SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. LA IMPUGNACIÓN DE SU REGLAMENTO POR INFRACCIÓN A UN PRECEPTO DE LA LEY RESPECTIVA, CONSTITUYE UN PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD QUE ES COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 69/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el cinco de abril de dos mil uno el amparo directo DA. 467/2001 relacionado con la revisión fiscal 367/2001, en la parte conducente de la ejecutoria sostuvo:
"La peticionaria de amparo en el cuarto concepto de violación expresa su inconformidad con el proceder adoptado por la sección de la Sala responsable en el considerando sexto de la sentencia reclamada, en tanto que para estimar ineficaz la resolución impugnada tan sólo estudia seis conceptos de anulación de los veinte que se hicieron valer, lo que le ocasiona indefensión, pues esa forma de actuar infringe lo dispuesto en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, ya que de haber estudiado los conceptos de anulación que no se analizaron hubiera dotado al fallo reclamado de una nulidad lisa y llana, y no de una para efectos, lo que la legitima para combatir la resolución correspondiente en términos del criterio que invoca.-No asiste razón a la titular de la acción constitucional en los argumentos sintetizados, ya que si la sección de la Sala responsable con base en los seis conceptos de anulación que estudió advirtió que eran suficientes para decretar la nulidad, porque estaban orientados a destruir la competencia de la autoridad para emitir el acto, por orden preferente esos alegatos debían ser analizados en primer lugar, a diferencia de los restantes que estaban encaminados, si bien a anular el acto con base en cuestiones de ilegalidad de la visita, su contenido condujo a analizarlos en segundo término, pues primero era necesario determinar si la autoridad era o no competente para emitir la orden y luego ver los defectos atribuidos a la visita.-Luego, es acertado el proceder de la sección de la Sala que dictó la resolución impugnada.-La titular de la acción constitucional, en el segundo concepto de violación impugna lo decidido por la Sala en el quinto considerando respecto a los conceptos de anulación planteados por la actora bajo los números décimo, undécimo y duodécimo pues, a su juicio, al abordar su estudio la sección de la Sala no abarcó todas las cuestiones planteadas en cada uno de ellos ya que, dice, en relación al concepto de anulación décimo, se había expresado que el Servicio de Administración Tributaria no es un órgano desconcentrado al no cumplir con los requisitos legales señalados en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, por lo mismo, no está subordinado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituyendo por ello un órgano autónomo; en el décimo primer concepto de anulación hizo valer la inexistencia y, por ende, incompetencia de la autoridad que emitió el acto impugnado con apoyo en que antes de ser publicado el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, se debió haber elaborado un anteproyecto en términos del artículo 10, fracción IV, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, que debió aprobar la Junta de Gobierno, antes de publicarse el reglamento interior de ese organismo, pero eso no se hizo; y en el concepto de anulación duodécimo argumentó la incongruencia de la resolución combatida en el juicio de nulidad por resultar inexistente el sistema de administración tributaria; que en el artículo 9o. se señala quiénes son los integrantes de la Junta de Gobierno de ese organismo, entre los cuales están dos titulares de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, de nivel inferior al presidente, pero como entre las facultades de la Junta de Gobierno está la de aprobar el anteproyecto del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria, se puede concluir que ese reglamento carece de una formalidad señalada en la ley porque no pudo haberse integrado la Junta de Gobierno cuando los dos titulares de las unidades administrativas aún no existían, lo cual dejó de advertir la sección de la Sala responsable, porque sin ninguna profundidad en su estudio dejó de resolver las cuestiones señaladas, que no son de constitucionalidad sino de legalidad.-Tiene razón la quejosa en los argumentos sintetizados.-Ciertamente, según la síntesis realizada de los conceptos de violación que reproducen los conceptos de anulación décimo, undécimo y duodécimo, se aprecia que en ellos se cuestionó la legalidad del Reglamento Interior del Sistema de Administración Tributaria y, por ende, la competencia del administrador local de Auditoría Fiscal de Uruapan, para emitir la orden con motivo de que al ser emitido el reglamento no se siguieron diversas formalidades establecidas en la Ley del Servicio de Administración Tributaria para ese fin.-De manera que, opuestamente a lo advertido por la sección de la Sala responsable, los aspectos cuestionados en los citados conceptos de violación no eran argumentos que giraran en torno a la inconstitucionalidad, pues en ninguno de ellos se implica precepto alguno de la Carta Magna que se estimara contravenido, más bien se refieren a irregularidades que a juicio de la promovente del amparo se cometieron al emitir el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.-Así que es desacertada la determinación de la sección de la Sala responsable al estimar inoperantes esos conceptos de anulación, por lo que con su conducta infringió en perjuicio de la quejosa el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación.-En las narradas condiciones, lo que procede es conceder el amparo que se solicita para el efecto de que la sección de la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que analice nuevamente el contenido de los conceptos de impugnación precisados bajo los números décimo, undécimo y duodécimo de la demanda en el juicio de nulidad y, en su caso, los que faltan por estudiar, decidiendo lo que en derecho corresponda.-Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Ingenio San Sebastián, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la autoridad y la sentencia que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.-Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a la Sala de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente."
