MULTA. EL ARTÍCULO 239-B, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO PARA SU CUANTIFICACIÓN, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 31 DE DICIEMBRE DE 2000).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 74/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones de la ejecutoria dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RA. 607/2004, establecen lo siguiente:
"CUARTO. No es materia de la revisión la parte del considerando quinto de la sentencia impugnada en donde la juzgadora establece la legalidad de la imposición de la multa al quejoso, en virtud de que en su contra no se formuló agravio alguno. QUINTO. El agravio en parte es infundado y en otra fundado. La autoridad inconforme considera que la juzgadora transgrede lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que, en el particular, no debió suplir la deficiencia de la queja a favor del impetrante de garantías, ya que éste basó sus argumentos en la circunstancia de que el artículo 239-B, fracción III, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vulnera el artículo 22 constitucional, esto es, estima que el quejoso no expresó conceptos de violación suficientes para acreditar la inconstitucionalidad que reclama. Es infundado el argumento reseñado con antelación, toda vez que la juzgadora no suplió la deficiencia de la queja en favor del quejoso sino que, como puede observarse del considerando quinto de la sentencia que se impugna, concretamente en el párrafo segundo del anverso de la foja veintinueve (foja 196 de autos), lo que hizo fue atender a lo argumentado por el quejoso en el concepto de violación quinto, apartados A y B de su escrito de demanda, en donde destacó que el artículo 239-B, fracción III, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación era inconstitucional, porque la multa que en él se prevé es excesiva al no tomar en cuenta, entre otros aspectos, las condiciones económicas del infractor, ya que al imponerle como multa treinta días de salario, lo privaría de los medios para subsistir durante ese tiempo, de ahí que se tratara de una multa prohibida por el artículo 22 constitucional; consideraciones que resultan suficientes para que la juzgadora estuviera obligada a pronunciarse a ese respecto, ya que no constituyen meras afirmaciones sin fundamento alguno, como lo pretende hacer valer la inconforme; es decir, el quejoso no se limitó en la especie a manifestar simplemente que el artículo 239-B, fracción III, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, era inconstitucional por transgredir lo previsto por el artículo 22 constitucional, sino que expuso las causas que a su consideración implicaban el vicio atribuido a dicho numeral. Por otro lado, la recurrente considera que el precepto legal que se tilda de inconstitucional, contrariamente a lo sustentado por la juzgadora, no tiene ese carácter, puesto que en él se prevé una sanción pecuniaria que está directamente relacionada con los ingresos del funcionario al establecer la multa en relación con sus percepciones o ingresos, lo que denota que atiende a su capacidad económica; en cuanto a la gravedad, asevera que dicho precepto legal la prevé en sí mismo, puesto que la sanción siempre va a corresponder a la omisión del funcionario de dar cumplimiento a un fallo definitivo pronunciado por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que se encuentra obligado a acatar en razón de que fue emitida en un juicio donde éste intervino y cuyo incumplimiento redundaría en perjuicio de la colectividad, ya que a través de ella se le ha privado de efectos a un acto de autoridad, lo que se traduce a su vez en inseguridad jurídica; de ahí que la multa no sea excesiva, además de que no se trata de una multa fija al estar prevista dentro de un mínimo y un máximo. Es fundada la consideración de la inconforme en cuanto a que la multa prevista en el párrafo segundo de la fracción III del artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación no es inconstitucional; al respecto, es oportuno establecer qué se entiende por ‘multa’ y cuál es el objeto que persigue. En ese tenor, por multa se entiende aquella sanción de carácter económico impuesta por una infracción a una norma legal; el fin primordial de su imposición es castigar la transgresión a las disposiciones legales, con carácter ejemplificativo e intimidatorio y no recaudatorio. En relación con las multas, el párrafo primero del artículo 22 constitucional prohíbe la imposición de aquellas que resulten excesivas; al efecto, a continuación se transcribe el texto del precepto que se comenta: ‘Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.’. Del texto constitucional reproducido con antelación se advierte que sólo consigna la prohibición de imponer multas excesivas, pero no se hace una definición de ellas, ni se establecen las normas que basten para calificar las sanciones pecuniarias en los casos que se presenten; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en Pleno, ha determinado que una multa no es excesiva cuando la ley que la prevea permite a la autoridad facultada para imponerla determinar su monto o cuantía tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda. El criterio que se comenta está plasmado en la jurisprudencia número P./J. 9/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, correspondiente al mes de julio de 1995, Novena Época, página 5; cuyos rubro y texto se transcriben a continuación: ‘MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.’ (se transcribe). Cabe destacar que en relación con las multas no son aplicables los principios de proporcionalidad y equidad tutelados por la fracción IV del artículo 31 constitucional, ya que tales hipótesis imperan respecto de las cargas fiscales a que están obligados los particulares, a fin de contribuir a los gastos públicos de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado o Municipio en que residan; pues no debe soslayarse que el fin primordial de la imposición de una multa es castigar la transgresión a las disposiciones legales con carácter ejemplificativo e intimidatorio y no recaudatorio, esto es, la multa constituye una pena, es decir, un castigo impuesto por el superior legítimo al que ha cometido un delito o falta. Ahora bien, al referir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio jurídico transcrito en párrafos superiores, que para que una multa no sea excesiva debe tomarse en cuenta la capacidad económica del infractor no se refiere a ese aspecto en un sentido amplio, es decir, que se tomen en cuenta las remuneraciones que obtiene a fin de que se le permita sufragar sus necesidades más apremiantes, sino que para no tener ese carácter debe guardar la debida proporción entre el perjuicio causado y la situación económica del obligado, esto es, que no por una infracción mínima se le imponga una sanción pecuniaria alta o viceversa. Dicho en otras palabras, el carácter excesivo de una multa no está determinado por su monto o cuantía, sino por la relación que exista con la obligación incumplida, razón por la que resultará mayor en la medida en que sea superior la gravedad de la infracción que cometa una persona, puesto que la finalidad que persigue este tipo de sanciones pecuniarias es, además de intimidatorias, la de evitar la reincidencia de los infractores. En otro orden de ideas, es de destacarse que al señalar el artículo 239-B, fracción III, segundo párrafo, del código tributario federal, un monto mínimo y uno máximo permite a la autoridad sancionadora establecer dentro de esos parámetros graduar el monto de la multa atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que del texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos, ya que precisamente al concederse ese margen de acción el legislador está permitiendo el uso del criterio individualizador. Al respecto, es aplicable, por analogía, la jurisprudencia número P./J. 17/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 2000, Novena Época, página 59, que es del tenor siguiente: ‘MULTAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE FIJAS LAS ESTABLECIDAS EN PRECEPTOS QUE PREVÉN UNA SANCIÓN MÍNIMA Y UNA MÁXIMA.’ (se transcribe). De la exégesis anterior se concluye que la multa prevista en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación no transgrede lo dispuesto por el artículo 22 constitucional, toda vez que no resulta excesiva al ser proporcional entre la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor, ya que mediante ella se pretende evitar que un servidor público no dé cumplimiento a una resolución emitida por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través de la cual se hubiere dejado sin efectos un acto de autoridad, o bien insista en repetirlo, ya que ello originaría inseguridad jurídica y, por ende, dejaría en estado de indefensión a los gobernados. Las consideraciones anteriores se hacen extensivas a lo consignado por la fracción V del precepto analizado, por cuanto establece la facultad de las autoridades de imponer la multa establecida en la fracción III en estudio, así como al acto concreto de aplicación consistente en la resolución de fecha seis de junio de dos mil tres, dictada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el expediente número 15908/99-11-08-2/720/00-PL-05-04-QC; de esa guisa, los actos reclamados al tesorero de la Federación consistentes en la inminente ejecución y cobro de la multa no están afectados de vicios de constitucionalidad. En las relatadas condiciones, y al haber resultado fundado el agravio planteado, en la materia de la revisión procede revocar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado, ello en la medida en que no puede precisarse si existe o no algún concepto de violación respecto del cual no se hubiera pronunciado la juzgadora, atento que ésta manifestó estudiarlos todos en forma conjunta con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo; además, porque de existir alguna inconformidad al respecto el quejoso estuvo en aptitud de promover el recurso de revisión adhesivo correspondiente, lo cual no aconteció en el particular." (fojas veinticuatro vuelta a la veintisiete vuelta del cuaderno de contradicción).
CUARTO. Las consideraciones del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RA. 464/2003, en la parte que interesa, son las siguientes:
"QUINTO. Antes de analizar los argumentos que a título de agravios la parte recurrente expone en el presente recurso de revisión, resulta pertinente efectuar las siguientes precisiones: En vía de cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por este Tribunal Colegiado el veintiséis de octubre de dos mil, en el recurso de revisión fiscal número RF. 3088/2000, mediante sentencia del ocho de diciembre de dos mil, dictada en el juicio de nulidad número 10637/99-11-11-8, promovido por Show Time, Sociedad Anónima de Capital Variable, la Décima Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró la nulidad del acto impugnado en ese juicio, consistente en el requerimiento de pago del crédito fiscal número Z-1359975, del veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, emitido por el administrador local de Recaudación de Oriente del Distrito Federal, con importe histórico de $1'865,242.00 (un millón ochocientos sesenta y cinco mil doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). Por escrito del doce de julio de dos mil uno, presentado el mismo día en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Show Time, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso recurso de queja por repetición del acto anulado, en términos de lo dispuesto en el artículo 239-B, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, argumentado al respecto que el veinte de junio de dos mil uno se le requirió el pago del crédito fiscal aludido, no obstante que ya se había declarado su nulidad lisa y llana. Mediante resolución del quince de octubre de dos mil dos, la Sala responsable resolvió el recurso de queja mencionado, considerando al respecto que el administrador local de Recaudación del Oriente del Distrito Federal, es decir, el ahora quejoso, repitió el acto impugnado en el referido juicio de nulidad y que fue declarado nulo. Consecuentemente, la referida Sala dejó sin efectos el mandamiento de ejecución y acta de requerimiento de pago del dieciocho de junio de dos mil uno, e impuso al referido administrador una multa por el equivalente a treinta días de su salario normal, precisando sobre el particular que para ello tuvo en cuenta el nivel jerárquico de ese funcionario, que no es reincidente y que el daño causado con su acto repetitivo constituye una afectación a la impartición de justicia. A efecto de corroborar tal aserto, se transcribe a continuación la parte final del último considerando de esa sentencia, así como el resolutivo tercero (III) de la misma: ‘CONSIDERANDOS: ... SEGUNDO. ... luego entonces al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 239-B, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, lo procedente es dejar sin efectos el mandamiento de ejecución y acta de requerimiento de pago de fecha 18 de junio de 2001, emitidos por el administrador local de Recaudación del Oriente del Distrito Federal, de conformidad con lo previsto en la fracción III del citado ordenamiento legal y, en consecuencia, se impone al funcionario responsable una multa de treinta días de su salario normal, ello atendiendo al nivel jerárquico de la autoridad responsable, que no es reincidente y que el daño causado con su acto es una afectación en la impartición de justicia, resolución que deberá notificarse al superior del funcionario responsable de la repetición del acto, ordenándosele al funcionario responsable se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. ... III. Con fundamento en el artículo 239-B, fracción III, del Código Fiscal de la Federación se impone al funcionario responsable una multa de treinta días de su salario normal, ello atendiendo a su nivel jerárquico de la autoridad responsable, que no es reincidente y que el daño causado con su acto es una afectación en la impartición de justicia, resolución que deberá notificársele al superior del funcionario responsable de la repetición del acto, ordenándosele al funcionario responsable se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. ...’. Ahora bien, en la sentencia recurrida la Juez de Distrito declaró inconstitucional el artículo 239-B, fracción III, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, sobre la base de que prevé una multa excesiva, contraria a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 22 de la Constitución General de la República, porque si bien dicho precepto ordinario establece un mínimo y un máximo para determinar la cuantía de la multa relativa y faculta a la autoridad para que antes de fijar el monto dilucide las circunstancias especiales de cada caso, como son el nivel jerárquico, la reincidencia y la importancia del daño causado con el incumplimiento; no atiende a la capacidad económica del infractor, puesto que la cuantía mínima de la multa es en sí misma excesiva y desproporcional, en tanto que equivale a treinta días del salario normal del funcionario sancionado, lo que merma la capacidad económica de éste y no permite a la autoridad sancionadora tomar en cuenta la capacidad económica del infractor, la gravedad del ilícito y el monto del negocio. Por otra parte, del análisis conjunto de los dos agravios hechos valer en el recurso de revisión se advierte que con el propósito de evidenciar que la resolución recurrida es ilegal, la parte inconforme sostiene, en esencia, los siguientes argumentos fundamentales: a) Que la Juez Federal violó lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, toda vez que declaró inconstitucional el artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, haciendo una indebida interpretación de él. b) Que la referida Juez concedió el amparo al quejoso al considerar que la multa prevista en el artículo 239-B, fracciones II y V, del Código Fiscal de la Federación es violatoria de los artículos 5o., 14, 16 y 22 constitucionales. c) Que deben abandonarse los argumentos de la Juez de Distrito, pues determinó que la multa de que se trata es excesiva, sin tomar en cuenta que la misma está relacionada directamente con los ingresos del funcionario público que no cumpla una sentencia emitida en un juicio de nulidad, en tanto que al establecer que debe ser por el equivalente a treinta días del salario del funcionario atiende a la capacidad económica de él, pues la multa se impone en relación con sus percepciones o ingresos. d) Que, contrario a lo considerado por la Juez Federal, la multa en cuestión no es excesiva, dado que la circunstancia de que en el precepto relativo se fije en treinta días del salario del funcionario incumplido implica que no es ruinosa para la capacidad contributiva de éste, en tanto se impone en relación con el salario que percibe, pues la cantidad líquida que se debe tomar en cuenta es en días de salario y no en cantidad monetaria, por lo que dependiendo de las percepciones que por día tenga el funcionario será el monto de la sanción a aplicar, sin transgredir o solicitar más allá de aquello a lo que el quejoso se ha hecho acreedor, por incurrir en el incumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. e) Que no deben pasarse por alto las particularidades especiales del quejoso, esto es, ha sido reincidente en las conductas omisivas, pues desestima las órdenes establecidas en las diversas resoluciones jurisdiccionales. f) Que otro de los elementos que debe tenerse en cuenta para que una multa no se considere contraria a lo dispuesto en el artículo 22 constitucional es la gravedad de la infracción o de la conducta omisiva del funcionario respecto de un fallo definitivo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y que en el caso la conducta que sanciona el precepto cuya constitucionalidad se cuestiona es la omisión de un servidor público de dar cumplimiento a una sentencia de ese Tribunal Fiscal, en un juicio en el que el servidor público comparece como parte demandada, por lo que al establecerse la multa por treinta días del salario del funcionario se toman en cuenta elementos que denotan la gravedad de la omisión. g) Que la gravedad de la infracción es la misma en todos los casos, pues implica inobservancia a una resolución emitida por un órgano jurisdiccional que declara la nulidad de actos, dentro de un juicio en que fue escuchado el infractor en defensa de sus intereses, lo que daña a la colectividad, pues el incumplimiento de un fallo que declara la nulidad de un acto implica inseguridad jurídica, de tal manera que la gravedad se encuentra valorada en la norma respectiva. h) Que el hecho de que el precepto legal cuestionado establezca una multa de treinta días del salario del funcionario incumplido demuestra que considera de manera especial la gravedad de la infracción, sin que por ello sea necesario que la autoridad la valore en cada caso, dado que se trata de una misma conducta que se pretende evitar y que en todos los casos es grave, de ahí que la multa en cuestión es justa y razonable, contrario a lo considerado por la juzgadora. i) Que cuando una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emita resolución en relación con un recurso de queja por incumplimiento de una sentencia de la propia Sala y determine la omisión total respecto del incumplimiento de dicha sentencia, el precepto legal cuestionado establece la posibilidad de sancionar con la multa relativa, tomando en cuenta que el funcionario responsable cuenta con veinte días para cumplir con la sentencia de nulidad, plazo que es suficiente para cumplir y sólo ante el incumplimiento se actualiza la sanción aplicable al caso particular. j) Que la sentencia impugnada viola, por su inobservancia, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, conforme al cual las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener, entre otras cosas, los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien, para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. k) Que contrario a lo considerado por la Juez Federal el artículo 239-B, fracción III, del Código Fiscal de la Federación no es inconstitucional, pues en el informe que rindió señaló que lo que prevé el citado precepto es que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir resolución respecto de un recurso de queja hecho valer por el incumplimiento de una sentencia firme del propio tribunal y determinar la omisión total del incumplimiento de aquélla, concedan al funcionario responsable veinte días para que proceda a darle cumplimiento y sólo ante el incumplimiento de ese plazo procede aplicar la multa, la cual surge precisamente por la omisión de la autoridad responsable de dar cumplimiento a una sentencia firme. ... Los demás argumentos hechos valer por la parte recurrente son ineficaces para desvirtuar las consideraciones que tuvo en cuenta la Juez de Distrito para declarar que el artículo 239, fracción III, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación contraviene el texto del artículo 22 constitucional, en cuanto a la proscripción de las multas excesivas. A efecto de corroborar tal aserto, es pertinente, en principio, efectuar las siguientes reflexiones jurídicas: El artículo 22 de la Constitución General de la República establece, en su párrafo primero, lo siguiente: ‘Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.’. Como es fácil de advertir, el precepto constitucional transcrito proscribe, entre otras conductas, la imposición de multas excesivas, entendiéndose por tales toda sanción que esté en desproporción con la gravedad de la infracción cometida, con el monto del negocio y con la capacidad económica del particular. Cabe destacar que la única forma de evitar la imposición de sanciones pecuniarias irrazonables o desproporcionadas y, por tanto, excesivas, que contraríen dicha disposición constitucional, es otorgándole a la autoridad pleno arbitrio para valorar la gravedad de la infracción, el monto del negocio y las condiciones que considere justas dentro de un mínimo y un máximo; de ello se sigue que todas aquellas leyes o preceptos que no concedan a la autoridad estas facultades, aunque sea implícitamente, riñen directamente con la garantía consagrada en la citada norma constitucional. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que para que una multa no resulte atentatoria para los derechos y garantías de las personas -o sea, excesiva- se requiere que las multas se ajusten a un criterio protector de proporcionalidad y de equidad, tal como ocurre en las contribuciones. Así es, la multa excesiva encuentra su prohibición no sólo en el artículo 22 de la Constitución General de la República, sino también en el numeral 31, fracción IV, de dicha Ley Suprema, que establece que las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas, de ahí que las normas secundarias, con el fin de respetar el marco constitucional, deben establecer las multas entre factores que oscilen entre un mínimo y un máximo, que permitan a la autoridad facultada para imponerlas determinar su monto, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor. Por otra parte, el Máximo Tribunal del país ha estimado que para que una multa no resulte excesiva y, por tanto, violatoria del artículo 22 constitucional, resulta necesario facultar a la autoridad sancionadora con el objeto de que se encuentre en condiciones de correlacionar dos elementos, a saber: a) Que exista correspondencia entre la cuantía de la multa y las condiciones económicas del infractor y b) Que la sanción pecuniaria tome en cuenta la gravedad de la falta. Por consiguiente, no basta que el ordenamiento ordinario que prevea una multa establezca sólo alguno de los elementos mencionados, ya que de ser así no se daría oportunidad al infractor para demostrar si fue o no su intención causar el daño al incurrir en la conducta prohibida, su mayor o menor capacidad económica, o bien, su grado de responsabilidad en la omisión, constitutiva de la infracción; situación que de no estimarse podría ocasionar la imposición de una multa excesiva. De ahí que si bien importa la gravedad de la lesión, en razón del perjuicio que ocasionó al Estado, también importa el grado de responsabilidad o de intención en la conducta del infractor al producir la conducta que dio origen a la sanción, como la situación económica en que este último se encuentre. Ahora bien, de la acepción gramatical del vocablo ‘excesivo’, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para definir el concepto de multa excesiva contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación con la gravedad de la falta; b) Una multa es excesiva cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable u ordinario; c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos; d) Para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe determinarse su monto o cuantía, tomarse en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y la reincidencia de éste en la comisión del hecho que la motiva; e) La garantía de prohibición de multas excesivas, contenida en el artículo 22 constitucional, se presenta en la práctica casi siempre en relación con la determinación concreta de la sanción administrativa, pero esta prohibición comprende también al legislador; y, f) La multa excesiva puede estar establecida en la ley que emana del Poder Legislativo cuando se señalan sanciones fijas que no dan bases para la autoridad administrativa a individualizar esa sanción, permitiendo a ésta un actuar arbitrario, aunque esté dentro de los límites establecidos en la propia ley. Asimismo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de proporcionar el concepto de multa excesiva, relacionó el artículo 22 constitucional con la fracción IV del artículo 31 del mismo ordenamiento, estableciendo que los conceptos de proporcionalidad y equidad deben regir a las multas tanto fiscales como administrativas, porque en todas ellas se hace imprescindible la necesidad de individualizar la sanción, y consideró que para que una multa no resulte excesiva debe ajustarse a un criterio de proporcionalidad y de equidad, semejante al que se aplica en relación con las contribuciones, por lo que debe facultarse a la autoridad sancionadora con el objeto de que esté en condiciones de correlacionar los dos referidos elementos, es decir: a) Que exista correspondencia entre la cuantía de la multa y las condiciones económicas del infractor y b) Que la sanción pecuniaria tome en cuenta la gravedad de la falta, sin que baste que en el ordenamiento respectivo se establezca sólo uno de esos elementos, pues en tal caso no se daría oportunidad al infractor de desvirtuar la sanción, lo que podría ocasionar la imposición de multas excesivas. Por tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda. Ahora bien, el artículo 239-B, fracción III, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del primero de enero de dos mil uno, que la Sala responsable aplicó en la resolución reclamada en el juicio de amparo para imponer al quejoso una multa por considerar que repitió el acto anulado en la sentencia de fondo dictada en el juicio de nulidad de origen, es del siguiente tenor literal: ‘Artículo 239-B. En los casos de incumplimiento de sentencia firme o sentencia interlocutoria que hubiese otorgado la suspensión definitiva, la parte afectada podrá ocurrir en queja, por una sola vez, ante la Sala del tribunal que dictó la sentencia, de acuerdo con las siguientes reglas: ... III. En caso de que haya repetición de la resolución a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18304-d1bc77d6/multa-el-articulo-239-b-fraccion-iii-segundo-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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