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Modo: Corpus Pro

REVOCACIÓN. EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LO DETERMINADO EN ESE RECURSO, NO PUEDE LLEVAR, POR ESTA ÚNICA CIRCUNSTANCIA, A SOSTENER LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS QUE EMITAN LAS AUTORIDADES FISCALES EN ACATAMIENTO DE AQUÉL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17499
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, , Pág. 850.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIOS: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES Y RAFAEL COELLO CETINA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes, en la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 11/2002, en sesión de siete de marzo de dos mil dos, es el siguiente:

"SEXTO. Los agravios propuestos son ineficaces en parte, pero fundados en otra y suficientes para revocar la resolución recurrida. Es fundado el argumento relativo a que la resolución emitida por la autoridad administrativa en cumplimiento a la determinación que ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, en un plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha en que dicha resolución se encuentre firme, previsto en el numeral 133 del Código Fiscal de la Federación, no es susceptible de ser declarada nula por el solo hecho de haberse dictado después de concluido el término referido. Se afirma lo anterior en razón de lo siguiente: El último párrafo del numeral 133 del Código Fiscal de la Federación, relativo a la resolución de un recurso emitido por la propia autoridad administrativa dispone: '... Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en que dicha resolución se encuentre firme, aun cuando hayan transcurrido los plazos que señalan los artículos 46-A y 67 de este código.'. La anterior transcripción pone de manifiesto que la autoridad administrativa está compelida a dar cumplimiento a la resolución que ordena realizar un determinado acto o a reponer un procedimiento dentro de un plazo no mayor de cuatro meses; empero, la circunstancia de que tal autoridad no haya realizado el acto o repuesto el procedimiento dentro del término de cuatro meses a que alude el artículo 133 del Código Fiscal de la Federación, aun cuando la inobservancia de la ley constituya una irregularidad en la que la autoridad no debería incurrir, no puede considerarse dicha omisión un motivo de anulación de la resolución dictada extemporáneamente pues, implicaría, por una parte, otorgar legitimidad a la omisión del funcionario de cumplir con la obligación emanada de una resolución anterior que lo vincule a realizar un acto o a reforzar un procedimiento, y por otra, al considerar nula la resolución por el solo hecho de no haberse cumplimentado el procedimiento o haberse realizado el acto fuera del término de cuatro meses, se exoneraría a la autoridad administrativa del cumplimiento de la resolución antecedente y de la ley al dejar de obedecer la determinación recaída a un recurso o medio de defensa, lo que implicaría una contravención a los artículos 8o. y 17 de la Constitución General de la República al no atender una petición ni resolver una controversia planteada ante la autoridad demandada en los términos y plazos que fijan las leyes. Es así, porque conforme al citado precepto constitucional los tribunales judiciales no solamente tienen la obligación de emitir las resoluciones correspondientes en los litigios planteados ante su jurisdicción, sino también la obligación de dar vigencia y efectividad a dichas resoluciones, procurando su debido cumplimiento, pues de acuerdo al contenido del indicado dispositivo constitucional que es aplicable no sólo a los tribunales judiciales sino también a toda autoridad en el ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales, como la resolución de un recurso o medio de defensa de carácter administrativo, constituye una garantía constitucional la plena ejecución de tales resoluciones. En razón de lo cual, quien queda constreñido al acatamiento de una resolución, como en este caso la autoridad administrativa, no puede ser eximida de esa obligación por la sola circunstancia de que el contribuyente alegue que tal funcionario dio cumplimiento a la determinación emitida por la autoridad administrativa con motivo de un recurso de revocación, dado que, de acuerdo a la citada garantía constitucional, el cumplimiento de las resoluciones materialmente jurisdiccionales es de orden público y de carácter obligatorio, además de que la simple declaración de nulidad no implica que se satisfagan las pretensiones del contribuyente, pues el orden jurídico exige de la autoridad la reparación de la violación detectada en el respectivo recurso de revocación que no se colma con la simple declaración de nulidad, sino que requiere de un nuevo pronunciamiento para no dejar incierta la seguridad jurídica del administrado. Ilustra lo anterior, en lo conducente, la tesis I.7o.A.20 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el registro 193,495 del disco uno de la publicación oficial del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IUS 2001, que remite a la página setecientos noventa y nueve, Tomo X, agosto de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: 'SENTENCIAS. SU CUMPLIMIENTO ES INELUDIBLE. De acuerdo al contenido del artículo 17 constitucional, es una garantía la plena ejecución de las resoluciones que dicten los tribunales; en razón de ello, quien queda constreñido al acatamiento de una sentencia no puede pretender eximirse de esa obligación alegando alguna circunstancia ajena a la litis.'