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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE LA DENUNCIA DE SU VIOLACIÓN, ES IMPUGNABLE EN QUEJA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18151
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, , Pág. 770.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de fecha veintinueve de agosto de dos mil tres, el juicio de amparo en revisión RA. 180/2003-2332, promovido por José Liborio Ávila Flores y otros, determinó que la sentencia que se emite en el incidente relativo a la denuncia de violación a la suspensión del acto reclamado es impugnable a través del recurso de revisión, la resolución de mérito, en la parte que nos interesa, es del tenor siguiente:

"SEGUNDO. En primer término, se debe establecer la procedibilidad del recurso. La fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo prevé lo siguiente: ‘Artículo 95. El recurso de queja es procedente: ... VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley.’. De la lectura del precepto transcrito con antelación, se advierte que para la procedencia del recurso de queja, en términos de lo previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es menester que se actualicen los supuestos siguientes: 1. Que el auto que se impugne haya sido dictado por el Juez de Distrito durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión, debiendo entenderse como aquellos autos que se refieren al trámite del juicio o incidente, o contra las que se dicten en el juicio de amparo después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley. 2. Que dicho proveído no admita expresamente el recurso de revisión. 3. Que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes. 4. Que el daño causado no sea reparable en la sentencia definitiva. En la especie, no se actualiza el primer supuesto antes mencionado, en virtud de que la resolución que resuelve el incidente de violación a la suspensión no es un auto relativo al trámite del juicio de amparo ni del incidente de suspensión, en razón de que ésta es una interlocutoria que se dicta en un incidente innominado que no tiene relación con la sustanciación del juicio ni del incidente, como a continuación se demostrará. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 139/2002-SS, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consideró lo siguiente: ‘... Los artículos 123, 124, 130, 131 y 143 de la Ley de Amparo, en tratándose de la suspensión en amparo indirecto, disponen lo siguiente: (se transcriben). De los preceptos transcritos queda patente que: a) La suspensión en el juicio de amparo biinstancial, se decretará de oficio o a petición de parte. b) Cuando proceda la suspensión, el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. c) Promovida la suspensión, el Juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas y transcurrido este término, celebrará audiencia dentro de setenta y dos horas, en la que se podrán ofrecer únicamente las pruebas documental e inspección ocular, debiendo resolver concediendo o negando la suspensión. d) Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, se observarán las disposiciones de la Ley de Amparo, en sus artículos 104, 105, párrafo primero, 107 y 111. Ahora bien, estos últimos preceptos legales, textualmente disponen: (se transcriben). El análisis sistemático de los anteriores dispositivos legales revela, por una parte, en qué casos procede la suspensión de oficio (artículo 123); los requisitos para otorgar la medida cautelar (artículo 124); la actuación del Juez de Distrito cuando proceda la suspensión y exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso (artículo 130); el trámite que debe seguirse cuando se solicita la suspensión, que consiste básicamente en que el Juez de Distrito solicite a las autoridades responsables un informe previo, celebración de una audiencia, en la cual únicamente se podrán recibir las pruebas documental o de inspección ocular y el dictado de la resolución correspondiente, concediendo o negando la suspensión (artículo 131); y, por otro lado, disponen que para lograr la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión debe estarse a las reglas señaladas para la ejecución de las sentencias, que consiste básicamente en prevenir a la autoridad responsable informe sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia (artículo 104); si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables, la resolución no quedare cumplida, se requerirá al superior jerárquico a fin de que la obligue a cumplir sin demora (artículo 105, primer párrafo); las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento, en los mismos términos que las autoridades señaladas como responsables (artículo 107); el Juez de Distrito o la autoridad que conoció del juicio de amparo, dictarán las medidas necesarias para hacer cumplir su resolución y si no fueran obedecidas comisionará al secretario o actuario para que dé cumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita (artículo 111). De lo antes señalado se desprende que los preceptos legales en comento únicamente regulan los casos en que procede la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, así como el trámite que debe seguirse para su sustanciación, y para lograr el cumplimiento de la medida cautelar, los cuales no resultan aplicables para el trámite de la denuncia a la violación de la suspensión pues, se insiste, sólo prevén el trámite del incidente de suspensión y su cumplimiento. Así las cosas, debe precisarse que en tratándose de la denuncia de violación a la suspensión no resulta aplicable el numeral 131 de la Ley de Amparo, pues éste sólo regula el trámite del incidente de suspensión en el juicio de garantías biinstancial. Sin embargo, en el caso es pertinente destacar que la Ley de Amparo no dispone expresamente la forma en que se debe tramitar la denuncia de violación a la suspensión, por lo cual debe acudirse a lo establecido por el artículo 2o. de la misma, que señala: ‘Artículo 2o. El juicio de amparo se sustanciará y decidirá con arreglo a las formas y procedimientos que se determinan en el presente libro, ajustándose, en materia agraria, a las prevenciones específicas a que se refiere el libro segundo de esta ley. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.’. Por su parte, el Código Federal de Procedimientos Civiles, en sus artículos 358, 360 y 361 disponen: (se transcriben). Los transcritos numerales establecen la forma en que debe tramitarse el incidente en cuestión, señalando además que las partes pueden ofrecer pruebas, por lo cual resulta necesario además transcribir los diversos preceptos 93 y 94 del mismo código, que disponen: (se transcriben). Ahora bien, relacionando todo lo anteriormente señalado, queda de manifiesto que el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2o., establece los términos en que debe abrirse el incidente innominado, así como también que en el mismo son admisibles los medios de prueba que al efecto señala su precepto 93 antes transcrito; por tanto, cabe concluir que en tratándose de una denuncia de violación a la suspensión, decretada en un juicio de garantías biinstancial, la misma debe tramitarse vía incidental, a fin de que las partes estén en aptitud de rendir las pruebas que estimen pertinentes para acreditar sus afirmaciones, salvo las que establece el artículo 150 de la Ley de Amparo. ...’. De la contradicción de tesis de referencia derivó la jurisprudencia número 33/2003, cuyos texto y datos de identificación son los siguientes: ‘SUSPENSIÓN, LA DENUNCIA RELATIVA A SU VIOLACIÓN DEBE TRAMITARSE EN VÍA INCIDENTAL, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 358 Y 360 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en los artículos 104, 105, párrafo primero, 107, 111 y 143 de la Ley de Amparo, que regulan la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, se desprende que no señalan el trámite que debe seguir la autoridad que conozca del juicio de amparo indirecto en relación con la denuncia de violación a la suspensión. Sin embargo, dada la naturaleza penal de la sanción prevista en el artículo 206 de la ley citada, que puede llegar a aplicarse a la autoridad que no obedezca un auto de suspensión, resulta indispensable que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa y, por ende, cuando se trate de aquella denuncia, debe ordenarse la apertura del incidente innominado a que se refieren los artículos 358 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al segundo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el cual las partes podrán ofrecer los medios de prueba contenidos en los artículos 93, 94 y 361, del mencionado código, a fin de acreditar sus afirmaciones, sin que en el caso sea aplicable la limitación probatoria que establece el artículo 131 de la ley indicada, pues éste sólo regula el trámite del incidente de suspensión en el juicio de amparo indirecto.’ (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVII, abril de 2003. Tesis: 2a./J. 33/2003. Página: 201). Lo antes expuesto permite advertir que nuestro Máximo Tribunal ha considerado lo siguiente: Que al incidente de violación a la suspensión no le son aplicables los artículos 104, 105, 107, 111, 123, 124, 130 y 131 de la Ley de Amparo, en razón de que éstos regulan los casos en que procede la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, así como el trámite que debe seguirse para su sustanciación y para lograr el cumplimiento de la medida cautelar, y no regulan lo relativo a la denuncia de violación a la suspensión. Que como la denuncia de violación a la suspensión no tiene regulación especial en la Ley de Amparo, ésta se debe tramitar en un incidente innominado diverso al que se abre con motivo de la suspensión solicitada, en términos de los artículos 358, 360 y 361 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que prevén lo siguiente: ‘Artículo 358. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial, se sujetarán a la establecida en este título.’. ‘Artículo 360. Promovido el incidente, el Juez mandará dar traslado a las otras partes, por el término de tres días. Transcurrido el mencionado término, si las partes no promovieren pruebas ni el tribunal las estimare necesarias, se citará, para dentro de los tres días siguientes, a la audiencia de alegatos, la que se verificará concurran o no las partes. Si se promoviere prueba o el tribunal la estimare necesaria, se abrirá una dilación probatoria de diez días, y se verificará la audiencia en la forma mencionada en el capítulo V del título primero de este libro. En cualquiera de los casos anteriores, el tribunal, dentro de los cinco días siguientes, dictará su resolución.’. ‘Artículo 361. Todas las disposiciones sobre prueba en el juicio, son aplicables a los incidentes, en lo que no se opongan a lo preceptuado en este título, con la sola modificación de que las pruebas pericial y testimonial se ofrecerán dentro de los primeros tres días del término probatorio.’. Así las cosas, en atención a las consideraciones que sustentan el criterio jurisprudencial de nuestro Máximo Tribunal, las cuales son obligatorias para este órgano colegiado en términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se debe considerar que la interlocutoria que resuelve el incidente de violación a la suspensión no constituye un auto dictado en el trámite del incidente de suspensión, habida cuenta que el trámite relativo a la suspensión consiste básicamente en que el Juez de Distrito solicite a las autoridades responsables un informe previo, celebre una audiencia en la cual únicamente se podrán recibir las pruebas documental o de inspección ocular y el dictado de la resolución correspondiente, concediendo o negando la suspensión, y la resolución que se dicta en el incidente de violación a la suspensión se dicta en un incidente innominado diverso al del incidente de suspensión, el cual se tramita en términos de lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, es decir, con reglas diferentes a las previstas en la Ley de Amparo. Asimismo, la resolución que nos ocupa tampoco es de las relativas al trámite del juicio de amparo, en razón de que la sustanciación del juicio básicamente consiste en la prevención, cuando proceda (artículo 146), admisión y requerimiento de informe justificado (artículo 147), admisión, desahogo de pruebas y celebración de la audiencia constitucional (artículos 150, 154 y 155) y la resolución que nos ocupa no guarda relación con la sustanciación del juicio, puesto que se refiere a una cuestión ajena a éste, en razón de que en ésta se determina una actuación de la autoridad en relación con la medida cautelar concedida a la parte quejosa. Además, la resolución dictada en el incidente de violación a la suspensión tampoco se trata de una resolución dictada en el juicio de amparo, después de fallado el juicio, pues en el caso que nos ocupa la interlocutoria de que se trata se emitió antes de la celebración de la audiencia constitucional. Así las cosas, a consideración de este Tribunal Colegiado, la resolución que se dicta en el incidente de violación a la suspensión no se ubica en el supuesto previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, pues para ello es menester que se recurra un auto relativo al trámite del juicio de amparo o del incidente de suspensión, lo que en la especie no acontece, atento lo expuesto con antelación, de ahí que este Tribunal Colegiado no comparta el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Duodécimo Circuito, identificable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, página 918, tesis XII.1o.5 K, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA DE VIOLACIÓN A LA, PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA. La fracción VI del artículo 95, de la Ley de Amparo, señala tres presupuestos para la procedencia de la queja que prevé, siendo el primero, que la violación recurrida se dicte durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión; el segundo, que no admita el recurso de revisión conforme lo establece el precepto 83 del propio ordenamiento legal; y el último, que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparables en la sentencia definitiva; ahora bien, tales presupuestos se colman cuando se resuelve sobre la denuncia de violación a la suspensión definitiva, en razón de que ésta se pronuncia dentro del incidente de suspensión y del análisis del invocado artículo 83, se advierte que entre las resoluciones que en él se enumeran, contra las cuales procede el recurso de revisión, no se encuentra comprendida la dictada por los Jueces de Distrito u órganos competentes al fallar el incidente de la denuncia de mérito, misma que, causa daños y perjuicios irreparables, porque al no ser materia de la controversia constitucional, la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo correspondiente no se ocupará de ella, todo lo cual significa que resulta procedente el recurso de queja. No es obstáculo a lo anterior el hecho de que, por una interpretación literal de la norma se considere que por haberse dictado la suspensión definitiva, el trámite del incidente ya concluyó y por tal razón ya no se está en la hipótesis de la fracción en comento; pues no hay que olvidar que el Juez de Distrito puede seguir actuando en el