FIANZAS PENALES. LA CADUCIDAD INSTITUIDA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS NO LES ES APLICABLE, SI SU COBRO NO SE EXIGIÓ DENTRO DEL PLAZO PACTADO EN LA PÓLIZA O EN EL TÉRMINO LEGAL CORRESPONDIENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-El criterio emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y ocho, al resolver la revisión fiscal 577/98, interpuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras, derivada del juicio fiscal 4385/97, promovido por Fianzas Monterrey Aetna, S.A., es del tenor siguiente:
"QUINTO.-El estudio de los agravios conduce a determinar lo siguiente: Aduce la recurrente, en el primer concepto de agravio, que en el caso no es aplicable lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, porque se siguió el procedimiento de requerimiento de pago previsto por el numeral 95 de ese mismo cuerpo de leyes, debiendo aplicarse la jurisprudencia 33/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.-Lo anterior debe estimarse fundado pues, contrariamente a lo argüido por la autoridad de instancia, debe considerarse inaplicable, en la especie, lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por los motivos que enseguida se exponen: Debe partirse de la premisa que en el caso no está en discusión la vía elegida por la autoridad para hacer efectiva la garantía otorgada, que fue la que establece el procedimiento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.-Ahora bien, la póliza de fianzas que dio origen a la contienda que nos ocupa, fue expedida por la impetrante de amparo para garantizar las responsabilidades de José Francisco Iturralde Ávila por el manejo de correspondencia y valores o la falta de cumplimiento a un contrato de transporte celebrado con el Servicio Postal Mexicano.-En relación con el procedimiento para hacer efectivas las fianzas de esa naturaleza, debe observarse lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que a la letra dice: ‘Artículo 95. Las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas a elección del beneficiario, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 93 y 93 bis de esta ley, o bien, de acuerdo con las disposiciones que a continuación se señalan y de conformidad con las bases que fije el reglamento de este artículo, excepto las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación: I. Las instituciones de fianzas estarán obligadas a enviar según sea el caso, a la Tesorería de la Federación, a la Tesorería del Departamento del Distrito Federal, o bien a las autoridades estatales o municipales que correspondan, una copia de todas las pólizas de fianzas que expidan a su favor; II. Al hacerse exigible una fianza a favor de la Federación, la autoridad que la hubiere aceptado, con domicilio en el Distrito Federal o bien en alguna de las entidades federativas, acompañando la documentación relativa a la fianza y a la obligación por ella garantizada deberá comunicarlo a la autoridad ejecutora más próxima a la ubicación donde se encuentren instaladas las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien a la del domicilio del apoderado designado por la institución fiadora para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de la Federación.-La autoridad ejecutora facultada para ello en los términos de las disposiciones que le resulten aplicables, procederá a requerir de pago, en forma personal, o bien por correo certificado con acuse de recibo, a la institución fiadora, de manera motivada y fundada, acompañando los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza, en los establecimientos o en el domicilio del apoderado designado, en los términos a que se hace cita en el párrafo anterior.-Tratándose del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el requerimiento de pago, lo llevarán a cabo en los términos anteriores, las autoridades ejecutoras correspondientes.-En consecuencia, no surtirán efecto los requerimientos que se hagan a los agentes de fianzas, ni los efectuados por autoridades distintas de las ejecutoras facultadas para ello; III. En el mismo requerimiento de pago se apercibirá a la institución fiadora, de que si dentro del plazo de treinta días naturales, contado a partir de la fecha en que dicho requerimiento se realice, no hace el pago de las cantidades que se le reclaman, se le rematarán valores en los términos de este artículo; IV. Dentro del plazo de treinta días naturales señalado en el requerimiento, la institución de fianzas deberá comprobar, ante la autoridad ejecutora correspondiente, que hizo el pago o que cumplió con el requisito de la fracción V. En caso contrario, al día siguiente de vencido dicho plazo, la autoridad ejecutora de que se trate, solicitará a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se rematen en bolsa, valores propiedad de la institución, bastantes para cubrir el importe de lo reclamado; V. En caso de inconformidad contra el requerimiento de pago, la institución de fianzas dentro del plazo de 30 días naturales, señalado en la fracción III de este artículo, demandará la improcedencia del cobro ante la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación de la jurisdicción que corresponda a la ubicación de los establecimientos o la del apoderado designado, a que se hace cita en la fracción II, primer párrafo de este artículo, donde se hubiere formulado el citado requerimiento, debiendo la autoridad ejecutora, suspender el procedimiento de ejecución cuando se compruebe que se ha presentado oportunamente la demanda respectiva, exhibiéndose al efecto copia sellada de la misma; VI. El procedimiento de ejecución solamente terminará por una de las siguientes causas: a) Por pago voluntario; b) Por haberse hecho efectivo el cobro en ejecución forzosa; c) Por sentencia firme del Tribunal Fiscal de la Federación, que declare la improcedencia del cobro; d) Porque la autoridad que hubiere hecho el requerimiento se desistiere del cobro.-Los oficios de desistimiento de cobro, necesariamente deberán suscribirlos los funcionarios facultados o autorizados para ello.’.-Ahora bien, por caducidad en el sistema jurídico mexicano debe entenderse la cesación del derecho a entablar o proseguir una acción o un derecho, en virtud de no haberlos ejercitado dentro de los términos establecidos para ello. Así, tenemos que su naturaleza es procesal, dado que se refiere al ejercicio de una acción, la que es un derecho subjetivo público oponible al Estado para que éste, mediante su imperio, imponga al obligado el cumplimiento de la contraprestación.-Asentado lo anterior, cobra vital importancia lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que dispone: ‘Artículo 120. Cuando la institución de fianzas se hubiere obligado por tiempo determinado, quedará libre de su obligación por caducidad, si el beneficiario no presenta la reclamación de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la póliza o, en su defecto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza.-Si la afianzadora se hubiere obligado por tiempo indeterminado, quedará liberada de sus obligaciones por caducidad, cuando el beneficiario no presente la reclamación de la fianza dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible, por incumplimiento del fiado.-Presentada la reclamación a la institución de fianzas dentro del plazo que corresponda conforme a los párrafos anteriores, habrá nacido su derecho para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción. La institución de fianzas se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación garantizada o el de tres años, lo que resulte menor.-Cualquier requerimiento escrito de pago hecho por el beneficiario a la institución de fianzas o en su caso, la presentación de la reclamación de la fianza, interrumpe la prescripción, salvo que resulte improcedente.’.-Como es perceptible del numeral transcrito con antelación, al tratarse de la caducidad el legislador invariablemente se refirió al procedimiento de la reclamación y siendo esto así se llega al convencimiento de que la figura de la caducidad prevista en el artículo 120 de la ley, sólo opera respecto de pólizas que para su efectividad se requiere previa reclamación, entendiéndose por tal, el vencer previamente en juicio arbitral o contencioso a la afianzadora, procedimiento que establecen los numerales 93 y 93 bis de la ley en comento.-Sin embargo, en el caso concreto, aun cuando la autoridad demandada pudo optar por aquel procedimiento, de autos se desprende que eligió el procedimiento a que alude el precepto 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en el cual no existe la reclamación o el vencer previamente a la afianzadora para hacer efectiva la garantía otorgada.-En ese contexto, no puede operar la figura procesal de la caducidad, pues no se está ante el ejercicio de una acción, sino ante la exigibilidad directa, unilateral y coercitiva por parte de la Federación de un derecho adquirido, a lo que la ley de la materia atribuyó la denominación de requerimiento.-Luego, los vocablos reclamación y requerimiento, en la legislación de fianzas no constituyen sinónimos para referir una misma cosa, sino que atañen a figuras jurídicas distintas, respecto de las cuales sólo opera la caducidad tratándose de la primera, y la prescripción tratándose de ambas.-Cabe añadir que la jurisprudencia citada por la autoridad responsable como sustento de su fallo, norma este criterio, en tanto que las consideraciones producidas en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis número 33/96, refiere la aplicación del artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, sólo dentro del procedimiento que establecen los artículos 93 y 93 bis de ese propio ordenamiento legal.-Jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1001 del Tomo II, Segunda Parte de la compilación de Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: ‘FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVÉ LA CADUCIDAD EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES.-De la interpretación sistemática de los artículos 93, 93 bis, 94 y 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 143, del Código Fiscal de la Federación, se advierte que la efectividad de las pólizas de fianzas expedidas por instituciones autorizadas, está sujeta a distintos tratamientos y procedimientos, atendiendo a la naturaleza de los sujetos beneficiarios y al tipo de obligaciones garantizadas. Así, cuando los beneficiarios son distintos de la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, el procedimiento, previo a la efectividad de la fianza, está regulado en los artículos 93, 93 bis y 94 invocados, dentro del cual debe vencerse a la afianzadora, y comienza con la «reclamación» a la institución garante, que tiene el doble objeto de satisfacer un requisito previo necesario en virtud de que hace nacer el derecho para hacer efectiva la fianza, así como evitar la caducidad en favor de las instituciones afianzadoras, en términos del artículo 120 de la citada ley. Otro procedimiento se establece cuando los beneficiarios de la fianza son la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, siempre que tratándose de la Federación, no se hayan garantizado obligaciones fiscales a cargo de terceros; en esta hipótesis es opcional para los beneficiarios seguir los trámites de los artículos 93 y 93 bis, o hacer efectiva la fianza conforme al artículo 95 de la ley en cita. Un procedimiento más, es el que establece el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación, que opera tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, y que se identifica con el procedimiento económico coactivo, en el que se aplican normas especializadas que configuran un procedimiento de excepción, congruente con la naturaleza jurídica de las obligaciones garantizadas, el interés social y las facultades de ejecutividad propias del fisco. De lo anterior se sigue que si la caducidad a que se refiere el citado artículo 120 de la ley en comento, es una figura que sólo opera dentro del procedimiento previsto por los artículos 93 y 93 bis, en el que debe vencerse a la institución afianzadora antes de hacer efectiva la fianza, ha de concluirse que no puede válidamente operar en el procedimiento administrativo de ejecución que establece el artículo 143 del Código Fiscal, que permite al fisco empezar, no con la «reclamación», sino con el requerimiento de pago, puesto que no tiene necesidad de vencer previamente a dicha institución. En consecuencia, la caducidad, como medio de que las afianzadoras se liberen de su obligación de pago, que prevé el multicitado artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, es inaplicable tratándose de las fianzas otorgadas en favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales de terceros.’.-No resultando aplicable en el caso concreto la figura de la caducidad prevista por el multirreferido numeral 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, según quedó analizado en líneas anteriores, resulta innecesario el estudio del restante argumento referente al momento en que ésta debió computarse."
El criterio emitido por el Tribunal Colegiado indicado, el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y ocho, al resolver el amparo directo DA. 1507/98, promovido por Afianzadora Sofimex, S.A., es del tenor siguiente:
"QUINTO.-El estudio de los conceptos de violación expresados conducen a determinar lo siguiente: Aduce en esencia la sociedad mercantil quejosa, que la autoridad responsable viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, al estimar inaplicable en el caso la figura jurídica de la caducidad a que se refiere el numeral 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, puesto que la autoridad demandada optó por el procedimiento establecido en el precepto 95 de la ley en cita, respecto del cual no existe reclamación sino sólo requerimiento 95 (sic) soslayando que se trata de vocablos sinónimos que en nada varían la aplicación de la caducidad apuntada, pues advertirlo en forma diversa traería una laguna en la ley en relación con la prescripción y caducidad, sin que en el caso se esté en el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 95 de la multirreferida ley, pues no se garantizó un crédito fiscal, aunado a que el artículo 130 de ese propio ordenamiento legal no excluye la aplicación de la caducidad en fianzas como la reclamada.-Lo anterior debe desestimarse por infundado pues, contrariamente a lo argüido, la autoridad de instancia estuvo en lo justo al considerar inaplicable, en la especie, lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por los motivos que se pasan a exponer.