RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver, en sesión de fecha cinco de marzo de dos mil cuatro, en el amparo en revisión RA. 556/2003, en la parte que nos interesa es del tenor siguiente:
"SEXTO. Al resultar el estudio de la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público cuyo análisis es preferente y que incluso debe valorarse de oficio en la revisión, este tribunal procede a verificar la actualización de una hipótesis de improcedencia diversa a la desestimada por el Juez de Distrito en la sentencia que se revisa. ... Como se desprende del numeral transcrito, resulta que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene competencia para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas, como lo es el organismo público descentralizado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Resulta aplicable, a contrario sensu, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 118/99, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, octubre de 1999, página 415, Novena Época (antes de la reforma al artículo 11 referido), en la parte relativa a que para que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se requiere que el juicio de nulidad sea procedente para impugnar todas las determinaciones y consecuencias del acto reclamado y si en ninguna de las fracciones del artículo 11 del Tribunal Fiscal de la Federación (ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) se consagra la procedencia respecto de diversas sanciones, la falta de promoción de dicho juicio no trae como consecuencia la improcedencia del amparo, jurisprudencia que establece: ‘PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE, ADEMÁS DE IMPONER MULTA POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES EN ESA MATERIA, DETERMINEN LA CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO Y LA PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Los artículos 213 y 214 de la Ley de la Propiedad Industrial establecen las hipótesis de infracción en esa materia, así como las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas, las cuales pueden consistir en multa, clausura temporal o definitiva y arresto administrativo. Asimismo, el artículo 8o. del propio ordenamiento legal dispone la publicación, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de la información de interés para conocimiento de terceros. Por su parte, el artículo 11, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, prevé la procedencia del juicio de nulidad ante dicho órgano jurisdiccional para impugnar las resoluciones definitivas que impongan multas por infracción a normas administrativas federales, sin que en ninguna de las diversas fracciones de dicho numeral se consagre la procedencia de ese juicio para impugnar sanciones y determinaciones diversas de la multa, como lo pueden ser la clausura temporal o definitiva, o la orden de publicación de la resolución sancionadora, pues las hipótesis relativas no se refieren directa ni específicamente a esas decisiones. En tales condiciones, si para que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV de la Ley de Amparo, se requiere que el recurso o medio ordinario de defensa previsto en la ley sea procedente para impugnar todas las determinaciones y consecuencias derivadas del acto reclamado, y el juicio de nulidad sólo procede contra la multa impuesta por infracciones a las normas en materia de propiedad industrial, pero no respecto de las diversas sanciones o determinaciones destacadas, debe concluirse que la falta de promoción de dicho juicio no puede producir la improcedencia del amparo por falta de cumplimiento al principio de definitividad, máxime si se toma en cuenta que las disposiciones del juicio contencioso administrativo no contemplan la suspensión de la clausura o de la publicación de resoluciones determinadas por autoridades administrativas, con lo cual también se incumple con el requisito consistente en que el medio ordinario de defensa no debe exigir mayores requisitos para otorgar la suspensión que los señalados para el juicio de garantías.’. Ahora bien, una vez dilucidado el medio que debió agotar la quejosa antes de acudir al juicio de garantías, es necesario verificar si en el caso se actualiza alguna excepción al principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Tanto legal como jurisprudencialmente se han considerado una serie de presupuestos mediante los cuales no es necesario observar el indicado principio de definitividad. A dichas hipótesis se les conoce como excepciones en las que descansan diversos impedimentos para buscar la modificación, revocación o nulificación del acto que se reclame en amparo a través de un medio ordinario de defensa. Lo antes narrado ha sido plenamente identificado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LVI/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, julio de 2000, página 156, Novena Época, en donde se dijo lo siguiente: ‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, en virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.’