IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA CONFIRMAR EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR UN MOTIVO DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTO E INDUDABLE DIVERSO AL INVOCADO POR EL JUEZ DE DISTRITO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: LUIS ÁVALOS GARCÍA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados, sin que resulte necesario la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente, establecen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios, en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar, ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de criterios, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis es formulada por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito; luego, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
TERCERO. Con el propósito de determinar la existencia o inexistencia de la divergencia de criterios denunciada y, en el primer caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver la improcedencia 219/2008, derivada del juicio de amparo indirecto número 509/2008, sustentó, en lo que interesa, las consideraciones siguientes:
"QUINTO. Este tribunal suplirá la queja deficiente según lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, porque en cierto aspecto del fallo impugnado, se advierte que el Juez Federal incurrió en una violación manifiesta de la ley que dejó sin defensa al recurrente. Sobre el particular conviene recordar el contenido de la tesis LIV/89, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 122, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA PROCEDENTE.’ (se transcribe). Bien, primero hay que dejar claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones ha sustentado el criterio de que un ‘juicio’, para efectos de la procedencia del amparo, es el procedimiento contencioso que se inicia desde cualquier forma hasta que la sentencia definitiva queda ejecutada. Así se desprende, entre otras, de la tesis emitida por la exánime Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 514, Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘JUICIO.’ (se transcribe). Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española, define el vocablo contencioso de la manera siguiente: ‘(se transcribe). De lo anterior se deduce que el juicio sucesorio no es un procedimiento contencioso, en la medida de que en él no existe propiamente un litigio o controversia entre partes; pero sobre todo, hay que tomar en cuenta que el objeto de la sucesión no radica en que se solucione una controversia entre dos partes contendientes, con intereses distintos, sino, sencillamente, en lograr la transmisión de la masa hereditaria. Lo que la convierte en un proceso sui generis, constituido de diversas etapas, en las que no necesariamente debe existir un conflicto de intereses entre los que participan en él. La anterior conclusión encuentra fundamento, de alguna manera, en la tesis de la Quinta Época, sostenida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1476, Tomo XXXV, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor: ‘SUCESIONES, RESOLUCIONES DE LAS.’ (se transcribe). En el caso particular, los peticionarios del amparo señalaron como acto reclamado de la Primera Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la resolución de tres de abril del año en curso, en el toca de apelación 242CU/2007, a través de la cual revocó la resolución dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Nombre de Dios, Durango, dentro de los autos del juicio sucesorio intestamentario número 52/2006 y ordenó la reposición del procedimiento. El señor Juez Federal básicamente desechó la demanda de amparo por considerarla notoriamente improcedente; esto con base en que, a su juicio, tal acto no constituye una violación procesal que sea de imposible reparación, y por ello el juicio de amparo promovido en su contra es improcedente. Para sustentar su punto de vista, la juzgadora aludió al contenido de la fracción III, incisos a) y b) del artículo 107 del Pacto Federal, mismo que transcribió; luego hizo referencia a la interpretación de dicho precepto y dio una explicación de lo que debe entenderse por actos en juicio de ejecución de imposible reparación, e invocó el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: ‘AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.’. Como puede verse, el Juez de Distrito fundó su determinación en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, que se refiere a la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados dentro de un juicio; es decir, para estimar actualizada la causa de improcedencia en comentario, el a quo partió de la base de que el procedimiento sucesorio es, genuinamente, un ‘juicio.’. Empero, como se explicó líneas atrás, resulta claro que los procedimientos sucesorios no participan de la naturaleza contenciosa de un ‘juicio’, para efectos del juicio de garantías, sino que son un conjunto de actos procesales sui generis, que, en realidad, se llevan a cabo fuera de juicio, pues no es indispensable que en su sustanciación surja un conflicto de intereses entre partes. En esa medida, es posible concluir, sin necesidad de efectuar razonamientos profundos o rebuscados, que realmente no se actualiza la causa de improcedencia que empleó el Juez Federal para desechar la demanda, por lo que en reparación de ello se impone revocar la resolución recurrida para en su lugar se admita a trámite, salvo que advierta algún motivo de improcedencia diverso que lo impida. SEXTO. Como se apuntó en el párrafo anterior, este tribunal revisor reservó jurisdicción al Juez de Distrito para que en caso de actualizarse una causa de improcedencia manifiesta e indudable distinta a la que sirvió de base a la resolución impugnada así lo decrete. Lo anterior, primordialmente parte de la base de lo dispuesto en el numeral 91, fracción III, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: ‘Artículo 91. (se transcribe). Luego, no obstante que las causas de improcedencia son de estudio oficioso, conforme a lo dispuesto en el numeral 73, fracción XVIII, última parte, de la Ley de Amparo, el legislador estableció la facultad del órgano revisor para confirmar por una causa de improcedencia distinta sólo cuando la impugnación sea en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional; de manera que acorde al principio jurídico de que donde la ley no distingue no se debe distinguir no puede aplicarse por analogía dicha fracción tratándose de la revisión interpuesta en contra del auto desechatorio de la demanda de amparo, pues en esta fase primaria del procedimiento las partes aún no han rendido sus pruebas ni presentado sus alegatos, tal como se prevé en el invocado ordenamiento legal."
