SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FORMULADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PARA INVESTIGAR PRÁCTICAS MONOPÓLICAS, PORQUE DE OTORGARSE SE AFECTARÍA EL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 116/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCERO, CUARTO, SEXTO, NOVENO Y DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión celebrada el siete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, al resolver el recurso de queja QA-XI-103/94, promovido por el secretario ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia, sustentó las consideraciones siguientes:
"SEXTO. De la transcripción de los conceptos de agravios, elaborado (sic) en el considerando que antecede de esta resolución, se desprende que la autoridad inconforme expone, esencialmente, que el proveído que se impugna es ilegal porque al concederse la suspensión provisional se infringió lo prescrito en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, y se violaron disposiciones de orden público, toda vez que se le está impidiendo a la comisión ejercer sus atribuciones directamente relacionadas con el cumplimiento del objetivo de la Ley Federal de Competencia Económica, porque al particular se le está autorizando que continué incumpliendo con las disposiciones legales en ella contenidas que ordenan que los agentes económicos proporcionen la información y documentos requeridos, los que evidentemente son necesarios para determinar la existencia o no de monopolios y/o prácticas monopólicas, sin que sea factible alegarse que con el acto de aplicación de dicho ordenamiento jurídico no se demuestra esta hipótesis normativa, ya que el precepto antes citado no dispone que deba verificarse tal acreditamiento. Es fundado el argumento jurídico hecho valer por la autoridad recurrente, con base en las siguientes consideraciones: En efecto, el Juez de Distrito, para dilucidar el problema planteado ante él y decidir si concede o no la suspensión provisional de los actos reclamados, cuando de petición de parte (sic), debe constatar que se cumplan dos requisitos fundamentales, los cuales son: a) Que la índole de los actos permita que sean paralizados. b) Que se satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dicho dispositivo prevé: ‘Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el agraviado. II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Se considerará, entre otros casos, que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continué el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares. III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas, y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.’. Al respecto, es importante indicar que la procedencia de la suspensión provisional se apoya en estas dos condiciones genéricas, las cuales necesariamente deben concurrir, es decir, que es imprescindible que estos dos supuestos se actualicen, pues basta la ausencia de cualquiera de ellos para que se determine la improcedencia de la medida suspensiva. Pues bien, el artículo 124, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, señala varios supuestos en que se causa perjuicio a la sociedad y se violan disposiciones de orden público en los cuales no puede concederse la suspensión, pero esta enumeración casuística es enunciativa mas no limitativa, y prueba de ello es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido criterios en varios casos específicos, distintos de los señalados en el citado precepto legal, en los que declara improcedente la medida cautelar, porque de otorgarse se afectaría el interés social o se violarían normas de orden público, tal como lo plasma en la jurisprudencia número 1439, consultable en la página 2294, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que textualmente dice: ‘PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL. El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo.’. En apoyo de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sustentado los siguientes criterios, que resultan ser aplicables al caso: ‘No puede alegarse que la tesis establecida por esta Suprema Corte de Justicia, marcada con el número 834 en el Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación, que dice «El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo», sólo es aplicable cuando ese procedimiento ha sido llevado de acuerdo con la ley, y no, cuando se han infringido las disposiciones legales que rigen ese procedimiento, pues que de seguirse un procedimiento en la forma legal, no habría motivo para la interposición de un juicio de garantías; precisamente la supuesta violación del procedimiento es la que da origen al juicio de amparo y ha dado motivo a que esta Suprema Corte de Justicia, al resolver precisamente sobre casos de esta naturaleza, haya establecido la tesis transcrita.’. Díaz R. Luis, Tomo CIV, página 1077. 29-IV-1950. ‘No procede la suspensión que se traduzca en la paralización del procedimiento, aunque la recurrente alegue que no hay interés social en la prosecución de un procedimiento ilegal, pues de conceder la suspensión, se tendría ya como resuelta la cuestión misma que constituye el fondo del amparo, teniendo por ilegal el procedimiento que debe seguirse, por ser anticonstitucional.’. Padilla de Vázquez Catalina. Tomo CVII, página 1846. 