-Debe partirse de la premisa que en el caso no está en discusión la vía elegida por la autoridad para hacer efectiva la garantía otorgada, que fue la que establece el procedimiento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Ahora bien, la póliza de fianza que dio origen a la contienda que nos ocupa, fue expedida por la impetrante de amparo para garantizar las obligaciones contraídas por el fiado al hacer uso del beneficio de la libertad provisional bajo caución.-En relación con el procedimiento para hacer efectivas las fianzas de esa naturaleza, debe observarse lo dispuesto por los artículos 95 y 130 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que a la letra dicen: (transcribe el artículo 95).-‘Artículo 130. Las fianzas otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal, se harán efectivas conforme a las siguientes reglas: I. La autoridad judicial, para el solo efecto de la presentación del fiado, requerirá personalmente o bien por correo certificado con acuse de recibo, a la institución fiadora en sus oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien en el domicilio del apoderado designado para ello. Dicho requerimiento podrá hacerse en cualquiera de los establecimientos mencionados o en el domicilio del apoderado de referencia, que se encuentre más próximo al lugar donde ejerza sus funciones la autoridad judicial de que se trate; II. Si dentro del plazo concedido, no se hiciere la presentación solicitada, la autoridad judicial lo comunicará a la autoridad ejecutora federal o local, según sea el caso, para que proceda en los términos del artículo 95 de esta ley. Con dicha comunicación deberá acompañarse constancia fehaciente de la diligencia de requerimiento; III. La fianza será exigible desde el día hábil siguiente al del vencimiento del plazo fijado a la afianzadora para la presentación del fiado, sin que lo haya hecho.’.-Ahora bien, por caducidad en el sistema jurídico mexicano debe entenderse la cesación del derecho a entablar o proseguir una acción o un derecho, en virtud de no haberlos ejercido dentro de los términos establecidos para ello. Así tenemos que su entidad es procesal, dado que se refiere al ejercicio de una acción o derecho, los que por su naturaleza son derechos subjetivos públicos oponibles al Estado para que éste, mediante su imperio, imponga al obligado el cumplimiento de la contraprestación.-Asentado lo anterior, cobra vital importancia lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas que dispone: (lo transcribe).-Como es perceptible del numeral transcrito con antelación, al tratarse de la caducidad el legislador invariablemente se refirió al procedimiento de la reclamación y siendo esto así se llega al convencimiento de que la figura de la caducidad, prevista en el artículo 120 de la multirreferida ley, sólo opera respecto de pólizas que para su efectividad se requiere previa reclamación, entendiéndose por tal, el vencer previamente en juicio arbitral o contencioso a la afianzadora, procedimiento que establecen los numerales 93 y 93 bis de la ley en comento.-Sin embargo, en el caso concreto, aun cuando la autoridad demandada pudo optar por aquel procedimiento, de autos se desprende que eligió el procedimiento a que alude el precepto 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en el cual no existe la reclamación o el vencer previamente a la afianzadora para hacer efectiva la garantía otorgada.-En ese contexto, no puede operar la figura procesal de la caducidad, pues no se está ante el ejercicio de una acción, sino ante la exigibilidad directa, unilateral y coercitiva por parte de la Federación de un derecho adquirido, a lo que la ley de la materia atribuyó la denominación de requerimiento.-Luego, los vocablos reclamación y requerimiento, en la legislación de fianzas, no constituyen sinónimos para referir una misma cosa, sino que atañen a figuras jurídicas distintas, respecto de las cuales sólo opera la caducidad tratándose de la primera, y la prescripción tratándose de ambas.-Cabe añadir que la jurisprudencia citada por la autoridad responsable como sustento de su fallo, norma este criterio, en tanto que las consideraciones producidas en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis número 33/96, refiere la aplicación del artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, sólo dentro del procedimiento que establecen los artículos 93 y 93 bis de ese propio ordenamiento legal.-Jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1001 del Tomo II, Segunda Parte de la compilación de Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: ‘FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVÉ LA CADUCIDAD EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES.’ (la transcribe)."