La anterior ejecutoria del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito fue aprobada por mayoría de votos de los Magistrados Alberto Pérez Dayán y F. Javier Mijangos Navarro, en contra del voto emitido por el Magistrado presidente David Delgadillo Guerrero, quien sostuvo lo siguiente:
"Voto particular del Magistrado presidente David Delgadillo Guerrero: No estoy de acuerdo con la resolución mayoritaria, en cuanto declaró fundado un concepto de violación y con base en ello se otorgó el amparo solicitado.-La mayoría consideró que en el presente caso se cuestiona la legalidad del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y derivado de lo anterior, la competencia del administrador local de Administración de Auditoría Fiscal de Uruapan, para emitir la orden con motivo de que, al ser expedido ese reglamento no se siguieron diversas formalidades establecidas en la Ley del Servicio de Administración Tributaria para ese fin.-Por su parte, la peticionaria de garantías alega que la Sala a quo indebidamente se declaró incompetente para conocer y resolver los conceptos de anulación en los que controvirtió la legalidad de las resoluciones impugnadas en el juicio de nulidad, por derivar de órdenes de visita domiciliaria emitidas por una autoridad incompetente, ya que es ilegal el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en que la autoridad demandada fundó su actuar, pues el presidente de la República expidió dicho reglamento sin que previamente lo aprobara la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria.-Dicho concepto de violación debió declararse infundado, toda vez que la Sala responsable actuó con apego a derecho al determinar que no podía entrar al estudio de lo alegado por la actora, consistente en la ilegalidad de las resoluciones reclamadas por incompetencia de la autoridad emisora, pues independientemente de la denominación empleada por la peticionaria de garantías, dicho argumento en realidad tiende a combatir la inconstitucionalidad del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, ya que considera que carece de validez por ser contrario a lo establecido por la Constitución, pues el presidente de la República expidió dicho reglamento sin que previamente lo aprobara la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria; por ende, es inexacto lo afirmado por la quejosa, toda vez que la Sala correctamente se abstuvo de pronunciarse de la inconstitucionalidad planteada, ya que dicha facultad corresponde a los tribunales encargados del control constitucional, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito.-En la resolución de mayoría se le están otorgando facultades a la Sala responsable que no están apoyadas en ley.-En efecto, del contenido del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no se infiere que dicho tribunal tenga competencia para anular actos de contenido legislativo desde el punto de vista material, pues aun cuando un reglamento sea expedido por el presidente de la República, y no de un órgano legislativo, lo cierto es que materialmente alcanza el concepto de norma jurídica.-Para poder nulificar un proceso legislativo se debe contar con atribuciones expresas; la Sala de que se trata sólo puede estudiar lo conexo con la competencia a que se refiere el artículo 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, relacionada con la emanada del artículo 16 de nuestra Carta Magna. Esto es, sólo puede analizar si una autoridad cuenta o no con el cúmulo de facultades ejercidas que previamente estén previstas en un ordenamiento legal; pero no puede anular y dejar sin efectos todo un cuerpo normativo, con el pretexto de que se trata de una violación de 'ilegalidad' y no de 'constitucionalidad', puesto que la pretensión de la parte actora en el juicio natural es que desaparezca de su esfera jurídica un reglamento que en su concepto no cumple con la ley, por no haberse emitido de acuerdo con la que a su vez se está reglamentando.-En consecuencia, considero de suma gravedad que un tribunal cuya competencia es por antonomasia dirigida a dilucidar actos eminentemente administrativos, ahora se le otorguen en una ejecutoria facultades para anular actos materialmente legislativos. Por ello, sostengo que se debió negar el amparo solicitado por ese concepto.-Magistrado presidente: (firmado) David Delgadillo Guerrero."
