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Modo: Corpus Pro

RENTA. NO SON DEDUCIBLES LOS INTERESES DERIVADOS DE LA INVERSIÓN O REINVERSIÓN DE LOS FONDOS DESTINADOS A LA CREACIÓN O INCREMENTO DE RESERVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O JUBILACIONES DEL PERSONAL, COMPLEMENTARIAS DE LAS QUE ESTABLECE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2003-SS. · Registro digital (IUS): 17759
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO, OCTAVO Y DÉCIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, , Pág. 918.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO, OCTAVO Y DÉCIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS.

CONSIDERANDO:

TERCERO. La ejecutoria emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el diecisiete de agosto de dos mil, al resolver la revisión fiscal RF. 1168/2000 interpuesta por el secretario de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades, tiene los antecedentes siguientes:

a) Panificadora Bimbo, S.A. de C.V. y otras empresas, cuentan con una reserva para fondo de pensiones para sus trabajadores y empleados; los recursos que conforman dicho fondo se encuentran afectos a un fideicomiso constituido con Banco Nacional de México, en el cual cada una de las empresas respectivas tiene el carácter de fideicomitente.

El fondo de mérito se constituyó con una aportación inicial y se incrementa con las aportaciones que hagan los fideicomitentes así como de los incrementos que generen las inversiones del propio fondo.

b) El quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho los fideicomitentes presentaron ante la Administración General Jurídica de Ingresos del Servicio de Administración Tributaria, escrito de consulta por el cual solicitaron la confirmación del criterio en el sentido de que todos los incrementos a la reserva del fondo de pensiones de su personal, derivado tanto de las aportaciones de los propios fideicomitentes como de los intereses, dividendos y ganancias de capital que se obtengan con las inversiones del fondo relativo son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta.

c) A la solicitud de mérito recayó la resolución de dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, contenida en el oficio 325-SAT-VII-B-373, emitido por la Administración Especial Jurídica de Ingresos del Servicio de Administración Tributaria; en la resolución indicada se determinó que en virtud de que los rendimientos por concepto de intereses, dividendos y ganancias de capital que se obtengan de la inversión del fondo de pensiones no son aportaciones efectuadas por el contribuyente sino accesorios del fondo constituido, no son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta.

d) En contra de la resolución de referencia se promovió el juicio de nulidad 6944/99-II-02-4, el cual fue resuelto por sentencia de treinta y uno de enero de dos mil dos, por medio de la que se declaró la nulidad de la resolución de mérito para el efecto de que se emita una nueva en la cual se confirme el criterio de las actoras (fideicomitentes) en los términos solicitados en su escrito presentado el quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

e) Inconforme con el anterior fallo el administrador general de Grandes Contribuyentes, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y de las autoridades demandadas, el titular del Servicio de Administración Tributaria y el administrador especial de Ingresos, interpusieron recurso de revisión, el cual fue registrado bajo el toca RF. 1168/2000 y resuelto por ejecutoria de diecisiete de agosto de dos mil, cuyos puntos resolutivos son:

"PRIMERO. Es procedente pero infundado el presente recurso de revisión. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida dictada el treinta y uno de enero del año dos mil, por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, en el juicio de nulidad número 6944/99-II-02-4, en la cual se declaró la nulidad de la resolución dictada el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, por la Administración Especial Jurídica de Ingresos del Servicio de Administración Tributaria, a través del oficio 325-SAT-VII-B-373."

Las consideraciones en las cuales se sustenta el criterio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la ejecutoria de mérito, son del tenor siguiente:

"QUINTO. Son parcialmente fundados pero inoperantes los agravios hechos valer. En su primer agravio, las autoridades recurrentes sostienen, como argumento toral, que resulta incorrecta la determinación adoptada por la Sala responsable, de considerar como deducible del impuesto sobre la renta el incremento de reservas para los fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, y primas de antigüedad, cuando dicho incremento provenga de los intereses, dividendos y ganancias de capital que se obtengan con las inversiones del fondo; pues consideran que tal incremento no es una aportación que realice directamente el contribuyente, sino que proviene de la actividad de un tercero que, en este caso, es la institución fiduciaria que administra ese fondo. El agravio a estudio resulta fundado pero inoperante. Al efecto debe señalarse que las deducciones referidas por las autoridades, se encuentran previstas y reguladas, entre otros, por los artículos 22, fracción VIII y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el artículo 35 de su reglamento, que disponen: Ley del Impuesto sobre la Renta: ‘Artículo 22. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, aun cuando se efectúen en ejercicios posteriores. II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos; disminuidas con las devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre las mismas efectuadas inclusive en ejercicios posteriores. No serán deducibles conforme a esta fracción los activos fijos, terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, así como los títulos valor que representen la propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o mercancías; la moneda extranjera, así como las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera y las piezas denominadas onzas troy. III. Los gastos. IV. Las inversiones. V. La diferencia entre los inventarios final e inicial de un ejercicio cuando el inventario inicial fuere mayor, tratándose de contribuyentes dedicados a la ganadería. VI. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo. VII. Las aportaciones para fondos destinados a investigación y desarrollo de tecnología, así como las aportaciones a fondos destinados a programas de capacitación de sus empleados en los términos del artículo 27 de esta ley. VIII. La creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta ley. IX. Derogada. X. Los intereses y la pérdida inflacionaria determinados conforme a lo dispuesto en el artículo 7o. B de esta ley. XI. Los anticipos y rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, cuando los distribuyan en los términos de la fracción II del artículo 78 de esta ley. XII. Derogada. Cuando por las adquisiciones realizadas en los términos de la fracción II o por los gastos a que se refiere la fracción III de este artículo, los contribuyentes hubieran pagado algún anticipo, éste será deducible siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 24, fracción XXII de esta ley.’. ‘Artículo 28. Las reservas para fondo de pensiones o jubilaciones de personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad, se ajustarán a las siguientes reglas: I. Deberán crearse y calcularse en los términos y con los requisitos que fije el reglamento de esta ley y repartirse uniformemente en varios ejercicios. II. La reserva deberá invertirse cuando menos en un 30% en valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios o en acciones de sociedades de inversión de renta fija. La diferencia deberá invertirse en valores aprobados por la Comisión Nacional de Valores, como objeto de inversión de las reservas técnicas de las instituciones de seguros, o bien en la adquisición o construcción de casas para trabajadores del contribuyente que tengan las características de vivienda de interés social, o en préstamos para los mismos fines, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias. III. Los bienes que formen el fondo así como los rendimientos que se obtengan con motivo de la inversión, deberán afectarse en fideicomiso irrevocable, en institución de crédito autorizada para operar en la República, o ser manejados por instituciones o por sociedades mutualistas de seguros o por casas de bolsa, con concesión o autorización para operar en el país, de conformidad con las reglas generales que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los rendimientos que se obtengan con motivo de la inversión no serán ingresos acumulables. IV. El contribuyente únicamente podrá disponer de los bienes y valores a que se refiere la fracción II de este artículo, para el pago de pensiones o jubilaciones y de primas de antigüedad al personal. Si dispusiera de ellos, de sus rendimientos para fines diversos, cubrirá sobre la cantidad respectiva impuesto a la tasa establecida en el primer párrafo del artículo 10 de esta ley.’. Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta: ‘Artículo 35. Las reservas a que se refiere el artículo 28 de esta ley, deberán determinarse conforme a sistemas de cálculo actuarial que sea compatible con la naturaleza de las prestaciones establecidas. Al crearse la reserva podrá distinguirse para efectos del cálculo actuarial entre la obligación que surge al implantarse o modificarse el plan, por concepto de servicios ya prestados o por servicios futuros. Cuando se haga la distinción deberá aportarse al fondo el costo normal de los servicios futuros y por los servicios ya prestados la aportación será una cantidad que no exceda del 10% anual del valor del pasivo correspondiente a la fecha de establecimiento del plan más los intereses que generaría el saldo no deducido, a la tasa que al efecto establezca para financiar el plan. La reserva se incrementará con las aportaciones que efectúen el contribuyente y los participantes en su caso y con los intereses, dividendos y ganancias de capital que se obtengan con las inversiones del fondo y se disminuirá por los pagos de beneficios, gastos de administración y pérdidas de capital de las inversiones del fondo. En caso de utilidad o pérdida actuarial de cualquier ejercicio, será distribuida en los ejercicios subsecuentes, de acuerdo al método de financiamiento utilizado. Los contribuyentes deberán presentar aviso cuando constituyan el plan para la creación de la reserva o cuando efectúen cambios a dicho plan.’. Ahora bien, a fin de establecer la interpretación que debe darse a esos preceptos legales, debe acudirse al artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación que prevé: ‘Artículo 5o. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.’. De ahí que, según lo establecido en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, los artículos 22, fracción VIII y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el artículo 35 de su reglamento, son disposiciones de aplicación estricta, es decir, que para determinar el alcance que tienen debe atenderse exclusivamente a su texto, sin realizar algún tipo de interpretación distinta del sentido gramatical de la norma, ya que en dichos numerales se establecen las condiciones para calcular la ‘base’ del impuesto sobre la renta, por referirse a las deducciones que pueden efectuar los contribuyentes para calcular ese impuesto. Por tanto, interpretando literalmente los preceptos anteriores, se tiene lo siguiente: Que conforme al artículo 22, fracción VIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes pueden deducir de ese tributo, la creación o incremento de reservas para el fondo de pensiones o jubilaciones de personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad. Que de acuerdo con el artículo 28 de la propia legislación, ese fondo de pensiones se deberá crear y calcular en los términos y con los requisitos que fije su reglamento. Y, finalmente, de acuerdo con el artículo 35, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el fondo de pensiones se incrementará por los siguientes conceptos: Aportaciones que efectúe el contribuyente. Aportaciones de los participantes en su caso. Intereses, dividendos y ganancias de capital que se obtengan con las inversiones del fondo. Lo cual pone de manifiesto que el incremento de ese fondo realizado con motivo de los intereses, dividendos y ganancias que se obtengan con sus inversiones, sí debe considerarse como deducible del impuesto sobre la renta, por así permitirlo expresamente las disposiciones legales que lo regulan, que son de interpretación literal, siempre y cuando esas inversiones se realicen exclusivamente con las aportaciones efectuadas por el contribuyente y no de todos los participantes, ya que como lo exponen las autoridades recurrentes, dichas cantidades derivan del sacrificio realizado por aquél en el momento de crear o incrementar el fondo de pensiones y jubilaciones en beneficio de sus trabajadores, siendo esto lo reconocido por la ley; además, al calcularse esos intereses, dividendos y ganancias de manera directamente proporcional con las aportaciones del causante reflejan su capacidad contributiva, respetando así el principio de proporcionalidad, consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es acorde con el contenido de las disposiciones previstas en el resto de las fracciones incluidas en el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que ese incremento está relacionado directamente con una actividad efectuada por el contribuyente al realizar su aportación. Por tanto, resulta fundado el argumento de las autoridades recurrentes respecto a la indebida interpretación realizada por la Sala de los artículos 22, fracción VIII y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como del artículo 35 de su reglamento; pues si bien la voluntad del legislador, plasmada en dichos numerales, permite deducir del impuesto sobre la renta el incremento al fondo de pensiones por concepto de intereses, dividendos y ganancias de capital que se obtengan con las inversiones del fondo, tal deducción no puede hacerse extensiva, como lo pretende la Sala, a cualquier incremento del fondo, que puede provenir, incluso, de aportaciones realizadas por otros participantes