El Séptimo Tribunal Colegiado citado al inicio de este considerando, el cuatro de abril de dos mil uno, al resolver el DA. 2857/98, promovido por Fianzas Asecam, S.A., razonó lo siguiente:
"QUINTO.-La parte quejosa alega, sustancialmente, que se violan en perjuicio de su representada los artículos 14, 16 y 103, fracción I, de la Carta Magna, en relación con lo dispuesto por los artículos 234, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, y artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, en términos de lo dispuesto en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, porque la Sala del conocimiento transgredió la garantías de legalidad y exacta aplicación de la ley, así como la de debido proceso legal, pues afirma que omitió valorar las pruebas ofrecidas de su parte en el escrito inicial de demanda, consistente en el original de la constancia de notificación de doce de agosto de mil novecientos noventa y seis, practicada por el Juez Noveno de Paz Penal en el Distrito Federal, prueba que se tuvo por ofrecida, admitida en todos sus términos mediante acuerdo de veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y siete, con la que sostiene que se corroboran los argumentos que hizo valer en su demanda, además de que la Sala pasó por alto que también ofreció la documental consistente en el informe que debió requerir al Juez Noveno de Paz Penal en el Distrito Federal, a efecto de que informara la fecha en que notificó a Fianzas Asecam, S.A., Grupo Financiero Asecam, el requerimiento de dos de agosto de mil novecientos noventa y seis, a través del cual se le otorgó el término de quince días para presentar a su fiado, sin que dicha prueba se cumplimentara, ya que el Juez Penal hizo referencia a otra fecha de notificación y exhibió una constancia diversa.-Es inatendible el concepto de agravio anteriormente reseñado, toda vez que, independientemente de que le asista o no la razón a la peticionaria del amparo, lo cierto es que sus argumentos se encuentran encaminados a justificar la figura jurídica de la caducidad prevista en el primer párrafo del artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, mismo que en la especie resulta inaplicable en atención a las consideraciones siguientes: Es menester aclarar que en el asunto en comento no está a discusión la vía elegida por la autoridad hacendaria para hacer efectiva la garantía otorgada en la causa penal número 422/96, seguida en contra del fiado ... con la que se pretendió garantizar su libertad provisional dentro del proceso que se instruyó en su contra por el delito de robo, procedimiento de efectividad que fue precisamente establecido en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.-El referido artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, establece lo siguiente: (lo transcribe).-Así, tenemos que su naturaleza es procesal, dado que se refiere a la facultad con la que cuenta la beneficiaria de la póliza de fianza para ejercer la acción de cobro, lo que desde luego es un derecho subjetivo público oponible al Estado para que éste, mediante su imperio, obligue a la fiadora a cumplir con la contraprestación a su cargo.-Por otra parte, el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas dispone: (lo transcribe).-De lo anterior transcrito se pone de manifiesto que, al tratar el tema de la caducidad, el legislador invariablemente se refirió al procedimiento de la reclamación, por lo que se llega al convencimiento de que la figura de la caducidad prevista en el artículo 120 de la multirreferida ley, sólo opera respecto de pólizas que para su efectividad exigen previamente la reclamación, entendiéndose por tal, el hecho de que se obligue a la beneficiaria a vencer previamente a la afianzadora en un procedimiento arbitral o contencioso, el cual se encuentra previsto en los numerales 93 y 93 bis de la citada Ley Federal de Instituciones de Fianzas.-De todo lo cual se infiere que, en el asunto a estudio, no puede operar la figura procesal de caducidad, pues no se está ante el ejercicio de una acción, sino ante la exigibilidad directa, unilateral y coercitiva, por parte de una autoridad del Ejecutivo Local, de un derecho adquirido, a lo que la ley de la materia denominó como requerimiento.-Cabe señalar que los vocablos reclamación y requerimiento en la legislación de fianzas, no constituyen sinónimos para indicar una misma cosa, sino que se refieren a figuras jurídicas distintas, respecto de las cuales sólo opera la caducidad en (sic) en tratándose de la primera, y únicamente la prescripción será aplicable a esos dos términos, en materia de efectividad de fianzas.-Norma el criterio anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1001 del Tomo II, Segunda Parte de la compilación de Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: ‘FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVÉ LA CADUCIDAD EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES.’ (la transcribe)."
