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Modo: Corpus Pro

TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 143/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21345
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 1671.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 143/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE

ANGUIANO.

SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001 dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción se refiere a la materia administrativa cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis se estima que proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen lo siguiente:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Los preceptos transcritos anteriormente establecen los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios a través de resoluciones de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios, a fin de que se determine el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, cuyo órgano jurisdiccional emitió uno de los criterios contradictorios denunciados, razón por la cual es indudable que cuenta con legitimación para denunciar la presente contradicción de tesis.

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en sesiones de fechas veintidós de mayo, primero y dos de julio y seis de agosto de dos mil ocho, por unanimidad de votos dictó resoluciones en el mismo sentido al resolver los amparos en revisión 119/2008-I, 191/2008-I, 224/2008-I, 215/2008-I y 202/2008-I, respectivamente de su índice, por lo que para resolver la presente contradicción de tesis sólo se transcriben las consideraciones del último de ellos, ya que reflejan el criterio sostenido por ese tribunal en los demás asuntos resueltos con anterioridad sobre el mismo tema, las cuales en la parte que interesa, son del tenor siguiente:

"CUARTO. Son fundados los agravios expresados por **********, por conducto de su autorizado, en los que señala, sustancialmente, que el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de garantías estimando que la documental exhibida como prueba no tiene el carácter de acto unilateral, imperativo y coercitivo, emitido por la autoridad fiscal, que tenga como finalidad ejercer un derecho o atribución a su favor consistente en exigir el pago de una contribución susceptible de reclamarse por la vía constitucional, dejando de atender, señala, la jurisprudencia de rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO.’; toda vez que, aduce, el Juez de amparo estimó que en la demanda sólo se reclamaba la liquidación del impuesto sobre el uso de vehículos, desconociendo que en el texto también se hace referencia a la falta de fundamentación y motivación de la liquidación emitida por la responsable que culminó en la emisión de la prueba documental que se exhibió y que incluye diversos cobros (los relaciona). Argumentos que resultan esencialmente fundados, al tenor del criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el cual comparte este órgano colegiado, mismo que se encuentra plasmado en la tesis registrada con el número XXI.1o.P.A.64 A, del Tomo XXIV del mes de diciembre de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: ‘TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. SI EL CONTRIBUYENTE AL ACUDIR ANTE LA AUTORIDAD A REALIZAR UN TRÁMITE DE SU AUTOMÓVIL, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRÁNSITO, ÉSTA LE DETERMINA UN ADEUDO POR CONCEPTO DE AQUEL TRIBUTO Y LE CONDICIONA EL SERVICIO A SU PAGO, EL RECIBO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Si un contribuyente acude ante la autoridad responsable con el propósito de efectuar trámites relacionados con la documentación de su vehículo, de conformidad con la reglamentación en materia de tránsito, y el personal de la oficina recaudadora, utilizando los documentos que aquél había entregado, le determinó un adeudo por concepto del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos que tuvo que ser cubierto por el monto señalado, a fin de que fueran atendidas todas sus pretensiones, sin lugar a dudas que esa forma de recaudación es un acto impugnable a través del juicio de amparo. Ello es así, porque al exigirse al solicitante los documentos que llevaba consigo, la autoridad ejerció las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, emprendiendo lo que, para efectos jurídicos, debe conceptuarse como una revisión equiparable a las de gabinete, además de que cuando indicó al contribuyente cuál era la suma adeudada, su acción resulta sustancialmente análoga a lo que debía ser la resolución determinante del crédito fiscal a que se refiere el precepto 48, fracción IX, del propio ordenamiento, y finalmente, la exigencia de pago, condicionando la prestación de servicios de control vehicular a su inmediato entero, constituye el cobro coactivo que, si se hubiese hecho formalmente, debió revestir la naturaleza de un procedimiento administrativo de ejecución, máxime que los actos unilaterales y coactivos así desplegados por la autoridad responsable deben encontrar fundamento en la norma, atendiendo al principio de legalidad, según el cual el poder público únicamente puede actuar de conformidad con las facultades que específicamente tiene encomendadas, y al plasmarse en el recibo de pago, éste debe cumplir con los requisitos formales de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 de la Carta Magna, ya que la intervención directa del ente fiscalizador en las fases de liquidación, requerimiento y cobro de la contribución correspondiente, es un acto que crea, modifica y extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del gobernado y, por tanto, impugnable a través del juicio de amparo.’. Por lo que, al resultar inexistente la causal de improcedencia estimada por el juzgador, resulta procedente revocar la sentencia que se revisa, y conforme a lo previsto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, analizar los conceptos de violación insertos en la demanda de amparo. Ahora bien, la quejosa reclamó sustancialmente, que el cobro que se le hizo, por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, mediante el recibo IIAA6008 con número de folio 80465300 de fecha dieciocho de mayo de dos mil ocho, por la cantidad de $7,601.00 (siete mil seiscientos un pesos 00/100 moneda nacional), transgrede lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que carece de fundamentación y motivación, al no señalarse cuál es la norma, reglamento, acuerdo o decreto aplicable para la procedencia del cobro de cada uno de los conceptos que ahí se estipularon, ni especifica como se obtuvo cada uno de ellos. Asimismo, adujo que al presentarse ante la autoridad, con la intención de obtener la tarjeta de circulación, calcomanías y holograma de su vehículo marca **********, la autoridad responsable primero le fincó la cantidad que tenía que pagar, sin que pudiera oponerse a ello, ya que de lo contrario no le proporcionarían los documentos necesarios para poder circular su automóvil, por lo que tuvo que realizar el pago de dicho impuesto, expidiéndole el recibo que adjuntó. Argumentaciones que resultan esencialmente fundadas y suficientes para conceder la protección de la Justicia Federal al quejoso, toda vez que el recibo que exhibió con su demanda de amparo, no se encuentra debidamente motivado como lo exige el artículo 16 constitucional. Circunstancia que no puede tenerse por consentida, aun y cuando el contribuyente acuda ante la autoridad sin mediar requerimiento, toda vez que por razón lógica, debe existir con anterioridad una resolución de la autoridad administrativa determinante del importe de dicho crédito, pues de otro modo el gobernado no estaría en posibilidad de conocer la cantidad que se le pretende cobrar, y en todo caso, el recibo simplemente acredita el cumplimiento por parte del particular de una obligación tributaria, determinada por la propia autoridad, toda vez que el artículo 4o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, establece que los contribuyentes comprobarán el pago del impuesto con la copia de la forma por medio del cual lo hayan efectuado. Por otra parte, del recibo exhibido por la quejosa, se aprecia que contiene el nombre de la recurrente, los datos de identificación del vehículo, el número de placas, y las cantidades que resultan de algunos conceptos como son: tenencia 2008, expedición de calcomanías y tarjeta de circulación nacional, impuesto para mantenimiento de vías públicas, no revisión mecánica, 15% impuesto adicional para educación media y superior, donativo para la cruz roja y redondeo, señalando en cada rubro, los incisos 616-0, 112-2, 221-5, 676-3, 671-3, 671-4 y 672-3, sin embargo, no menos cierto es, que ello no puede tenerse como fundamentación, ya que no se menciona la ley, reglamento o decreto aplicable, que autorice a la autoridad al cobro de cada uno de los rubros, ni tampoco presenta motivación alguna. Circunstancia que resulta necesaria para que el gobernado cuente con la seguridad jurídica del origen de lo que ha sufragado por el gravamen impuesto, así como para que, si no está conforme con las cantidades y conceptos impuestos por la autoridad, pueda atacar de manera eficiente, alegando lo que estime apropiado para su causa. De ahí que, considerando lo alegado por el peticionario de garantías a través de su demanda de amparo, este Tribunal Colegiado sostiene que, en efecto, la documental consistente en el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos por el año 2008, con número de folio 80465300, afecta de manera unilateral los intereses del gobernado recurrente, pues no satisface las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no señalarse los preceptos que fundamentan las facultades ejercidas, ni el marco normativo que reguló la mecánica recaudatoria, así como tampoco los motivos que se tuvieron en cuenta para arribar a la conclusión de que el contribuyente en verdad adeudaba la cantidad determinada como crédito. Ante lo apuntado, es procedente conceder el amparo y protección federal solicitadas, para el efecto de que la autoridad responsable emita diversa liquidación en la que funde y motive debidamente su proceder respecto de cada uno de los conceptos determinados en el cobro a que se refiere el recibo 80976906. En igual sentido fue resuelto el amparo en revisión administrativo número 119/2008-I."

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en sesiones de fechas treinta de marzo, diez y veinticuatro de agosto, cuatro de diciembre de dos mil seis; y doce de abril de dos mil siete, por unanimidad de votos dictó resoluciones en el mismo sentido al resolver los amparos en revisión números 93/2006, 267/2006, 239/2006, 354/2006 y 25/2007, respectivamente de su índice, pero en este caso para resolver la presente contradicción de criterios sólo se transcriben las consideraciones del último de ellos, ya que en ella se refleja el criterio sustentado por tal tribunal al resolver los demás asuntos mencionados, las cuales en la parte que interesa, son las siguientes:

"SEXTO. En una parte de los agravios que se expresan, aduce la quejosa recurrente ********** que la sentencia recurrida transgrede los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, argumentando en síntesis: 1o. Que para decretar el sobreseimiento el a quo sólo examinó el acto consistente en la emisión de la declaración-recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y derechos por servicio de control vehicular, número de folio 157712, de trece de septiembre de dos mil seis, pasando por alto que no sólo señaló con el carácter de reclamado el referido acto de autoridad, sino también se controvirtieron los actos consistentes en el cobro contenido en la declaración-recibo de pago del impuesto relativo, así como la recepción de dicho pago, respecto de los cuales no existe pronunciamiento alguno, no obstante la certeza de su existencia, además de que su naturaleza es distinta de la que goza la emisión de la declaración-recibo de pago número de folio 157712. 2o. Que el recibo de pago reclamado sí constituye el medio a través del cual las responsables dependientes de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, externan su acto autoritario, pues fueron ellas las que determinaron el tributo a pagar cuando acudió ante sus oficinas, siendo obvio que para que dicho recibo se encuentre debidamente fundado y motivado, es necesario que en él se citen los cuerpos legales y preceptos que estén aplicando al caso concreto, y además, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta al momento de su emisión. 2o. Que el Juez de Distrito al emitir la sentencia reclamada, tomó como base el criterio expuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que sostuvo que los recibos que demuestran el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, no son actos definitivos impugnables a través del juicio de nulidad que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero de la verificación del contenido de la ejecutoria que originó la jurisprudencia de mérito, se desprende que no aplica en el presente caso, pues ahí se analizó el caso de individuos que, de manera voluntaria ejercieron el derecho que les concede el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, consistente en autodeterminarse las contribuciones a su cargo, motivo por el cual libremente calcularon la cantidad que, a su juicio, adeudaban por la causación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, cuyo monto enteraron ante las cajas de las tesorerías correspondientes en donde les expidieron los recibos, cuya invalidez, posteriormente, solicitaron que se declarara en un juicio fiscal. 2.1. Que la Corte expuso que siendo el juicio de nulidad procedente sólo contra actos administrativos que imponen a los particulares una carga fiscal, y en los casos que estudió dicho requisito de procedencia no se colmaba, ya que no había existido la emisión de alguna resolución definitiva que determinara el crédito e hiciera exigible coactivamente su monto, además de que tampoco la aceptación del entero respectivo podía entenderse como un pronunciamiento que avalara la exactitud del cálculo realizado por el contribuyente, siendo que en la hipótesis de autodeterminación, cuyo fundamento está en el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, obviamente las autoridades fiscales no despliegan actos de privación o molestia que irrumpan en la esfera jurídica de los gobernados, ni puede entenderse que al recibir el entero respectivo convaliden o autoricen el monto del pago efectuado, pues por el contrario, cuentan con un plazo legal para revisar el cumplimiento espontáneo de esas obligaciones fiscales a través del ejercicio de las facultades de comprobación. 2.2. Que en el presente caso, las consideraciones expuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis: ‘TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR. EL RECIBO QUE ACREDITA SU ENTERO NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’, no aplican en el caso concreto, tomando en consideración que el Máximo Tribunal a través de la tesis antes referida, examinó la forma en que se tributa el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos en el Distrito Federal, mecanismo que es totalmente distinto al que se utiliza en el Estado de Guerrero, esto es, la mecánica recaudatoria en ambas entidades federativas, es totalmente distinta. 