PEDIMENTO ADUANAL. LA ADICIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 185 DE LA LEY ADUANERA, NO DEROGÓ LOS SUPUESTOS DE EXCLUSIÓN DE DATOS RECTIFICABLES CONTENIDOS EN EL DIVERSO 89 DE LA MISMA LEY, POR LO QUE TRATÁNDOSE DE ÉSTOS NO PUEDE ACTUALIZARSE LA INAPLICACIÓN DE LA MULTA CONTEMPLADA EN DICHO PÁRRAFO. CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA SURGIDA DE CRITERIOS SUSTENTADOS EN AMPARO DIRECTO Y EN REVISIÓN FISCAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 118/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: LUIS HUERTA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia aduanera, cuyo conocimiento corresponde a esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por uno de los Magistrados que integran a los Tribunales Colegiados contendientes.
TERCERO. Con el objeto de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario conocer las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados, estimadas como posiblemente contradictorias, para ello se transcriben en lo conducente, a continuación.
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el veintiséis de junio de dos mil ocho, el amparo directo AD. 258/2007, sostuvo:
"QUINTO. El análisis de los conceptos de violación permite establecer las siguientes consideraciones. Aduce el quejoso que la responsable indebidamente determinó la validez de la resolución impugnada en el juicio de nulidad de origen, al estimar infundado el concepto de impugnación en el que se alegó la ilegalidad de la multa impuesta en términos del artículo 185, fracción II, de la Ley Aduanera. Señala el impetrante que resulta incorrecta la interpretación y aplicación del numeral citado, ‘pues de la exposición de motivos se puede advertir que la intención es permitir la rectificación de los pedimentos sin más limitación que los establecidos en el mismo numeral, es decir, no condiciona la rectificación de datos inexactos. ... la intención de la adición del segundo párrafo de la fracción II del artículo 185 de la Ley Aduanera, es el establecer la OBLIGACIÓN de corregir el dato inexacto declarado en el pedimento, a fin de cumplir con el bien jurídicamente tutelado por el artículo 184, fracción III, que es la información estadística’, razón por la cual -afirma- resulta inaplicable para efectos de obtener el beneficio previsto en el citado segundo párrafo del precepto normativo citado, lo establecido por el artículo 89 de la Ley Aduanera. En primer término, se estima necesario tener presente que de las constancias que se encuentran agregadas al juicio natural, se desprende que el origen de la resolución materia del juicio de nulidad, lo constituye la presentación del pedimento de importación definitiva número 3122-6000532-0 y la consecuente activación del mecanismo de selección automatizado; y si en el reconocimiento aduanero practicado se detectó la irregularidad consistente en dato general inexacto, por haberse declarado incorrectamente la descripción de la mercancía, pues el agente aduanal declaró como mercancía importada, en la partida uno, trescientos veinticuatro pares de ‘calzado para dama, parte superior piel suela goma no cubre el tobillo’ y en la partida dos, ciento doce pares de ‘calzado para caballero parte superior piel suela goma no cubre el tobillo’; sin embargo, al proceder a la revisión física y documental de dicha mercancía, el verificador aduanal observó que la descripción de la mercancía en ambas partidas es incorrecta, ya que se trata de trescientos veinticuatro pares de calzado para caballero y ciento doce pares de calzado para dama, lo que no corresponde a lo declarado en él; razón por la cual, estimó que el agente aduanal cometió la infracción prevista por el artículo 184, fracción III, de la Ley Aduanera, ya que presentó el pedimento de información con datos inexactos que alteran la información estadística, imponiéndole al presunto infractor como sanción una multa en cantidad de $********** (**********), con fundamento en el artículo 185, fracción II, de la propia legislación aduanera. También se advierte que en los conceptos de impugnación de la demanda de nulidad, el entonces actor alegó, en síntesis, que procedía declarar la ilegalidad de la resolución impugnada, ya que la demandada dejó de aplicar lo dispuesto por el párrafo segundo de la fracción II del artículo 185 de la Ley Aduanera, que establece que no se aplicará la sanción prevista en dicha porción normativa, cuando el agente aduanal presente la rectificación del pedimento dentro de los diez días siguientes, lo que ocurrió en el caso concreto, pues el nueve de febrero de dos mil seis, se rectificó el pedimento en cuestión, el cual se recibió por la Aduana de Guadalajara ese mismo día. Al respecto, la representación fiscal contestó la demanda diciendo, en resumen, que era falso que la demandada haya dejado de aplicar lo previsto por el artículo 185, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Aduanera, dado que el actor declaró un dato inexacto que alteró la información estadística, el cual no podía ser rectificado. Fijada