10-III-1951. ‘Siendo el procedimiento de orden público, no es posible suspenderlo, y este criterio no debe restringirse solamente por lo que hace al orden penal o a los seguidos conforme a la Ley Federal del Trabajo, sino que debe abarcar todos los procedimientos que se consideran en cualquiera de sus aspectos, como de orden público, en razón de que a través de ellos, el Estado establece el orden perturbado, cuando se impide a alguien el ejercicio de un derecho; por lo mismo, no es exacto que en forma violenta se quieran incluir, en esa tesis, los procedimientos que se refieren a cuestiones patrimoniales de carácter civil, porque el Estado tiene interés en que los litigios se resuelvan pronta y debidamente y para esto es indispensable que los procedimientos sigan su curso normal en los plazos y términos que fija la ley, como de una manera categórica lo establece el artículo 17 de la Constitución Federal.’. Petróleos Mexicanos. Tomo LXXV, página 645. 9-I-1943. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que se contravienen disposiciones de orden público cuando se producen dos situaciones, que a saber son: -Cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes; -Cuando se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. El criterio precedente aparece publicado en la página 3009, del Apéndice ante citado, con el rubro de ‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.’. En esta tesitura, nos abocamos al examen de la cuestión planteada en este recurso de queja, la cual consiste fundamentalmente en determinar si la concesión de la suspensión provisional al promovente de la acción constitucional fue incorrecta por contravenir disposiciones de orden público y afectar al interés social en los términos que afirma la autoridad recurrente, para lo cual analizaremos la legislación relacionada con la protección del proceso de competencia y libre concurrencia en materia económica nacional, para apreciar que esta cuestión y, por tanto, lo concerniente al cumplimiento de sus disposiciones y medidas de apremio que contiene, revisten un indiscutible interés para la sociedad. A este respecto, en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consignaron algunos principios fundamentales que rigen en el ámbito económico del país, en los cuales establece la prevalencia de los intereses sociales sobre los individuales, ya que si bien no hace sino afirmar la libertad de cada gobernado de dedicarse al trabajo, industria o comercio que le acomode siendo lícitos, su ejercicio no debe, en ningún caso, afectar intereses colectivos; de ahí que la prohibición de los monopolios establecida en el primer precepto mencionado no sólo tiene como finalidad proteger a productores y distribuidores y asegurar la libre concurrencia, sino también procurar beneficiar a los consumidores, toda vez que así se descarta el exclusivismo en una función económica, esto es, implica la prohibición de que una persona o un grupo de individuos determinados tengan el privilegio o la prerrogativa de desplegar una cierta actividad, sin que esta sea susceptible de ejercitarse por otros sujetos, lo que ocasionaría que tales sujetos controlaran algún mercado de bienes o servicios. El precepto jurídico de referencia establece en su primer y segundo párrafos: ‘Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre si y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.’. Siendo la libre concurrencia un fenómeno social que se desarrolla naturalmente a merced del juego espontáneo de las fuerzas económicas para garantizarla como un derecho de todo gobernado, el legislador estableció en la Ley Fundamental ciertas prohibiciones relativas a aquellos actos o situaciones que la impedirían o entorpecerían, tal como se colige del primer párrafo de la anterior transcripción. En el segundo párrafo del precepto en comento se impone al Estado, por conducto de sus órganos legislativos y no legislativos, la obligación de dictar y ejecutar disposiciones y providencias tendentes a asegurar el ejercicio de la libre concurrencia, partiendo del supuesto de permitir o reconocer a todo sujeto la facultad de dedicarse a lo que desee dentro de sus justos límites y adecuadas proporciones, siempre y cuando su actividad individual no sea de aquellas prohibidas o limitadas por la Carta Magna, porque de ser así implicaría un perjuicio o daño a la sociedad, ya que su desempeño excesivo e ilimitado podría producir trastornos en la economía pública, al aceptarse ventajas exclusivas indebidas a favor de una o varias personas que afecten en detrimento de otros la consabida libertad. La Ley Federal de Competencia Económica, ordenamiento jurídico conforme al cual se emitieron los actos reclamados en el juicio de garantías, es reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia en todas las áreas de la actividad económica mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios; luego entonces, se deduce que las disposiciones legales en ella contenidas se encuentran encaminadas a evitar el ejercicio abusivo de la libre concurrencia que pudiera ocasionar un perjuicio a la sociedad, en términos de lo expuesto en consideraciones precedentes. Esta ley federal establece mecanismos relacionados directamente con el cumplimiento de la finalidad que persigue que, entre otros, a saber son: ‘Artículo 23. La Comisión Federal de Competencia es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, contará con autonomía técnica y operativa y tendrá a su cargo prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, en los términos de esta ley, y gozará de autonomía para dictar sus resoluciones.’. ‘Artículo 24. La comisión tendrá las siguientes atribuciones: I. Investigar la existencia de monopolios, estancos, prácticas o concentraciones prohibidas por esta ley, para lo cual podrá requerir de los particulares y demás agentes económicos la información o documentos relevantes. II. Establecer los mecanismos de coordinación para el combate y prevención de monopolios, estancos, concentraciones y prácticas ilícitas. III. Resolver los casos de su competencia y sancionar administrativamente la violación de esta ley y denunciar ante el Ministerio Público las conductas delictivas en materia de competencia y libre concurrencia. ...’