del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siendo que al enumerarse en el artículo 22 de la propia ley los conceptos deducibles de ese tributo, los mismos se refieren a erogaciones realizadas de manera directa o indirecta por las actividades propias del causante. Sin embargo, a pesar de ser fundado el argumento de la errónea interpretación realizada por la Sala de los artículos 22, fracción VIII y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como del artículo 35 de su reglamento, el agravio a estudio resulta inoperante ya que conforme al contenido literal de esos numerales, el contribuyente sí puede deducir el incremento del fondo por concepto de intereses, dividendos y ganancias de capital que se obtengan con las inversiones del fondo de pensiones y jubilaciones, cuando éste se ha formado e incrementado exclusivamente con sus aportaciones, aun cuando sea administrado por una institución fiduciaria. En ese contexto, es conveniente destacar que obra en autos el contrato de fideicomiso celebrado por una parte, como fideicomitente, Panificación Bimbo, Sociedad Anónima y compañías adheridas y, como fiduciario, el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, en cuya cláusula primera se estableció lo siguiente: ‘Primera. De la constitución del fondo. La empresa como fideicomitente, de acuerdo con los términos del plan, transmite en fideicomiso irrevocable al Banco Nacional de México, S.A., la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) como aportación inicial para la creación de la reserva respectiva para el pago de pensiones por jubilación y primas de antigüedad de su personal de planta. El Banco Nacional de México, S.A., departamento fiduciario, acepta el cargo que se le confiere y otorga por medio de este contrato el recibo más amplio que en derecho proceda por la cantidad inicial fideicomitida. El fondo en fideicomiso aquí constituido se incrementará con las aportaciones que haga la empresa y con los rendimientos derivados de la inversión y reinversión del fondo. Las aportaciones de la empresa serán entregadas al fiduciario por medio del comité técnico y el fiduciario, al recibirlas, deberá extender los comprobantes respectivos. En el caso de rendimientos y de reinversión de rendimientos bastará como comprobante la información que periódicamente rinda el fiduciario al comité técnico.’. Conforme a lo establecido en esa cláusula y lo apuntado con anterioridad, debe tenerse como acertada la resolución de la Sala en cuanto a que, en el caso particular, la parte actora del juicio de nulidad que nos ocupa, sí puede deducir el incremento del fondo de pensiones y jubilaciones derivado de la inversión y reinversión de ese fondo, ya que es el único que realiza aportaciones, y en tales circunstancias, aunque fundado, el agravio que se estudia debe tenerse como inoperante. El segundo agravio resulta infundado. En el mismo, las recurrentes afirman que la Sala omitió el análisis del argumento sostenido por las autoridades recurrentes, relativo a que de las diversas fracciones del artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se advertía que el incremento a las reservas de los fondos de pensiones, jubilaciones, así como para el pago de primas de antigüedad a que se refiere dicho artículo, son únicamente los que deriven de las aportaciones directas del contribuyente, ya que se aprecia a fojas veintidós vuelta a veintitrés de la sentencia recurrida, que ese cuerpo colegiado, en forma genérica, sí se pronunció sobre dicho argumento al señalar que el mismo no era óbice para considerar lo concluido con anterioridad en esa misma resolución, es decir, que ‘ni la ley de la materia ni su reglamento prevén que la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones, derivada de los intereses, dividendos y ganancias de capital que se obtengan con las inversiones del fondo, cuya deducción efectúen los contribuyentes, necesariamente deban ser inherentes o propios del contribuyente o deban ser indicativos de la real capacidad contributiva del contribuyente, pero no así a los incrementos cuyo origen sean rendimientos del mismo fondo’, por lo que desestimó ese argumento de la autoridad al sostener que de conformidad con el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares son de aplicación estricta, como son las relativas, entre otras, a la base y en el caso se refieren a ese concepto los artículos 22, fracción VIII y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el 35, tercer párrafo, de su reglamento, ya que éstos aluden a cómo se deben crear y calcular las reservas del fondo de pensiones y la circunstancia de que dicha creación, así como su incremento, son deducibles, sin que tales normas prevean que el ‘incremento de pensiones y jubilaciones’, sólo deba entenderse como derivado de aportaciones directas del contribuyente para incrementar esos fondos, excluyendo los incrementos que sufran esa reservas que deriven de fuentes diversas a las aportaciones directas del contribuyente, dado que como ya se mencionó, donde la ley no distingue, no es válido que lo hagan las partes."

CUARTO. La ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el doce de julio de dos mil dos, al resolver la revisión fiscal 143/2002, interpuesta por el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, en su calidad de titular de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de las autoridades demandadas, secretario de Hacienda y Crédito Público y presidente del Servicio de Administración Tributaria, tiene los antecedentes siguientes:

a) Cinsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó a la Administración Jurídica de Grandes Contribuyentes, la confirmación del criterio relativo a que los intereses, dividendos y ganancias de capital que se obtienen de las inversiones y reinversiones del fideicomiso de pensiones por jubilaciones son deducibles en términos de los artículos 22, fracción VIII y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, y 35 de su reglamento.

La autoridad de mérito no contestó la solicitud de referencia dentro del plazo de tres meses, omisión que constituyó la negativa ficta de lo ahí solicitado.

b) Inconforme con esa negativa la sociedad mencionada demandó la nulidad de la misma, la cual se registró con el número 6492/01-17-03-8 y fue resuelta por sentencia de diecinueve de febrero de dos mil dos, en la cual la Sala del conocimiento declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que se emita otra, en la cual se confirme el criterio que sostiene la empresa actora.

c) Inconformes con la sentencia anterior, el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, en su carácter de titular de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de las autoridades demandadas, secretario de Hacienda y Crédito Público y presidente del Servicio de Administración Tributaria, interpuso recurso de revisión registrado bajo el RF. 143/2002, resuelto por ejecutoria de doce de julio de dos mil dos, cuyo punto resolutivo es del tenor siguiente:

"ÚNICO. Es procedente y fundado el presente recurso de revisión."

El criterio sustentado en la ejecutoria de mérito se apoya en las consideraciones siguientes:

"SÉPTIMO. Las autoridades recurrentes aducen que la resolución controvertida es contraria a lo dispuesto en el precepto 237 del código tributario federal, en atención a que deviene incorrecto que la Sala aplicara de forma estricta los artículos 22, fracción VIII y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta dos mil uno, así como el diverso numeral 35 de su reglamento, omitiendo interpretar tales disposiciones a través de los métodos literal, sistemático, causal y teleológico, en términos de la tesis 2a. CXLII/99, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de mil novecientos noventa y nueve, página 406, cuya voz reza: ‘LEYES TRIBUTARIAS. SU INTERPRETACIÓN AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Conforme a lo establecido en el citado numeral, para desentrañar el alcance de lo dispuesto en las normas que establecen el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de una contribución y las excepciones a ésta, las respectivas disposiciones deben aplicarse en forma estricta, mientras que la interpretación del resto de las disposiciones tributarias podrá realizarse aplicando cualquier otro método de interpretación jurídica. Ante tal disposición, la Suprema Corte de Justicia considera que la circunstancia de que sean de aplicación estricta determinadas disposiciones de carácter tributario, no impide al intérprete acudir a los diversos métodos que permiten conocer la verdadera intención del creador de las normas, cuando de su análisis literal en virtud de las palabras utilizadas, sean técnicas o de uso común, se genere incertidumbre sobre su significado, ya que el efecto de la disposición en comento es constreñir a aquél a realizar la aplicación de la respectiva hipótesis jurídica única y exclusivamente a las situaciones de hecho que coincidan con lo previsto en ella, una vez desentrañado su alcance.’; situación que a la postre, la condujo a no desentrañar el verdadero sentido de las disposiciones comentadas. A ese respecto, las disconformes esgrimen que al aplicar estrictamente los artículos 22, fracción VIII y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el precepto 35 de su reglamento, y no realizar un análisis interpretativo de tales dispositivos jurídicos, la Sala resolutora omitió advertir lo siguiente: A. Que el objeto de la regla especial de deducción de que se trata, se refiere a las erogaciones o afectaciones con cargo directo al patrimonio del contribuyente, esto es, gastos que inciden en el patrimonio del causante, pues emanan de su peculio. B. Que en atención a que para constituir el fondo de pensiones y jubilaciones a que se refieren los artículos 22, fracción VIII y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se creó un fideicomiso irrevocable, el monto de la inversión del fondo se convierte en un patrimonio distinto al del contribuyente, los rendimientos que se obtengan con motivo de la creación de dicho fondo no pueden ser deducibles. C. Que los rendimientos generados por las inversiones efectuadas para la creación de dichos fondos, tales como intereses, dividendos y ganancias de capital, no pueden considerarse como parte de los incrementos deducibles, puesto que tales incrementos no se producen por una erogación o afectación directa que efectuó el contribuyente con cargo a su patrimonio. Este Tribunal Colegiado de Circuito estima que son esencialmente fundados y suficientes los argumentos de agravio vertidos por las exactoras recurrentes, a propósito de los razonamientos jurídicos que proceden a exponerse. En principio, es acertado el argumento expresado por las disconformes relativo a que para resolver la cuestión planteada, la Sala debió interpretar causal, teleológica y sistemáticamente los preceptos 22, fracción VIII y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el diverso 35 de su reglamento, pues si bien es cierto que el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación establece que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta, ello no es óbice para que el juzgador pueda llevar a cabo la interpretación de las normas fiscales. Así, el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación prevé: ‘Artículo 5o. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.’. Conforme al precepto que antecede, es viable concluir que para desentrañar el alcance de lo dispuesto en las normas que establecen el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de una contribución y las excepciones a ésta, las respectivas hipótesis jurídicas deben aplicarse en forma estricta, mientras que la interpretación del resto de las disposiciones fiscales podrá realizarse aplicando cualquier método de interpretación jurídica. Ante tal disposición, la Suprema Corte de Justicia, al emitir la tesis 2a. CXLII/99, estimó que dicha aplicación estricta no impide llevar a cabo una interpretación de las normas tributarias, criterio que, desde luego, este órgano colegiado hace suyo para resolver el presente asunto. Así, en principio, cabe apuntar que la interpretación jurídica descansa en dos etapas, a saber: La primera etapa de la interpretación jurídica tiene por objeto precisar cuál es el significado de la norma que se estudia, para lo cual debe acudirse a su análisis gramatical, sistemático, histórico, causal y teleológico, entre otros, lo que permite determinar con precisión qué dice la norma, cuál es la proposición que ella contiene, cuál es su exacto significado y, por ende, dejar al descubierto la voluntad e intención del legislador. Una vez concluida esa etapa debe iniciarse la siguiente, a través de la cual se aplicará o concretará a un caso específico la hipótesis cuyo sentido se desentrañó. Entre esos criterios interpretativos destacan: 1. A las hipótesis jurídicas que prevén excepciones, el intérprete debe darles una aplicación estricta, es decir, circunscrita a la situación específicamente regulada por el legislador, por lo que cuando la norma jurídica está prevista para regir una específica situación de hecho, el que pretenda aplicar la norma al caso concreto está constreñido a realizarlo únicamente en el caso de que se actualice esa o esas precisas circunstancias. 2. La ley especial prevalece sobre la general, una vez desentrañado el alcance de las normas general y especial que aparentemente regulan una misma situación, la especial será la aplicable al caso concreto siempre y cuando

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17759-aa0c064c/renta-no-son-deducibles-los-intereses-derivados-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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