VALOR AGREGADO TRASLADADO CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA LLEVAR A CABO EL DESPACHO ADUANERO. PUEDE ACREDITARSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 149/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número 1744/2001, el catorce de noviembre de dos mil uno, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. El concepto de violación hecho valer es esencialmente fundado. Para una mayor comprensión del asunto, se hace una relación de diversos hechos acreditados en autos. 1) Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil ante la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes, Enrique Ponce Núñez, en representación de Hewlett Packard de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó la confirmación del criterio relativo a que es posible acreditar, en términos del artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el impuesto trasladado a los importadores por la prestación de los servicios de procesamiento electrónica de datos y servicios relacionados al despacho aduanero. 2) Mediante oficio 330-SAT-IV-A-3353/2000, de catorce de junio de dos mil, el administrador Central Jurídico de Grandes Contribuyentes, en suplencia del administrador general de Grandes Contribuyentes, contestó dicha solicitud en los términos que, en la parte que interesa, dicen: (se transcribe). 3) Inconforme con esa determinación, la empresa mencionada interpuso juicio de nulidad en el que se dictó la resolución ahora reclamada. Ahora bien, el artículo 16 de la Ley Aduanera, en lo conducente, establece: ‘La secretaría podrá autorizar a los particulares para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, necesarios para llevar a cabo el despacho aduanero; así como para las demás operaciones que la propia secretaría decida autorizar, inclusive las relacionadas con otras contribuciones, ya sea que se causen con motivo de los trámites aduaneros o por cualquier otra causa. Los particulares que deseen obtener la autorización a que se refiere este artículo deberán cumplir con los siguientes requisitos: ... La secretaría determinará las cantidades que como contraprestación pagarán las personas que realicen las operaciones aduaneras a quienes presten estos servicios. Este pago, incluyendo el impuesto al valor agregado trasladado con motivo de la contraprestación, se acreditará contra el monto de los derechos de trámite aduanero a que se refieren los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Derechos y no podrá ser superior a los mencionados derechos, salvo en el caso de las contraprestaciones que se paguen con motivo del segundo reconocimiento. El acreditamiento a que se refiere este párrafo en ningún caso dará lugar a un saldo a favor acreditable contra otras operaciones, ni a devolución. Los derechos y las contraprestaciones a que se refiere el párrafo anterior se enterarán conjuntamente ante las oficinas autorizadas. La secretaría determinará mediante reglas el por ciento que del total corresponde a los derechos, a los particulares y el impuesto al valor agregado trasladado con motivo de la contraprestación.’. El artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos de mil novecientos noventa y nueve, dice: ‘Artículo 1o. Los derechos que establece esta ley se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por recibir servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados, los órganos desconcentrados y en este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encontraban previstas en esta ley. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Los derechos por la prestación de servicios que establece esta ley deberán estar relacionados con el costo total del servicio, incluso el financiero, salvo en el caso de que dichos cobros tengan un carácter racionalizador del servicio. Cuando se concesione o autorice que la prestación de un servicio que grava esta ley, se proporcione total o parcialmente por los particulares, deberá disminuirse el cobro del derecho que se establece por el mismo en la proporción que represente el servicio concesionado o prestado por un particular respecto del servicio total ...’. Los artículos 49 y 50 de la citada Ley Federal de Derechos establecen el pago del derecho de trámite aduanero por las operaciones aduaneras y el adicional, conforme a las bases que precisan. Por su parte, el artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece: ‘Artículo 4o. El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta ley, la tasa que corresponda según sea el caso. Se entiende por impuesto acreditable un monto equivalente al del impuesto al valor agregado que hubiera sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, en el mes o en el ejercicio al que corresponda. Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos: I. Que corresponda a bienes o servicios estrictamente indispensables para la realización de actos distintos de la importación, por los que se deba pagar el impuesto establecido en esta ley o a los que se les aplique la tasa del 0%. Para los efectos de esta ley, se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto. Tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para fines del impuesto sobre la renta, únicamente será acreditable el impuesto trasladado en la proporción en que dichas erogaciones sean deducibles para fines del citado impuesto sobre la renta. El impuesto trasladado al contribuyente correspondiente a los gastos efectuados con motivo de la importación, se podrá acreditar en la proporción en que sea acreditable el impuesto pagado en esa importación. Tratándose de inversiones o gastos en periodos preoperativos, se podrá estimar el destino de los mismos y acreditar el impuesto que corresponda a las actividades por las que se vaya a estar obligado al pago del impuesto. Si de dicha estimación resulta diferencia de impuesto por error en el cálculo de gastos o inversiones, que no exceda del 10% del impuesto pagado, no se cobrarán recargos, siempre que el pago se efectúe espontáneamente. Cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor agregado o cuando sea aplicable la tasa del 0% sólo por una parte de los actos o actividades, únicamente se acreditará el impuesto correspondiente a dicha parte. Dicho acreditamiento se determinará aplicando al total del impuesto acreditable conforme esta ley, el porcentaje que el valor de los actos o actividades por los que sí deba pagarse el impuesto o se aplique la tasa del 0% represente en el valor total de los que el contribuyente realice en su ejercicio. Tratándose de la exportación, el contribuyente podrá acreditar exclusivamente el impuesto identificado con dicho acto o actividad. En su caso, el acreditamiento del impuesto que corresponda a sus demás actos o actividades estará a lo dispuesto en el párrafo anterior, sin considerar el valor que corresponda a las exportaciones en la determinación del porcentaje. Tratándose del impuesto que se hubiese trasladado al contribuyente en la enajenación de bienes cuyo destino sea el otorgarlos, directa o indirectamente, para el uso o goce temporal de personas que realicen preponderantemente actividades exentas del pago del impuesto en los términos de la presente ley, dicho impuesto será acreditable en la proporción que represente cada una de las contraprestaciones que se reciban por el otorgamiento del uso o goce, respecto del valor de los bienes otorgados en uso o goce, a que se refiere el artículo 12 de esta ley, hasta agotar dicho acreditamiento. II. Que haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes a que se refiere la fracción III del artículo 32 de esta ley. III. Que hayan sido efectivamente erogados los pagos por la adquisición de bienes o servicios de que se trate, en los términos de los artículos 24, fracción IX, y 136, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando el impuesto haya sido trasladado por contribuyentes sujetos a los regímenes establecidos en el título II-A o en las secciones II y III del capítulo VI del título IV de la citada ley. IV. Que, tratándose del impuesto trasladado que se hubiese retenido conforme al artículo 1o. A, dicha retención se entere en los términos y plazos establecidos en esta ley. El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes de este impuesto y no podrá ser transmitido por acto entre vivos, excepto tratándose de fusión. En el caso de escisión de sociedades el acreditamiento del impuesto pendiente de acreditar a la fecha de la escisión sólo lo podrá efectuar la sociedad existente. Cuando esta última desaparezca, se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 14-A del Código Fiscal de la Federación. Para acreditar el impuesto al valor agregado en la importación de bienes tangibles, cuando se hubiera pagado la tasa del 10%, el contribuyente deberá poder comprobar que los bienes fueron utilizados o enajenados en la región fronteriza.’. La regla 3.2.6. de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior para mil novecientos noventa y nueve, publicada el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, en el Diario Oficial de la Federación, precisa: ‘3.2.6. Para efectos del artículo 16 último párrafo de la ley, los derechos y las contraprestaciones a que el mismo se refiere se pagarán en las instituciones de crédito autorizadas. Los contribuyentes deberán considerar el pago efectuado en los siguientes términos: A. Se considerará el 74% como pago por la contraprestación de servicios de procesamiento electrónico de datos y el 11.10% como IVA correspondiente a dichos servicios. B. Se considerarán como pago efectuado por la prestación de los servicios de apoyo y control del despacho aduanero relativos al segundo reconocimiento a las empresas autorizadas y como IVA trasladado por dichos servicios, las cantidades señaladas en el anexo 3 de esta resolución. Una vez considerados los pagos por los conceptos a que se refieren los rubros anteriores, el saldo se considerará como pago por concepto del DTA previsto en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Derechos.’. De lo anterior se advierte que, como lo sostiene la parte quejosa, el pago de los servicios y el impuesto al valor agregado son independientes del derecho de trámite aduanero, por lo que no puede tener la característica de derecho, ya que incluso las disposiciones de la Ley Aduanera, de la Ley Federal de Derechos y de la regla invocadas, determinan expresamente que el pago de la contraprestación por el servicio prestado y del impuesto al valor agregado son independientes al derecho de trámite aduanero, máxime que éste tiene características especiales. En efecto, el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, establece: ‘Artículo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera: I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo. II. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. IV. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que hace mención la fracción II, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este código son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. Siempre que en este código se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1o.’. El precepto transcrito prevé que las contribuciones del Estado se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. El Código Fiscal de la Federación, en el artículo 2o. transcrito con antelación, define a los derechos como los ingresos financieros que obtiene el Estado por cualquiera de los siguientes supuestos: a) Los derivados del uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. b) Por los servicios que presta en sus funciones de derecho público, siempre que no se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados. c) Por contribuciones a cargo de organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los ha definido en la jurisprudencia P./J. 41/96, que puede consultarse en la página diecisiete del Tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: ‘DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA.’ (se transcribe). Las características de los derechos son las siguientes: a) Al igual que los impuestos, deben estar previstos en la ley y ser proporcionales y equitativos. b) El derecho se origina por la actividad estatal concreta y singular que despliega el Estado, ordinariamente provocada por un sujeto denominado destinatario o usuario. c) El pago tiene su origen en el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación o por la recepción de los servicios públicos que señale la ley. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en cuanto al vocablo concesión, señala: ‘Otorgamiento gubernativo a favor de particulares o de empresas, bien sea para apropiaciones, disfrutes o aprovechamientos privados en el dominio público, según acontece en minas, aguas o montes, bien para construir o explotar obras públicas, o bien para ordenar, sustentar o aprovechar servicios de la administración general o local.’. La doctrina mexicana, al respecto, coincide en que la concesión es el acto administrativo por medio del cual la administración pública federal confiere a una persona una condición o poder jurídico para ejercer ciertas prerrogativas públicas con determinadas obligaciones y derechos para la explotación de un servicio público, de bienes del Estado o los privilegios exclusivos que comprenden la propiedad industrial. La concesión es una decisión de la administración pública regida por la ley y se compone de tres elementos: a) El acto reglamentario a través del cual se fijan las normas a que ha de sujetarse la organización y funcionamiento del servicio, pudiendo la administración variarlo en cualquier tiempo. b) El acto a través del cual se condiciona la atribución al concesionario para gozar de ciertas franquicias fiscales. c) El contrato a través del cual se protegen los intereses legítimos del particular concesionario creando a su favor una situación jurídica individual que no puede ser modificada unilateralmente por la administración. El concesionario de un servicio tiene relación con la administración concedente y con el público que se aprovecha de la prestación del servicio. Por tanto, como de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Aduanera se advierte que el servicio de procesamiento electrónico de datos no se presta directamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino por los particulares mediante el pago de una contraprestación, resulta que no tiene la característica que distinga a los derechos, los que se constituyen por los ingresos por los servicios que el Estado presta directamente y, en cuanto al impuesto al valor agregado, no puede cambiar su naturaleza a la de un derecho, máxime que no reúne los requisitos que distingan la naturaleza de éste ... De la misma forma asiste razón a la quejosa en cuanto a que el acreditamiento a que alude el artículo 16 de la Ley Aduanera sólo es para efectos del derecho de trámite aduanero, pues en la parte conducente de dicho precepto se establece: ‘Este pago, incluyendo el impuesto al valor agregado, se acreditará contra el monto de los derechos de trámite aduanero a que se refieren los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Derechos y no podrá ser superior a los mencionados derechos, salvo en el caso de las contraprestaciones que se paguen con motivo del segundo reconocimiento.’, de lo que deriva que dicho acreditamiento es sólo para efectos de precisar el derecho de trámite aduanero respectivo, lo que resulta lógico, pues si conforme a las disposiciones aplicables, en el caso de prestación de servicios concesionados a particulares para el procesamiento electrónico de datos, debe distinguirse el pago de la contraprestación y el impuesto al valor agregado, para efectos de establecer el monto de dichos derechos, ese acreditamiento es para el efecto de establecer con claridad este último concepto, máxime que el artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos consigna que el cobro del derecho en la proporción que represente el servicio concesionado o prestado por un particular respecto del servicio total, y tanto el artículo 16 ya invocado como la regla miscelánea de comercio exterior distinguen el pago de la prestación del servicio, el impuesto al valor agregado y el derecho a cubrir, de tal forma que lo sostenido por la Sala Fiscal en el sentido de que el acreditamiento no comparte la naturaleza de la disminución prevista por el artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos, dado