuentran limitadas por el término de cinco años a que se refiere el artículo 297 de la Ley del Seguro Social que invoca la recurrente y que establece: ‘Artículo 297.’ (se transcribe). Así la autoridad tiene como plazo para rectificar la prima de grado de riesgo determinada por el patrón, el término de cinco años posteriores contados a partir de la fecha en que el patrón presentó la información del cálculo respectivo; lo que otorga seguridad jurídica a los contribuyentes. Siendo que en el presente caso, se notificó la resolución que rectificó la prima de grado de riesgo del ejercicio fiscal de dos mil seis, el doce de junio de dos mil siete; esto es, dentro del plazo de cinco años a que se refiere el artículo 297 de la Ley del Seguro Social. Además, como lo establece la inconforme, la notificación de la rectificación de la prima de grado de riesgo en fecha posterior al uno de marzo del ejercicio fiscal siguiente al que corresponde dicha prima, no impide al patrón inconformarse con la misma, pues para ello cuenta con los elementos jurídicos de defensa a su alcance y a través de ellos, hacer que subsista en su caso, la prima por él calculada. Por lo tanto, es inexacta la conclusión a la que llegó la Sala y como lo refiere la recurrente en el segundo agravio, en consecuencia también lo es la declaración de nulidad de la multa, que se hizo en el quinto considerando como consecuencia de la indebida nulidad de la rectificación de la prima de grado de riesgo. Esto es, la nulidad de la multa se sustentó en la premisa inexacta de que la resolución de rectificación de prima en el seguro de riesgos de trabajo con número de folio ********** fue extemporáneamente notificada; siendo que como se señaló, la autoridad la notificó oportunamente, pues lo hizo el doce de junio de dos mil siete, dentro del plazo de caducidad previsto en el artículo 297 de la Ley del Seguro Social; en consecuencia, el estudio que hizo la Sala sobre la multa, al derivar de una premisa inexacta, deviene errónea. Por lo tanto, debe revocarse la sentencia recurrida, para el efecto de que la Sala la deje insubsistente y reiterando lo expuesto en los considerandos primero, segundo y tercero, analice nuevamente el planteamiento de extemporaneidad en la notificación de la rectificación de la prima de seguro de riesgo de trabajo y lo declare infundado, y en consecuencia, no declare por ese motivo la nulidad de la multa, procediendo con libertad de jurisdicción a analizar los restantes planteamientos ante ella formulados y que dejó de analizar dado el sentido de su fallo."

El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo administrativo 768/2005 en sesión de seis de abril de dos mil seis, con relación al tema de contradicción, determinó lo siguiente:

"OCTAVO. Resulta fundado el único concepto de violación esgrimido por la sociedad quejosa. Por cuestión de técnica jurídica, se abordará en primer orden el estudio de los dos primeros motivos de inconformidad que integran el único concepto de violación que, bajo la óptica de este órgano colegiado, otorgan mayor beneficio jurídico a la sociedad quejosa, en estricta observancia a la garantía de acceso efectivo a la justicia, conforme a la cual las autoridades tienen la obligación de impartir justicia de forma completa, esto es, no sólo resolviendo todas las cuestiones ante ellas planteadas, sino atendiendo aquellas que se traducen en un mayor espectro de protección para la parte quejosa. Encuentra exacta aplicación a lo considerado, la tesis de jurisprudencia P./J. 3/2005 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, correspondiente al mes de febrero de dos mil cinco, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’ (se transcribe). En el primero de los motivos de inconformidad que integran el único concepto de violación, la hoy sociedad quejosa sostiene que la sentencia reclamada es violatoria de la garantía contenida en el artículo 16 constitucional, en razón de que la autoridad demandada pretende imponer una obligación de manera retroactiva. Así lo considera en razón de que, aduce, la demandada intenta que se efectúe el pago de la prima del seguro de riesgos de trabajo con efectos a partir del uno de marzo de dos mil cuatro al último día de febrero de dos mil cinco, a pesar de que la resolución mediante la cual se rectificó esa prima se emitió con posterioridad, o sea, el veintiuno de mayo de dos mil cuatro y que en el artículo 33 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, se establece la obligación a cargo de la autoridad demandada de dar a conocer de manera oportuna la rectificación de la prima de que se trata, sólo que tanto la demandada como la responsable omitieron su cumplimiento. En el segundo de los motivos de inconformidad, la aquí sociedad quejosa alega que la sentencia reclamada es violatoria de garantías, toda vez que la Sala responsable resolvió que la rectificación del seguro de riesgos de trabajo cumple con los requisitos legales que todo acto de autoridad debe contener, lo cual es incorrecto. Lo estima de ese modo puesto que, manifiesta, tal rectificación no se le dio a conocer oportunamente, ya que tiene vigencia del uno de marzo del año siguiente a aquel en que concluye el periodo computado, hasta el último día de febrero del año subsecuente, por tal motivo, el Instituto Mexicano del Seguro Social puede ejercer dicha atribución solamente en el periodo inmediato anterior a su vigencia y la resolución en la que se lleve a cabo esa rectificación debe notificarse en el plazo antes indicado, sin que pueda realizarse con posterioridad ya que para ello se establecen periodos precisos y con vigencia establecida, lo que la autoridad responsable no percibió. Son fundados los motivos de inconformidad que anteceden. Lo son, en la medida en que la sociedad quejosa aduce que se le pretende imponer una obligación de manera retroactiva y sin dársela a conocer, pues para que la nueva clasificación de grado de riesgo sea obligatoria para el causante, ésta se le debe dar a conocer de manera clara y oportuna; además, que la obligación de dar a conocer la referida modificación está prevista en el artículo 33 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, respecto del cual la Sala responsable omitió darle su verdadero alcance; y, que la modificación de grado de riesgo sólo debe hacerse por el periodo inmediato anterior al de su vigencia y la resolución que contenga esa modificación deberá notificarse al causante en el plazo indicado en el numeral mencionado, sin que sea posible que pueda realizarse con posterioridad. No es obstáculo a la conclusión anterior, que la sociedad quejosa no se refiere en forma destacada a todas y cada una de las consideraciones que sustentan la sentencia que constituye el acto reclamado y que en el artículo 33 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, no se establece obligación alguna a cargo de la autoridad demandada de dar a conocer de manera oportuna la rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo. No lo es, porque de cualquier forma se aprecian las razones por las que la sociedad quejosa estima que la sentencia reclamada lesiona sus garantías individuales, esto es, en realidad es posible advertir la causa de pedir que entrañan las alegaciones de la promovente y que finalmente es lo que interesa para estar en condiciones de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sentencia que constituye el acto reclamado. Aunado a lo anterior, debe decirse que si bien en el artículo 33 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, no se establece obligación alguna a cargo de la autoridad demandada de dar a conocer de manera oportuna la rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo, debe tenerse presente que dicha obligación se encuentra contenida en el diverso numeral 32 del ordenamiento legal invocado y que, de conformidad con lo establecido en el precepto 79 de la Ley de Amparo, las autoridades que conocen del juicio de amparo pueden corregir la cita errónea de preceptos, lo cual no se circunscribe únicamente a la corrección del error, sino que se autoriza a analizar en su conjunto los conceptos de violación expresados, concediendo el amparo por la violación efectivamente planteada sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Esta conclusión se sustenta en el hecho de que la evolución de la impartición de justicia en el juicio de amparo ha exigido que para que sea eficaz, pronta y expedita, según lo ordena el artículo 17 de la Carta Magna, se supriman tecnicismos y anacronismos que únicamente limitan y coartan el espíritu de esa garantía constitucional. Por su aplicación, cabe invocar la tesis de jurisprudencia publicada con el número ciento nueve en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y seis del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’ (se transcribe). Puntualizado lo anterior, procede exponer las consideraciones que sustentarán el sentido que orienta a esta ejecutoria. Con el propósito de poner en claro la postura que se adopta, conviene dejar establecido el contenido del artículo 32, fracción VI, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. El precepto de que se trata dice así: ‘Artículo 32.’ (se transcribe). Según se advierte del precepto reproducido, el Instituto Mexicano del Seguro Social está facultado tanto para verificar la información proporcionada por las empresas en relación con la prima en el seguro de riesgos de trabajo, como para rectificarla en caso de que no resulte congruente con la obtenida por el propio instituto y dicha rectificación surte efectos a partir del uno de marzo del año posterior a que se refiere el cómputo. Cabe concluir, por tanto, que la rectificación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social únicamente surte efectos hacia el futuro y no hacia el pasado, pues el precepto reproducido es categórico en precisar que dicha rectificación surte efectos a partir del uno de marzo del año posterior a que se refiere el cómputo. Se explica lo anterior de mejor manera si se armoniza la fracción VI del artículo 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, con el texto de las fracciones I, II y III del propio precepto, que contienen normas que regulan lo concerniente a la vigencia de la prima en el seguro de riesgos de trabajo. Las fracciones I, II y III del artículo 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, son del tenor literal que sigue: ‘Artículo 32.’ (se transcribe). Como puede advertirse, las fracciones reproducidas establecen que la prima en el seguro de riesgos de trabajo debe verificarse anualmente por parte de los patrones y que la prima obtenida conforme a las fracciones I y II de dicho numeral tendrá vigencia desde el uno de marzo del año siguiente a aquel en que concluyó el periodo computado y hasta el día último de febrero del año subsecuente. Pues bien, el hecho de que se establezca una vigencia anual de la prima en el seguro de riesgos de trabajo y que esa vigencia inicie a partir del uno de marzo del año siguiente a aquel en que concluyó el periodo computado y finalice hasta el día último de febrero del año subsecuente, excluye cualquier posibilidad de rectificación durante ese año de vigencia por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social e impide que la rectificación que en su caso lleve a cabo dicho instituto surta efectos hacia el pasado, lo cual viene a corroborar la postura que se adopta en el sentido de que la rectificación de la prima de que se trata únicamente surte efectos hacia el futuro. Esto implica que la rectificación a la prima en el seguro de riesgos de trabajo, cuyo cómputo debe hacerse a partir del ejercicio anterior a aquel en el cual será aplicable, no debe notificarse con posterioridad al inicio del periodo por el que se calcule, pues de ser así, como sucede en el caso, esa actuación no sólo iría contra la propia ley, sino que además impediría al causante afectado conocer y estar en aptitud de aplicar el nuevo grado en forma oportuna, o bien, en su caso, inconformarse en contra de esa imposición, de ahí la necesidad de que la actuación de la autoridad se verifique y comunique al particular antes del uno de marzo en que se deberá efectuar el entero con base en ese grado de siniestralidad. Por las razones que han quedado precisadas con antelación, resulta incorrecta la determinación de la Sala responsable cuando señala que no existe disposición que establezca la obligación de dar a conocer la nueva prima de manera oportuna. La postura que se adopta permite que las fracciones I, II, III y VI del artículo 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, se coordinen y mantengan su vigencia y aplicación al caso concreto, a fin de que el orden jurídico sea coherente en sus diversas disposiciones y se ajuste al artículo 16 constitucional, que consagra la garantía de seguridad jurídica. La garantía de seguridad jurídica se encuentra consagrada en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución General de la República. El precepto constitucional de que se trata, dice así: ‘Artículo 16.’ (se transcribe). Del artículo reproducido se desprende implícitamente la garantía de seguridad jurídica como un principio constitucional consistente en otorgar certeza al gobernado con respecto de una situación o actuación de autoridad determinadas, lo que es así al momento en que se exige un mandamiento escrito, dictado por autoridad competente que contenga fundamentos y motivos aplicables al caso. En tal virtud, este órgano colegiado llega a la conclusión de que el análisis sistemático de las fracciones I, II, III y VI del artículo 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, permite establecer que aun cuando no se señale en forma expresa un plazo perentorio para que el Instituto Mexicano del Seguro Social lleve a cabo su facultad de rectificar la prima en el seguro de riesgos de trabajo, se concluye que el ejercicio de tal atribución se encuentra sujeto al requisito de temporalidad, por lo cual su cálculo y notificación debe hacerse al contribuyente antes del uno de marz

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21316-3f0d0d18/instituto-mexicano-del-seguro-social-no-esta-obligado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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