. ‘Artículo 31. La comisión, en ejercicio de sus atribuciones, podrá requerir los informes o documentos relevantes para realizar sus investigaciones, así como citar a declarar a quienes tengan relación con los casos de que se trate. ...’. De las transcripciones que anteceden se observa que la comisión, en ejercicio de sus atribuciones, podrá requerir los informes o documentos relevantes para realizar sus investigaciones, actos que evidentemente se traducen en el inicio de un procedimiento de investigación, tendente a esclarecer una situación jurídica, en otras palabras, a dilucidar la existencia o no de monopolios, estancos, concentraciones y prácticas ilícitas en la actividad económica que se realiza. Lo anterior pone de manifiesto que estas normas son de orden público y su cumplimiento de interés social. En esta tesitura, es incorrecto que se hubiere concedido la suspensión provisional para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, para que no se proporcione la información requerida, ni se le formulen nuevos apercibimientos, en virtud de que al suspenderse este procedimiento se contravendría lo establecido en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, porque tal actuación se encuentra encaminada a esclarecer la verdad legal que guarda la parte quejosa en relación con el ordenamiento jurídico de la materia, cuestión que, indiscutiblemente, la sociedad se encuentra interesada en que no se detenga ni se paralice hasta llegar al objetivo para el cual fue sustanciada; en tal virtud, es una situación de orden público su continuación y, por ende, resulta improcedente el otorgamiento de la medida suspensiva. A mayor abundamiento, la prohibición de instituir monopolios fue la de evitar un ‘perjuicio del público en general o de alguna clase social’, por lo que todas las investigaciones que realice la Comisión Federal de Competencia, con fundamento en los artículos 23, 24, fracciones I, II, III y 31, primer párrafo, de la Ley Federal de Competencia Económica (tal como acontece en la especie) deben considerarse como actuaciones administrativas cuya finalidad es la de abolir todo acto que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción industrial o comercial y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas, con perjuicio a la sociedad. Consecuentemente, se reitera que por lo que hace a los actos consistentes en las solicitudes de información de documentos realizados en los oficios números 17-101(777)-94-019, 17-101 (777)-94-0233 y 17-101(777)-94-078, y los apercibimientos decretados en éstos, son actos que forman parte de un procedimiento, el cual no es susceptible de suspenderse por ser de orden público y de interés general su prosecución, luego, no se cumple con el segundo requisito que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo para que resulte ser procedente el otorgamiento de la suspensión provisional solicitada. Resulta ser aplicable la tesis consultable en la página 637 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, que establece: ‘SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE POR SER ÉSTE DE ORDEN PÚBLICO. La continuidad del procedimiento es de orden público y si se suspende se afectaría el interés general, de manera que la suspensión no puede otorgarse para detener la tramitación de un juicio; máxime que dichos efectos ya no serían para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino que las retrotraerían al estado en que se encontraban antes de dictarse el acto reclamado; efectos que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo.’. En otro orden de ideas, cabe hacer notar que de conformidad con los elementos de convicción con que en este momento se cuentan (demanda de garantías y anexos), el hecho de proporcionar la información y documentación requerida, es decir, con la ejecución de este acto reclamado, no se demuestra que pudiera ocasionársele al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación, toda vez que la demora en concederse la suspensión solicitada no lo colocaría en una situación de un peligro inminente, ya que sólo se traduciría en proporcionar a la responsable los datos solicitados, los que en términos del artículo 31 de la Ley Federal de Competencia Económica ‘son estrictamente confidenciales’, y que, además, conforme con lo dispuesto por los artículos 23, 24 y 31 de la ley mencionada tiene facultades para solicitarlos; por tanto, no se sabe de una manera precisa si tal diligencia puede perjudicarlo, no siendo suficiente el temor que la quejosa abriga sobre el resultado de la investigación que está realizando la autoridad responsable. Es conveniente aclarar que respecto de la imposición de medidas de apremio de que pudiera ser objeto la quejosa, por no cumplir en sus términos los requerimientos que en lo conducente formule la Comisión Federal de Competencia Económica, resulta ser improcedente conceder la medida suspensiva porque, en primer lugar, son actos futuros e inciertos, ya que para su realización sería necesario que la promovente del juicio de garantías persistiera en hacer caso omiso de las peticiones realizadas por la autoridad señalada como responsable y que ésta constatara tal hecho y determinara hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo que podría no suceder. En segundo lugar, porque de otorgarse la suspensión provisional por estos actos equivaldría a legalizar la inobservancia del gobernado de la Ley Federal de Competencia Económica, en virtud de que la autoridad administrativa se encontraría impedida de