CRÉDITOS FISCALES. LA NULIDAD POR VICIOS FORMALES EN LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO, SÓLO PRODUCE LA INSUBSISTENCIA DE ÉSTA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 140/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver, en sesión de fecha veintisiete de febrero de dos mil cuatro, el amparo directo 251/2003, en la parte que nos interesa, son del tenor siguiente:
"SEXTO. ... En cambio, es sustancialmente fundado el concepto de violación identificado con la letra A, en la medida en que la parte quejosa combate el considerando sexto de la resolución reclamada, en el que se declaró la nulidad para efectos del requerimiento de pago emitido por la Administración Local de Recaudación de Guadalupe, Nuevo León, identificado por la exactora con el número C-78014. Así es, el promovente del amparo aduce que el acto reclamado transgrede las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que la Sala responsable aplicó inexactamente los artículos 238, fracción II y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, además, dejó de aplicar los preceptos 238, fracción IV (inaplicación de la disposición indebida), y 239, fracción II, del ordenamiento legal en cita, al estimar que se declaró la nulidad para efectos de la resolución impugnada, siendo que debió ser lisa y llana, por tratarse de facultades discrecionales y no regladas; agrega que lo anterior se confirma de la lectura de la ejecutoria de la cual derivó el cumplimiento del fallo reclamado, en la que este Tribunal Colegiado concedió el amparo al estimar que la responsable violó el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, en atención a que el quejoso alega medularmente que debió declararse una nulidad lisa y llana de la resolución controvertida y no para efectos, como lo hizo la autoridad responsable, al haberse demostrado un vicio en el inicio del procedimiento, lo que refiere da origen al uso de una facultad por parte de la autoridad demandada, es bajo dicha premisa que se deberá analizar el tópico materia de la controversia. Pues bien, el artículo 238, fracciones II y IV, del Código Fiscal de la Federación, a la letra dice: (se transcribe). Ahora bien, en concordancia y consecuencia, el artículo 239 del mismo Código Fiscal de la Federación señala: (se transcribe). De la anterior transcripción se advierte que conforme al artículo 238, fracción II, del Código Fiscal de la Federación (en el que se basó la Sala para declarar la nulidad para efectos de la resolución impugnada), se declarará la ilegalidad cuando se demuestre la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación y motivación. Por otro lado, la última parte del artículo 239 del mismo ordenamiento establece que siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III del artículo 238 de ese código, se declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución, en los demás casos, también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales. Pues bien, la interpretación correlacionada de los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación revela la facultad de las Salas Fiscales para declarar la validez o nulidad de la resolución impugnada, quedando comprendida dentro de esta última, la lisa y llana, cuando se esté en presencia de las fracciones I y IV del primero de los preceptos, que se refieren a la incompetencia del funcionario que haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva la resolución, y cuando los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas. También existe la nulidad para efectos, misma a la que hace alusión en forma expresa la última fracción del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, constriñéndola a los supuestos de la misma codificación que prevé el artículo 238, fracciones II y III, casos en los que la administración declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución. Los últimos tres renglones con los que concluye el párrafo arriba transcrito, al indicar ‘en los demás casos, también’, revelan que se otorgarán a las Salas Fiscales una facultad diversa a las anteriores para decretar los términos conforme a los cuales se habrá de dictar la resolución, debiendo entenderse esto en una interpretación integral del precepto, que se refiere a otros supuestos diversos relativos a la reposición del procedimiento o emisión de una nueva resolución; empero, condiciona esto a que no se trate de facultades discrecionales. Luego, se advierte que la última parte del artículo 239 se refiere a una diversa clase de nulidad, de la lisa y llana, y de la expresada nulidad para determinados efectos, ya que es una facultad extra y posterior a la litis contestatio resuelta, como se dijo, diferente de los demás casos, de los que prevé el precepto. En ese contexto, es infundada la alegación del quejoso, toda vez que si la causa de ilegalidad fue la prevista en el artículo 238, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, es claro que la nulidad no puede ser lisa y llana pues, como se dijo, ésta solamente procede cuando se demuestren las causales I y IV del mismo precepto legal, y aun cuando la quejosa aduce en sus agravios que la resolución impugnada se emitió en inaplicación de la disposición indebida (supuesto previsto en la fracción IV), lo cierto es que la Sala correctamente ponderó la ilegalidad prevista en la diversa fracción II, relativa a la falta de fundamentación y motivación; consideración esta última que la parte quejosa considera acertada y solamente cuestiona los efectos de la nulidad; sin embargo, tales efectos se precisan de