CUARTO.-El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DA. 6965/99 el veintiséis de abril de dos mil uno, en lo que interesa a la presente denuncia de contradicción de tesis, expuso:
"El cuarto concepto de violación hecho valer es en parte inoperante, ya que si bien es cierto que la responsable no se pronunció en relación con los argumentos de anulación contenidos en los agravios quinto y sexto de la demanda de nulidad, ello no puede llevar a otorgar el amparo solicitado, ya que como se advierte de su lectura, lo que realmente se pretendía era que se declarara la inconstitucionalidad del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, por considerar que no fue aprobado su anteproyecto por la Junta de Gobierno y, sólo en vía de consecuencia, la incompetencia del subadministrador '2' demandado, aspecto en relación con el cual el Tribunal Fiscal de la Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, carece de competencia al no ser un tribunal de constitucionalidad.-Ahora bien, tomando en consideración que también se plantea directamente la ineficacia de dicho reglamento, este tribunal procede a su estudio.-Se estima también ineficaz lo aducido en cuanto a que no es válido el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria porque no se aprobó el anteproyecto por la Junta de Gobierno y que ésta no estaba integrada.-Los artículos 9o. y 10 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, establecían: 'Artículo 9o. La Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria se integrará por: I. El secretario de Hacienda y Crédito Público, quien la presidirá; II. Dos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, designados por el titular de esa dependencia; III. El presidente del Servicio de Administración Tributaria; y, IV. Dos titulares de unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, de nivel inmediatamente inferior al del presidente, designados por éste.' y 'Artículo 10. La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones siguientes: ... IV. Aprobar la estructura orgánica básica del Servicio de Administración Tributaria y las modificaciones que procedan a la misma, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como el anteproyecto del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y sus modificaciones correspondientes.'.-Si bien es cierto que no se aprobó un anteproyecto del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria por la Junta de Gobierno, conforme lo establece la fracción IV del artículo 10 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, ello no hace inconstitucional dicho reglamento, ya que el mismo fue emitido por el presidente de la República en uso de su facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, la cual no puede ser restringida en cuanto a su ejercicio directo por la propia ley que se reglamenta, esto es, si bien un reglamento se rige por el principio de reserva de ley y de subordinación jerárquica, ello es relativo a que en ejercicio de esa facultad no pueden abordarse materias reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso y que el reglamento que se expida esté precedido de una ley cuyas disposiciones desarrolle, cumplimente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida, pero no puede con apoyo en esos principios estimarse que la ley que se reglamenta subordine el ejercicio de la facultad reglamentaria a una actuación de un órgano que carece de tal atribución reglamentaria prevista en la Constitución que es la Ley Suprema de la Unión, razón por la cual no puede la ley citada prevalecer respecto de lo previsto en la Norma Constitucional.-Por otro lado, tomando en cuenta que si la Ley del Servicio de Administración Tributaria se expidió mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, como parte del 'Decreto por el que se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras', para entrar en vigor el primero de julio de mil novecientos noventa y siete, en los términos de su artículo primero transitorio, esto es, antes de que se publicara el reglamento respectivo en el Diario Oficial del treinta de junio del mismo año, resulta que es inexacto que dicho reglamento se haya expedido con anterioridad a la ley aludida.-Además, a pesar de que dicha ley aún no entraba en vigor en la fecha de emisión del reglamento, ello no hace inexistente o incompetente al subadministrador demandado, dado que, además de que como ya se precisó, fue expedido con anterioridad al aludido reglamento, lo cierto es que la Administración Local de Auditoría Fiscal Número 63 del Centro del Distrito Federal y la Subadministración Número '2' ya existían, según se dejó precisado con anterioridad.-Cabe hacer notar que no puede alegarse la falta de integración de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria y la falta de aprobación por ésta del reglamento interior de dicho organismo, sin incurrir en contradicción, dado que un órgano que no está integrado, no puede ejercer facultad alguna.-Por otra parte, como se advierte de lo dispuesto en los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pasaron a formar parte de dicho órgano desconcentrado y todas las referencias y atribuciones que se otorgan en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus unidades administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria en el campo de sus atribuciones.-Dichos preceptos dicen: 'Tercero. Las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus unidades administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la presente ley, su reglamento interior o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos.' y 'Cuarto. Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley se encuentren en trámite ante alguna de las unidades administrativas de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que pasen a formar parte del Servicio de Administración Tributaria, o los recursos administrativos interpuestos en contra de actos o resoluciones de tales unidades administrativas, se seguirán tramitando ante el Servicio de Administración Tributaria o serán resueltos por el mismo, cuando se encuentren vinculados con la materia objeto de la presente ley, su reglamento interior y cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos.'.-De lo transcrito se llega a la conclusión de que, contrariamente a lo afirmado, las unidades administrativas que debían integrar la Junta de Gobierno ya existían, sin necesidad de su creación en el reglamento interior, por lo que tampoco puede considerarse que no tenga competencia y existencia el subadministrador demandado en el juicio de nulidad."