. Esos supuestos a los que hacemos referencia, en materia administrativa, se pueden resumir de la siguiente manera: 1. Los actos que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; 2. Los actos que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; 3. Actos administrativos respecto de los cuales, en la ley que los rige, no se establezca la figura de la suspensión o se exijan mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución; 4. Tratándose de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos (federales o locales), u otros decretos o acuerdos de observancia general, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; 5. Los actos que carezcan de fundamentación; 6. Actos respecto de los cuales se hagan valer únicamente violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7. Aquellos actos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, se encuentren previstos en un reglamento y en la ley que éste regula no se contemple su existencia. Actualizándose alguno de ellos no habrá necesidad de respetar el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. En el caso concreto se advierte que no se satisface el extremo identificado con el numeral 1, pues la empresa quejosa formó parte del procedimiento que culminó con la resolución reclamada al ser quien solicitó la declaración administrativa de infracción en materia de comercio. De igual forma no se actualiza el supuesto del número 7, ya que el medio ordinario de impugnación, que en el caso lo es el juicio de nulidad, se encuentra previsto en ley (Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa). Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no se le haga saber al gobernado que procede el juicio de nulidad conforme al artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tal como lo sustenta en ese sentido el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis de rubro: ‘INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI). SUPUESTO EN EL QUE PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE SUS DETERMINACIONES, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’, puesto que de la ejecutoria que le dio origen a la jurisprudencia por contradicción de tesis en que se basa el citado tribunal, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desentrañó la intención del legislador al emitir la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (artículos 1o. y 83), concluyendo en dos necesidades primordiales: a) Contar con un solo procedimiento para la impugnación de los actos de la administración, común para todos los órganos de la administración pública que se encuentren bajo el ámbito de aplicación de esa ley, y b) La derogación de los diversos recursos administrativos contemplados en las leyes especiales. De esta manera resulta incuestionable que en la redacción de dicho criterio obligatorio, nuestro Máximo Tribunal adoptó la intención del legislador que en todo momento enfocó sus objetivos a un recurso en sede administrativa y no así a una vía jurisdiccional como lo es el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De ahí que no se comparta el criterio analizado. A mayor abundamiento, debe decirse que ni en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ni en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se exige como requisito de procedencia del juicio de nulidad, el que se haga saber a los afectados que contra los actos administrativos que regula la primera ley citada procede dicho juicio. En adición a lo anterior y en cuanto a la posibilidad de dilucidar el medio ordinario de defensa procedente no obstante que no se establezca en los ordenamientos que sirven de fundamento al acto reclamado en amparo, debe citarse el contenido de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 116/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, octubre de 1999, Novena Época, página 447, que indica: ‘RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular.’. Tampoco se está en el supuesto de que el acto reclamado carezca de fundamentación, como se indica en el requisito identificado con el numeral 5, pues de la lectura el acto reclamado se deriva que los dispositivos invocados fueron, entre otros, los artículos 1o., 2o., 231, fracción I, 234 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 1o. y 174 de la Ley de la Propiedad Industrial, 1o., 3o., fracción IX, 6o. y 10 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 1o., 3o., 4o., 5o., 15, 18, fracciones II, VII y VIII, y 32 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De la misma manera no se actualiza el supuesto del punto 4, ya que de la lectura efectuada a los conceptos de violación como al capítulo de actos reclamados, se deriva que no se reclama la inconstitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos (federales o locales) u otros decretos o acuerdos de observancia general. En este punto es importante dejar en claro que si bien en los conceptos de violación se pretende evidenciar la transgresión a diversos tratados internacionales, tal evento no puede considerarse como un argumento de inconstitucionalidad pues éste deriva de la contraposición que exista de un dispositivo secundario, con lo que establece uno o varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que en concreto, lo que pretende la quejosa es evidenciar ‘la inexacta aplicación del artículo 231, fracción I, de la Ley Federal del Derecho de Autor y el 11 del reglamento, al haber dejado de considerar las disposiciones de los instrumentos internacionales citados.’. Mucho menos puede hablarse de un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, tal como se dispuso en el punto 2 de la relación efectuada con antelación, ya que, precisamente, a través del juicio de nulidad, la posible ejecución del acto puede ser reparada. En concordancia con los puntos relatados, de la misma manera se advierte la no actualización del requisito previsto en el punto 6, puesto que también del examen de los conceptos de violación esgrimidos en la demanda se desprende que la quejosa además de violaciones directas a preceptos constitucionales, indica que se violaron diversos dispositivos de normas secundarias, entre otros, el artículo 231, fracción I, de la Ley Federal del Derecho de Autor al indicar que la conducta realizada por los terceros perjudicados se efectuó con fines de lucro directo o indirecto; los artículos 95, 96, 197, 199, 201, 218 y 332 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 192 de la Ley de la Propiedad Industrial al hacer referencia a la figura de ‘confesión ficta’, artículo 11 