acuerdo a la ilegalidad que se encontró, y como en el caso es una violación formal y no de fondo, no procede la nulidad lisa y llana del crédito con motivo del argumento ponderado por la Sala responsable. Así, la nulidad lisa y llana que refiere la parte quejosa se origina en el supuesto de que exista incompetencia de la autoridad, que puede suscitarse tanto en la resolución impugnada como en el procedimiento del que deriva, y cuando los hechos que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, que la resolución controvertida se haya dictado en contravención a las disposiciones aplicables o se dejaron de aplicar las debidas. En ambos casos, implica que la Sala Fiscal realizó el examen de fondo de la controversia. En cambio, si se trata, como en el caso, de ausencia de fundamentación y motivación del requerimiento de pago, realizada en el acta de inicio del procedimiento administrativo de ejecución, es decir, de vicios formales en el procedimiento que afectaron las defensas de la contribuyente y trascendieron al sentido de la resolución impugnada, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 238, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, por lo que, en la especie, no es dable determinar la nulidad lisa y llana, pues con ello se atentaría contra la facultad discrecional con que cuentan las autoridades. A pesar de todo lo anteriormente expuesto, la Sala Regional indebidamente determinó en su sentencia lo siguiente: ‘Del análisis que se realiza a los actos a debate (fojas 26 a 29), se desprende que la autoridad no motivó debidamente los actos, pues si bien es cierto que precisa, que le requieren de pago el crédito No. C-78014, por la cantidad de $1'640,676.09, porque no hizo el pago de su adeudo y de sus accesorios, no menos lo es que la autoridad no especifica qué cantidad de la que se requiere corresponde a las contribuciones que optó por parcializar, a la actualización de las mismas y lo que corresponde a los accesorios, irregularidad que genera una nulidad que obliga a la autoridad a reponer el procedimiento de ejecución desde el momento en que cometió el vicio de forma, y no una nulidad lisa y llana, como lo pretende la actora. En la especie, el actor pide la nulidad lisa y llana de los actos a debate, prevista en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, porque no reúnen los requisitos del diverso 38, fracción III, es decir, están indebidamente motivados, y tiene razón en cuanto a ello; pero equivoca la fracción del precepto 238, pues la indebida motivación que afecta sus defensas está prevista en la fracción II del 238, por lo que procede declarar la nulidad de los actos a debate, y tomando en cuenta que el requerimiento de pago que da inicio al procedimiento administrativo de ejecución es una facultad reglada de la autoridad, la nulidad es para efectos de que la autoridad emita otra en la que revoque los actos impugnados y requiera nuevamente de pago a la actora, motivando y fundando debidamente su actuación, tomando en cuenta las parcialidades pagadas por la actora y precisando los conceptos que correspondan a accesorios y actualizaciones.’. Como se ve, la responsable precisó la forma en que la autoridad administrativa debía dar cumplimiento a dicha sentencia; situación que en el presente caso no se estima conducente, toda vez que en el caso se está en presencia de facultades discrecionales, excepción ésta que se establece en el artículo 239, fracción III y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que origina que la Primera Sala Regional no se encuentre en aptitud de precisar la forma y términos en que la autoridad administrativa deba cumplirla, es decir, al estar ante una facultad discrecional y no reglada, la nulidad decretada será para el único efecto de que se deje insubsistente la resolución combatida, sin perjuicio de que la autoridad pueda, si lo estima procedente, ejercer de nueva cuenta sus facultades de comprobación, pero sin que se encuentre obligada a ello, en virtud de la sentencia de nulidad, porque no la vincula. En relación con lo expuesto, cabe precisar que si la autoridad responsable determinó la falta de fundamentación y motivación en el requerimiento de pago del crédito C-78014, por la cantidad de un millón seiscientos cuarenta mil seiscientos setenta y seis pesos con nueve centavos, inserta en el acta de inicio del procedimiento administrativo de ejecución, porque la autoridad demandada no especificó qué cantidad de la que se requiere corresponde a las contribuciones que optó por parcializar, a la actualización de las mismas y lo que corresponde a los accesorios, es evidente que el vicio ocurrió cuando se dio inicio a las facultades de comprobación, de ahí que obviamente se trata de una facultad discrecional de la autoridad el iniciar de nuevo o no el procedimiento aludido. Lo anterior, con apoyo en las consideraciones que sustentan la ejecutoria de la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 89/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se indicó lo siguiente: ‘Para ello es necesario abordar ahora el estudio del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, el cual, por cierto, se encuentra reproducido en párrafos anteriores. De la lectura que se realice a dicho dispositivo, se puede destacar que el texto fundamental aun con sus recientes reformas, establece en sus tres fracciones el sentido en que deberán pronunciarse las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal de la Federación, el cual podrá ser reconociendo la validez de la resolución impugnada, declarando su nulidad absoluta (lisa y llana), o bien, declarando la nulidad para efectos. En relación con esos diversos sentidos, es preciso señalar, en primer lugar, que la sentencia de validez de la resolución impugnada implica el reconocimiento jurisdiccional de que dicha validez siempre existió, inclusive, mientras se decidía la impugnación de nulidad en el juicio contencioso administrativo. En cambio, la nulidad absoluta prevista en la fracción II implica dejar sin efectos jurídicos la resolución impugnada y, como consecuencia, que la autoridad emisora se abstenga de realizar cualquier acto de aplicación o ejecución de dicha resolución, debiéndose abstener, también, de reiterarla dentro del mismo contexto específico del que provino. Tratándose de la nulidad prevista en la fracción III, la autoridad administrativa, ya habiendo dejado sin efecto el acto impugnado, puede verse obligada a realizar determinados actos, según las peculiaridades del asunto resuelto. En este aspecto, es conveniente destacar que si bien la nulidad establecida en la referida fracción III, prima facie, es una nulidad para efectos, lo cierto es que de su recta interpretación, armonizada con la parte final de dicha fracción y último párrafo del mismo, denota de manera evidente que en tratándose de violaciones de carácter formal, la regla general es la de que se dicte una nulidad para efectos, regla ésta que, como cualquier otra, tiene una excepción que la confirma, y que es la relativa a que respecto de facultades discrecionales no opera la nulidad para efectos, aun cuando se trate de violaciones de carácter formal. Ahora bien, retomando lo que se señaló en párrafos anteriores, en relación con que la emisión de órdenes de visita deriva de una facultad discrecional de la autoridad, resulta importante señalar que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, resolvió la contradicción de tesis 2/97, suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la que se resolvió acerca de la constitucionalidad de la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal, ejecutoria ésta que, dada la estrecha relación que guarda con la materia de la presente contradicción, conviene reproducir en los siguientes apartados: «... la interpretación aislada del mencionado último párrafo de la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 1995, puede llevar a conclusiones erróneas. Su sentido debe desentrañarse relacionándolo armónicamente con el primer párrafo de dicha fracción, que dice: <Artículo 239. La sentencia definitiva podrá: ... III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales.>. Este primer párrafo es muy importante en el tema que se analiza porque hace una distinción que es fundamental: en primer lugar establece la regla de que la sentencia puede declarar la nulidad de la resolución para determinados efectos, teniendo obligación la Sala, en tal supuesto, de precisar claramente la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla; y, en segundo lugar, establece una excepción o salvedad, a saber, que los efectos consistentes en obligar a la autoridad administrativa a que cumpla con los efectos señalados, no se dan cuando se trata de facultades discrecionales. La distinción observada se ha conservado en los mismos términos en ese párrafo primero de la fracción I del artículo 239, desde mil novecientos ochenta y uno, y viene a permear el último párrafo, que en el tiempo en que se dictaron las sentencias contradictorias, decía: <El Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el efecto de que se emita una nueva resolución cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II, III y, en su caso, V del artículo 238 de este código.>. Basta la comparación o confrontación de ambos párrafos -el primero y el último-, para comprender que la distinción referida a las facultades discrecionales está presente en el párrafo final, puesto que está regido por aquél. Tanto es así, que en la reforma posterior que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y seis se introdujo ya, en forma expresa, lo que hasta entonces existía implícitamente. En efecto, la disposición de mérito dice ahora: <Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 238 de este código, el Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales.>. Ahora bien, trasladando la distinción consignada en los dos párrafos mencionados a las hipótesis en que la resolución administrativa carece de fundamentación y motivación (artículo 238, fracción II) y teniendo en consideración, asimismo, la variada competencia que el artículo 23 de la entonces vigente ley orgánica otorgaba a las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, reiterada en la actual ley, debe indicarse que para poder determinar cuándo debe obligar la sentencia de nulidad a la autoridad administrativa a dictar una nueva resolución y cuándo no debe tener tales efectos, es necesario acudir a la génesis de la resolución impugnada para saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional. Cuando la resolución administrativa impugnada se dictó como culminación de un procedimiento donde el orden jurídico exige de la autoridad demandada un pronunciamiento, la reparación de la violación dictada no se colma con la simple declaración de nulidad de dicha resolución, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra para no dejar incierta la situación jurídica del administrado, como sucede cuando la materia del asunto versa sobre la petición de reconocimiento de un derecho subjetivo tutelado, como cuando se impugne la negativa de devolución de lo pagado indebidamente, la negativa a reconocer el derecho a una pensión de retiro, las resoluciones sobre cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos de obra pública y, entre otros muchos casos, cuando la resolución impugnada fue pronunciada como culminación de un recurso administrativo; en todos estos supuestos ejemplificativos, resulta lógico considerar que la reparación de la violación cometida no se satisface dejando insubsistente la resolución carente de fundamentación y motivación, sino que es necesario que se conmine a la autoridad administrativa a dictar la resolución correspondiente, en el sentido que sea, pero fundada y motivadamente. Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en que la resolución administrativa impugnada, que carece de fundamentación y motivación, nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, como en aquellas hipótesis que con tal característica le autoriza el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, para comprobar que los contribuyentes han cumplido con las disposiciones fiscales. Aquí opera la excepción o salvedad señalada, pues conforme a la interpretación de los párrafos primero y último de la multicitada fracción III, la Sala Fiscal, si declara la nulidad de la resolución, no puede válidamente obligar a la autoridad administrativa a que dicte nueva resolución, pero tampoco puede impedírselo. Las dos conclusiones alcanzadas responden a la lógica que rige la naturaleza jurídica del nacimiento y trámite de cada tipo de resoluciones, según la distinción que tuvo en cuenta la disposición en estudio, de tal modo que en ninguna de las dos hipótesis se viola el artículo 16 constitucional. En efecto, es verdad que este precepto de la Carta Magna no establece la posibilidad de que ante la anulación de una resolución administrativa por falta de fundamentación y motivación se obligue a la autoridad que la emitió a que reitere el acto de molestia, pero también es verdad que cuando dicha autoridad, en virtud de las leyes que rigen su competencia, o con motivo de una instancia o recurso del demandante, debe pronunciarse al respecto, la sentencia anulatoria de su acto infundado e inmotivado que la obligue a dictar otra resolución y hasta indicarle los términos en que debe hacerlo, como establece la regla general de la disposición examinada, además de que tiene por objeto acatar el derecho de petición que garantiza el artículo 8o. constitucional, viene a colmar la pretensión del particular, pues le asegura una resolución depurada conforme a derecho. Tratándose de facultades discrecionales, el desarrollo lógico conduce a solución distinta, como ya se apuntó. Si se toma en consideración que existe discrecionalidad cuando la ley otorga a la autoridad un amplio campo de apreciación para decidir si debe obrar o debe abstenerse, para resolver cuándo y cómo debe obrar, o aun para determinar libremente el contenido de su posible actuación, ha de entenderse que la base toral de este tipo de atribuciones es la libertad de apreciación que la ley otorga a las autoridades para actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la finalidad que la propia ley les señala. Su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de optar, de elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello signifique arbitrariedad, ya que la autoridad sigue sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 constitucional, lo cual permite que los actos discrecionales sean controlados por la autoridad jurisdiccional, como cabe inferir del criterio plasmado en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 70, que, aunque referida al juicio de amparo, es aplicable, por analogía, a los juicios de nulidad, siendo del tenor siguiente: <FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO. El uso del arbitrio o de la facultad discrecional que se concede a la autoridad administrativa puede censurarse en el juicio de amparo cuando se ejercita en forma arbitraria o caprichosa, cuando la decisión no invoca las circunstancias que concretamente se refieren al caso discutido, cuando éstas resultan inexactas o son inexactos los hechos en que se pretende apoyar la resolución, o cuando el razonamiento en que la misma se apoya es contrario a las reglas de la lógica.>. Consecuentemente, acorde con la salvedad de la disposición en análisis, la sentencia anulatoria de una resolución administrativa discrecional carente de fundamentación y motivación, no debe obligar a la autoridad administrativa a dictar otra resolución, porque equivaldría a que el Tribunal Fiscal sustituyera a la demandada en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, independientemente de que también perjudicaría al administrado actor en vez de beneficiarlo, pues al darle ese efecto a la nulidad estaría obligando a la autoridad administrativa a actuar, cuando ésta, por no encontrar elementos para fundar y motivar una nueva resolución, pudiera abstenerse. Pero de la misma manera y, fundamentalmente, por la misma causa, la sentencia que declara nula una resolución infundada e inmotivada emitida en ejercicio de facultades discrecionales no puede, válidamente, impedir que la autoridad administrativa pronuncie una nueva resolución, pues con tal efecto le estaría coartando su poder de elección. Además, resulta lógico entender que la sentencia anule en forma absoluta la resolución, de modo tal que la autoridad quede impedida para dictar otra resolución, cuando la Sala se apoya en vicios de fondo, pero no cuando el acto discrecional sólo es censurado por falta de fundamentación y motivación, que es vicio de forma. Con ello no se viola el artículo 16 constitucional en perjuicio del particular administrado, sino que la norma examinada resuelve el problema en su justa dimensión, en virtud de que el control que en la vía jurisdiccional ejerce el Tribunal Fiscal de la Federación, en esta hipótesis, protege plenamente al particular del acto concreto, sin llegar a suprimir el poder discrecional de la autoridad administrativa. Atento a todo lo manifestado, este Tribunal Pleno considera que deben de prevalecer los criterios que a continuación se precisan, que coinciden en lo esencial con el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, criterios que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, deben regir con carácter de jurisprudencia, quedando redactados con los siguientes rubros y textos: SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. LA FACULTAD QUE EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, OTORGA AL TRIBUNAL FISCAL PARA DICTARLAS, PRESERVA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Lo dispuesto en la fracción III, del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que el Tribunal Fiscal de la Federación puede emitir una sentencia de nulidad para efectos, es decir, indicándole a la autoridad administrativa los lineamientos que debe seguir, resulta, en términos generales, congruente con la especial y heterogénea jurisdicción de que está dotado legalmente ese tribunal, que se matiza, en relación con ciertos actos, como de mera anulación y, en cuanto a otros, de plena jurisdicción, por lo cual debe contar con facultades no sólo para anular las resoluciones definitivas impugnadas, cuando esto sea procedente, sino también para determinar, en ciertos casos, la forma de reparación de la violación cometida por la autoridad administrativa. Además, se identifica que esa disposición legal tiene como propósito fundamental preservar la seguridad jurídica que garantiza el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, brindando certeza a los fallos dictados en ese procedimiento contencioso al informar a la autoridad, cuando tenga que emitir un acto en sustitución del impugnado, el sentido en que debe respetar los derechos del demandante, lo que también evita la promoción interminable de juicios de nulidad respecto de una misma materia pues, estando vinculada la autoridad a proceder en determinada forma, no podrá seguir otro camino que le lleve a una nueva violación a los derechos del gobernado. SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El sentido de lo dispuesto en el último párrafo de la fracción III, del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que el Tribunal Fiscal de la Federación debe emitir una sentencia de nulidad para efectos cuando se actualice la causal prevista en la fracción II, del artículo 238 del mismo ordenamiento legal, referente a la ausencia de fundamentación y motivación de la resolución impugnada, se desentraña relacionándolo armónicamente con el párrafo primero de esa misma fracción, dado que así se distingue la regla de que la sentencia puede declarar la nulidad de la resolución para determinados efectos y una excepción, cuando la resolución involucra las facultades discrecionales de la autoridad administrativa. Reconocida esa distinción en la hipótesis en que la resolución carece de fundamentación y motivación (artículo 238, fracción II), y la variada competencia que la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación otorga al mismo tribunal, descuella, que para poder determinar cuándo la sentencia de nulidad debe obligar a la autoridad administrativa a dictar una nueva resolución, y cuándo no debe tener tales efectos, es necesario acudir a la génesis de la resolución impugnada, a efecto de saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional. Cuando la resolución se dictó como culminación de un procedimiento o en relación con una petición, donde el orden jurídico exige de la autoridad un pronunciamiento, la reparación de la violación detectada no se colma con la simple declaración de nulidad, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra, para no dejar incierta la situación jurídica del administrado, en el sentido que sea, pero fundada y motivada. Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en que la resolución nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, en la que opera la excepción señalada, dado que el tribunal, al declarar la nulidad de la resolución, no puede obligar a la autoridad administrativa a que dicte nueva resolución, porque equivaldría a que se sustituyera a la autoridad administrativa en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, independientemente de que también perjudicaría al administrado actor en vez de beneficiarlo, ya que al darle ese efecto a la nulidad, se estaría obligando a la autoridad a actuar, cuando ésta, podría no encontrar elementos para fundar y motivar una nueva resolución, debiendo abstenerse de emitirla. Por la misma causa, la sentencia que declara nula una resolución infundada e inmotivada, emitida en ejercicio de facultades discrecionales, no puede impedir que la autoridad administrativa pronuncie una nueva resolución, en virtud de que con tal efecto le estaría coartando su poder de decisión, sin haber examinado el fondo de la controversia. Las conc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18663-c4794f3b/creditos-fiscales-la-nulidad-por-vicios-formales-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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