aplicar alguna medida de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones, circunstancia que evidentemente se traduce en suspender el ejercicio de la facultad sancionadora por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica. Es aplicable, por identidad de razón, a la consideración que antecede la tesis jurisprudencial número 35, consultable en la página 57 de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, cuyos rubro y texto dicen: ‘PRECIOS. SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE IMPOSICIÓN DE MULTAS POR VIOLACIONES A DISPOSICIONES EN LA MATERIA. Tratándose de la imposición de multas por violaciones a disposiciones en materia de precios, es improcedente la medida suspensiva, en los términos del artículo 124, fracción II de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, ya que de concederse dicha medida suspensiva se seguiría perjuicio al interés social, pues se paralizaría el ejercicio de la facultad sancionadora por parte de la autoridad responsable, y la agraviada seguiría enajenando la mercancía con el precio por ella misma determinado y sin contar con la autorización correspondiente de la autoridad legalmente competente de la Secretaría de Comercio, y es claro que la sociedad está interesada en el cumplimiento de las disposiciones inherentes a los precios, razones por las cuales la medida suspensiva solicitada debe negarse.’. Por último, en lo que atañe a la imposición de la multa contenida en el oficio número 17-101 (777)-94-078, es improcedente conceder la suspensión provisional solicitada, en atención de que se trata de un acto consumado y, de concederse la medida cautelar, sería como darle a ésto efectos restitutorios, lo que es propio de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie, de conformidad con la tesis jurisprudencial número 64, visible a foja 109 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: ‘ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie.’."
De las anteriores consideraciones derivó la tesis siguiente:
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL, NO PROCEDE CONCEDERLA PORQUE NO SE SATISFACE EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE ACTOS CONSISTENTES EN LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS REQUERIDOS, POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, PORQUE SON ACTOS QUE FORMAN PARTE DE UN PROCEDIMIENTO, EL CUAL NO ES SUSCEPTIBLE DE SUSPENDERSE POR SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL SU PROSECUCIÓN. No procede conceder la suspensión provisional solicitada, en contra de los actos reclamados, consistentes en las solicitudes de información y documentos requeridos por la Comisión Federal de Competencia en uso de las facultades que le otorga la Ley Federal de Competencia Económica, en virtud de que no se satisface el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior obedece a que la ley federal antes citada, es reglamentaria del artículo 28 constitucional, la que tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia en todas las áreas de la actividad económica, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios; luego entonces, las disposiciones legales en ellas contenidas, se encuentran encaminadas a evitar el ejercicio abusivo de la libre concurrencia que pudiera ocasionar un perjuicio a la sociedad. Para tal efecto esta ley, prevé en sus artículos 23, 24 y 31, mecanismos relacionados directamente con el cumplimiento de la finalidad que persigue, entre los cuales se encuentra, el que la comisión en ejercicio de sus atribuciones, podrá requerir los informes o documentos relevantes para realizar sus investigaciones, actos que evidentemente se traducen en el inicio de un procedimiento de investigación, tendiente a esclarecer una situación jurídica, es decir, a dilucidar la existencia o no de monopolios, estancos, concentraciones y prácticas ilícitas en la actividad económica que realiza. En esta tesitura, resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada, para el efecto de que no se proporcione la información requerida, ni se formulen nuevos apercibimientos, ya que de suspenderse este procedimiento, se contravendría lo establecido en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, porque tal actuación se encuentra encaminada a esclarecer la verdad legal que guarda la parte quejosa en relación con el ordenamiento jurídico de la materia, cuestión que, la sociedad se encuentra interesada en que no se detenga ni se paralice hasta llegar al objetivo por el cual fue substanciada, en tal virtud es una situación de orden público su continuación. A mayor abundamiento, la prohibición de constituir monopolios fue la de evitar un ‘perjuicio del público en general o de alguna clase social’, por lo que todas las investigaciones que realice la Comisión Federal de Competencia, con fundamento en los artículos 23, 24, fracciones I, II, III y 31, primer párrafo de la Ley Federal de Competencia Económica, deben considerarse como actuaciones administrativas cuya finalidad es la de abolir todo acto que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción industrial o comercial y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas, con perjuicio a la sociedad. En consecuencia, se reitera que por lo que hace a los actos consistentes en las solicitudes de información y documentos, son actos que forman parte de un procedimiento, el cual no es susceptible de suspenderse por ser de orden público y de interés social su prosecución, luego, no se cumple con el segundo requisito que establece el multicitado artículo 124 de la ley de la materia." (Octava Época. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XIII, mayo de 1994. Página: 546.)