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver la improcedencia 78/2003, sostuvo, en lo conducente, las siguientes consideraciones:
"TERCERO. Es sustancialmente fundado el agravio en el que se alega transgresión al artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pero insuficiente para revocar la resolución recurrida. Efectivamente ********** por su propio derecho y en su carácter de administrador único de ********** promovió demanda de garantías contra la Juez Primero de lo Civil de esta ciudad, de quien reclamó el auto de fecha nueve de enero de dos mil tres, dictado en el expediente número 1284/2002, por el cual se desecha el recurso de apelación que interpuso en contra del auto de quince de noviembre de dos mil dos, mediante el que admite a trámite un incidente de ejecución de laudo arbitral, solicitado en su contra y de su representada. La Juez Cuarto de Distrito ‘A’ en el Estado, mediante resolución de siete de febrero de dos mil tres, resolvió desechar la demanda de garantías al considerar que el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de actos dentro de juicio, sólo es procedente cuando se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación o cuando afecte a personas extrañas a juicio. Que en la especie no se produce la afectación a derechos sustantivos, pues el desechamiento del recurso de apelación en contra de la resolución que admite a trámite el incidente de ejecución de laudo arbitral, tiene efectos meramente procesales que en su caso podrá reclamarse en amparo directo, por lo que dicho acto no es reclamable en amparo biinstancial. Invoca como apoyo la tesis con rubro: ‘DEMANDA. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE.’. Tales consideraciones, como lo aduce el recurrente, resultan contrarias a derecho, ya que las actuaciones practicadas durante el trámite de un incidente de ejecución de un laudo arbitral bajo ninguna circunstancia deben considerarse como actos dentro de juicio, sino que constituyen resoluciones fuera de él, como enseguida se establecerá. Del examen del libro quinto de los juicios mercantiles, título cuarto, Del arbitraje comercial, artículos 1415 a 1463 del Código de Comercio, se establece que el juicio arbitral esencialmente se estructura de la siguiente forma: 1) el acuerdo; 2) el procedimiento; 3) el laudo; y, 4) la ejecución. También se establece que tanto la fase del procedimiento como la del laudo son desahogadas por quien resulte designado por los interesados al que se denomina árbitro. En ellas, ante la presencia del mismo y conforme a lo pactado en el acuerdo, se desahogan las fases que en el procedimiento jurisdiccional se conocen como expositiva, probatoria y conclusiva. Es decir, durante ellas se llevan a cabo actuaciones que se conocen como actos dentro del procedimiento arbitral. Siendo precisamente el laudo arbitral el equivalente a la sentencia definitiva pronunciada por la Juez en el proceso jurisdiccional. Así, si el laudo arbitral constituye la resolución definitiva emitida por un órgano no estatal respecto de una controversia, es obvio que los proveídos emitidos en la fase de ejecución del mismo, prevista en el Código de Comercio, que tiene verificativo una vez dictado dicho laudo y que se tramita incidentalmente, son actos fuera del procedimiento arbitral, en los que, conforme a las disposiciones legales, interviene la autoridad judicial. Consecuentemente, la resolución que desecha el recurso de apelación que se interpone en contra del proveído que admite a trámite el incidente de reconocimiento y ejecución de laudo, es un acto fuera de dicho procedimiento, por lo que, como lo alega el recurrente, resulta inaplicable la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, que se refiere a la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, por lo que la resolución recurrida se encuentra indebidamente fundada. Al resultar fundado el agravio estudiado resulta innecesario pronunciarse sobre los restantes, pues cualquiera que fuera su resultado en nada alteraría la conclusión a la que se llegó. Es aplicable al caso la jurisprudencia número 171 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que ya especializado en materia civil, es el que ahora resuelve, visible en la página 97, Octava Época, Tomo IX, enero de mil novecientos noventa y dos, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe). No obstante lo anterior, no es el caso de revocar el proveído impugnado y ordenar a la Juez Federal que admita a trámite la demanda de garantías, ya que este órgano colegiado advierte un diverso motivo de improcedencia del juicio de garantías, por lo que tomando en cuenta que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y su estudio es de oficio, conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el órgano colegiado deberá abordarlo por economía procesal, para evitar que se tramite un juicio de amparo que a todas luces resulta improcedente, siendo aplicable al caso, por analogía, el diverso 91, fracción III, de la ley de la materia. Son aplicables al caso, la jurisprudencia XXII. J/5 del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito y la tesis aislada V.2o.34 K del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que este órgano colegiado comparte, visibles la primera en las páginas 317 y 318 del Tomo III, febrero de mil novecientos noventa y seis; y, la segunda en la página 551, del Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y nueve, ambos de la Novena Época, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que, respectivamente, establecen: ‘IMPROCEDENCIA. EL TRIBUNAL COLEGIADO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA POR CAUSA DIVERSA A LA INVOCADA POR EL JUEZ DE DISTRITO.’ (se transcribe). e ‘IMPROCEDENCIA. EL TRIBUNAL COLEGIADO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA POR CAUSA DIVERSA A LA INVOCADA POR EL JUEZ DE DISTRITO.’ (se transcribe). En efecto, conforme al artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando dicha institución resulte de alguna disposición de la ley. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la jurisprudencia P./J. 38/2001, visible en la página 5, Novena Época, del Tomo XIII, abril de dos mil uno, Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA.’ (se transcribe). El análisis conjunto de dichas disposiciones, legal y jurisprudencial, lleva a establecer a este órgano colegiado que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de tribunales judiciales cuando se reclaman violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio, pues la infracción respectiva debe combatirse cuando se ataque la interlocutoria respectiva, si ésta a su vez es susceptible de ser cuestionada en la vía constitucional a través del amparo indirecto. En la especie, según se desprende de la demanda de garantías, la aquí tercera perjudicada ********** promovió incidente de reconocimiento y ejecución de laudo arbitral, el que fue admitido por la Juez responsable. En contra de dicha resolución la parte aquí inconforme promovió recurso de apelación, el que fue desechado por dicha autoridad y mediante auto que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo. Esto es, los agraviados alegan una violación intraprocesal, consistente en el ilegal desechamiento del recurso de apelación en contra del auto que admite a trámite el referido incidente. Ahora bien, en contra de la interlocutoria que se dicta en el incidente de reconocimiento y ejecución de laudo arbitral, procede el juicio de amparo indirecto, por constituir dicha resolución un acto fuera de juicio, en términos del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior conforme con la jurisprudencia 3a./J. 32/93, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 41 de la Gaceta Número 72, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres, que establece: ‘LAUDO ARBITRAL, ACUERDOS DE HOMOLOGACIÓN Y EJECUCIÓN DEL. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, Y NO EL DIRECTO A QUE ALUDE EL 158 DEL MISMO ORDENAMIENTO.’ (se transcribe). En este orden de ideas, si la parte quejosa combate en el juicio de amparo el desechamiento del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución que admite a trámite el incidente de reconocimiento y ejecución de laudo arbitral y la interlocutoria que se dicte en el mismo es susceptible de ser combatida en amparo indirecto; entonces, es incontrovertible que la violación alegada debe atacarse cuando se combata la interlocutoria respectiva, por lo que el amparo que ahora se promueve es improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con la jurisprudencia con rubro: ‘AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA.’ antes citada. Además, resulta pertinente indicar, como un hecho notorio que por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil tres, este órgano colegiado, en el toca de revisión 51/2003, confirmó la resolución de la Juez Cuarto de Distrito ‘A’ en el Estado de Puebla, en la que decretó el desechamiento de la demanda de amparo promovida por la propia parte quejosa y por su representación, contra actos, entre otra autoridad, de la propia Juez aquí señalada como responsable, que hizo consistir en el auto que admite a trámite el incidente de reposición y ejecución de laudo arbitral siendo que ahora se reclama el proveído en que se desechó el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído antes referido. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número VI.2o.C. J/211, de este Tribunal Colegiado, visible en la página 939 del Tomo XIV, Novena Época, octubre de dos mil uno, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ÉSTE.’ (se transcribe). En las condiciones anteriores, procede confirmar el auto que se revisa."
Asimismo, el citado Tribunal Colegiado, al resolver las improcedencias 69/2003, 142/2003 y 64/2006, determinó confirmar el auto desechatorio, señalando que, en razón de advertirse de manera oficiosa diversa causal de improcedencia, a la aducida por el Juez de Distrito, no se haría pronunciamiento respecto de los agravios expresados, ni examen de las consideraciones relativas al auto impugnado; a su vez, al resolver la improcedencia 40/2005, declaró infundados e inoperantes los agravios del recurrente, confirmado el auto desechatorio por razones diversas de las enunciadas por el Juez de Distrito. De ahí que resulte innecesaria su transcripción, pues en lo conducente, sustentaron similares consideraciones a las señaladas en la resolución transcrita en el párrafo anterior.