que esa disminución se refiere, específicamente, a la contraprestación que debe cubrirse a los particulares consumidores, y no al impuesto al valor agregado, máxime que no se razona y motiva debidamente esa afirmación. Por otro lado, como lo sostiene la quejosa, la naturaleza del acreditamiento que se establece en el artículo 16 de la Ley Aduanera y del que corresponde a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es diferente, ya que el primero se constituye respecto del derecho de trámite aduanero y el segundo en relación con el propio impuesto al valor agregado, porque aquél se configura por la necesidad de establecer el monto del derecho respectivo, como ya se precisó con anterioridad y, el segundo, en relación con el impuesto al valor agregado trasladado y que se tiene que cubrir en términos del artículo 1o. de la propia Ley del Impuesto al Valor Agregado; esto es, uno se relaciona con la determinación de un derecho y el otro con la de un impuesto, cuya naturaleza y razones de establecimiento son diferentes, lo que directamente no puede llevar a considerar que exista un doble acreditamiento, pues éste no se da respecto de la misma contribución ni el previsto en el artículo 16 de la Ley Aduanera regula al mismo concepto de acreditamiento contra el impuesto al valor agregado. No es óbice a lo anterior el que este precepto establezca que el acreditamiento a que se refiere en ningún caso dará lugar a un saldo a favor acreditable contra otras operaciones ni a devolución, pues dicho precepto se refiere a otras operaciones y no a otros impuestos, ello con independencia de que, como ya se estableció, el acreditamiento a que se alude sólo se determina en relación con el derecho de trámite aduanero que debe cubrirse y no en cuanto al impuesto al valor agregado. Por lo anterior, al establecerse dos situaciones de acreditamiento diferentes, para contribuciones diversas, esto es, un derecho y un impuesto no puede estimarse que se esté en presencia de un doble acreditamiento que impida aplicar lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Al no haberlo considerado así la responsable, debe concluirse que violó en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales en cuanto a las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, lo que impone otorgar el amparo solicitado para el efecto de que la Sala Fiscal deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria."
CUARTO. Por su parte, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 69/2002 el veintiocho de junio de dos mil dos, sostuvo en lo que interesa lo siguiente:
RF. 69/2002.
"QUINTO. La Sala consideró fundados los argumentos de la empresa demandante y suficientes para declarar la nulidad del oficio, pues estableció que el impuesto al valor agregado, en su naturaleza de impuesto específico, debía regularse por la ley específica de la materia, esto es, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y, en su caso, la diversa contribución de que se trata, que es un derecho, para su aplicación habría que acudir a la Ley Federal de Derechos, razón por la cual resultaba equivocado que la autoridad fiscal pretendiera dar un trato igualitario a contribuciones de naturaleza distinta, pues para su aplicación cada una de ellas contaba con una regulación especial contenida en la ley especial de cada contribución, por lo que no era dable a esa autoridad fiscal señalar que la contribuyente pretendía un doble acreditamiento, debido a la total independencia de la figura de las operaciones de comercio exterior que regula la Ley Aduanera que remite a las reglas de carácter general, que son lineamientos con base en los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determina los porcentajes de cada contribución aplicables a los procedimientos que marca la ley de la materia, lo que evidenciaba que no se podía estar por encima de la ley, por lo que el tratamiento que se debía dar al concepto de derechos tanto en la Ley Aduanera como en las reglas generales no podía subsumirse o suplir el tratamiento que debía recibir el impuesto al valor agregado a que se refiere la empresa, ya que para ello debía atenderse a lo dispuesto por el artículo 4o. de su ley. En contra de esas consideraciones, expresa la autoridad recurrente, que procede revocar la sentencia dictada por la Sala Fiscal el veintiocho de junio del dos mil uno, porque viola en su perjuicio el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, pues atendiendo a lo dispuesto por este precepto la a quo (sic) al emitir su sentencia viola lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 16 de la Ley Aduanera y la regla 3.2.6. de la Resolución Miscelánea Fiscal de Comercio Exterior, todos ellos por indebida interpretación y aplicación; sostiene que la litis se limitó a determinar si el impuesto al valor agregado que es trasladado a la sociedad a la que le fue prestado el servicio, consistente en el procesamiento electrónico de datos y servicios, es acreditable de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 16 de la Ley Aduanera, artículo que en lo conducente dispone: ‘La secretaría determinará las cantidades que como contraprestación pagarán las personas que realicen las operaciones aduaneras a quienes presten estos servicios. Este pago, incluyendo el impuesto al valor agregado trasladado con motivo de la contraprestación, se acreditará contra el monto de los derechos de trámite aduanero a que se refieren los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Derechos y no podrá ser superior a los mencionados derechos, salvo en el caso de las contraprestaciones que se paguen con motivo del segundo reconocimiento. El acreditamiento a que se refiere este párrafo en ningún caso dará lugar a un saldo a favor acreditable contra otras operaciones, ni a devolución.’