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Modo: Corpus Pro

ISSSTE. PENSIÓN JUBILATORIA. PARA CUANTIFICAR LA CUOTA DIARIA DEBE ATENDERSE A LOS ARTÍCULOS 15 Y 57 DE LA LEY RELATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 178/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18744
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO PRIMERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, , Pág. 578.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 178/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO PRIMERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.

CONSIDERANDO.

TERCERO. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, el recurso de queja 113/2003, interpuesto por Víctor Manuel González Damas, sustentó las consideraciones siguientes:

"TERCERO. La resolución recurrida está apoyada en las siguientes consideraciones: (se transcribe). CUARTO. La parte recurrente expresó los siguientes agravios: (se transcribe). QUINTO. Los agravios antes transcritos son fundados. En esencia la autoridad recurrente señala que el Juez de Distrito valoró indebidamente los dictámenes que se rindieron por el perito de la parte quejosa y por el perito oficial, para con apoyo en esas opiniones establecer que se adeuda al quejoso la cantidad de setecientos veintidós mil quinientos veintiún pesos con ochenta centavos, por concepto de diferencias que se le deben pagar como pensión jubilatoria. Al respecto, es conveniente tomar en consideración que la Quinta Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, en la actualidad Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante sentencia de diecinueve de junio de dos mil, pronunciada en el juicio número 1623/00-11-05-8, declaró la nulidad de la resolución impugnada en ese juicio, en virtud de que para cuantificar la cuota diaria a efecto de determinar la pensión que corresponde al quejoso no se había tomado en consideración la compensación garantizada que por percibirse de manera continua, regular y periódica, formó parte integrante del sueldo normal percibido por el quejoso, lo que en términos del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debía incluirse para calcular la cuota diaria correspondiente para el pago de la pensión jubilatoria, de modo que se declaró la nulidad de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo en cita, para el efecto de que se emitiera otra en la que se incluyera la compensación garantizada. Ahora bien, en la resolución que se recurre, el Juez de Distrito otorgó pleno valor probatorio a los dictámenes rendidos tanto por el perito del quejoso como por el perito oficial, para con base en los mismos concluir que el instituto responsable no ha dado debido cumplimiento a la sentencia de amparo, pues adeuda al peticionario la cantidad de setecientos veintidós mil quinientos veintiún pesos con ochenta centavos, por concepto de diferencias que se le deben pagar como pensión jubilatoria, pues según lo expuesto por el juzgador en forma genérica señala que el dictamen rendido por el perito del quejoso ‘contiene la llamada razón de la ciencia del dicho, esto es, en el dictamen aparece el fundamento de sus conclusiones y, sobre todo, que dicho dictamen se apoyó en documentos públicos que obran en el propio expediente del juicio de garantías y contiene razonamientos y datos que producen convicción, esto significa que el perito explicó las razones que lo condujeron a ellas, razón por la cual se le otorga, en adminiculación con el peritaje de este juzgado, eficacia probatoria’, sin que el juzgador precisara en específico cuáles son todos y cada uno de los elementos a que se refiere y que dice contiene el mencionado dictamen, el que a su juicio merecía plena eficacia probatoria, aunado a que la conclusión del perito de la quejosa era coincidente con la del perito oficial; motivos por los que se confirió plena eficacia probatoria a esos dictámenes para concluir que la autoridad responsable no había dado pleno cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al no haber pagado al quejoso como diferencias de pensión jubilatoria la cantidad determinada por los peritos. En relación con lo anterior se estima que la valoración de los dictámenes periciales es incorrecta, pues como lo manifiesta la recurrente, de esos dictámenes se advierte que para determinar la cantidad adeudada por concepto de pensión jubilatoria, los peritos no tomaron en consideración los límites a que se refieren los artículos 15 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Esto se considera así, pues en la sentencia de diecinueve de junio de dos mil, pronunciada por la Quinta Sala Regional Metropolitana del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio número 1623/00-11-05-8, a la que se hizo referencia con anterioridad, no se estableció que la cuantificación de la cuota diaria para efectos del pago de la pensión que corresponde al quejoso, debiera determinarse sin límite alguno, pues de esa sentencia únicamente se advierte que la Sala Fiscal estimó que la cuota diaria debería cuantificarse con inclusión de la compensación garantizada que en forma permanente y continua percibió el impetrante como parte integral de su salario, para así cumplir con lo que estatuye el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En ese sentido, si en la sentencia de referencia la Sala Fiscal no formuló ninguna consideración en la que se estableciera que resultara procedente cuantificar la cuota diaria para el pago de pensión jubilatoria sin tomar en cuenta limitación legal alguna para tal efecto, por tal motivo no puede conferirse plena eficacia probatoria a los dictámenes periciales, en cuanto determinan que el instituto responsable adeuda al quejoso la cantidad de setecientos veintidós mil quinientos veintiún pesos con ochenta centavos, por concepto de diferencias de pensión jubilatoria, pues de esos peritajes que obran a fojas de la doscientos treinta y seis a la doscientos ochenta y seis y de la doscientos noventa a la doscientos noventa y seis, respectivamente, no se desprende que para cuantificar la referida cantidad, el perito del quejoso ni el perito oficial hayan tomado en cuenta los límites legales que para la asignación de la pensión jubilatoria establecen los artículos 15 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que conforme a lo dispuesto en el quinto párrafo del primero de esos numerales, las cotizaciones deben efectuarse sobre el sueldo básico, hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y que será el propio sueldo básico hasta por la suma cotizable el que se tomará en cuenta para determinar el monto de seguros, pensiones, subsidios y préstamos que otorgue esa ley; mientras que el segundo de los preceptos estatuye que la cuota mínima y máxima de las pensiones, con excepción de las concedidas por riesgo de trabajo serán fijadas por la junta directiva del instituto, sin que la máxima no pueda exceder del cien por ciento del sueldo regulador a que se refiere el artículo 64, aun en el caso de la aplicación de otras leyes, y que la cuota diaria máxima de pensión no podrá exceder de hasta la suma cotizable en los términos del artículo 15 de esta ley. Los numerales de referencia establecen lo siguiente: ‘Artículo 15.’ (se transcribe). ‘Artículo 57.’ (se transcribe). En ese orden de ideas, como lo argumenta la recurrente, los dictámenes periciales que fueron rendidos no pueden tener plena eficacia probatoria para establecer que el instituto responsable adeude al quejoso la cantidad determinada en dichos dictámenes por concepto de diferencias de pensión jubilatoria y, por ende, con base en los mismos no puede determinarse el incumplimiento que se atribuye a la responsable, toda vez que los referidos dictámenes soslayan lo establecido en los numerales transcritos, al no tomar en cuenta los límites que se establecen en los preceptos transcritos para efectos de cuantificar la cuota diaria de la pensión, disposiciones que, como lo refiere la recurrente, no pueden dejar de observarse, al tratarse de la normatividad que rige en el caso, y que no puede dejar de aplicarse en virtud de que las limitantes que se contienen en los preceptos transcritos son de orden público y de observancia general y obligatoria, aunado a que, como se dijo, la Quinta Sala Regional Metropolitana del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sentencia de diecinueve de junio de dos mil, pronunciada en el juicio número 1623/00-11-05-8, no determinó que por alguna razón resultara inaplicable lo dispuesto en los artículos 15 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sino que de la misma se advierte que únicamente se estableció que para el cálculo de la cuota diaria de la pensión debía incluirse la compensación garantizada que en forma permanente percibió el quejoso durante el tiempo en que prestó sus servicios. Así las cosas, el dictamen rendido por el perito del quejoso, al que se le confirió plena eficacia probatoria, entre otras cuestiones, por contener los elementos para crear convicción y en razón de que coincide con la conclusión del perito oficial, no resulta apto para, con base en el mismo, tener por comprobado el adeudo por concepto de diferencias de la pensión jubilatoria a que alude, ya que del mismo se observa que el perito del quejoso señaló en forma expresa que el dictamen se rendía sin que se tomara en consideración ningún tope de pensión, por razón de que en la sentencia de diecinueve de junio de dos mil, emitida por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no se había establecido tope alguno para el cálculo de la pensión, razón por la que el dictamen del perito del quejoso y el rendido por el