en este aspecto la controversia, la Sala Regional consideró en la sentencia reclamada que si el pedimento ********** fue llenado con un dato inexacto en cuanto al país de origen de la mercancía, en tanto que ésta era procedente de Alemania y no de Italia, era evidente que no sólo se configuró la infracción prevista en la fracción III del artículo 184 de la Ley Aduanera, relativa a la presentación de pedimentos con datos inexactos que alteren la información estadística, sino que también no era viable subsanar dicha irregularidad mediante la presentación del pedimento de rectificación respectivo, en razón de que tal prohibición la prevé el diverso numeral 89, párrafos primero y segundo, así como la fracción IV de la legislación aduanera en cita. Agregó que si bien es cierto que el artículo 185, fracción II, de la ley de referencia, que sirvió de base para sancionar al actor del juicio de nulidad, establece la posibilidad de rectificar el pedimento que contenga el dato inexacto, con el fin de evitar la imposición de la sanción correspondiente, sin contener restricción alguna en cuanto a la modalidad del dato inexacto a rectificar, no menos cierto es que ello es insuficiente para evadir el lineamiento que se prevé en el aludido artículo 89, primer y segundo párrafos, así como en la fracción IV de la propia Ley Aduanera, relativo a que no son modificables los datos que determinen el país de origen de las mercancías. Enseguida, después de enfatizar que ambos numerales poseen la misma jerarquía, por estar contenidos en un mismo cuerpo legislativo, por lo que ambas disposiciones eran aplicables, y no únicamente el artículo 185, fracción II, por encima del diverso 89, la a quo concluyó diciendo que el primero de los numerales en mención, debía interpretarse en el sentido de que los agentes aduanales pueden modificar datos inexactos que hayan sido declarados en el pedimento, con la limitante de que tales datos no encuadren en los considerandos como no rectificables por alguna otra disposición de la misma ley. Ahora bien, para resolver la aparente contradicción entre los artículos 89, primer y segundo párrafos, fracción IV, y el 185, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Aduanera, lo que en la doctrina jurídica se conoce como antinomia, es necesario tener presente el contenido de ambas disposiciones, así como el artículo 184, fracción III, de la propia legislación, en vigor hasta el treinta y uno de diciembre dos mil uno: ‘Artículo 89.’. ‘Artículo 184.’. ‘Artículo 185.’ (se transcriben). Como se ve, el artículo 89 contemplaba la posibilidad de rectificar los datos contenidos en el pedimento, siempre que no se modificaran, entre otros, aquellos que determinaran el origen de las mercancías. Por su parte, el numeral 184, fracción III, establecía la infracción consistente en presentar los documentos a que se refieren las fracciones I y II del propio precepto (entre los que se encuentran aquellos que amparen las mercancías que importen o exporten, o sea, los pedimentos), con datos inexactos o falsos u omitiendo algún dato, siempre que se alterara la información estadística. Finalmente, el artículo 185, fracción II, establecía la multa que se aplicaba a quienes cometían la infracción prevista en la fracción III del artículo 184. Cabe agregar que el contenido de los artículos 89 y 184, fracción III, de la Ley Aduanera, que se examinó anteriormente, es el mismo que estuvo vigente al momento de que ocurrieron los hechos materia de la litis en dos mil seis, pues no tuvieron reforma alguna. En cambio, a partir de dos mil dos, el artículo 185, fracción II, de la Ley Aduanera, se adicionó con un segundo párrafo. Efectivamente, como se señala en los conceptos de violación en estudio, en la exposición de motivos presentada por algunos diputados federales pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de veintiuno de noviembre de dos mil uno, se dijo, por cuanto a las sanciones administrativas previstas en la Ley Aduanera, lo siguiente: ‘Multas administrativas.’ (se transcribe). Lo anterior revela que la intención del legislador fue elevar a rango de ley la regla 3.26.10 de la Miscelánea de Comercio Exterior, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de marzo de dos mil uno, por considerar que en la infracción consistente en presentar documentos o declaraciones con datos inexactos o falsos u omitiendo algún dato, siempre que se alterara la información estadística, el bien jurídicamente tutelado era la información estadística, sin embargo, una sanción económica en sí no corregía la desviación del sentido de la ley, por lo que se propuso implementar la obligación de enmendar la imprecisión declarada, con una sanción pecuniaria para quien no cumpliera con tal obligación dentro del término propuesto; además, de que en la práctica cotidiana del despacho aduanero esta infracción, que nominalmente era la más simple, se había convertido en la más grave, no por el monto de la sanción, sino por el tortuoso proceso administrativo que para liquidarla se debía de seguir, lo que daba lugar a actos de impunidad y corrupción; motivos por los cuales, la Ley Aduanera debía establecer un procedimiento simple y transparente, a efecto de que se cumpliera con toda oportunidad la obligación de rectificar el dato impreciso. Una vez que concluyó el proceso legislativo de referencia, el artículo 185, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Aduanera, en vigor a partir del primero de enero de dos mil dos, establece lo siguiente: ‘Artículo 185.’ (se transcribe). Como se ve, el legislador dispuso que no se aplicará la multa a que se refiere la fracción II, cuando se realice la rectificación correspondiente dentro de los diez días siguientes, contados a partir del día siguiente a aquel en el que le fuera notificado el escrito o acta correspondiente en el que se haga constar la irregularidad detectada en el reconocimiento o segundo reconocimiento, así como de la revisión de documentos siempre que presente copia del pedimento correspondiente ante la aduana que emitió el escrito o el acta, dentro del plazo de diez días otorgado para el ofrecimiento de pruebas y alegatos. De donde se sigue que el artículo 89, segundo párrafo y fracción IV, de la Ley Aduanera, en la parte que no permite la rectificación del pedimento cuando se modifiquen los datos que determinen el origen de las mercancías, quedó automáticamente derogada al entrar en vigor en dos mil dos, la adición del artículo 185, fracción II, de la Ley Aduanera, con un segundo párrafo, que establece que no se aplicará la multa cuando el agente o apoderado aduanal presente la rectificación correspondiente dentro de los plazos y cumpliendo los requisitos ahí previstos. Efectivamente, el artículo 1o. del Código Civil Federal, señala: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). Por consiguiente, las reglas que en dicha codificación se contienen, relacionadas con la vigencia de las leyes, son aplicables a cualquier disposición normativa de carácter federal. Ahora bien, el artículo 9o. del propio Código Civil Federal dispone: ‘Artículo 9o.’ (se transcribe). Conforme a esta regla, en materia civil federal, las normas pueden quedar derogadas en forma tácita. Esto significa que un precepto que contuviera disposiciones incompatibles con otro posterior, quedaría automáticamente derogado al entrar en vigor este último. Conforme a la regla anterior, aplicada a la legislación aduanera que por cierto es de carácter federal, como se dijo, el artículo 89, segundo párrafo y fracción IV, en la parte que no permite la rectificación del pedimento cuando se modifiquen los datos que determinen el origen de las mercancías, quedó automáticamente derogada al entrar en vigor en dos mil dos, la adición del artículo 185, fracción II, con un segundo párrafo, que establece que no se aplicará la multa cuando el agente o apoderado aduanal presente la rectificación correspondiente dentro de los plazos y cumpliendo los requisitos ahí previstos. Así las cosas, asiste la razón al quejoso al sostener que de la exposición de motivos relativa a la adición del artículo 185, fracción II, con un segundo párrafo, de la Ley Aduanera, se advierte que la intención del legislador fue permitir la rectificación de los pedimentos sin más límites que los establecidos en el propio numeral, esto es, no condicionó la rectificación de datos inexactos, pues el bien jurídicamente tutelado por el diverso numeral 184, fracción II, es la información estadística. La afirmación anterior se corrobora con lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo de la fracción II del artículo 184 de referencia, en el sentido de que: ‘No obstante lo anterior, la aduana procederá a aplicar las multas que correspondan cuando no se rectifiquen todos los datos a que se refiera el escrito o acta.’; de donde se sigue que la intención del legislador fue que se corrigieran todos los datos inexactos, pues, de otro modo, habría utilizado una redacción diversa, a saber: ‘... la aduana procederá a aplicar las multas que correspondan cuando no se rectifiquen todos los datos a que se refiera el escrito o acta o cuando no sea posible su rectificación por actualizarse alguno de los supuestos contenidos en el artículo 89 de la Ley Aduanera.’. Sin que se desatienda que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito sostiene un criterio contrario al sustentado por este órgano jurisdiccional; tal como se desprende de la jurisprudencia XXVII. J/4, publicada en la página 1352, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘PEDIMENTOS ADUANALES, RECTIFICACIÓN DE. SU PROCEDENCIA SE CONDICIONA A LOS CASOS DE EXCEPCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY ADUANERA. Una interpretación armónica de las disposiciones previstas en los artículos 89 y 185 de la Ley Aduanera, permite colegir que la hipótesis de inaplicabilidad de multas contemplada en el segundo de esos dispositivos legales no se puede interpretar, y menos aplicar, sin atender a lo que en ese rubro previene el primero de ellos, ya que la interpretación aislada del precepto citado en segundo término tendría el alcance de nulificar y, por ende, de hacer nugatorios los casos en los que no procede modificar, mediante rectificación, un pedimento aduanero. En efecto, el artículo 89 de la Ley Aduanera constituye un precepto que atañe a la rectificación de los datos contenidos en los pedimentos aduanales, y a ese respecto el legislador instituyó la posibilidad de que los contribuyentes puedan hacer uso de esa rectificación en la forma, modo y circunstancias que al respecto se detallan; sin embargo, en ese mismo dispositivo, con toda precisión se señala que la rectificación es procedente siempre que no se modifique alguno de los conceptos que específicamente se desglosan en la propia norma, los cuales son objeto de descripción en sus siete fracciones. En tal virtud, es evidente que cuando se trata de alguna de las hipótesis de exclusión del derecho de rectificación de los pedimentos, jurídicamente no es operante el beneficio de inaplicabilidad de la multa a que se refiere el artículo 185 de la ley en cita, ya que en ese contexto no puede perderse de vista que los supuestos normativos establecidos al respecto son reglas rígidas que descartan por completo la inaplicación de la sanción pecuniaria. Una interpretación contraria nos llevaría al absurdo de que la rectificación procede en todo caso, lo cual es inadmisible, pues tal criterio convertiría en letra muerta las reglas de excepción que a ese respecto establece el artículo 89 de la Ley Aduanera aplicable.’. Sin embargo, no se comparte el criterio en cuestión, cuenta habida que se estima que el agente apoderado aduanal pueden rectificar los datos inexactos o falsos consignados en el pedimento, relativos a los que determinen el origen de las mercancías. Efectivamente, como se estableció, el artículo 184, fracción III, de la Ley Aduanera, establece que cometen la infracción relacionada con la obligación de presentar documentación y declaraciones, quienes presenten el documento que amparen las mercancías que importen o exporten, con datos inexactos o falsos u omitiendo algún dato, siempre que se altere la información estadística. A su vez, el artículo 185, fracción II, de la legislación en cita, dispone que se aplicará una multa que oscila entre un mínimo y un máximo, por cada documento, a quienes cometan dicha infracción. Ahora bien, de la exposición de motivos para adicionar el mencionado artículo 185, fracción II, con un segundo párrafo, vigente a partir de enero de dos mil dos, se desprende que el legislador consideró que la sanción económica en sí no corregía la desviación del sentido de la ley, por lo que propuso implementar la obligación de enmendar la imprecisión declarada mediante la rectificación de los datos inexactos o falsos, con una sanción pecuniaria para quienes no cumplieran con tal corrección dentro del término propuesto; de donde se sigue que el diverso artículo 89, segundo párrafo y fracción IV, de la Ley Aduanera, en la parte que no permite la rectificación del pedimento cuando se modifiquen los datos que determinen el origen de las mercancías, quedó automáticamente derogada al entrar en vigor la adición del artículo 185, fracción II, de la citada legislación, con un segundo párrafo, ya que conforme a lo dispuesto por el artículo 9o. del Código Civil Federal, las normas jurídicas se derogan en forma tácita cuando un precepto contiene disposiciones incompatibles con otro posterior. Razón por la cual, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, debe denunciarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de tesis advertida, para lo cual se instruye a la secretaría de tesis de este Tribunal Colegiado para que realice los trámites conducentes. Consecuentemente, dado que la Sala Regional violó en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la mencionada autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en una nueva que la sustituya, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, considere que el artículo 89, segundo párrafo y fracción IV, de la Ley Aduanera, en la parte que no permite la rectificación del pedimento cuando se modifiquen los datos que determinen el origen de las mercancías, quedó automáticamente derogada al entrar en vigor en dos mil dos, la adición del artículo 185, fracción II, con un segundo párrafo, que establece que no se aplicará la multa cuando el agente o apoderado aduanal presente la rectificación correspondiente dentro de los plazos y cumpliendo los requisitos ahí previstos, esto es, considere que la intención del legislador con dicha adición, fue permitir la rectificación de los pedimentos sin más límites que los establecidos en el propio numeral, sin condicionar la rectificación de datos inexactos, pues el bien jurídicamente tutelado por el diverso numeral 184, fracción II, es la información estadística. Hecho lo anterior, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que legalmente corresponda. Finalmente, las consideraciones antes expuestas sirven para dar respuesta integral a lo manifestado por la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción en su pedimento."