La anterior resolución fue aprobada por unanimidad de votos de los Magistrados Ma. Teresa García Robles, Ma. de Fátima I. Sámano Hernández y Cuauhtémoc Carlock Sánchez, en cuanto al sentido del fallo, y por mayoría en su parte considerativa, contra el voto particular del Magistrado Cuauhtémoc Carlock Sánchez, quien sostuvo lo siguiente:
"Disiento del criterio de la mayoría, en virtud de que conforme a lo expresado por la quejosa en el respectivo concepto de violación, se puede advertir que el legislador secundario estableció en el texto del artículo 10 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, que previamente a la emisión del reglamento que derivara de ésta, se impuso una condición para la viabilidad del ordenamiento de segundo orden, toda vez que la Junta de Gobierno, autoridad estructurada por la ley mencionada, debió 'aprobar el anteproyecto del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria'.-De tal suerte que es inconcuso, según quien esto suscribe, que el tópico central de la controversia pone en disputa dos disposiciones de rango constitucional que en modo alguno se pueden contradecir, esto es, la facultad expresa a favor del Poder Legislativo, como órgano originario y emisor de las leyes, y la atribución reglamentaria otorgada al presidente de la República. Ambas disposiciones deben aplicarse en la práctica, sin que una pueda derogar a la otra; sin embargo, para poder hacerlas armónicas entre sí, se debe atender a la prioridad de las funciones; por ende, si la teleología del legislador Constituyente determina estructurar las funciones del Poder Legislativo, para que se emitan las leyes que rijan los destinos de la nación, es claro que si en dicha tarea asume que el presidente de la República que expide, por cierto, normas legales de inferior jerarquía y que deben tender a regular y a dar aplicación e interpretar los alcances de la ley que 'reglamente'; en esas condiciones me resulta claro que, en casos como el presente, la transcripción del artículo 10 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, al supeditar, como ya se dijo, la expedición del reglamento interior que produjo el titular del Poder Ejecutivo, sin dar satisfacción a la obligación de emitir previamente un anteproyecto y exponerlo a la consideración de la Junta de Gobierno de la entidad pública, Administración Tributaria, refleja la inconstitucionalidad de que adolece, razón por la cual se debió conceder el amparo impetrado, atendiéndose al motivo de inconformidad expuesto. Es aplicable a lo anterior la tesis visible en la página 293 del Tomo II, septiembre de 1995, Novena Época, instancia Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 'FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES.'."
QUINTO.-Para determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, se estima pertinente resumir los antecedentes y consideraciones que informan las ejecutorias antes transcritas.
A) En relación con la ejecutoria pronunciada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo directo DA. 567/2001, promovido por Ingenio San Sebastián, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra la sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil, dictada por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, destaca lo siguiente:
1. En la sentencia reclamada, la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación declaró la nulidad de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo 633/99-05-01-9/419/00-S2-07-04, con fundamento en los artículos 238, fracción II y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, para el efecto de que la autoridad demandada anule el procedimiento del que deriva dicha resolución y, actuando dentro del límite de sus facultades discrecionales, si así lo estima conveniente y se encuentra en posibilidades de hacerlo, emita un nuevo acto administrativo.
2. Para llegar a la anterior determinación, la autoridad responsable declaró fundado el segundo concepto de impugnación, relativo a la falta de fundamentación de la orden de visita que dio origen a la resolución impugnada, por no haber invocado la autoridad demandada el acuerdo de inicio de sus actividades, que hubiese sido emitido por el secretario de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo establecido en el artículo 6o., fracción XXIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente al diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis, fecha en que se emitió la orden de visita cuestionada.
3. Por otra parte, la Segunda Sección de la Sala responsable estimó inoperantes los conceptos de anulación décimo, undécimo y duodécimo, considerando, al efecto, que aun cuando la actora haya manifestado expresamente que se referían sólo a la inexistencia de la autoridad emisora de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, de lo que expuso se advierte que en realidad cuestionó la inconstitucionalidad de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y del reglamento interior de dicho órgano desconcentrado, ya que sustancialmente adujo que la naturaleza jurídica del Servicio de Administración Tributaria es diversa a la señalada en su ley, impugnando, además, la falta de formalidades en la creación del referido reglamento, por lo que el conocimiento de tales aspectos está reservado al Poder Judicial de la Federación.
Tales conceptos de impugnación, cuyo estudio consideró inoperantes la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, fueron resumidos en los términos siguientes:
"a) Que el Servicio de Administración Tributaria no es un órgano desconcentrado, como erróneamente lo denomina el artículo 1o. de su ley, en virtud de que no cumple con los requisitos señalados en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, por tanto, no tiene relación alguna de dependencia con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Que en virtud de lo anterior, los actos del Servicio de Administración Tributaria y de sus dependencias, como lo es la autoridad que emite la resolución impugnada, deben ser considerados nulos.
"b) Que antes de la publicación del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria se debió haber elaborado un proyecto de éste, y antes del proyecto, se debió haber elaborado un anteproyecto, el cual debió ser aprobado por la Junta de Gobierno en los términos del artículo 10, fracción IV, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y dado que dicho anteproyecto no existe, entonces, la autoridad que emitió la resolución impugnada carece de existencia jurídica, por lo que no se le puede dar validez a sus actuaciones, al apoyarse en un Reglamento Interno del Servicio de Administración Tributaria que no cumplió, previo a su publicación, con la aprobación de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria.
"c) Que la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria debe estar integrada por dos titulares de las unidades administrativas, siendo que los mismos carecen de existencia jurídica, ya que fueron creados a través del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, el cual careció de una formalidad señalada en la ley. Que entonces es incongruente que, por una parte, dos de los miembros de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria sean inexistentes por haber sido creados por un reglamento que se encuentra viciado y que, por otra parte, dicho reglamento deba ser aprobado por la Junta de Gobierno, la cual no puede estar debidamente integrada."
4. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concedió el amparo a la quejosa Ingenio San Sebastián, Sociedad Anónima de Capital Variable, para el efecto de que la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, autoridad señalada como responsable, analizara los conceptos de impugnación que ante ella se hicieron valer con los números décimo, undécimo y duodécimo, en los cuales se alegó:
a) Que el Servicio de Administración Tributaria no es un órgano desconcentrado, al no cumplir con los requisitos legales señalados en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, por lo mismo, que no está subordinado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituyendo un órgano autónomo;
b) Que es inexistente y, por ende, incompetente la autoridad que emitió el acto impugnado, dado que antes de ser publicado el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria se debió haber elaborado un anteproyecto en términos del artículo 10, fracción IV, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, el cual debió aprobar la Junta de Gobierno antes de publicarse dicho reglamento;
c) Que es incongruente la resolución combatida en el juicio de nulidad por resultar inexistente el Sistema de Administración Tributaria, pues el artículo 9o. señala quiénes son los integrantes de la Junta de Gobierno, entre los cuales se encuentran dos titulares de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, de nivel inferior al presidente y como entre las facultades de dicha Junta está la de aprobar el reglamento, se puede concluir que éste carece de una formalidad señalada en la ley, pues no pudo haberse integrado la Junta de Gobierno cuando los dos titulares de las unidades administrativas aún no existían.
Así, el tribunal de amparo sostiene que tales planteamientos no son de constitucionalidad, sino de legalidad, dado que se refieren a la "legalidad" del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, así como a la competencia del administrador local de Auditoría Fiscal de Uruapan, para emitir la orden, con motivo de que al ser expedido dicho reglamento no se siguieron las formalidades establecidas en la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de manera que "opuestamente a lo advertido por la sección de la Sala responsable, los aspectos cuestionados en los citados conceptos de violación no eran argumentos que giraran en torno a la inconstitucionalidad, pues en ninguno de ellos se implica precepto alguno de la Carta Magna que se estimara contravenido, más bien se refieren a irregularidades que a juicio de la promovente del amparo se cometieron al emitir el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria".
B) En relación con la ejecutoria pronunciada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo DT. 6965/99, promovido por Moda Variante, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra la sentencia de dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve, emitida por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación en el juicio de nulidad 11881/98, destaca lo siguiente:
1. En la sentencia reclamada, la Sala Fiscal responsable declaró la nulidad de la resolución impugnada en el juicio de nulidad 11881/98, para el efecto de que la autoridad demandada emita otra resolución en la que exponga los razonamientos y las circunstancias de hecho y de derecho que tuvo en cuenta para imponer una multa superior al término mínimo.
2. Para llegar a la anterior conclusión, la Sala responsable estimó fundados los conceptos de impugnación séptimo y octavo (considerando octavo de la sentencia reclamada), por considerar que la autoridad demandada impuso a la actora una multa superior al monto mínimo que prevé el artículo 84, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, sin expresar los motivos y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7527-78075ea7/servicio-de-administracion-tributaria-la-impugnacion-de-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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