. Del artículo antes transcrito se advierte que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que fija las cantidades que deberán pagar los importadores al particular autorizado que presta los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, como contraprestación por las operaciones aduaneras que efectúen, contraprestación que tiene la naturaleza de un derecho. Asimismo, la autoridad al momento de resolver la consulta planteada por la contribuyente manifestó que al fijar los montos por concepto de las contraprestaciones a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo hace incluyendo el impuesto al valor agregado derivado de la prestación del servicio. Es de observarse que expresamente el artículo 16, párrafo tercero, de la Ley Aduanera señala que el monto de la contraprestación y el impuesto al valor agregado que se traslada a quien recibe el servicio, se acreditará contra el monto de los derechos de trámite aduanero previstos en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Derechos, según corresponda. Sigue diciendo la autoridad recurrente, como ese Tribunal Colegiado podrá advertir, dichos preceptos legales establecen las tasas o cuotas que deberán aplicar todas aquellas personas que utilicen los servicios de procesamiento electrónico de datos en dependencia al tipo de mercancía que se pretenda importar así como del régimen de importación que se efectúe. En este orden de ideas, una vez determinado por parte de los contribuyentes el derecho de trámite aduanero (DTA) que les corresponde pagar con base en lo dispuesto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Derechos, aplicarán lo dispuesto por el antepenúltimo párrafo del artículo 16 de la Ley Aduanera, es decir, acreditarán en contra del DTA el monto que la propia secretaría determine como contraprestación que deberán pagar a las personas que hayan sido autorizadas para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos, adicionado con el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado, siendo así que el resultado de este acreditamiento, siempre que sea negativo, será el importe que por derechos de procesamiento electrónico de datos deberá pagar el importador. Es decir, el procedimiento de acreditamiento que señala el artículo en estudio de manera ilustrativa y que pasó por alto la Sala Fiscal, es el siguiente: Derecho de trámite aduanero (artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Derechos) menos contraprestación fijada por la secretaría (+) impuesto al valor agregado igual al derecho de trámite aduanero a pagar; argumentación de la que hizo la Sala una indebida interpretación, pues las contraprestaciones que fija la Secretaría de Hacienda por los servicios indicados tienen el carácter de derechos; por tanto, al pretender acreditar el impuesto al valor agregado que le fue trasladado a la empresa actora significaría que obtendría un doble beneficio pues, como quedó dicho, ese impuesto ya fue trasladado sumándolo a la contraprestación que por derechos fijó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Que al resolver la consulta que se le formuló, reitera la autoridad que en los montos que se fijan como contraprestación incluye el impuesto al valor agregado, lo que expresamente dispone el artículo 16 que se cita, y hecha esta operación se obtiene el derecho por concepto de trámite aduanero a pagar. En la foja 125 y siguientes, se transcribe la regla 3.2.6. vigente a partir de mil novecientos noventa y ocho, que es del siguiente tenor: ‘3.2.6. Para efectos del artículo 16, último párrafo de la ley, los derechos y las contraprestaciones a que se refiere se pagarán en las instituciones de crédito autorizadas. Los contribuyentes deberán considerar el pago efectuado en los siguientes términos: A. Se considerará el 50% como pago por la contraprestación de servicios de procesamiento electrónico de datos y el 7.5% como IVA correspondiente a dichos servicios. B. Se considerará como pago efectuado por la prestación de los servicios de apoyo y control de despacho aduanero relativos al segundo reconocimiento a las empresas autorizadas y como IVA trasladado por dichos servicios, las cantidades señaladas en el Anexo 3 de esta resolución. Una vez considerados los pagos por los conceptos a que se refieren los rubros anteriores, el saldo se considerará como pago por concepto del DTA previsto en la LFD’; en tanto que esa misma regla vigente en mil novecientos noventa y nueve quedó prevista en los siguientes términos: ‘Para efectos del artículo 16 último párrafo de la ley, los derechos y las contraprestaciones a que se refiere se pagarán en las instituciones de crédito autorizadas. Los contribuyentes deberán considerar el pago efectuado en los siguientes términos: A. Se considerará el 74% como pago por la contraprestación de servicios de procesamiento electrónico de datos y el 11.10 como IVA correspondiente a dichos servicios. B. Se considerará como
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18306-d96f1380/valor-agregado-trasladado-con-motivo-de-los-servicios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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