Por su parte, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver los tocas de revisión fiscal números 16/2003, 18/2003, 21/2003, 24/2003 y 26/2003, sostuvo, en lo medular lo siguiente:
"QUINTO. Es sustancialmente fundado el agravio formulado por la autoridad hacendaria, en mérito de las razones siguientes. La autoridad recurrente aduce en esencia, que la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al analizar la hipótesis a que refiere el artículo 185, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Aduanera, es decir, la de no aplicar la multa establecida en la mencionada fracción, en los casos en que: ‘el agente o apoderado aduanal presente la rectificación correspondiente dentro de los diez días siguientes contados a partir del día siguiente a aquel en el que le fuera notificado el escrito o acta correspondiente en el que se haga constar la irregularidad detectada en el reconocimiento o segundo reconocimiento, así como de la revisión de documentos siempre que presente copia del pedimento correspondiente ante la aduana que emitió el escrito o el acta, dentro del plazo de diez días otorgado para el ofrecimiento de pruebas y alegatos’; evidentemente lo hizo de manera aislada, ya que de haber concatenado tal disposición con el contenido del artículo 89, fracción I, del invocado ordenamiento legal, hubiera llegado a la conclusión de que la inaplicabilidad de las multas por infracción a la Ley Aduanera, está supeditada a la disposición específica que en materia de rectificación de pedimentos prevé el precepto citado en segundo término. Como se dice anteriormente, es fundado el anterior motivo de inconformidad. En efecto, antes de exponer las razones por las que se llega a la conclusión anterior, resulta pertinente, para un mejor entendimiento del caso a estudio, transcribir los preceptos legales de referencia, que en la parte que aquí interesa, son del tenor literal siguiente: ‘Artículo 89.’. ‘Artículo 185.’ (se transcriben). El marco normativo de referencia permite colegir, que la hipótesis de inaplicabilidad de multas contemplada en el artículo 185 de la Ley Aduanera, no se puede interpretar, y menos aplicar, sin atender a lo que en ese rubro previene el diverso numeral 89 de la referida ley, ya que la interpretación aislada del precepto citado en primer término, tendría el alcance de nulificar y, por ende, de hacer inaplicables los casos en los que no procede modificar, mediante rectificación, un pedimento aduanero; luego entonces, obvio es concluir que deviene ilegal la determinación de la Sala a quo, en el sentido de que ambos preceptos no se pueden relacionar; máxime si se considera que la distinción que se hace en la sentencia recurrida, respecto a que el artículo 89 alude a la rectificación espontánea y el 185 a la que deriva del procedimiento administrativo en materia aduanera, tal como sostiene el revisionista, carece de fundamento legal. El criterio que se adopta en este caso, responde a que el artículo 89 de la Ley Aduanera vigente en el año de dos mil dos, constituye un precepto que atañe a la rectificación de los datos contenidos en los pedimentos aduanales, y a ese respecto el legislador instituyó la posibilidad de que los contribuyentes puedan hacer uso de esa rectificación en la forma, modo y circunstancias que al respecto se detallan; sin embargo, en ese mismo dispositivo, con toda precisión se señala que la rectificación es procedente siempre que no se modifique alguno de los conceptos que específicamente se desglosan en la propia norma, los cuales son objeto de descripción en siete fracciones. Esto quiere decir, que en materia de rectificación existen diversas taxativas, que impiden a los contribuyentes hacer uso de tal derecho, y entre éstas se encuentra la prevista en la fracción IV del aludido numeral, cuya literalidad es la siguiente: ‘IV. Los datos que determinen el origen de las mercancías, en su caso.’