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial al referirse a la existencia de un lucro indirecto y por ‘inexacta aplicación del artículo 231, fracción I, de la Ley Federal del Derecho de Autor y el 11 del reglamento, al haber dejado de considerar las disposiciones de los instrumentos internacionales citados’; argumentos que evidentemente se traducen en violaciones indirectas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, la expresión conjunta de violaciones de legalidad y directas a la Constitución cuando es procedente un medio ordinario de defensa, implica la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, tal como puede apreciarse de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 175-180 Tercera Parte, página 119, Séptima Época, que literalmente indica: ‘RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe). Finalmente, respecto al punto 3 en cuanto a que en el juicio de nulidad se establezca la figura de la suspensión y para concederla no se exijan mayores requisitos que los previstos en el juicio de amparo, debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el carácter obligatorio para este tribunal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, ha resuelto que el Código Fiscal de la Federación establece la figura de la suspensión y no se exigen mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para concederla. Los criterios comentados son los siguientes: jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, Novena Época, que dispone: ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.’ (se transcribe). Y jurisprudencia 2a./J. 154/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, enero de 2003, Novena Época, página 722, que señala: ‘SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 208-BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA, QUE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). En consecuencia, al cumplirse en sus amplios términos los requisitos previstos para la actualización de la causa de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia. En las relatadas condiciones, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio. Dada la conclusión a la que se llegó, este Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito considera necesario denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en lo que establece el artículo 197-A de la Ley de Amparo, la contradicción de tesis suscitada entre el criterio sustentado en la presente ejecutoria con el que se contiene en la tesis I.7o.A. 252 A, aprobada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 977, Novena Época, cuyo contenido es el siguiente: ‘INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI). SUPUESTO EN EL QUE PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE SUS DETERMINACIONES, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 35/2002, emitió el criterio jurisprudencial identificado con el número 12 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, actualización 2002, Materia Administrativa, foja 22, con el rubro: «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.» Tal criterio, si bien es cierto alude al recurso de revisión en sede administrativa, también es aplicable al juicio contencioso administrativo, cuya competencia corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con el artículo 11, fracción XIII, de su ley orgánica, en los casos en que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no precise textualmente que en contra de sus determinaciones procede el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de conformidad con los siguientes razonamientos: a) Como lo dijo la Segunda Sala, la obligación contenida en el artículo 3o., fracción XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, consistente en hacer mención expresa de los recursos que procedan en contra de las determinaciones recurribles, es un beneficio instituido a favor del gobernado para su defensa y no para confundirlo, por lo que no es jurídico declarar la improcedencia del juicio de garantías por inobservancia a dicha disposición; b) La omisión negligente o dolosa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de señalar la procedencia de medios de impugnación en contra de sus determinaciones, no puede convertirse en una trampa procesal para los gobernados, pues se haría nugatoria su garantía individual de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna; y, c) Atendiendo al carácter vinculatorio de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo y a un método interpretativo por mayoría de razón, se concluye que si no existe obligación de agotar el recurso de revisión en sede administrativa, tampoco lo hay respecto del juicio contencioso administrativo, precisamente por esa misma falta de información. Las razones en las que se basa la presente denuncia son que mientras el Séptimo Tribunal en la misma materia y residencia considera que si la autoridad administrativa no indica al gobernado que para combatir sus determinaciones procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (aplicando de manera análoga el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.’, se surte una excepción al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, este órgano de control constitucional considera que dicho criterio no resulta aplicable al juicio de nulidad procedente conforme el artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en atención a las siguientes consideraciones. En la ejecutoria que motivó la aprobación de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 56/2002, por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sirvió de sustento al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para tomar su decisión, se plasmaron una serie de razonamientos que resulta necesario atender para identificar el origen de la redacción del texto que fue aprobado por la superioridad. Tales consideraciones, en la parte que interesa, son: (se hace la transcripción de las consideraciones relativas a la contradicción de tesis 35/2002-SS). Según podemos apreciar de la ejecutoria que ha quedado transcrita, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desentrañó la intención del legislador al crear y reformar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, planteándose la necesidad de contar con un ordenamiento legal que previera un procedimiento para regular la actuación de la administración pública federal mediante principios aplicables a todos los órganos que la integran, en el marco de un procedimiento general tipo, por lo que se propuso el establecimiento de un recurso único, ‘el de revisión’, sugiriendo derogar los recursos administrativos contenidos en las diferentes leyes administrativas. En virtud de las disposiciones contenidas en los artículos 83 y segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, continuó señalando la superioridad, se concretó esa intención con el establecimiento de un solo procedimiento de impugnación de los actos administrativos (recurso de revisión), y la derogación de los diversos recursos administrativos contemplados en las leyes especiales, es decir, ‘el objetivo fue eliminar situaciones procesales dudosas que pudieran entorpecer la defensa de los derechos de los afectados, tales como la existencia de múltiples recursos que lejos de facilitar su defensa la obstaculizaba.’. Por último, indicó que la razón de su decisión fue que el artículo 3o., fracción XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, considera como requisito del acto administrativo el que se mencione los recursos que procedan en su contra, lo cual resulta un requisito imprescindible para brindar certeza jurídica a los afectados y sobre todo si se toma en consideración que en virtud del artículo segundo transitorio de dicha legislación publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, se derogaron los diversos recursos administrativos previstos en las diversas leyes especiales, instituyéndose como único medio de impugnación al recurso de revisión en sede administrativa. Como es de apreciarse, el análisis efectuado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en todo momento se refirió a la derogación de recursos y a su unificación a través del recurso de revisión en sede administrativa. Esta apreciación permite considerar, contrario a lo sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que la decisión tomada por la superioridad en la jurisprudencia analizada, se refirió en todo momento al sustento y objetivo del recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y no así, ni siquiera por asomo, al juicio de nulidad tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como ‘vía jurisdiccional que corresponda’. Por ese simple motivo se considera que el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede aplicarse al juicio de nulidad cuya competencia corresponde al referido tribunal conforme al artículo 11, fracción XIII, de su ley orgánica (vigente en la fecha de emisión del acto reclamado en amparo). En adición a lo anterior podemos señalar que el artículo 3o., fracción XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que en esencia dispone como requisito del acto administrativo, el que tratándose de los recurribles, se haga mención de los recursos que procedan, única y exclusivamente se refiere al recurso de revisión en sede administrativa, puesto que de haber sido otra la intención del legislador, según se puede advertir de la ejecutoria analizada, hubiese incluido en su redacción a la ‘vía jurisdiccional que corresponda’, que en el caso de determinaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo es el juicio de nulidad del que corresponde conocer al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa."
CUARTO. Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RA. 5207/2003, cuyo quejoso y recurrente fue Tardán Hermanos Sucesores, Sociedad Anónima, en sesión de veintidós de octubre de dos mil tres, se apoyó en las consideraciones siguientes:
"QUINTO. Son fundados los agravios hechos valer por la recurrente. Aduce la parte quejosa que de conformidad con la jurisprudencia 56/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no estaba obligada a agotar ningún recurso previo a la interposición del juicio de amparo indirecto, toda vez que la autoridad responsable, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no acató lo dispuesto por el artículo 3o., fracción XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al no haber plasmado en el acto reclamado cuáles eran los recursos procedentes para impugnar aquella. En la sentencia recurrida el a quo determinó que en el caso concreto se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, pues a su criterio, en contra del acto reclamado consistente en la resolución emitida el treinta y uno de marzo de dos mil tres por la subdirectora divisional de Prevención de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el procedimiento administrativo PC. 227/2001 (I-221) 5436 I, procedía el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con el numeral 11, fracción XIII, de la ley orgánica de dicho tribunal. El artículo 3o., fracción XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone que es un elemento y requisito del acto administrativo que tratándose de aquellos que sean recurribles, se haga mención expresa de los recursos que procedan. Por su parte, el artículo 83 del ordenamiento legal en comento d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18409-779dd50b/resoluciones-administrativas-impugnables-ante-el-tribunal-federal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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