mismo; ya sea para fijar contrafianza, o bien, para, de existir un hecho superveniente, modificar o revocar el auto en que se haya concedido o negado la suspensión. Lo anterior es así, ya que en el proceso constitucional de amparo, la suspensión del acto reclamado juega un papel importantísimo; debido a que con ella se conserva la materia del juicio, pues se evita que se sigan irrogando perjuicios al quejoso y se facilita prácticamente la restitución en el goce de la garantía violada, todo lo cual constituye el objeto de la suspensión. Luego entonces, no se puede concluir que con el dictado de la suspensión definitiva culminó el trámite del incidente, pues el mismo no tiene como fin obtener un resultado favorable en dicha resolución; sino que la finalidad de la suspensión consiste en mantener la materia del amparo, por lo que el Juez, para mantener ésta, está facultado para actuar en el incidente desde la suspensión provisional hasta el dictado de la sentencia definitiva en juicio de amparo; por ende, todo lo actuado en ese lapso es parte del trámite del incidente de suspensión.’. En efecto, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio transcrito con antelación, pues si bien es cierto que con posterioridad al dictado de la resolución incidental el a quo puede seguir actuando en el mismo, ya sea para fijar contrafianza, o bien, de existir un hecho superveniente, modificar o revocar el auto en que se haya concedido o negado la suspensión, ello no puede llevar a considerar que la resolución que se dicta en el incidente de violación a la suspensión forma parte del trámite del incidente de suspensión, ya que, como se demostró en párrafos que preceden, la mencionada resolución se dicta en un incidente diverso al que no le son aplicables los preceptos relativos al trámite del incidente de suspensión, pues se sustancia de conformidad con lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Asimismo, la resolución que nos ocupa tampoco se ubica en las restantes hipótesis que prevé el artículo 95 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: ‘Artículo 95. El recurso de queja es procedente: I. Contra los autos dictados por los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada, en que admitan demandas notoriamente improcedentes; II. Contra las autoridades responsables, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal, por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado; III. Contra las mismas autoridades, por falta de cumplimiento del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad bajo caución conforme al artículo 136 de esta ley; IV. Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII y IX, de la Constitución Federal, en que se haya concedido al quejoso el amparo; V. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, el tribunal que conozca o haya conocido del juicio conforme al artículo 37, o los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos a que se refiere la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, respecto de las quejas interpuestas ante ellos conforme al artículo 98; VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley; VII. Contra las resoluciones definitivas que se dicten en el incidente de reclamación de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 de esta ley, siempre que el importe de aquéllas exceda de treinta días de salario; VIII. Contra las autoridades responsables, con relación a los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, cuando no provean sobre la suspensión dentro del término legal o concedan o nieguen ésta; cuando rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas; cuando admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar insuficientes; cuando nieguen al quejoso su libertad caucional en el caso a que se refiere el artículo 172 de esta ley, o cuando las resoluciones que dicten las autoridades sobre la misma materia, causen daños o perjuicios notorios a alguno de los interesados; IX. Contra actos de las autoridades responsables, en los casos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso; X. Contra las resoluciones que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo a que se refiere el artículo 105 de este ordenamiento, así como contra la determinación sobre la caducidad en el procedimiento tendiente al cumplimiento de las sentencias de amparo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113 y XI. Contra las resoluciones de un Juez de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional.’. En efecto, de la transcripción que antecede, se observa que en las hipótesis que prevé el artículo 95 de la Ley de Amparo no se encuentra contemplada alguna que se refiera de manera expresa a la resolución que se emite en el incidente de violación a la suspensión. Ahora bien, el artículo 83 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, prevén lo siguiente: ‘Artículo 83. Procede el recurso de revisión: I. Contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo; II. Contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en las cuales: a) Concedan o nieguen la suspensión definitiva; b) Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva; y c) Nieguen la revocación o modificación a que se refiere el inciso anterior; III. Contra los autos de sobreseimiento y las interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos; IV. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia. V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.’. De lo anterior se advierte que el artículo 83 de la Ley de Amparo no contempla expresamente como hipótesis de procedencia del recurso de revisión, la resolución dictada en el incidente de violación a la suspensión; sin embargo, este Tribunal Colegiado considera que atento la naturaleza de la resolución recurrida, ésta debe ser recurrible mediante el recurso de revisión, en atención a las consideraciones que a continuación se expondrán. En primer término, conviene destacar que nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis número 55/98, consideró que si bien el artículo 83 de la Ley de Amparo no establecía de manera expresa la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos dictados en la audiencia incidental, no debía hacerse una interpretación gramaticalista y restrictiva de dicho precepto, en razón de que ello conllevaría al dictado de sentencias retardadas y contradictorias o, cuando menos, discrepantes entre sí, lo que se evita con la interpretación sistemática que corresponde. De la contradicción de referencia derivó la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes: ‘REVISIÓN. ES PROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LOS ACUERDOS DICTADOS EN LA AUDIENCIA INCIDENTAL EN LA QUE SE DECIDE SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 82, 83, 95, 131 y 133 de la Ley de Amparo, se colige que al regirse la audiencia incidental por los principios de indivisibilidad, al no contemplarse la posibilidad de escindirla en sus etapas; el de continuidad de la audiencia, al establecer una serie de fases que sucesivamente deben desarrollarse hasta la conclusión del incidente; y el de celeridad procesal, ya que dada la naturaleza del objeto del incidente, se impone el deber de resolver sobre la solicitud de la medida cautelar dentro del plazo de setenta y dos horas seguidas de la fecha en que se promovió la suspensión, es incuestionable que la sustanciación del recurso que proceda contra los acuerdos dictados en la audiencia, no debe violar tales principios; antes bien, deben seguir rigiendo. En esa tesitura, se puede afirmar que el recurso de revisión que se llegue a interponer en contra de la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva, resulta ser el medio idóneo para combatir los acuerdos relacionados con las pruebas y alegatos que se dicten durante la audiencia incidental, atento que la interlocutoria descansa en lo fundamental en esas pruebas y alegatos, al formar parte de una unidad, lo que no sucedería si debiera impugnarse a través del recurso de queja en el que no se podría combatir la interlocutoria aludida; además de que la procedencia del recurso de revisión no pugnaría con los principios de continuidad procesal y celeridad, en virtud de que aquél se interpondría en contra de la resolución en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, sin alterar la secuencia procesal, propiciando con mayor premura el dictado de una sola resolución en la que se examinen las violaciones al procedimiento y las de fondo. Lo anterior es acorde con los principios de concentración y economía procesal que rigen la sustanciación de los recursos, al poder combatir en un solo medio de impugnación las violaciones al procedimiento y las de fondo, facilitando las labores de los Tribunales Colegiados de Circuito. Adicionalmente, debe decirse que de estimarse fundados los agravios relacionados con violaciones al procedimiento, válidamente se podría dejar insubsistente la interlocutoria de suspensión, ordenándose la reposición del procedimiento y disponiéndose la vigencia de la suspensión provisional otorgada, hasta en tanto se resuelva sobre la definitiva, aunado a que, de acuerdo con el principio de mutabilidad de las interlocutorias de suspensión, esta resolución sólo sería modificada por hecho superveniente, o bien, por la interposición del citado recurso y no por virtud de una simple insubsistencia como consecuencia de la resolución de un diverso recurso, como es el de queja. Así, puede concluirse que si bien contra los acuerdos dictados en la audiencia incidental no procede el recurso de revisión expresamente, aquéllos son combatibles a través de éste cuando se interponga contra las resoluciones en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, pues una interpretación literal y restrictiva de este precepto implicaría la procedencia de dos recursos distintos contra resoluciones dictadas dentro de una misma audiencia incidental, es decir, queja contra acuerdos de trámite y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18151-e8fdeeb0/suspension-del-acto-reclamado-en-amparo-la-interlocutoria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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