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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/2001-PL. · Registro digital (IUS): 17188
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL ACTUAL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, , Pág. 827.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/2001-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL ACTUAL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El criterio sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito es el siguiente:

1. Los antecedentes de la resolución dictada el veintinueve de junio de dos mil uno, en el incidente de suspensión en revisión 4032/2001, son los siguientes:

1.1. Por escrito de siete de diciembre de dos mil, Embotelladora Peninsular, Sociedad Anónima de Capital Variable y otras, promovieron juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y por los actos siguientes:

"Autoridades responsables: Señalamos con ese carácter a la Comisión Federal de Competencia, al presidente de la Comisión Federal de Competencia, al secretario ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia, al director general de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de Competencia y al notificador adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de Competencia."

"Actos reclamados: Lo son, fundamentalmente, el acuerdo sin número de veinticinco de octubre de dos mil, dictado en el procedimiento DE-06-2000, relacionado con la denuncia hecha por los representantes legales de Pepsi-Cola Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable y otras sociedades, en contra de The Coca-Cola Company y otros, por la presunta realización de prácticas monopólicas en el mercado de bebidas carbonatadas, en que se apercibe a estas últimas sociedades para que se abstengan de celebrar convenios de exclusividad o renovar los existentes, a partir de la notificación del citado acuerdo, hasta en tanto la Comisión Federal de Competencia resuelva en definitiva el asunto de referencia, y que ‘en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado se les impondrá una multa hasta por mil quinientas veces el salario mínimo vigente para el Distrito Federal, por cada día que transcurra sin cumplimentarse lo ordenado; además de que dicha inobservancia se considerará como una agravante en el evento de que sustanciado el procedimiento de ley, quede acreditada y se sancione la realización de las prácticas monopólicas relativas, materia del emplazamiento, en virtud de que existirían fuertes indicios de intencionalidad al persistir en la comisión de prácticas previstas como violatorias de la ley de la materia’; asimismo, se reclamaron las notificaciones del acto impugnado, efectos y consecuencias."

1.2. La parte quejosa estimó como violatorios los artículos 5o., 14 y 16 constitucionales; señaló a Pepsi-Cola Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, y a cuarenta y un personas morales más como terceros perjudicados; relató los antecedentes del caso; expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes; y, solicitó la suspensión de los actos reclamados.

1.3. Tramitado el incidente de suspensión el diecisiete de enero de dos mil uno, la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal dictó interlocutoria, negó en parte la suspensión definitiva solicitada y, en otra, la concedió.

1.4. En contra de la anterior resolución, el presidente y el secretario ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia Económica y la parte tercero perjudicada interpusieron recurso de revisión, de los que correspondió conocer al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

CUARTO. Previos los trámites legales, el citado Tribunal Colegiado emitió resolución en el incidente de suspensión en revisión 4032/2001, la cual, en la parte que interesa, consideró lo siguiente:

"OCTAVO. Por razón de método, se analizarán en primer lugar los agravios vertidos por las autoridades responsables recurrentes. En su agravio único, aunque señalado como primero, las citadas autoridades aducen violación a lo dispuesto en los artículos 124 y 130 de la Ley de Amparo, haciendo consistir la violación en que la Juez a quo omitió analizar el informe previo rendido por ellas, en el cual se demuestra que el otorgamiento de la suspensión resulta improcedente, porque al concederla se contravienen normas de orden público y se causa perjuicio al interés social, cuestiones que no razonó la Juez de Distrito, por lo que la resolución impugnada carece de fundamentación y motivación; que al omitir considerar tales extremos en la resolución recurrida, no se cumple con lo dispuesto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, conforme al cual es improcedente la concesión de la medida cautelar. Por otra parte, argumentan las responsables recurrentes que la suspensión de los actos reclamados es improcedente si éstos se hacen consistir en medidas de apremio dictadas por las autoridades responsables. Asimismo, aseveran que fue incorrectamente analizada la procedencia del otorgamiento de la suspensión solicitada, en virtud de que se estimó el procedimiento relativo como uno de tipo contencioso, siendo un procedimiento administrativo en el que los daños y perjuicios que se causasen no los resentiría la parte quejosa, sino el proceso de competencia y libre concurrencia, por lo que no existen daños y perjuicios que pudiera resentir la quejosa en caso de negarle la medida precautoria en cuestión, por lo que se incumple con lo previsto en la fracción III del artículo 124 de la ley de la materia. Finalmente, aducen que la resolución impugnada se funda indebidamente en el artículo 130 de la Ley de Amparo, siendo que éste es aplicable respecto de la suspensión provisional y no de la definitiva, por lo que carece de sustento la afirmación de la a quo en el sentido de que la concesión de la suspensión solicitada tiene por objeto preservar la materia del amparo. ... Ahora bien, para valorar el agravio referido en los diversos aspectos que en él se contienen, es preciso partir del marco normativo aplicable al caso, el cual se integra con las disposiciones que enseguida se citan, en lo conducente. Los artículos 28, primero y segundo párrafos y 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ‘Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.’. ‘Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público.’. Los artículos 124 y 130 de la Ley de Amparo: ‘Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el agraviado; II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.’. ‘Artículo 130. En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien, las que fueren procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal. En este último caso la suspensión provisional surtirá los efectos de que el quejoso quede a disposición de la autoridad que la haya concedido, bajo la responsabilidad de la autoridad ejecutora y sin perjuicio de que pueda ser puesto en libertad caucional, si procediere, bajo la más estricta responsabilidad del Juez de Distrito, quien tomará, además, en todo caso, las medidas de aseguramiento que estime pertinentes. El Juez de Distrito siempre concederá la suspensión provisional cuando se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, tomando las medidas a que alude el párrafo anterior.’. El artículo 2o. de la Ley Federal de Competencia Económica: ‘Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. Para efectos de esta ley, se entenderá por Secretaría, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y por Comisión, la Comisión Federal de Competencia.’. Como puede advertirse de la lectura de los preceptos transcritos, es función del Estado evitar la formación de monopolios y el ejercicio de cualquier práctica mercantil que pueda generar una ventaja indebida en favor de una o varias personas determinadas y en perjuicio del público en general, y tal disposición es de orden público y además tiende a proteger al interés social. Asimismo, en las citadas normas se establece la posibilidad de ordenar la suspensión de los actos reclamados mediante el juicio de garantías, siempre que lo solicite el agraviado, no se cause con la suspensión perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que en caso de no suspenderse la ejecución del acto reclamado se causen al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación. Ahora bien, en un primer punto de sus agravios, aducen las autoridades responsables recurrentes que la Juez a quo no tuvo en cuenta el informe previo por ellas rendido, en el cual demuestran que la concesión de la medida suspensional transgrede el segundo de los requisitos indicados, previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, previamente transcrito. A ese respecto, en el punto cuarto del informe previo referido, según consta a fojas doscientos noventa y dos a trescientos cuatro de los autos del incidente del que deriva el presente recurso, informe que las autoridades recurrentes solicitaron se tenga por reproducido como parte de sus agravios en cuanto a lo referido a la fracción II del artículo 124 antes citado, manifestaron lo siguiente: ‘Cuarto. Por lo que se refiere a los efectos y consecuencias de los actos reclamados a las autoridades consideradas como responsables, lo procedente es negar la suspensión definitiva, atento las siguientes consideraciones. Primero. La suspensión solicitada no reúne los extremos de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. En efecto, la Ley Federal de Competencia Económica es de orden público e interés social, como se desprende de su artículo 1o., que establece que la misma es reglamentaria del artículo 28 constitucional, y del artículo 2o. del propio ordenamiento, que dispone que su objeto es la protección del proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. En consecuencia, no se está en presencia de un conjunto de normas que tiendan a regular situaciones en el ámbito del derecho privado, sino por el contrario, se está en presencia de preceptos que directamente reglamentan el artículo 28 constitucional, por lo que la sociedad y el Estado están interesados en su observancia, tal y como lo han sostenido nuestros tribunales federales, al tenor siguiente: «PAN, INDUSTRIA DEL.» (se transcribe). «ARTÍCULOS DE CONSUMO NECESARIO, REGLAMENTO SOBRE. ARTÍCULO 7o. BIS. CONSTITUCIONALIDAD.» (se transcribe). Aun cuando dichas tesis se referían a preceptos anteriores a la entrada en vigor de la Ley Federal de Competencia Económica, las mismas son aplicables a la especie, toda vez que la ratio legis no ha variado, ya que la ley en comento es reglamentaria del artículo 28 constitucional, por lo que por identidad de razón son aplicables. Aunado a lo anterior, dicho criterio ya ha sido acogido por los tribunales federales, como se desprende de la siguiente tesis: «SUSPENSIÓN PROVISIONAL, NO PROCEDE CONCEDERLA PORQUE NO SE SATISFACE EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE ACTOS CONSISTENTES EN LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS REQUERIDOS, POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, PORQUE SON ACTOS QUE FORMAN PARTE DE UN PROCEDIMIENTO, EL CUAL NO ES SUSCEPTIBLE DE SUSPENDERSE POR SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL SU PROSECUCIÓN.» (se transcribe). El artículo 28 constitucional prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas, con la finalidad de proteger el bien jurídicamente tutelado que es el proceso de competencia y libre concurrencia. Es indudable que la Ley Federal de Competencia Económica establece ciertas prohibiciones a los agentes económicos con el objeto de cumplir con el mandato constitucional. Así, ambos ordenamientos prohíben los monopolios y las prácticas monopólicas, toda vez que dañan dicho proceso de competencia y libre concurrencia impidiendo la entrada de nuevos competidores, haciendo el proceso de competencia ineficiente y obligando a los consumidores a pagar precios exagerados, entre otros. En el caso concreto, a la quejosa se le está apercibiendo para que se abstenga de realizar las conductas que prohíbe la Ley Federal de Competencia Económica. En estas condiciones, al solicitar la medida cautelar en contra de disposiciones de orden público e interés social, no cumple con el requisito de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, por lo que es improcedente otorgarla. Sirve (sic) de apoyo las siguientes tesis jurisprudenciales: «DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.» (se transcribe). «DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.» (se transcribe). Por lo anteriormente expuesto, la suspensión definitiva solicitada por la quejosa no reúne los requisitos del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez su (sic) otorgamiento contravendría disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social, por lo que lo procedente es negar la medida cautelar. Segundo. ... En las relatadas condiciones, es improcedente conceder la medida cautelar por no actualizarse los supuestos previstos en las fracciones II y III del artículo 124 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, no se debe otorgar la medida cautelar, ya que de suspenderse el procedimiento en mención, en el cual presuntamente la quejosa ha incurrido en la comisión de prácticas monopólicas anticompetitivas, con ello se afectaría el proceso de competencia y libre concurrencia en el mercado de los refrescos (bebidas carbonatadas). Apoya lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial (sic): «SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EL FALLO FUTURO EN UN PROCEDIMIENTO.» (se transcribe). «EMPLAZAMIENTO A JUICIO. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN CONTRA DEL.» (se transcribe)'. En la resolución impugnada, respecto de las cuestiones de orden público e interés social, la Juez a quo se limitó a señalar lo siguiente: ‘La medida suspensión (sic) se concede de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, es decir, la solicita el quejoso, no se contravienen disposiciones de orden público no de interés general (sic) y en caso de no concederse se ocasionarían perjuicios de difícil reparación a la quejosa.’. Como puede advertirse, no existe en la resolución recurrida razonamiento alguno de por qué deben desestimarse las aseveraciones de las autoridades responsables vertidas en su informe previo, relativas a la afectación al interés social y a la contravención a disposiciones de orden público que, dicen, generaría la concesión de la suspensión; incluso, no se expresa en ella por qué se considera que se satisfacen los requisitos que para su otorgamiento establece la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. En ese sentido, resulta fundado el agravio vertido por las autoridades recurrentes; sin embargo, resulta también inoperante, según se pone de manifiesto mediante los razonamientos que enseguida se exponen. Los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo establecen como requisitos que debe observar toda sentencia de amparo los siguientes: ‘Artículo 77. Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener: I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; II. Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; III. Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo.’. ‘Artículo 78. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad. El Juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto.’. ‘Artículo 79. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.’. Como puede advertirse, el juzgador de amparo debe observar determinados requisitos de manera que la resolución que emita sea exactamente congruente con la materia de la litis y con el material probatorio, y que la resolución sea congruente también en sí misma. Ahora bien, en el caso de las sentencias interlocutorias que determinan la concesión o negativa de la suspensión de los actos reclamados, si bien es cierto que no se trata de sentencias que resuelvan la litis de fondo del juicio, también lo es que deben atender a los requisitos antes señalados de manera que se ajusten a la estricta legalidad que toda resolución judicial debe observar. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio que este tribunal comparte, contenido en la tesis aislada número II.1o.138 K, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, septiembre de 1994, página 443, de rubro y texto: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. REQUISITOS PARA DICTAR LA. El capítulo III del título segundo de la Ley de Amparo, relativo a la suspensión del acto, no establece cuáles son los requisitos fundamentales en que descansará un auto en el que se conceda o niegue la suspensión definitiva; sin embargo, como dicho proveído se dicta dentro de un incidente de suspensión, constituye una interlocutoria que generalmente es la terminación culminatoria del mismo, a excepción de cuando en términos del artículo 140 de la ley de la materia, se modifica o revoca dicho proveído, con motivo de un hecho superveniente; en cuyas condiciones, en el dictado de la resolución aludida, en forma analógica podría aplicarse lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, en cuanto a los requisitos para dictar una sentencia que conceda, niega o sobresee.’. Debe tenerse presente que la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, no establece un catálogo de hipótesis en que deba considerarse que se sigue perjuicio al interés social o que se contravienen disposiciones de orden público, sino que a manera de ejemplo señala algunos de los casos destacados que el legislador consideró de especial relevancia para tal efecto, tal como se plantea en el criterio que este tribunal comparte, contenido en la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 109-114, Sexta Parte, página 112, de rubro y texto: ‘INTERÉS SOCIAL, PERJUICIO AL. ENUMERACIÓN EJEMPLIFICATIVA Y NO LIMITATIVA DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien es verdad que el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la fracción II, segundo párrafo, señala los casos en que el juzgador debe estimar indefectiblemente que con la suspensión se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, tal enumeración es ejemplificativa y no limitativa, ya que al contener la expresión «entre otros casos» significa que el juzgador puede estimar que con la suspensión se sigue esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, en casos diversos a los enumerados por la ley.’. Por tanto, conforme a las circunstancias del caso particular de que se trate, el juzgador puede concluir que se concreta alguna hipótesis en que se sigue tal perjuicio o se contravienen dichas disposiciones y procede negar la medida precautoria, o bien, que no se da tal situación y, consecuentemente, es de concederse la misma, cuestiones que deben ser razonadas por el resolutor para dar cumplimiento a los requisitos previamente referidos, porque de otro modo carecerá de congruencia la resolución, en tanto que se basará, al menos de manera expresa, en afirmaciones dogmáticas y no en la naturaleza y efectos de los actos que se reclaman y cuya suspensión se solicita, ni en el material probatorio aportado por las partes al incidente respectivo. Por tanto, al no haberse razonado en la resolución impugnada por qué se considera que con la concesión de la suspensión solicitada no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público a pesar, incluso, de que tales cuestiones fueron materia del informe previo rendido por las responsables, deviene fundado en este aspecto el agravio en estudio. En sentido contrario al aquí planteado se ha pronunciado el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la parte conducente