El Tribunal Colegiado en cita, el veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, al resolver la revisión fiscal 2677/98, promovida por el procurador fiscal de la Federación en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y de las autoridades demandadas, derivada del juicio fiscal 16432/97, promovido por Afianzadora Insurgentes Serfín, S.A. de C.V., sostuvo lo siguiente:
"QUINTO.-Es fundado el agravio formulado por las autoridades recurrentes en el sentido de que la Sala Regional analizó erróneamente su argumento, consistente en que la Tesorería de la Federación no procedió a reclamar ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, conforme lo determinan los artículos 93 y 93 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y que optó por el determinado en el artículo 95 de esa ley, precepto de donde se desprende la inaplicabilidad del diverso 120 de ese mismo ordenamiento legal; que precisamente del procedimiento llevado a cabo por la autoridad demandada puede o no aplicarse la caducidad como lo determina la jurisprudencia 33/96, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.-Es fundada la relatada argumentación, dado que como lo manifiestan los ocursantes, en la sentencia que se combate la autoridad responsable determinó que si la obligación garantizada se hizo exigible a partir del quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco, el término de caducidad venció el trece de agosto del mismo año, por lo que al momento en que se notificó a la afianzadora el requerimiento impugnado (diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete), ya habían transcurrido los ciento ochenta días para que se configurara la caducidad; que no es necesario que se agote el procedimiento establecido por los artículos 93 y 93 bis y 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para considerar la aplicación del artículo 120 de la propia ley; y que si bien el mencionado artículo 95 establece la opción de acudir a dos procedimientos, ello es únicamente cuando se pretende hacer efectiva una fianza, pero que en la especie lo que alega la actora es la caducidad de las facultades de la autoridad para hacer efectiva la obligación garantizada a través de la póliza, sin que sea requisito que se siga alguno de los procedimientos antes señalados para considerar aplicable la figura de la caducidad, pues no lo contempla el numeral 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.-De los razonamientos expuestos por la Sala responsable se aprecia que da por hecho que la autoridad demandada debe someterse a lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, únicamente por el hecho de que han transcurrido ciento ochenta días a partir del quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco en que se hizo exigible la fianza por vencimiento del plazo fijado a la afianzadora para la prestación del fiado, sin que deban agotarse los procedimientos a que se refieren los artículos 93 y 95 de la ley citada.-Con objeto de demostrar lo incorrecto de la resolución impugnada, debe tenerse presente que en la tesis 33/96 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, invocada por la hoy recurrente, se sustenta lo siguiente: ‘FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVÉ LA CADUCIDAD EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES.’ (la transcribe).-Del referido criterio jurisprudencial se aprecia que la caducidad a que se refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, es una figura que sólo opera dentro del procedimiento previsto por los artículos 93 y 93 bis, por lo que al utilizar la palabra ‘dentro’, es evidente que deben iniciarse previamente los procedimientos de efectividad de las fianzas para poder aplicar la caducidad que contempla el referido ar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7587-155a8560/fianzas-penales-la-caducidad-instituida-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- RENTA. NO SON DEDUCIBLES LOS INTERESES DERIVADOS DE LA INVERSIÓN O REINVERSIÓN DE LOS FONDOS DESTINADOS A LA CREACIÓN O INCREMENTO DE RESERVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O J (CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2003-SS)
- REPARTO DE UTILIDADES. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE UN AÑO, PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EXIGIRLO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2000-SS)
- SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. LA IMPUGNACIÓN DE SU REGLAMENTO POR INFRACCIÓN A UN PRECEPTO DE LA LEY RESPECTIVA, CONSTITUYE UN PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD QUE ES COMPET (CONTRADICCIÓN DE TESIS 69/2001-SS)
- PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. LAS OBJECIONES QUE AL RESPECTO SE REALICEN DEBERÁN RESOLVERSE DE PLANO, OYENDO A LAS PARTES EN LA AUDIENCIA DE LEY. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2001-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PÚBLICO. LA FALTA DE PROTESTA NO DISMINUYE LA VALIDEZ DE SUS ACTUACIONES.- (3547)
- EXCLUYENTES. (s/clave)
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis