SUSPENSIÓN EN AMPARO. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA CLAUSURA DE UN ESTABLECIMIENTO MERCANTIL EN EL QUE SE EXPLOTEN VIDEOJUEGOS, SI NO SE ACREDITA QUE ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO RELATIVO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 62/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el diez de marzo de dos mil cuatro, al resolver la queja administrativa 97/2004 (X) (sic), entre otras consideraciones sostuvo las siguientes:
"CUARTO. Son infundados los agravios expresados por la recurrente atento las siguientes consideraciones: En ellos aduce que deviene desacertada la determinación del a quo de negar la suspensión provisional solicitada, pues en forma alguna se contravienen las disposiciones contenidas en el artículo 124 de la Ley de Amparo, del que se desprende que el otorgamiento de la medida cautelar se debe atender a la naturaleza de la violación alegada y a los daños y perjuicios que con motivo de la suspensión se originen al interés público. Que procede otorgar la suspensión solicitada en razón de que se cuenta con la declaración de apertura del establecimiento mercantil, de conformidad con los artículos 20, 24, 38 y 77 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal; numerales de los que se desprende con claridad que los establecimientos mercantiles, cuyo giro sea como el explotado por la quejosa, no es considerado como de impacto vecinal, para lo cual requeriría licencia de funcionamiento tipo ‘a’; tampoco se le considera como giro de impacto zonal, que requiere licencia de funcionamiento tipo ‘b’; de donde se deduce que la explotación de su giro cuestionado únicamente requiere de declaración de apertura. Que el Juez omitió considerar que la solicitud de suspensión pretendía preservar una prerrogativa de la quejosa de un derecho cuyo ejercicio se había legalmente conferido, conforme a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, lo que constituye un derecho que de no concederse se le ocasionarían graves perjuicio a la recurrente. Que en forma alguna el otorgamiento de la suspensión violenta la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues contrario a lo sostenido por el Juez, no se afectan disposiciones de orden público, ni se causa perjuicio al interés social, ya que, en todo caso, éstas debieron ponderarse por la autoridad al momento de tramitar la declaración de apertura. Que en el caso, el juzgador debió atender a la teoría de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, atento que se demostró fehacientemente contar con la declaración de apertura, por lo que los actos reclamados son en principio inconstitucionales. Que existe peligro en la demora porque las autoridades no resarcen a los particulares de los daños y perjuicios que se ocasionan con sus actos de molestia, por lo que procede otorgar la medida cautelar, además de que no existe ninguna causa que altere la preservación del orden público y no se demuestra la afectación que se afirma se causaría con tal concesión. Que la medida se solicitó con el objeto de que no se suspendan las actividades del establecimiento mercantil ni que se confisquen las máquinas. Que deviene inexacto que la quejosa carezca del documento que acredite que los videojuegos que operan en el establecimiento de su propiedad, no estén inscritos en el Registro de Videojuegos del Distrito Federal, autorizado por la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, toda vez que el artículo quinto transitorio del Reglamento para la Operación de Videojuegos del Distrito Federal de 28 de julio de 2003, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 18 de noviembre de ese año, señala que las disposiciones ahí contenidas sólo podrán ser verificadas setenta días hábiles después de la publicación del mismo, de ahí que su observancia aún no es obligatoria, es decir el registro aludido. Se afirma lo infundado de los anteriores argumentos pues, en la especie, no se reúne el requisito consignado en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, la cual dispone: ‘Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: ... II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares.’. El contenido del numeral transcrito permite arribar a la conclusión de que entre los requisitos que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, destaca el señalado en segundo término, consistente en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, si en principio la estimación del orden público corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan a su consideración para la obtención de un fallo, y en caso de que con la suspensión se prive a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le ocasiona un daño que de otra manera no resentiría, aquélla debe negarse. En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, para conceder la suspensión del acto reclamado debe tomarse en cuenta, entre otros datos, la naturaleza de la violación alegada; por ello, cuando la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora lo ameriten, el Juez de Distrito puede otorgar, excepcionalmente, la medida suspensional, pero si un ordenamiento sujeta al quejoso al cumplimiento de diversos requisitos para el desarrollo de una actividad, el juzgador debe examinar el cumplimiento de esos requisitos. Ello es así, debido a que no basta la circunstancia de que se pida la paralización de los efectos de un acto para otorgar la suspensión, con motivo de que se alegue desconocimiento de un derecho, ya que es necesario se atienda a la conservación del interés general y al orden público, los que se deben analizar atento la distinta naturaleza de los mismos. Por ello, no es conveniente fijar criterios para establecer si debe o no concederse la suspensión respecto de las consecuencias derivadas de la aplicación de un ordenamiento que impone a la quejosa requisitos para el ejercicio de una actividad, puesto que la decisión de paralizar o no los actos requiere del estudio de la satisfacción de los supuestos establecidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo. De acuerdo con lo anterior, si se cuestionan determinados ordenamientos, porque sujetan la actividad de la quejosa a la obtención del registro de su actividad, no es factible conceder la suspensión porque no se satisface el requisito previsto por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, en tanto que los ordenamientos que rigen a esa actividad son de orden público, pues atienden a lograr la seguridad urbana y un adecuado impacto zonal. Además de ello, con la suspensión se haría posible la explotación de un establecimiento mercantil sin reunir los requisitos que establezcan, máxime si esa actividad afecta al interés social. Por tanto, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado es improcedente porque causa perjuicio al interés social al contravenir disposiciones de orden público, pues se considera que se siguen esos perjuicios o se incurre en dichas contravenciones, cuando de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de establecimientos mercantiles, como el del asunto, que no cuenta con el registro correspondiente, donde previamente se catalogue el tipo de videojuegos que se exhiben. Ahora bien, a fin de dejar precisado el interés público que se traduce en el interés social, debe señalarse que la sociedad está interesada en que los establecimientos que no cuenten con el registro que haya previamente sometido a calificación los juegos, no continúen su funcionamiento por el perjuicio que ocasionan al ser humano, para lo cual las autoridades administrativas deben emitir la constancia que refiera la autorización para que opere un establecimiento de esa especie. Así, en el supuesto de que las negociaciones afectadas ocurran a solicitar la suspensión contra una orden de autoridad administrativa que les impida realizar su actividad, debe negarse la medida cautelar porque de lo contrario se afectaría el interés de la sociedad, y existiría una clara contravención a las disposiciones de orden público. Precisado lo anterior, se tiene que los artículos 50 al 55 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, regulan la actividad de los establecimientos donde se presta servicio de videojuegos, y que a la letra dicen: ‘Artículo 50. Los establecimientos mercantiles en los que se preste el servicio de juegos electrónicos y/o de video, funcionarán sujetándose a las siguientes disposiciones: I. Aquellos donde se preste el servicio de juegos de video deberán: a) No instalarse a menos de 300 metros lineales de algún centro escolar de educación básica; b) Contar con una clasificación que los identifique en grupos de la siguiente forma: tipo A, B, C, y D. Cada videojuego deberá tener visiblemente la letra que le corresponda, la que deberá ser de por lo menos 15 centímetros de alto y de ancho y de un color terminado; c) Colocar dentro del local, visible al público, un anuncio de por lo menos un metro cuadrado y con letra de 10 centímetros de alto y de ancho, en el que se especifiquen los tipos y clasificación de los juegos, conforme a lo siguiente: tipo A inofensivo, para todas las edades, B poco agresivo, para uso de mayores de 13 años, C agresivo, para uso de mayores de 15 años, y D altamente agresivo, para uso de 18 años y mayores; d) Mantener perfectamente iluminadas las áreas donde estén instalados los juegos, evitando la utilización de sistemas de iluminación opaca u obscura que pudieran generar trastornos en la salud de los usuarios; e) Revisar que los juegos se utilicen de acuerdo a la clasificación por edades; f) Vigilar que la distancia entre los equipos de videojuegos garantice en todo momento el servicio, la operación y seguridad del usuario, de conformidad con el reglamento de esta ley; g) Tener agrupados los juegos en áreas específicas, de acuerdo a las edades para los que son aptos; y h) Colocar dentro del local, visible al público, el documento que acredite que los videojuegos que se operan están inscritos en el registro a que se refiere el artículo 52 de esta ley. Queda expresamente prohibido operar en establecimientos mercantiles todos aquellos videojuegos y sistemas diseñados para uso doméstico o particular y operar en los establecimientos mercantiles sistemas de iluminación, de audio y video cuya intensidad o volumen provoque alteración, distracción o confusión de los usuarios. Para el caso de emisiones de audio o ruido la delegación verificará periódicamente que su volumen se mantenga en los decibeles autorizados. Los procedimientos de medición se realizarán conforme a lo que se establezca en el reglamento de esta ley y con base a la Norma Oficial Mexicana correspondiente. II. Aquellos donde se preste el servicio de juegos electrónicos deberán observar en todo lo conducente lo dispuesto por la fracción anterior.’. ‘Artículo 51. La clasificación de videojuegos a que se refiere el inciso b) del artículo anterior será la siguiente: I. Se consideran tipo «A», inofensivo: a) Los deportes, excepto el box, luchas y todos aquellos cuyo principal objetivo es golpearse, derribarse o herirse físicamente; b) Las carreras de automóviles, motocicletas o cualquier vehículo, siempre y cuando no se muestren gráficas con sangre; c) Aquellos videojuegos que muestren seres ficticios que tengan que ir alcanzando objetivos en un ambiente de fantasía sin matar de manera gráfica a otros seres; II. Se considera tipo «B», poco agresivo: a) Aquellos que muestren seres animados que no sean humanos y que no presenten peleas, golpes, ni derramamiento de sangre o líquido que haga creer que se trata de sangre, aun cuando no sea roja; y b) Los que presenten persecuciones espaciales, terrestres, aéreas o marítimas con o sin derribamiento de objetivos sin vida, o que tengan vida pero que de ninguna forma representen un ser humano; III. Se consideran tipo «C», agresivo: a) Aquellos deportes excluidos del tipo «A»; b) Aquellos en donde presenten seres animados, incluido humanos que tengan que derribarse, luchar o eliminar al contrincante utilizando la fuerza física y/o armas, pero siempre y cuando no haya imágenes o gráficas donde se muestren cuerpos desmembrados, mutilados, o derramamiento de sangre; y c) Aquellos juegos interactivos y simuladores que no excedan estos criterios de clasificación en cuanto a su contenido; y IV. Se consideran tipo «D», altamente agresivos: a) Aquellos en los que hay peleas, competencias o persecuciones con el uso de armas, violencia y derramamiento de sangre e incluso mutilaciones o desmembramientos; y b) Aquellos juegos interactivos y simuladores que sean excluidos del tipo «C». En ninguna de las clasificaciones antes señaladas, se podrán mostrar imágenes de actos sexuales, desnudos y/o pornográficos ni juegos que denigren o discriminen a la mujer, a las personas con algún tipo de discapacidad, a los indígenas y a las personas con una orientación sexual distinta. Cualquier juego de video que no cumpla con estos criterios de clasificación estará prohibido para operar en el Distrito Federal. En el caso de que algún videojuego pudiera encuadrar en dos tipos o existiera confusión respecto a qué clasificación le corresponde, se optará siempre por la letra que alfabéticamente vaya después.’. ‘Artículo 52. Para efectos de un mejor control del tipo de juegos que se exhiben en los establecimientos mercantiles, evitando así la utilización de videojuegos caseros y el uso de juegos que vayan en contra de la clasificación señalada en el artículo anterior, se pondrán a disposición del público únicamente aquellos que se encuentren inscritos en el Registro de Videojuegos para el Distrito Federal. Este registro será autorizado por la Secretaría de Gobierno, la cual deberá tomar en cuenta la opinión de los sectores sociales y privados. Cualquier juego que no se encuentre inscrito en el Registro de Videojuegos para el Distrito Federal estará prohibido para operar en el Distrito Federal.’. ‘Artículo 53. Es obligación del titular del establecimiento dar aviso a las autoridades del mal uso que hagan los usuarios de los videojuegos, de acuerdo a la clasificación descrita en los artículos 50 y 51 de esta ley.’. ‘Artículo 54. Los giros a que se refiere este capítulo podrán, sin necesidad de alguna otra autorización, prestar los servicios de venta de bebidas no alcohólicas y dulcería. Los establecimientos mercantiles que para su operación requieren declaración de apertura podrán tener hasta tres videojuegos en el interior del establecimiento, debiendo observar lo dispuesto por esta ley para la prestación de dicho servicio, siempre y cuando se encuentren ubicados a una distancia mayor de trescientos metros lineales de algún centro escolar de educación básica. Todos aquellos que tengan licencia de funcionamiento tipo A o B podrán tener videojuegos presentando su declaración de apertura y cumpliendo con las disposiciones que marca la ley en esa materia.’. ‘Artículo 55. En los establecimientos mercantiles y en parques recreativos, circos, ferias, kermesses y eventos similares en que se instalen juegos mecánicos y electromecánicos, funcionarán sujetándose a las siguientes disposiciones: I. No instalarse a menos de 300 metros lineales de algún centro escolar de educación básica; II. La distancia entre los juegos mecánicos y electromecánicos deberá ser aquella que garantice la seguridad de los usuarios; III. En los casos de juegos electromecánicos, los aparatos que se instalen en circos, ferias, kermesses y eventos similares, deberán contar con los dispositivos de seguridad que establecen las leyes y reglamentos en materia de construcción y de protección civil para el Distrito Federal; asimismo, requerirán para su funcionamiento que se acompañe a la solicitud la responsiva de un ingeniero mecánico registrado como responsable en instalaciones, en los términos de lo dispuesto en este ordenamiento; IV. Abstenerse de vender y distribuir pólvora, explosivos, artificios y sustancias químicas relacionadas con explosivos, en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como vigilar que los usuarios no los introduzcan a su interior; y V. Los juegos electromecánicos deberán someterse a pruebas de resistencia por lo menos cada tres meses, a fin de asegurar su funcionamiento adecuado. Tratándose de locales que cuenten con un número mayor de 40 juegos mecánicos y electromecánicos y una superficie mayor a los 10,000 metros cuadrados destinados para dichos juegos, podrá prestarse el servicio de alimentos preparados. El establecimiento mercantil deberá destinar como máximo el 10% de su superficie total para habilitarla con instalaciones adecuadas para el consumo de los alimentos que expenda el propio establecimiento y aquellos que lleven consigo los usuarios del servicio.’. De los numerales transcritos se colige claramente que los establecimientos dedicados a la prestación de servicio de videojuegos, se encuentran estrictamente regulados, atento que deben sujetarse a una serie de disposiciones relativas a la instalación, además de que deben contar con previa clasificación que los identifique en grupos que se identificarán como tipo A, B, C y D; y cada videojuego deberá tener visible al público la letra que le corresponda, donde se especifiquen los tipos y clasificación de los juegos, de acuerdo a la agresividad y la edad de los prestatarios (sic), y tener a la vista el documento que acredite que los videojuegos que se operan están inscritos en el registro respectivo para ese tipo de servicios, y los que no cumplan con estas disposiciones estarán prohibidos para operar en el Distrito Federal. De igual forma, y para efectos de un mejor control del tipo de juegos que se exhiben en los establecimientos mercantiles, se pondrán a disposición del público únicamente aquellos que se encuentren inscritos en el Registro de Videojuegos para el Distrito Federal, que se autorizará por la Secretaría de Gobierno, el que deberá tomar en cuenta la opinión de los sectores social y privado, y cualquier juego que no se encuentre inscrito en el Registro de Videojuegos para el Distrito Federal estará prohibido para operar en el Distrito Federal. En esas condiciones es que al no haber demostrado fehacientemente la quejosa contar con el registro aludido en líneas precedentes, es que no se reúnen los requisitos a que se refiere la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo y, por tanto, es correcto que no se haya otorgado la medida suspensional. Por otra parte, tampoco asiste razón a la recurrente al afirmar que no se encontraba obligada a cumplir con el registro aludido, pues de conformidad con el artículo quinto transitorio del Reglamento para la Operación de Videojuegos en el Distrito Federal, que consigna que las verificaciones contenidas en esa normatividad aun no cobran vigencia, toda vez que el artículo aludido señala que será después de setenta días hábiles de la publicación de ese reglamento que podrán llevarse a cabo. Lo anterior deviene desacertado, pues los artículos transitorios del referido reglamento son del tenor siguiente: ‘Primero. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Segundo. Se abroga el Reglamento de Clasificación de Títulos Contenidos y Operación de Videojuegos publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de octubre de 2001 y demás disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente ordenamiento. Tercero. Para efectos de la creación del registro de videojuegos a que hace referencia el artículo 50 inciso h), 52, 2o. párrafo y transitorio décimo primero de la ley, los interesados contarán con un término no mayor a 30 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente reglamento para registrar sus videojuegos. Cuarto. A partir de que venza el término establecido en el artículo transitorio anterior, la secretaría tendrá un plazo de 40 días hábiles para publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Registro de Videojuegos, conforme a este reglamento. Quinto. Las verificaciones administrativas que tengan como objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento, podrán iniciar 70 días hábiles después de la publicación del mismo, sin menoscabo de que se efectúen aquellas verificaciones que tengan como finalidad verificar el cumplimiento de los otros ordenamientos jurídicos. Sexto. Los titulares de los establecimientos que a la entrada en vigor del presente reglamento operen videojuegos, contarán con un término de 30 días hábiles contados a partir de dicha entrada en vigor, para cumplir con lo establecido en el artículo 14 del presente ordenamiento. Séptimo. Los formatos a que se refiere este reglamento, deberán expedirse por la secretaría, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. Dado en la residencia oficial del jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil tres. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Firma. El secretario de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez. Firma.’. De los preceptos transcritos se desprende que no le asiste razón a la quejosa, toda vez que la legalidad de la verificación es materia del amparo, siendo que, en la especie, se examina el cumplimiento de los requisitos exigidos en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, los cuales no quedaron demostrados ante la falta del registro aludido al que se encuentra obligada la impetrante en términos de los artículos antes vertidos, así como del numeral sexto, de los propios transitorios, el que dispone que los titulares de los establecimientos que a la entrada en vigor del presente reglamento operen videojuegos, contarán con un término de 30 días hábiles contados a partir de dicha entrada en vigor, para cumplir con lo establecido en el artículo 14 del presente ordenamiento. El precepto invocado señala: ‘Artículo 14. Los titulares de los establecimientos que operen videojuegos deberán acudir a la ventanilla única delegacional a dar aviso mediante un formato que al efecto proporcione la misma, manifestando bajo protesta de decir verdad el número de máquinas de videojuegos que operan en su establecimiento mercantil. Todos y cada uno de los videojuegos que se exhiban en los establecimientos mercantiles deberán estar debidamente registrados conforme al presente reglamento.’. Tal disposición exige a los titulares de los establecimientos en funcionamiento de los juegos examinados la obligación de acudir a la delegación respectiva, a efecto de dar aviso mediante un formato que al efecto proporcione la misma, manifestando bajo protesta de decir verdad el número de máquinas de videojuegos que operan en su establecimiento mercantil, los que deberán estar debidamente registrados. Por tanto, subsiste la falta de cumplimiento a un ordenamiento legal, que se traduce en la falta de requisitos exigidos por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. En las narradas circunstancias, al no asistirle razón a la quejosa lo procedente es confirmar el auto impugnado."
CUARTO. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el dos de marzo de dos mil cuatro, al resolver la queja QA. 23/2004(XI), sustentó las consideraciones que son del tenor siguiente:
"QUINTO. Son ineficaces en parte y eficaces en otra los agravios que se hacen valer, de conformidad con las consideraciones siguientes. Argumenta la quejosa recurrente, que el Juez de Distrito, en la resolución recurrida, infringe los artículos 122, 123, 124 y 130 de la Ley de Amparo, en virtud de que le niega la suspensión provisional solicitada respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, consistente en la clausura impuesta al establecimiento mercantil que defiende, por estimar que, en la especie, no se reúnen los requisitos establecidos al efecto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin tomar en consideración que acreditó contar con la respectiva licencia de funcionamiento y su revalidación, con lo que aduce cumple con lo previsto en los artículos 38 y 77, fracción III, de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Distrito Federal, ya que conforme a lo dispuesto en dicha ley, es considerada como declaración de apertura, por lo que es evidente, agrega, que con la concesión de la suspensión no se contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría perjuicio al interés social. También agrega que no es correcto que el Juez de Distrito estime que con la concesión de la medida suspensional se contravienen disposiciones de orden público y se afecte el interés social, por el hecho de que el ordenamiento del que emanan las infracciones con base en las que se decretó el estado de clausura al establecimiento mercantil que defiende, sea de orden público, dado que todas la leyes son de orden público en cierta medida, pues es criterio definido que el orden público debe fundarse en los bienes de la colectividad tutelados en las leyes, circunstancia que, aduce, no se actualiza al contar con la aludida licencia de funcionamiento, máxime, agrega, que también forma parte del aludido interés social, la seguridad jurídica de los propietarios de establecimientos mercantiles que cuenten con la respectiva licencia para su legal funcionamiento. La ineficacia de los anteriores argumentos deriva de que de la lectura de la resolución recurrida se advierte que el Juez de Distrito, implícitamente sí tomó en consideración que la quejosa exhibió licencia de funcionamiento, pues al respecto consideró que: ‘... no anexó documento idóneo para acreditar que cuenta con el documento que acredite que los videojuegos que se operan en el establecimiento mercantil que defiende están inscritos en el Registro de Videojuegos en el Distrito Federal ...’; además, con dichos argumentos no se controvierten las consideraciones por las que el Juez de Distrito determinó negar la medida cautelar solicitada respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, consistente en que no se reúnen los requisitos establecidos en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, porque no demostró su interés suspensional al no acreditar que: ‘... los videojuegos que se operan en el establecimiento mercantil que defiende, están inscritos en el Registro de Videojuegos para el Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal ... puesto que la sociedad está interesada en el cumplimiento de las disposiciones establecidas respecto a actos de la naturaleza del reclamado, que tienden directamente a reglamentar la actividad consistente en el giro de videojuegos ... Asimismo, con la concesión de la suspensión provisional solicitada se estaría conviniendo (sic) el orden público, pues si la parte quejosa no acreditó que cuenta con el registro correspondiente que autoriza el uso de dichos juegos, en consecuencia, de concederla se estarían contraviniendo las disposiciones legales que exigen la obligatoriedad de esos documentos para desarrollar tales actividades. Además de que del contenido del acta de verificación extraordinaria se advierte que la autoridad responsable manifiesta que existe un juego que se encuentra mal clasificado como «C», debido a que su contenido es altamente violento, por lo que su clasificación es de tipo «D»; lo que robustece que en caso de conceder la presente medida se contravendrían normas de orden público, lo que es contrario al requisito que establece el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión ...’. En cambio es fundado lo argumentado por la quejosa recurrente, en el sentido de que el Juez de Distrito, con la sola exhibición de la licencia de funcionamiento del giro que defiende y lo que al respecto establece la ley, observando los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias de rubros: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’ y ‘SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO.’, debió conceder la medida cautelar, efectuando un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que esgrimió, a efecto de preservar la materia del juicio, en el que tomando en cuenta la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, determinara de manera superficial la ilegalidad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18283-1a799952/suspension-en-amparo-es-improcedente-respecto-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULID (CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/2004-SS)
- VISITA DOMICILIARIA. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA SU PRÁCTICA. NO ES NECESARIO QUE SE ESPECIFIQUE EN EL CITATORIO DE NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE QUE ES PARA RECIBIR EL OFICIO RELATIV (CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/2004-SS)
- MULTA. EL ARTÍCULO 239-B, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO PARA SU CUANTIFICACIÓN, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA C (CONTRADICCIÓN DE TESIS 74/2004-SS)
- RENTA. NO SON DEDUCIBLES LOS INTERESES DERIVADOS DE LA INVERSIÓN O REINVERSIÓN DE LOS FONDOS DESTINADOS A LA CREACIÓN O INCREMENTO DE RESERVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O J (CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2003-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PÚBLICO. LA FALTA DE PROTESTA NO DISMINUYE LA VALIDEZ DE SUS ACTUACIONES.- (3547)
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PUBLICO. LA FALTA DE PROTESTA NO DISMINUYE LA VALIDEZ DE SUS ACTUACIONES. (VI.1o.79 P)
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis