ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN RESPETAR EL PLAZO QUE PARA SU FORMULACIÓN PREVÉ EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR LO QUE NO PUEDEN DICTAR SENTENCIA SINO HASTA QUE AQUÉL SE HAYA CUMPLIDO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 71/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Las consideraciones que sirvieron de sustento a la ejecutoria de catorce de junio de dos mil uno, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el amparo directo 425/2000, promovido por Celulosa y Derivados, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la parte que interesa, son las siguientes:
"QUINTO. Los conceptos de violación transcritos resultan jurídica mente ineficaces. En efecto, primeramente, el aquí quejoso aduce que la Sala Fiscal responsable violó en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, pues señala que en total desacato al contenido de los citados imperativos y en forma por demás ilegal, dicha Sala emitió la resolución que aquí se reclama 'antes de que transcurriesen los plazos que para el cierre de instrucción y la formulación de alegatos, respectiva mente, establecen el primer y segundo párrafos del artículo 235 del Código Fiscal de la Federación', concluyendo que con tal actuar, la responsable 'omitió la fase procedimental de los alegatos en perjuicio de su representada'. Apoyando su argumento en los criterios de rubros: 'TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ALEGATOS. TÉRMINO PARA QUE SE FORMULEN LOS, LA SENTENCIA QUE SE DICTA DENTRO DEL, IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO.', 'VIOLACIONES PROCESALES. REQUISITOS PARA RECLAMARLAS EN AMPARO DIRECTO.', 'AMPARO DIRECTO. CUÁNDO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES
PROCEDIMENTALES.' y 'PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES DEL.'. Lo anterior resulta fundado pero inoperante, y a fin de evidenciarlo, se estima necesario precisar lo siguiente: El citado artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, a la letra dispone: 'Artículo 235. El Magistrado instructor, diez días después de que haya concluido la sustanciación del juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará por lista a las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia. Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, quedará cerrada la instrucción, sin necesidad de declaratoria expresa.'. Ahora bien, la Sala responsable, en el proveído de cuatro de mayo del año dos mil, mismo que obra a fojas 124 del juicio de nulidad, adujo lo siguiente: '... Con fundamento en los artículos 200, 212, 213 y 214 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el diverso 36, fracciones II y IV, de la ley orgánica de este tribunal, se tiene por contestada la demanda en términos del oficio que se acuerda, por ofrecidas y admitidas las pruebas precisadas en el capítulo respectivo de dicho oficio, por designado domicilio para oír notificaciones y como delegados de la autoridad contestante a las personas señaladas para ello. Con fundamento en los artículos 235 y 253, fracción I, del código citado, con copia del oficio de contestación y sus anexos, córrase traslado a la parte actora para los efectos legales correspondientes y apareciendo de autos que han quedado desahogadas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, dígaseles a las mismas que disponen de un término de cinco días para formular alegatos, el que correrá a partir de los diez días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, de no darse cuestión que previamente tenga que desahogarse. Transcurrido el término anterior, quedará cerrada la instrucción del juicio, debiendo darse cuenta con el mismo a la Sala para que se dicte la sentencia que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente a la actora y mediante oficio a las autoridades demandadas. Así lo proveyó y firma la Magistrada instructora, licenciada Ana María Múgica Reyes, ante el secretario que actúa y da fe.'. Luego, de las constancias que integran el juicio de nulidad que dio origen al presente juicio de amparo, se advierte que el contenido del auto anteriormente transcrito le fue notificado a la parte actora y aquí quejosa, con fecha once del mismo mes de mayo -según se desprende de la constancia levantada a foja 127 del juicio de nulidad-. Que dicha notificación surtió sus efectos el día hábil siguiente, esto es, el día doce del mismo mes y año; por tanto, el plazo de los diez días hábiles a que alude el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación para el cierre de la instrucción, corrió del lunes quince al viernes veintiséis del mismo mes, y el plazo de los cinco días para que las partes formularan alegatos a que también alude el citado numeral (según lo acordado por la Magistrada instructora de la Sala responsable en el auto transcrito), corrió del lunes veintinueve