de su tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, tesis número VI.3o.134 K, página 307, de rubro y texto: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL OTORGARLA EL JUEZ FEDERAL NO ESTÁ OBLIGADO A ADUCIR LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE SIGUE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI POR QUÉ NO SE CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 124, fracción II de la Ley de Amparo, al otorgarse la suspensión definitiva debe cuidarse por parte del juzgador que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; también lo es, que la propia ley no exige al Juez Federal que aduzca las razones por las cuales estima que con la suspensión del acto reclamado, no se cause ese perjuicio o esa contravención. Por el contrario, en cuanto a los requisitos relativos al interés social y a las normas de orden público, antes mencionados, debe decirse que no basta que el acto se funde formalmente en una ley de orden público que en forma expresa o implícita pretenda perseguir un interés social, para que la suspensión pueda considerarse improcedente conforme al artículo 124 de la ley de la materia. Luego entonces, es indispensable que las autoridades o bien los terceros perjudicados aporten al Juez de Distrito elementos de prueba y convicción suficientes, para, que éste pueda razonablemente, estimar si en el caso concreto que se plantea, es o no procedente la concesión de la suspensión en vista del interés social aludido o a las normas de orden público invocadas.’. En tal virtud, conforme a lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, procede que se denuncie ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios entre el sostenido por este órgano jurisdiccional, y el contenido en la tesis aislada previamente citada del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, para el efecto de que ese Alto Tribunal tenga a bien resolver cuál de los dos criterios debe prevalecer. Volviendo al estudio del agravio que nos ocupa, se dice que a pesar de ser fundado es inoperante, en virtud de que no es apto para modificar el sentido de la resolución impugnada, conforme a los razonamientos que enseguida se exponen. En primer lugar, aducen las responsables recurrentes, tanto en su informe previo como en su agravio, que no se satisfacen los requisitos previstos en la fracción II del artículo 124 de la ley de la materia, para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, porque las disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y su aplicación son de orden público e interés social, en tanto que no están dirigidas a la regulación de situaciones de derecho privado, sino a la reglamentación del artículo 28 constitucional, por lo que no procede decretar la suspensión en su contra. Tal argumento carece de eficacia, en virtud de que el análisis relativo a la procedencia de la concesión de la medida suspensiva no puede basarse en el concepto de orden público que plantean las recurrentes, ya que éste no deriva de la naturaleza propia de las leyes, sino de los intereses que a través de ellas se trata de proteger; considerarlo como lo hacen las autoridades recurrentes implicaría que en ningún caso que implicase directamente la aplicación de una ley procedería la concesión de tal medida, en virtud de que todas las leyes son en alguna medida de orden público y, además, es de interés social su observancia. Al respecto, es aplicable el criterio compartido por este tribunal, que se contiene en la tesis jurisprudencial número I.2o.A. J/26, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, septiembre de 1991, página 76, de rubro y texto: ‘ORDEN PÚBLICO PARA LA SUSPENSIÓN. El criterio que informa el concepto de orden público para conceder la suspensión definitiva, debe fundarse en los bienes de la colectividad tutelados por las leyes, y no en que las mismas son de orden público, ya que todas ellas lo son en alguna medida.’. Por otra parte, aducen las recurrentes en su informe previo, que conforme a su petición se tiene como parte de sus agravios el no haber sido analizado por la Juez a quo, que al concederse la suspensión solicitada se contraviene lo previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, porque dicha medida está dirigida en contra de la investigación que realizan las autoridades responsables, la cual no es suspendible, y en contra del emplazamiento practicado por las mismas, el cual, además de ser un acto consumado, tampoco es suspendible porque forma parte de un procedimiento seguido en forma de juicio y porque con él no se causa a la quejosa un perjuicio de imposible reparación, en tanto que tiene expedito su derecho para manifestar lo que a su interés convenga y ofrecer las pruebas que considere pertinentes. La inoperancia del argumento mencionado deriva de que la suspensión no fue concedida en los términos que señalan las autoridades recurrentes, lo cual se advierte de la lectura de la parte relativa de la resolución que impugnan, que dice lo siguiente: ‘Con fundamento en los artículos 124 y 130

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17188-201f4d4c/suspension-definitiva-al-resolver-sobre-ella-el-juzgador · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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