perito oficial, al ser coincidentes, carecen de valor probatorio para establecer con certeza el monto que se adeuda al quejoso, ya que el hecho de que en la sentencia de la Sala Fiscal, se estableciera que debería procederse al cálculo correcto de la pensión, sin que para ello se hiciera alusión a los límites respectivos, no quiere decir que los mismos deban dejarse de observar, pues ello implicaría desconocer el contenido de los artículos 15 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que estatuyen las limitantes aplicables para el pago de la pensión jubilatoria, disposiciones que no pueden dejar de aplicarse, al tratarse de la norma vigente que es de carácter general y obligatoria, pues de lo contrario, conllevaría a que esas disposiciones quedaran derogadas en relación con el quejoso y que, por tanto, obtuviera una pensión superior a la que se asigna al resto de los individuos que se ubican en la misma hipótesis, ya que se cuantificaría sin considerar los límites que preceptúan los numerales en cita, lo que de ningún modo es correcto, en virtud de que no se ha determinado la inaplicabilidad de esas disposiciones en relación con el quejoso, en atención a que la Sala Fiscal únicamente determinó que la cuota diaria debería calcularse con inclusión de la compensación garantizada y el hecho de que no haya formulado pronunciamiento en relación con los límites en cuestión no conduce a que dejen de observarse o que no le resulten aplicables al quejoso para el cálculo de la pensión. En ese contexto, si para cuantificar la cantidad que supuestamente se adeuda al quejoso, en los dictámenes periciales no se tomaron en cuenta los límites estatuidos en los numerales de referencia, es claro que esos dictámenes, en que se apoya el Juez Federal para determinar el monto del adeudo, no tienen plena eficacia probatoria, por no encontrarse rendidos conforme a las disposiciones de la ley de la materia, en específico las antes mencionadas, mismas que, como lo señala la recurrente, deben observarse en atención a que no se ha establecido su inaplicabilidad en relación con el caso en estudio, ya que como se dijo con antelación la Sala Fiscal no estableció que la cuota diaria de la pensión debiera cuantificarse sin límite alguno, sino que únicamente señaló que tal determinación debería hacerse tomando en cuenta la compensación garantizada que como remuneración continua y permanente percibió el quejoso durante la prestación de sus servicios. Aunado a lo anterior, también es conveniente precisar que contrario a lo que el juzgador de amparo esgrimió para desestimar las objeciones que la ahora recurrente formuló en relación con los dictámenes periciales, y como bien lo señala la autoridad, para poner en evidencia la inexactitud de que adolecen los dictámenes no era necesario que se ofrecieran medios de convicción para robustecer las afirmaciones de la autoridad, en razón de que la objeción propuesta se formuló en el sentido de que a esos dictámenes no debía conferirse valor probatorio alguno, en razón de que para determinar el monto del adeudo no se habían tomado en consideración los límites señalados en los artículos 15 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que ante esa manifestación no era necesario que se ofreciera prueba alguna, pues como afirma la recurrente, las leyes no son objeto de prueba, de modo que ante la objeción formulada el juzgador se encontraba en condiciones de establecer si los dictámenes se encontraban o no rendidos de conformidad con los citados preceptos, lo que puede observarse del contenido de los dictámenes sin que para ello se requiera de conocimientos técnicos específicos, pues con meridiana claridad el juzgador se encontraba en posibilidad de establecer si al realizar los cálculos respectivos, los peritos atendieron los límites a que aluden los precitados numerales. De tal suerte que los dictámenes periciales en los que se apoya el Juez de Distrito no pueden reflejar la cantidad que realmente se le adeuda al quejoso por concepto de las diferencias que resultan de la pensión jubilatoria, al no encontrarse rendidos conforme a las disposiciones legales que regulan ese beneficio y, por consiguiente, no pueden tener el valor probatorio que les fue atribuido. En esas condiciones, lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja, para el efecto de que se deje insubsistente la resolución recurrida y en su lugar se emita otra siguiendo los lineamientos de este fallo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por el subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, interpuesto en contra de la resolución de cinco de septiembre de dos mil tres, emitida por el Juez Quinto de Distrito ‘A’ en Materia Administrativa en el Distrito Federal, al resolver el incidente innominado promovido dentro del juicio de amparo número 1013/2001."

CUARTO. Por su parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el trece de junio de dos mil tres, el recurso de queja 129/2002, sostuvo:

"Por su parte resulta ineficaz lo manifestado por la autoridad responsable y recurrente del recurso de queja de que se trata, en el sentido de que los peritajes que se rindieron por las partes no cumplen con los topes salariales que establecen los artículos 15 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En efecto, el agravio a estudio resulta ineficaz ya que ninguna de las resoluciones emitidas por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa -esto es, ni la dictada el veintinueve de febrero de dos mil que puso fin al juicio de nulidad 8845/99-11-03-7, ni la que resolvió la queja el primero de marzo de dos mil uno- ordenaron tomar en cuenta los topes salariales que se establecen en los artículos 15 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Esto es así, ya que en la sentencia de nulidad señalada en el párrafo que antecede, la Sala Fiscal señaló que el efecto que debía cumplirse era el que ajustara la cuota de pensión concedida a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y uno, en el cargo que desempeñaba el demandante al momento en que causó baja, considerando los incrementos correspondientes en términos del artículo 57 de la ley multicitada. Asimismo, en la diversa resolución que resolvió la queja en el expediente de nulidad que nos ocupa, el primero de marzo de dos mil, se dispuso que se concedían veinte días a la demandada para que diera cumplimiento debido a la sentencia de nulidad, emitiendo una nueva resolución en donde se acreditara el desglose de las diferencias que se hubieran generado a favor del actor, tal como lo ordenaba la sentencia definitiva dictada en el expediente. Bajo estas consideraciones y al ser claro que la sentencia fiscal que originó la queja que nos ocupa, no dispuso que se tomaran en cuenta los topes de cotización que se refieren en el agravio de cuenta, entonces procede desatender el mismo por ineficaz que resulta, toda vez que no tiene sustento en la sentencia que se menciona. Por otra parte, y en relación con las cuestiones relativas al dictamen del perito oficial, resulta ineficaz el agravio de la quejosa, ya que el Juez del conocimiento al momento de señalar el sustento de su fallo, sostuvo, entre otras cosas, que el dictamen pericial rendido por el perito oficial se ajustó a todas y cada una de las preguntas que se le formularon, así como a los incrementos que señala el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, antes y después de su reforma, detallando y explicando el procedimiento que se utilizó para la obtención de la aludida cuota de pensión diaria, indicándose los documentos que sirvieron de sustento para ello. Por tanto, lo afirmado por la responsable al señalar que al momento de dictaminar sobre la cantidad de dinero que se le debe pagar al quejoso en el juicio de amparo de donde deriva la queja que se resuelve no se tomó en cuenta el tope salarial previsto en el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado resulta infundado, además de que, como quedó demostrado en los párrafos precedentes, el Juez del conocimiento tomó como sustento de su resolución el peritaje que se ajustaba más a los cuestionarios formulados, el que sustentó su dictamen en documentos, tanto públicos como privados e, incluso, atendió a las reformas que sufrió el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; esto es, antes de la reforma de mil novecientos noventa y tres, en la que se toma en consideración el aumento de la pensión de conformidad con los aumentos que sufran los trabajadores en activo, mientras que, después de la reforma del citado año, la manera en como se actualizaban las pensiones es de conformidad con el aumento que sufra el salario mínimo."

QUINTO. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el dos de septiembre de dos mil cuatro, el recurso de queja 56/2004-429, sustentó las consideraciones siguientes:

"TERCERO. El recurso es procedente en términos de lo que establece el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en virtud de que se interpone en contra de un acuerdo dictado después de fallado el juicio por una Juez de Distrito que no admite expresamente el recurso de revisión y debido a que la violación alegada no puede ser reparada por la propia juzgadora de amparo o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. CUARTO. El auto recurrido es del tenor literal siguiente: (se transcribe). QUINTO. La recurrente expresó los siguientes agravios: (se transcribe). SEXTO. Antes de proceder al análisis de los agravios expresados por la recurrente, se considera pertinente realizar una relación de los antecedentes del acuerdo recurrido. 1. A partir del dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, otorgó a la quejosa una pensión por jubilación al haber cotizado treinta y dos años y seis meses de servicio. 2. Por escrito de uno de marzo de dos mil, la quejosa solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la modificación de su cuota diaria de pensión. 3. Mediante escrito de veintinueve de mayo de dos mil, la hoy quejosa demandó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la nulidad del oficio SGPESC/00484, de cuatro de abril de dos mil, por el que el subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, declaró improcedente la modificación de la cuota diaria de pensión asignada. 4. De dicha demanda correspondió conocer a la Cuarta Sala Regional Metropolitana, la que por sentencia de dos de enero de dos mil uno, dictada en los autos del expediente 8041/00-11-04-2, resolvió lo siguiente: (se transcribe). 5. Inconforme con dicha determinación, el subdirector de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica y de Relaciones Laborales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, interpuso recurso de revisión fiscal del que correspondió conocer a este Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que por ejecutoria de dieciséis de abril de dos mil uno, desechó por improcedente ese medio de defensa interpuesto. 6. Ante la omisión por parte de las autoridades, entonces demandadas, de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad antes precisada, la hoy quejosa interpuso demanda de amparo de la que correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, siendo su titular la que por sentencia de veintiséis de agosto de dos mil dos, sobreseyó en parte y en otra concedió el amparo solicitado. La parte medular de dicha sentencia de amparo es del tenor siguiente: (se transcribe). 7. Por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil dos, la Juez de Distrito determinó que dicha sentencia había causado ejecutoria, requiriendo su cumplimiento mediante diverso acuerdo de dos de octubre de dos mil dos. 8. Por acuerdo de ocho de abril de dos mil tres, la Juez de Distrito admitió la tramitación del incidente innominado propuesto por la parte quejosa a efecto de determinar correctamente el monto de los incrementos que debe percibir desde que se jubiló, así como las diferencias generadas a su favor. En ese mismo proveído se requirió a la quejosa para que formulara su plantilla de liquidación. 9. Por acuerdo de veintiocho de abril de dos mil tres, la Juez de Distrito tuvo por recibida la plantilla de liquidación de la parte quejosa y requirió a la autoridad responsable el ofrecimiento de su plantilla respectiva. 10. Mediante proveído de cuatro de junio de dos mil tres, la Juez del conocimiento tuvo por recibida la plantilla de liquidación de la autoridad responsable y al considerar que no existía concordancia entre lo expresado por la quejosa y la autoridad responsable, abrió el periodo probatorio a fin de que las partes exhibieran las pruebas correspondientes. 11. La autoridad responsable ofreció una prueba pericial contable designando perito de su parte. Ante ese ofrecimiento la parte quejosa nombró perito; esto trajo como consecuencia que la Juez de Distrito solicitara al director general de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, la designación de un perito oficial. 12. Ofrecidas las pruebas documentales pertinentes, emitidos y ratificados los dictámenes correspondientes, en especial el del perito oficial, la Juez de Distrito dictó el acuerdo ahora recurrido en el que como quedó transcrito en el considerando respectivo de la presente ejecutoria, la Juez de Distrito requirió al perito oficial para que precisara ciertas cuestiones en relación con el peritaje que rindió. Ahora bien, en su primer agravio, la recurrente señala que el acuerdo recurrido viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, ya que la Juez Federal pretende controvertir lo que previamente fue materia de un juicio de nulidad y, por ende, modificar a su más entera satisfacción el dictamen pericial emitido por el perito oficial. Indica que la Juez de Distrito pretende reducir la percepción anual a un denominado tope de aportación, lo cual resulta ilegal ya que en la sentencia definitiva de dos de enero de dos mil uno, pronunciada por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en ninguna de sus partes se hizo referencia textual a que deba considerarse tal tope de aportación, sino lo que se ordenó a las responsables fue el que para efectos de calcular la cuota pensionaria, se debía tomar en consideración el total del sueldo promedio pagado en el último año laborado. Añade que la Juez de Distrito se excede en sus funciones como órgano constitucional ya que en la sentencia de amparo se indica que las autoridades responsables están obligadas a tomar en consideración para efectos de determinar la cuota diaria de pensión, los bonos de actuación y compensaciones por trabajo desarrollado y, por otro lado, en el acuerdo recurrido, se hace referencia a que deben considerarse los topes de aportación, existiendo por ello contradicción entre uno y otro pronunciamiento, y el hecho de que en la sentencia fiscal no se haya emitido pronunciamiento respecto del supuesto tope de aportación, ello es defecto imputable a las autoridades responsables ya que tuvieron a su alcance los recursos que la ley prevé, por lo que no es justificable el que se trate de subsanar lo que por ley en su momento debieron agotar. En su segundo agravio señala: que la Juez en ningún momento valoró conforme a derecho lo que propiamente existe acreditado en autos, ya que sin motivo ni fundamento legal alguno requiere al perito oficial para que modifique lo ya dictaminado, es decir, lo coacciona a que rinda un dictamen pericial a su preferencia. Dada la relación que existe entre los argumentos que han quedado resumidos con anterioridad, este tribunal procede a su análisis conjunto en términos de lo que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Se considera fundado lo argumentado por la recurrente en cuanto a que el acuerdo recurrido resulta ilegal porque pretende modificar lo que previamente fue materia del juicio de nulidad y de la sentencia definitiva de dos de enero de dos mil uno, pronunciada por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. A efecto de corroborar lo anterior, debe tenerse presente que el antecedente esencial de lo reclamado en amparo lo constituye la sentencia firme de dos de enero de dos mil uno, dictada por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se determinó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debía ajustar la pensión de la entonces actora, tomando en cuenta los conceptos de bonos de actuación y compensación por trabajo desarrollado. Debido a que la autoridad demandada no daba cumplimiento a la sentencia de nulidad, la hoy recurrente promovió demanda de amparo la cual fue resuelta por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, mediante sentencia de veintiséis de agosto de dos mil dos. En dicha sentencia, la Juez de Distrito concluyó que procedía conceder el amparo a la quejosa para el efecto de que ‘como lo señala la Sala Fiscal en dicha resolución’, la autoridad responsable diera cumplimiento a la sentencia de nulidad en la que determinara la cuota diaria de pensión, conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tomando en cuenta el total del sueldo promedio pagado durante el último año laborado. Acorde con lo anterior, le asiste la razón a la recurrente al señalar que en el acuerdo recurrido se pretende reducir su percepción por concepto de pensión, ajustándola a un llamado tope de aportación. Ello es así, pues como se advierte de las transcripciones efectuadas al inicio del presente considerando, en la sentencia de dos de enero de dos mil uno, dictada por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y en la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil dos, emitida por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, no se expresó nada en relación con un supuesto tope de cotización; circunstancia que evidentemente implica el que en virtud del acuerdo recurrido se pretenda modificar algo que ya fue juzgado y declarado firme. Del mismo modo resulta fundado lo expresado por la recurrente en cuanto a que si en dicha sentencia fiscal no se hizo pronunciamiento alguno respecto al denominado tope de aportación, ello es defecto imputable a las autoridades responsables ya que tuvieron a su alcance los propios recursos que la ley prevé y al no haber acudido a ellos, de ninguna manera es justificable que la Juez de Distrito trate de subsanar lo que por ley en su momento debieron agotar las responsables. En efecto, de considerar correcto lo resuelto en el acuerdo recurrido implicaría en primer término, modificar los términos en que fue dictada una sentencia fiscal firme, en segundo, suplir la deficiencia por parte de las responsables no obstante que tanto en el juicio de nulidad como en el de garantías, tuvieron oportunidad de integrar como parte de la litis ese tope de pensión, y en tercero, limitar el beneficio del que fue objeto la hoy rec

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18744-c970e8cb/issste-pension-jubilatoria-para-cuantificar-la-cuota-diaria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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