al dos de junio del año dos mil. Y por último, que la sentencia aquí reclamada fue emitida el veinticinco de mayo del año dos mil. Como se ve de lo narrado en párrafos precedentes, le asiste la razón a la parte quejosa, cuando aduce que la sentencia reclamada fue dictada en forma previa a que hubiesen transcurrido los plazos otorgados en el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación; luego, como también lo aduce acertadamente la parte quejosa, ello trajo como consecuencia que la responsable haya pronunciado sentencia definitiva omitiendo la fase procesal de los alegatos. Sin embargo, la anterior violación no es suficiente para conceder a dicha parte quejosa el amparo, ya que para que proceda otorgar la protección constitucional por violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento, es necesario que las mismas trasciendan al resultado del fallo. Así es, atendiendo a la naturaleza de los alegatos, los mismos no trascienden al resultado del fallo, porque únicamente son manifestaciones que las partes pueden producir en relación con sus pretensiones y la Sala Fiscal no está obligada a resolver conforme al contenido de ellos, sino de acuerdo con la litis planteada, señalando las pruebas y el valor de las mismas de acuerdo a razonamientos jurídicos, que son los realmente cuestionables en el juicio. De ahí que, por no trascender al resultado del fallo, la omisión en cuestión no constituye una violación al procedimiento que determine la concesión del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis número II.T.56 L -que se comparte-, visible en la página 1376, Tomo IX, marzo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 'ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. Si la Junta responsable omite abrir el periodo de alegatos, tal conducta no causa perjuicio alguno a las partes, pues aquéllos son únicamente apreciaciones personales de los litigantes, sin que formen parte de la litis y por ende, no trascienden al resultado del laudo.'. Además, resultan aplicables la jurisprudencia I.3o.A. J/10 y la tesis IV.3o.47 A -que también se comparten- localizables en las páginas 253 y 201, Tomos III, abril de 1996 y XV-II, febrero de 1995, Novena y Octava Épocas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que respectivamente dicen: 'NULIDAD, JUICIO DE. ALEGATO. NO DEBEN INTRODUCIRSE ELEMENTOS NUEVOS A LA CONTROVERSIA. El artículo 235 del Código Fiscal de la Federación (en su texto vigente a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho), dispone que el Magistrado instructor, diez días después de que haya concluido la sustanciación del juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará por lista a las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos por escrito. Asimismo, dispone que los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia; y, que al vencimiento del término señalado, con alegatos o sin ellos, quedará cerrada la instrucción sin necesidad de declaratoria expresa. El precepto en cita no define lo que debe entenderse por el término alegato pero, dentro de la doctrina jurídica se le delimita y estudia incluso con un sentido amplio y uno estricto. Así, se aprecia que los alegatos son los razonamientos por los cuales se pretende convencer al Juez de que se tiene la razón, por un lado; y, por otro, tratándose de los «alegatos de bien probado», se dice que son aquellos razonamientos hechos después de que se han rendido las probanzas y antes de citación para sentencia, en los que esencialmente, quien los formula manifiesta las razones por las que las pruebas aportadas al juicio deben dar convicción al juzgador para decidir en su favor, arguyéndo se también las incongruencias de la contraparte. En cualquiera de los dos casos los alegatos se agotan en el hecho de ser una especie de reiteración de lo manifestado dentro del juicio y de que las pruebas que obran en autos abonan a la pretensión propia. Precisamente, por estos motivos es por lo que los alegatos no forman parte de la litis, en virtud de que no tienen por objeto el aportar argumentos ni pruebas nuevas al juicio, sino tan sólo el de reiterar que se tiene la razón y hacerle patente al juzgador que con las pruebas aportadas sí se acredita la propia pretensión. En el caso específico, el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación se refiere a los «alegatos de bien probado», es decir a aquellos razonamientos que tienden a ponderar el valor de las pruebas propias ofrecidas y a impugnar las de la contraparte. Tal aserto deriva del hecho de que dichos alegatos se presentarán con posterioridad «a la sustanciación del juicio» y siempre y cuando «no exista cuestión pendiente que impida su resolución», es decir, después que se hayan rendido las pruebas y antes de citación para sentencia. Por lo que en este sentido, debe concluirse que los alegatos a que se refiere dicho dispositivo deben contener los razonamientos por los cuales cada una de las partes estima que con sus pruebas se abona a la propia pretensión, mientras que las de la contraparte se impugnan en su valor probatorio. En esta tesitura, si el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación citado establece que «los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia», se refiere únicamente a que los mismos, se considerarán en cuanto a los razonamientos que contengan respecto al valor de las probanzas propias presentadas, así como en cuanto impugnen el valor de las presentadas por la contraparte. Cuestión que excluye la consideración de los alegatos en cuanto que señalen nuevos actos impugnados, nuevos argumentos no hechos valer al presentar la demanda, o al contestarla, toda vez que, en primer lugar, el objeto de los alegatos no es el introducir nuevas cuestiones a la controversia, sino ponderar el valor de las probanzas presentadas. Así, la Sala Fiscal sólo estaría obligada a considerar los alegatos siempre y cuando lo en ellos contenido fuese propio de los mismos. Es decir, la Sala sólo considerará los alegatos en cuanto se refieran al valor de las probanzas presentadas y los razonamientos en ellos contenidos vayan dirigidos a determinar el alcance de cada una de ellas, mas en modo alguno deberán considerarlos en cuanto en ellos se introduzcan nuevos argumentos, ya que tal cuestión no es propia de los alegatos. Por otra parte, si la Sala resolviere el juicio en base a un nuevo argumento, o prueba, contenida en los alegatos de una de las partes, automáticamente estaría alterando la litis, pues se violaría el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación el cual establece que las Salas no podrán cambiar los hechos expuestos en la demanda y la contestación. A mayor abundancia, es pertinente señalar que en la exposición de motivos para la reforma del artículo en cuestión, no se encuentra ningún razonamiento relativo a los alegatos en particular, por lo que no puede asumirse que la intención del legislador haya sido la de permitir que mediante ellos se incorporen nuevos extremos a la litis. Y no puede ser de esa manera porque entonces, atendiendo al principio de equidad, sería necesario dar vista a una de las partes con los argumentos de su contraria y ello retrasaría notablemente la solución del conflicto, es decir, se instrumentaría un sistema de réplica y dúplica (desaparecido del ordenamiento adjetivo civil local desde la década de los sesentas) no previsto por el Código Fiscal de la Federación.' y 'ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS, POR LO QUE SU INOBSERVANCIA NO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS. De conformidad con el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, la Sala Fiscal debe considerar al emitir su sentencia los alegatos de las partes, sin embargo, de no hacerlo, si bien con ello inobserva el precepto legal mencionado, de ninguna manera implica violación de garantías, en virtud de que en los alegatos sólo se exponen razones tendientes a ilustrar al juzgador sobre la litis planteada, sin constituir parte de ella, pues ésta se integra exclusivamente con la demanda y contestación y, en el caso de una negativa ficta, con la ampliación a la demanda y contestación a esa ampliación, pues la obligación de resolver se circunscribe a la litis y no a los alegatos, ya que de introducirse en éstos cuestiones nuevas a las contenidas en los conceptos de anulación y proceder la Sala a su examen, implica que una de las partes queda en estado de indefensión al no tener la oportunidad legal de rebatirlas, lo cual no está permitido en aras del equilibrio procesal.'. Luego, en virtud de lo anterior, la jurisprudencia que en apoyo de sus conceptos de violación citó el quejoso del rubro y texto siguientes: 'TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ALEGATOS. TÉRMINO PARA QUE SE FORMULEN LOS, LA SENTENCIA QUE SE DICTA DENTRO DEL, IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO. Si del análisis de las constancias de autos, se advierte que no obstante que estaba corriendo el término fijado para que las partes formularan los alegatos que estimaran convenientes, sin que dicho término legal hubiera concluido, y se tuvo por transcurrido, se declaró cerrada la instrucción y se dictó la sentencia reclamada, antes de que en realidad se hubiera completado el plazo de ley, se violan en perjuicio de la quejosa las formalidades esenciales del procedimiento en términos de la fracción VI del artículo 159 de la Ley de Amparo y, por ende, las garantías de seguridad jurídica que se consagran en los artículos 14 y 16 de la Constitución.', no se comparte por este órgano colegiado. Similar criterio a lo resuelto se sostuvo por este tribunal al resolver el amparo directo 565/2000, en sesión de quince de febrero del año dos mil uno."
QUINTO. Las consideraciones en que se basó la ejecutoria de veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y uno, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 666/91, promovido por Murguía, Sociedad Anónima, en la parte que interesa, son las siguientes:
"CUARTO. Con independencia de lo manifestado en los conceptos de violación, procede suplir la deficiencia de los mismos de conformidad con lo establecido en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, por existir una violación manifiesta de la ley que deja sin defensa a la parte quejosa, en la medida que a continuación se indica. De las constancias del expediente fiscal que en copia certificada obran en el expediente de amparo, se advierte en primer lugar que el auto en el que la Magistrada instructora concedió a las partes un plazo de cinco días para que formularan alegatos no se notificó correctamente a la parte actora, supuesto que el referido auto es de fecha catorce de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, y el sello de su supuesta notificación es de fecha nueve del mismo mes y año, esto es, resulta materialmente imposible que el nueve de marzo de mil novecientos ochenta y nueve se hubiese podido notificar un auto de fecha catorce del mes y año citados, por lo que debe concluirse que dicho auto no fue notificado legalmente a la actora. Ahora bien, con independencia de la anterior conclusión, cabe destacar que en el mencionado auto se concedió un plazo de cinco días para que las partes formularan alegatos, el cual estaba corriendo y antes de que venciera, esto es, el veinte de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, indebidamente la Sala responsable dictó la resolución reclamada; todo lo cual en términos del artículo 159, fracción VI, de la Ley de Amparo, se traduce en una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, pues con tal proceder se privó a la hoy quejosa de la oportunidad de formular alegatos. En consecuencia, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Sala Fiscal responsable deje insubsistente la resolución reclamada, reponga el procedimiento a partir de la violación cometida y, en su oportunidad, resuelva lo que en derecho proceda. En vista de la conclusión alcanzada, resulta innecesario ocuparse del estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en la tesis jurisprudencial número 3, publicada en la página 8, Segunda Parte, Tercera Sala, del Informe de labores correspondiente a mil novecientos ochenta y dos, bajo el rubro: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.'."
SEXTO. Las consideraciones en que se sustentó la sentencia de diez de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo directo 1626/89, promovido por Jardines de Tlalnepantla, Sociedad Anónima, en la parte que interesa, son las siguientes:
"CUARTO. Los conceptos de violación antes transcritos son funda dos por las razones que se pasan a exponer. Le asiste la razón a la parte quejosa, porque de un atento análisis de las constancias de autos se advierte que no obstante que estaba corriendo el término fijado por la Magistrada instructora para que las partes formularan los alegatos que estimaran convenientes, sin que dicho término legal hubiere concluido, aquélla lo tuvo por transcurrido y declaró cerrada la instrucción, motivo por el cual la Sala responsable indebidamente dictó la sentencia reclamada antes de que en realidad se hubiera completado el plazo de ley. En efecto, mediante auto de nueve de junio de mil novecientos ochenta y nueve, la Magistrada instructora acordó que '... en los términos de los oficios de cuenta se tiene por contestada la demanda y por ofrecidas las pruebas que se exhiben. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 214, fracción I, 253, fracción I y décimo transitorio del Código Fiscal de la Federación, córrase traslado a la actora para los efectos legales a que haya lugar. Prevéngase a las partes de que tienen un término de cinco días para formular alegatos, el cual correrá a partir de los diez días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, vencido el cual se cerrará la instrucción, de no darse cuestión que previamente tenga que desahogarse. Notifíquese.' (foja 62 del expediente fiscal). El anterior acuerdo se notificó a las partes el dieciséis de junio del año en curso (fojas 63 a 67 del mismo expediente), por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 255 del Código Fiscal de la Federación, la notificación respectiva surtió sus efectos el día diecinueve del mismo mes y año, de tal manera que los diez días siguientes a los que se refiere el acuerdo mencionado, quedan comprendidos del veinte de junio al tres de julio, siendo inhábiles los días veinticuatro y veinticinco de junio, primero y dos de julio, todos de mil novecientos ochenta y nueve, razón por la cual el término de cinco días que se concedió para formular alegatos comprendía del cuatro al diez de julio, siendo inhábiles los días ocho y nueve de julio, todos de mil novecientos ochenta ynueve. Ahora bien, mediante acuerdo de veintisiete de junio del año en curso, la Magistrada instructora tuvo por transcurrido el término de cinco días para que las partes formularan alegatos y declaró cerrada la instrucción, y la Sala responsable el mismo día veintisiete del mes y año citados emitió la sentencia que se reclama, con lo que se dejó en estado de indefensión a la parte quejosa, puesto que faltando por transcurrir nueve días hábiles para que venciera el plazo concedido, mediante auto de nueve de junio de mil novecientos ochenta y nueve, y al que se refiere el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, indebidamente se tuvo por transcurrido aquél, cerrándose, asimismo, de manera incorrecta la instrucción y dictándose indebidamente la sentencia reclamada, con lo que se violaron en perjuicio de la parte actora las formalidades esenciales del procedimiento, vulnerando con ello las garantías de seguridad jurídica de la parte quejosa, que se consagran en los artículos 14 y 16 constitucionales. Similar criterio ha sostenido este tribunal al resolver, por unanimidad de votos, en sesiones de treinta y uno de mayo y doce de julio de mil novecientos ochenta y nueve, los juicios de amparo directos DA. 876/89, Ómnibus de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y DA. 806/89, Aldeva, Sociedad Anónima de Capital Variable, respectivamente. Del mismo modo, le asiste la razón a la parte quejosa, en el sentido de que no pudo acordarse lo procedente en relación con la ampliación de la demanda que presentó el doce de julio de mil novecientos ochenta y nueve (fojas 100 del expediente fiscal), toda vez que encontrándose dentro del plazo de ley, al que se refiere el artículo 210, fracción II, del código invocado, en forma anticipada indebidamente se cerró la instrucción y de igual manera se dictó la sentencia que se reclama, irrogándole el agravio consiguiente. En consecuencia, procede conceder a la parte quejosa el amparo que solicita, para el efecto de que la Sala Fiscal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, una vez que cumpla estrictamente con las formalidades esenciales del procedimiento, respetando los términos de ley y acordando lo que en derecho proceda respecto a las promociones de las partes, con libertad de jurisdicción dicte la sentencia que legal mente corresponda. En atención a la conclusión antes alcanzada, resulta innecesario ocuparse del estudio de los demás conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en la tesis jurisprudencial número 3, publicada en la página 8, Segunda Parte, Tercera Sala, del Informe de labores correspondiente a mil novecientos ochenta y dos, con el rubro: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.'."
SÉPTIMO. Las consideraciones en que se basó la ejecutoria de dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo directo 1616/89, promovido por Prisma Mexicana, Sociedad Anónima, en la parte que interesa, son las que a continuación se reproducen:
"CUARTO. Independientemente de lo manifestado por la parte quejosa en sus conceptos de violación, procede la suplencia de la deficiencia de los mismos, de conformidad con lo establecido por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en virtud de que este tribunal considera que en el caso a estudio se advierte una manifiesta violación a la ley que ha dejado sin defensa a la quejosa de acuerdo con las siguientes consideraciones. Del análisis de las constancias de autos, se advierte que no obstante que estaba corriendo el término fijado por la Magistrada instructora para que las partes formularan los alegatos que estimaran convenientes, sin que dicho término legal hubiera concluido, aquélla lo tuvo por transcurrido y declaró cerrada la instrucción, motivo por el cual la Sala responsable indebidamente dictó la sentencia reclamada antes de que en realidad se hubiera completado el plazo de ley. En efecto, mediante auto de catorce de abril de mil novecientos ochenta y nueve, la Magistrada instructora acordó: 'Visto el oficio número 10714 de fecha veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, girado por el director de lo contencioso «A» de la Procuraduría Fiscal de la Federación mediante el cual produce su contestación de demanda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 212, 213, 214 y demás relativos del Código Fiscal de la Federación, se tiene por contestada la demanda en los términos del oficio de cuenta. Con las copias correspondientes córrase traslado a la parte actora para los efectos legales consiguientes. Se tienen por admitidas las pruebas que se ofrecen y exhiben. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 235 del Código Fiscal invocado, se concede a ambas partes un término de cinco días para que formulen alegatos, el cual correrá a partir de los diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, de no darse cuestión alguna que deba resolverse previamente. Notifíquese personalmente.'. El anterior acuerdo se notificó a la actora el cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y nueve (tal y como se observa a fojas 151 del expediente fiscal), por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 255 del Código Fiscal de la Federación, la notificación respectiva surtió sus efectos el día ocho del mismo mes y año, de tal manera que los diez días siguientes a los que se refiere el acuerdo mencionado, quedan comprendidos del nueve al veintidós de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, siendo inhábiles los días cinco, seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de mayo, razón por la cual el término de cinco días que se concedió para formular alegatos comprendía del veintitrés al veintinueve de mayo, siendo inhábiles los días veintisiete y veintiocho del mismo mes. Ahora bien, mediante proveído de veintiséis de mayo del año en curso, la Magistrada instructora tuvo por transcurrido el término de cinco días para que las partes formularan alegatos y declaró cerrada la instrucción, y aunque ordenó en ese auto su notificación, de autos no aparece que la misma se haya practicado; a continuación, la Sala responsable el siete de junio de mil novecientos ochenta y nueve emitió la sentencia que se reclama, con lo que se dejó en estado de indefensión a la parte quejosa, puesto que no habiendo transcurrido la totalidad de los días para que venciera el plazo concedido mediante auto de catorce de abril de mil novecientos ochenta y nueve, y al que se refiere el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, indebidamente se tuvo por transcurrido aquél, cerrándose, asimismo, de manera incorrecta la instrucción, omitiéndose la notificación del auto que así lo declaró y dictándose indebidamente la sentencia reclamada, con lo que se violan en perjuicio de la quejosa (actora en el juicio de nulidad en cuestión) las formalidades esenciales del procedimiento, en términos de la fracción VI del artículo 159 de la Ley de Amparo, violando con ello las garantías de seguridad jurídica de la quejosa, que se consagran en los artículos 14 y 16 constitucionales. Similar criterio ha sostenido este tribunal al resolver, en las sesiones de treinta y uno de mayo, doce de julio y diez de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, los amparos directos DA. 876/89, Ómnibus de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, DA. 806/89, Aldeva, Sociedad Anónima de Capital Variable y DA. 1626/89, promovido por Jardines de Tlalnepantla, Sociedad Anónima, por unanimidad de votos. En vista de la conclusión alcanzada procede conceder a la parte quejosa el amparo que solicita, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia recurrida y reponga el procedimiento a partir de la violación cometida y, en su oportunidad, resuelva lo que en derecho proceda."
OCTAVO. Las consideraciones en que se sustentó la sentencia de veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 826/90, promovido por Upjohn, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la parte que interesa, son las siguientes:
"TERCERO. No se transcriben las consideraciones en que se basó la sentencia reclamada ni los conceptos de violación hechos valer en la demanda de garantías, ya que independientemente de lo manifestado por la parte quejosa en sus conceptos de violación, procede la suplencia de la deficiencia de los mismos, de conformidad con lo establecido por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en virtud de que este tribunal considera que, en el caso, se advierte una manifiesta violación a la ley que ha dejado sin defensa a la quejosa, de acuerdo con las siguientes consideraciones. Del análisis de las constancias de autos, se advierte que no obstante que estaba corriendo el término fijado por la Magistrada instructora para que las partes formularan los alegatos que estimaran convenientes, sin que dicho término legal hubiera concluido, aquélla lo tuvo por transcurrido e indebidamente dictó la sentencia reclamada antes de que en realidad se hubiera completado el plazo de ley. En efecto, mediante auto de veintisiete de febrero de mil novecientos noventa, el Magistrado instructor acordó: 'Agréguese a sus autos el oficio 345 del veintiséis de enero de mil novecientos noventa por medio del cual el secretario del Trabajo y Previsión Social, en representación de las autoridades demandadas, formula su contestación a la demanda. Téngase por presentado al ocursante en términos de su escrito de cuenta, reconociéndole la personalidad con que se ostenta por estar debidamente registrada la misma ante este tribunal. Con fundamento en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se tiene por contestada en tiempo y forma la demanda por parte de las autoridades demandadas y por admitidas las pruebas que ofrecen en el capítulo correspondiente. Con las copias simples
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17135-fa4109aa/alegatos-en-el-juicio-contencioso-administrativo-las-salas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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