2.3. Que en el Distrito Federal según se desprende de la propia ejecutoria que dio lugar a la tesis: ‘TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR. EL RECIBO QUE ACREDITA SU ENTERO NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’, los contribuyentes enteran el tributo libremente, mediante la presentación de una declaración, es decir, siguiendo las pautas establecidas en el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, por lo que en mecánica recaudatoria del Distrito Federal existe intervención de las autoridades fiscales en el proceso recaudatorio, pero ésta se limita a auxiliar al contribuyente en el cálculo de sus impuestos, proporcionándole un formato oficial debidamente llenado que se entiende como una propuesta de declaración, que de ninguna manera es imperativa, además de que no existe constancia de que se condicione la prestación de algún servicio relacionado con las obligaciones en materia de tránsito, a la aceptación de la propuesta de declaración elaborada por la Tesorería del Distrito Federal. 3o. Que la tesis de jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/8, integrada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable bajo el rubro: ‘TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO QUE ACREDITA SU ENTERO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE IMPUGNA EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY RELATIVA.’, no aplica en el caso concreto, pues si bien en ella se arriba a la conclusión de que los recibos que acreditan el entero del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, no constituyen una resolución definitiva que exprese la última voluntad de la autoridad, también lo es que las consideraciones en que se sustenta son idénticas a las que expuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria pronunciada al resolver la contradicción de tesis 169/2004. 3.1. Que para la emisión de dicha jurisprudencia, se tomó en cuenta la forma en que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se tributa en el Distrito Federal, a través de pagos voluntarios, con o sin auxilio de las autoridades fiscalizadoras, empero, el referido tribunal no analizó la mecánica recaudatoria que se utiliza en el Estado de Guerrero, en torno al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, que se ajusta a lo expuesto por el diverso Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que sí involucra el despliegue de actos de autoridad, tomando en cuenta la intervención directa de la autoridad fiscalizadora, concretamente en lo que atañe a la liquidación, requerimiento y consecuente cobro de la contribución correspondiente, por lo que en el caso, la actuación de las responsables fiscalizadoras sí se encuentra sujeta al control constitucional del juicio de garantías, ya que dadas las peculiaridades de la mecánica recaudatoria en esta entidad federativa, la conducta de aquéllas sí es constitutiva de actos de molestia que deben cumplir con las exigencias constitucionales. 3.2. Que en lo que respecta a las tesis localizables bajo los rubros: ‘AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS.’ y ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, CUANDO EL ACTO DE APLICACIÓN SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.’, tampoco aplican en el caso concreto, ya que en el Estado de Guerrero, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos no se tributa de manera voluntaria o mediante autodeterminación, además de que en su asunto las autoridades fiscalizadoras no fueron señaladas con el carácter de ejecutoras, sino como ordenadoras, mientras que el segundo de los criterios no aplica al caso concreto, pues no promovió un amparo contra leyes. Son infundados los sintetizados motivos de agravio, en atención a las consideraciones siguientes: Es cierto que en el capítulo correspondiente de la demanda de garantías, la ahora recurrente ********** señaló por separado como actos reclamados los siguientes: 1) la emisión de la declaración-recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y derechos por servicio de control vehicular, con número de folio 157712, expedido el trece de septiembre de dos mil seis; 2) el cobro contenido en la declaración-recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y derechos por servicio de control vehicular, con número de folio 157712, expedido el trece de septiembre de dos mil seis; y, 3) la recepción del pago descrito en la declaración-recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y derechos por servicio de control vehicular, con número de folio 157712, expedido el trece de septiembre de dos mil seis. No obstante, tales actos no pueden considerarse autónomos o independientes entre sí, como lo pretende la recurrente, en virtud de que el pago (la quejosa refiere cobro) que ésta hizo y la recepción del impuesto relativo por parte de la autoridad fiscal estatal, se materializan a través de la declaración-recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y derechos por servicio de control vehicular, número de folio 157712, expedido a nombre de la quejosa ********** el trece de septiembre de dos mil seis, por la Administración Fiscal Estatal Número 1 de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero; por lo que participan de la misma naturaleza y constituyen una unidad jurídica, porque la declaración-recibo a través de la cual se materializan dichos actos, se expidió precisamente como comprobante del pago y recepción del impuesto relativo. De ahí que la circunstancia de que al analizar la procedencia del juicio de garantías respecto del acto consistente en la declaración-recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y derechos por servicio de control vehicular, número de folio 157712, el Juez que conoció del juicio de amparo que se revisa, no hubiese hecho pronunciamiento expreso de manera separada respecto de los actos también señalados como reclamados consistentes en el pago (la quejosa refiere cobro) y recepción del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; ningún agravio causa a la r

currente, pues por un lado, como ya se vio, tales actos no pueden considerarse como autónomos e independientes, sino que constituyen una unidad jurídica que conforma la declaración-recibo expedida como comprobante del pago y recepción del impuesto relativo y, por otro, porque el examen de dichos actos se hizo en forma tácita al estudiarse como un todo o unidad jurídica el mencionado documento. Apoya lo considerado, la tesis de jurisprudencia número I.1o.A. J/9, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este tribunal comparte y que aparece publicada en la página 764 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, que dice: ‘PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.’. Por otro lado, no se da la incorrecta aplicación de la jurisprudencia número 2a./J. 193/2004, de rubro: ‘TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR. EL RECIBO QUE ACREDITA SU ENTERO NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’, alegada por la recurrente, porque la aplicación que de dicho criterio se hizo en la sentencia sujeta a revisión, fue con el objeto de determinar la naturaleza jurídica del recibo que acredita el entero del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y derechos por servicios de control vehicular, derivado de la interpretación que del artículo 4o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, realizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio lugar a dicho criterio jurisprudencial. En esas condiciones, aun cuando es cierto lo aducido por la recurrente de que los supuestos analizados en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia de mérito, corresponden a asuntos en donde el entero del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se realizó en el Distrito Federal; igualmente cierto resulta que, esa circunstancia no impide la aplicación de dicho criterio jurisprudencial en el supuesto analizado por el juzgador de amparo en el fallo recurrido, es decir, tratándose del recibo que acredita el entero de dicho impuesto en esta entidad federativa, porque como ya se dijo, la determinación a la que se arribó en el sentido de que el aludido recibo de pago no representa el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa, sino simplemente acredita el cumplimiento de la obligación tributaria a cargo de la contribuyente, se sustentó precisamente en la interpretación que en la ejecutoria que dio origen a la mencionada jurisprudencia, el más Alto Tribunal del país realizó del artículo 4o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Ley de carácter federal que en sus artículos 1o. y 4o. establece que los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante las oficinas de la entidad en que la autoridad federal, estatal, municipal o del Distrito Federal autorice el registro, alta del vehículo o expida el permiso provisional para circulación en traslado, de dicho vehículo, salvo en el caso de vehículos nuevos o importados, supuesto en el que el impuesto deberá calcularse y enterarse en el momento en el cual se solicite el registro del vehículo, permiso provisional para circulación en traslado o alta del vehículo, así como que los contribuyentes comprobarán el pago del impuesto con la copia de la forma por medio de la cual lo hayan efectuado; comprobante que en el caso, lo constituye precisamente la forma oficial autorizada por la Secretaría de Finanzas y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21345-326284fa/tenencia-o-uso-de-vehiculos-el-recibo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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