Los criterios sustentados en las resoluciones de referencia dieron origen a la tesis de jurisprudencia VI.2o.C.J/264, publicada en el Tomo XXIII, página 903, correspondiente al mes de abril de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya sinopsis es:
"IMPROCEDENCIA. EL TRIBUNAL COLEGIADO PUEDE CONFIRMAR EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR CAUSA O MOTIVO DIVERSOS DE LOS INVOCADOS POR EL JUEZ DE DISTRITO. Si el tribunal revisor califica fundados los agravios propuestos por el recurrente en contra del auto del Juez de Distrito que desechó la demanda de amparo por actualizarse una causal de improcedencia, podrá confirmar el desechamiento decretado si advierte que se surte diversa causal de improcedencia o motivo distinto al considerado por el juzgador federal o, incluso, omitir el análisis de los motivos de inconformidad expresados, ya que en ambos casos debe atenderse al hecho de que la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y su estudio es de oficio, conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por lo que debe abordar su examen por razones de economía procesal, a fin de evitar que se tramite un juicio de amparo improcedente, aplicando por analogía el artículo 91, fracción III, del mismo cuerpo de leyes."
CUARTO. Procede ahora decidir respecto a la existencia o inexistencia de la contradicción de tesis, con relación al tema planteado, relativo a si el órgano revisor está facultado para confirmar el desechamiento de la demanda de advertir una causa de improcedencia diversa a la invocada por el Juez de Distrito.
Para ello es menester tener presente que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado jurisprudencialmente cuáles son los requisitos necesarios para la existencia de una contradicción de tesis, a saber:
a) El examen de cuestiones jurídicas esencialmente iguales, en relación con las cuales se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que tal diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
La jurisprudencia a que se alude, se identifica con el número 26/2001 y se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, Novena Época, siendo del tenor literal siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
De igual manera, procede realizar un extracto de las consideraciones fundamentales en que se apoyaron los fallos sujetos a examen.
El Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver por unanimidad de votos la improcedencia 219/2008, consideró, sobre el tema, que no se actualiza la causa de improcedencia que empleó el Juez de Distrito para desechar la demanda, por lo que se impone revocar la resolución recurrida para que en su lugar la admita a trámite, salvo que advierta algún motivo de improcedencia diverso; lo anterior, debido a que no obstante que la causas de improcedencia son de estudio oficioso, en atención a lo dispuesto en el numeral 73, fracción XVIII, última parte, de la Ley de Amparo; de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 91 del mismo cuerpo normativo, el legislador estableció la facultad del órgano revisor para confirmar por una causa de improcedencia distinta, sólo cuando la impugnación sea en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional; de manera que acorde al principio jurídico de que donde la ley no distingue no se debe distinguir, no puede aplicarse por analogía dicha fracción, tratándose de la revisión interpuesta en contra del auto desechatorio de la demanda de amparo, pues en esta fase primaria del procedimiento las partes aún no han rendido sus pruebas ni presentado sus alegatos, tal como se prevé en el invocado ordenamiento legal.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver la improcedencia 78/2003, apoyó su resolución en que es sustancialmente fundado el agravio en que se alega el indebido desechamiento, sin embargo, no es el caso de revocar el proveído impugnado y ordenar a la Juez Federal que admita a trámite la demanda de garantías, ya que advierte un diverso motivo de improcedencia del juicio de garantías, por lo que tomando en cuenta que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y su estudio es de oficio, conforme al artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, el órgano colegiado deberá abordarlo por economía procesal, para evitar que se tramite un juicio de amparo que a todas luces resulta improcedente, siendo aplicable al caso, por analogía, el diverso 91, fracción III, de la ley de la materia; de la misma manera, al resolver las improcedencias 69/2003, 142/2003, 40/2005 y 64/2006, determinó confirmar el auto desechatorio, sustentando en lo conducente similares consideraciones.
Este órgano colegiado considera que se actualizan en su integridad los supuestos establecidos para poder estimar existente la contradicción de tesis denunciada, entre el criterio del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.
En efecto el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver, la improcedencia 219/2008, estimó que en la revisión interpuesta contra el auto desechatorio no procede confirmar dicho proveído por una causa distinta a la advertida por el Juez de Distrito y, en esa virtud, al considerar fundados los agravios determinó remitir el asunto al juzgado del conocimiento, para que de no advertir alguna otra causa de improcedencia, admitiera la demanda de amparo.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver las improcedencias 78/2003, 69/2003, 142/2003, 40/2005 y 64/2006, sustentó el criterio consistente en que, si el Tribunal Colegiado advierte que se actu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21326-6b12973f/improcedencia-del-juicio-de-amparo-el-tribunal-colegiado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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