CUARTO. Los antecedentes inmediatos del RA. 1600/2001 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito son los siguientes:
1. La quejosa señaló como actos reclamados:
"a. El acuerdo de 17 de agosto de 2001, dictado en el expediente del procedimiento administrativo DE-06-2000, que se tramita ante la comisión, por medio del cual ordenó se giraran los oficios de requerimiento de información a la quejosa. b. El oficio de 23 de agosto de 2001, dictado en el expediente del procedimiento administrativo DE-06-2000, que se tramita ante la comisión, por medio del cual se requirió a mi mandante diversa información que implica la revelación de sus secretos industriales y comerciales."
2. El Juez de Distrito del conocimiento, por una parte, negó la suspensión definitiva y, por otra, concedió la suspensión únicamente respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, a través de los cuales se requería a la parte quejosa la presentación de diversa información.
3. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión celebrada el siete de noviembre de dos mil uno, resolvió la revisión RI-1600/2001, derivada del amparo promovido por The Coca-Cola Export Corporation y, para confirmar la resolución recurrida, sustentó las consideraciones siguientes:
"QUINTO. Los agravios que hace valer la autoridad recurrente son por una parte infundados, en otra fundados pero inoperantes y en otra más infundados, atento las consideraciones que se exponen a continuación. Sostiene la autoridad en su primer y cuarto agravios que el a quo fue omiso en analizar que la suspensión es improcedente por contravenir normas del orden público e interés social, que debió analizar a la luz de los argumentos vertidos por la quejosa y por la autoridad para estimar que se está en presencia de normas de orden público, normas que reiteradamente tanto los juzgados como los Tribunales Colegiados y recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que son de orden público e interés social, razón por la cual, si las disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y su aplicación son de orden público e interés social hacen improcedente la medida cautelar, por lo que la interlocutoria recurrida contraviene el contenido de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. Es infundado el agravio que se analiza puesto que el criterio que informa el concepto de orden público para conceder la suspensión definitiva debe fundarse en los bienes de la colectividad tutelados por las leyes y no en que las mismas son de orden público, ya que todas lo son en alguna medida; en la inteligencia que de conformidad con el precepto legal invocado (que se cita en la resolución recurrida), al otorgarse la suspensión definitiva, el juzgador debe cuidar que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; también lo es que la propia ley no exige al Juez de Distrito que aduzca las razones por las cuales estima que con la suspensión del acto reclamado no se causa ese perjuicio o esa contravención, por lo que, en todo caso, corresponde a la parte inconforme desvirtuar la aseveración del Juez; de ahí lo infundado de este agravio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis publicada en la página 307, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, mayo de 1991, Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL OTORGARLA EL JUEZ FEDERAL NO ESTÁ OBLIGADO A ADUCIR LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE SIGUE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI POR QUÉ NO SE CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 124, fracción II de la Ley de Amparo, al otorgarse la suspensión definitiva debe cuidarse por parte del juzgador que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; también lo es, que la propia ley no exige al Juez Federal que aduzca las razones por las cuales estima que con la suspensión del acto reclamado, no se cause ese perjuicio o esa contravención. Por el contrario, en cuanto a los requisitos relativos al interés social y a las normas de orden público,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18064-3d294fee/suspension-en-el-juicio-de-amparo-no-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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