. En tal virtud, es evidente que cuando se trata de alguna de las hipótesis de exclusión del derecho de rectificación de los pedimentos, jurídicamente no es operante el beneficio de inaplicabilidad de la multa, a que refiere el artículo 185 de la ley en cita, ya que en ese contexto, no debe perderse de vista que los supuestos normativos establecidos al respecto, son reglas rígidas que descartan por completo la inaplicación de la sanción pecuniaria. Una interpretación contraria, nos llevaría al absurdo de que la rectificación procede en todo caso, lo cual es inadmisible, pues tal criterio convertiría en letra muerta las siete fracciones que establece el artículo 89 de la Ley Aduanera aplicable. Por consiguiente, si en este caso, el origen de la resolución materia del juicio de nulidad, lo constituye la presentación del pedimento número 02 53 3506 2001087 y la consecuente activación del mecanismo de selección automatizado; y si en el reconocimiento aduanero practicado se detectaron las irregularidades consistentes que en el campo once de la secuencia seis del bloque de las partidas del pedimento, el agente aduanal declaró la clave DEU, que en términos del Apéndice 4 del Anexo 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para dos mil dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de julio de dos mil dos, identifica a la República Federal de Alemania, como la clave del país de origen para noventa piezas de la mercancía descrita en esa secuencia como ‘portafolio con la parte exterior de material textil’; sin embargo, al proceder a la revisión física de dicha mercancía, el verificador aduanal observó que esa mercancía ostentaba un grabado a tinta con la leyenda ‘Made in China’, que traducido al idioma español significa ‘Hecho en China’, de ello se colige que el agente aduanal declaró inexactamente el origen de esa mercancía, existiendo, por tanto, una inexacta declaración del país de origen y en consecuencia un dato inexacto en la declaración contenida en el pedimento de referencia; lógico es que bajo tales premisas, no tenía cabida la rectificación propuesta por el agente aduanal (promovente del juicio de nulidad), ya que, como se ha dicho, el numeral 89 de la Ley Aduanera, en su fracción IV, señala como caso de excepción a la rectificación de pedimentos, el hecho de modificar los datos que determinen el origen de las mercancías; y por ende, la Sala a quo no tenía más alternativa jurídica que la de estimar no actualizada la hipótesis a que se contrae el artículo 185, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Aduanera, razón por la que resulta ilegal la declarativa de nulidad, lo que da lugar a que se revoque la sentencia recurrida. Y como en la parte final de dicha sentencia se estableció que era innecesario ocuparse de los restantes concepto de impugnación, este Tribunal Colegiado estima necesario devolver los autos del juicio fiscal 148/03-20-01-4, a la Sala a quo, a fin de que se avoque y proceda a analizar los conceptos de anulación omitidos y, en consecuencia, reasumiendo su libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda, toda vez que los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando fungen como revisores en materia fiscal, no están facultados para abordar el estudio de los argumentos no examinados por el órgano de jurisdicción natural, pues en ese supuesto no es aplicable el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo. Avala lo anterior, la tesis de jurisprudencia 6/91, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la República, consultable en la página 48 del Tomo VIII, noviembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO. El amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituye medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los tribunales de lo contencioso administrativo. La similitud entre esos medios de defensa extraordinarios lleva a la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, resultando por ello, inaplicable a las revisiones fiscales, lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, del propio ordenamiento; de manera que si en éstas se concluye que son fundados los agravios, de existir conceptos de anulación no estudiados por la Sala responsable, deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se haga cargo de las cuestiones omitidas, de la misma manera que ocurre en el amparo directo que no permite la sustitución de facultades propias de la responsable. Ello es así porque si bien el artículo 104 constitucional, en su fracción I-B, dispone que las revisiones contra resoluciones de tribunales contenciosos de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21318-b1724ebb/pedimento-aduanal-la-adicion-del-segundo-parrafo-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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