. Por tanto, es incorrecta la interpretación que la Sala responsable hizo del artículo 133 del Código Fiscal de la Federación, puesto que al haber decretado la ilegalidad y por vía de consecuencia la nulidad de la resolución dictada por la autoridad administrativa debido a su omisión de cumplir la determinación emitida en el recurso de revocación respectivo dentro del plazo que establece la ley, no solamente se elude el cumplimiento de tal resolución contraviniendo así el artículo 17 constitucional, sino que además el propio tribunal fiscal exonera a la autoridad administrativa de su acatamiento mediante un fallo en el que ordena la nulidad de la resolución del funcionario administrativo que dio cumplimiento extemporáneo a una anterior resolución materialmente jurisdiccional emitida por él mismo. Es cierto que, como lo señaló la Sala responsable, la jurisprudencia 2a./J. 41/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 86/99-SS, consultada en el disco uno de la publicación oficial del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IUS 2001, visible en el registro 191,886 que remite a la página doscientos veintiséis, Tomo XI, mayo de dos mil, Novena Época, de rubro: 'SENTENCIA DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL CUMPLIMIENTO FUERA DEL TÉRMINO LEGAL DE CUATRO MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 239, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO OCASIONA LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN ACATAMIENTO DE ELLA.', no tiene aplicación directa al caso, en virtud de que tal criterio jurisprudencial se sustentó en la interpretación y alcance del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación y no del numeral 133 del citado ordenamiento legal. Sin embargo, la circunstancia de que la jurisprudencia de referencia aludía a un precepto legal distinto al que nos ocupa, no impedía a la autoridad responsable normar su criterio en la señalada jurisprudencia, pues el texto del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación es similar al del numeral 133 del propio ordenamiento legal, ya que además de que la redacción de los preceptos en cita resulta parecida, las situaciones y las consecuencias también son similares, pues ambos preceptos legales se refieren a los efectos de las resoluciones emitidas, las que se refieren al precepto legal primeramente invocado (artículo 239) por el Tribunal Fiscal de la Federación dentro del procedimiento contencioso administrativo o juicio de nulidad, y las relativas al segundo dispositivo (artículo 133) emitidas por la propia autoridad administrativa en la resolución de un recurso de revocación, resoluciones ambas que obligan a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar (artículo 239) o reponer un procedimiento (artículo 133) que deberá cumplir en un plazo de cuatro meses contados a partir de que tales resoluciones queden firmes. En efecto, el antepenúltimo párrafo del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, que se refiere a la sentencia definitiva emitida en un procedimiento contencioso administrativo establece: '... Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme. Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 de este código.'. En tanto que el último párrafo del numeral 133 del mismo ordenamiento legal, relativo a la resolución de un recurso de revocación, emitido por la autoridad administrativa dispone: '... Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en que dicha resolución se encuentre firme, aun cuando hayan transcurrido los plazos que señalen los artículos 46-A y 67 de este código.'. Como puede verse, ambos preceptos legales prevén la hipótesis en la que una autoridad administrativa es vinculada al cumplimiento de las resoluciones emitidas por la Sala Fiscal en un juicio de anulación (artículo 239) o por una autoridad administrativa en un recurso de revocación (artículo 133) cuando en tales fallos se ordene la realización de un determinado acto o la iniciación o reposición de un procedimiento, y obligan ambos dispositivos legales a la autoridad administrativa vinculada a que ejecute dichas resoluciones dentro de un plazo no mayor de cuatro meses. Tales similitudes tanto en el texto de los preceptos como en las cuestiones que regulan los artículos 239 y 133 del Código Fiscal de la Federación antes transcritos, que aluden a la hipótesis en la que una resolución es anulada en un procedimiento y en la resolución respectiva se ordena realizar determinado acto o a iniciar un procedimiento (artículo 239) o iniciar la reposición de un procedimiento (artículo 133), deben llevar a la necesidad de una interpretación semejante, y como el antepenúltimo párrafo del artículo 239 ya fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis por contradicción número 2a./J. 41/2000 antes indicada, dada su similitud con el numeral 133 de dicha ley debe concluirse, como se ha dicho, que ameritan la misma interpretación. Jurisprudencia que para mayor claridad del asunto a continuación se transcribe: 'SENTENCIA DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL CUMPLIMIENTO FUERA DEL TÉRMINO LEGAL DE CUATRO MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 239, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO OCASIONA LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN ACATAMIENTO DE ELLA. Conforme a las jurisprudencias 44/98 y 45/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que llevan por rubros «SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. LA FACULTAD QUE EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, OTORGA AL TRIBUNAL FISCAL PARA DETERMINARLAS, PRESERVA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.» y «SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.», nuestro modelo de jurisdicción contencioso administrativo es mixto, pues dada la especial y heterogénea jurisdicción de que está dotado legalmente el Tribunal Fiscal de la Federación, en relación a ciertos actos sólo actuará como tribunal de mera anulación al tener como finalidad la de controlar la legalidad del acto y tutelar el derecho objetivo y, en cuanto a otros actos, como de plena jurisdicción para reparar el derecho subjetivo lesionado, siendo el alcance de la sentencia de nulidad no sólo el de anular el acto sino también el de fijar los derechos del recurrente, condenando a la administración a su restablecimiento, por lo que para determinar cuándo una sentencia de nulidad debe ser para efectos es necesario acudir a la génesis de la resolución impugnada a efecto de saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, en el que el orden jurídico exige de la autoridad la reparación de la violación detectada que no se colma con la simple declaración de nulidad de la autoridad, sino que requiere de un nuevo pronunciamiento para no dejar incierta la seguridad jurídica del administrado, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional en la que el tribunal no puede sustituir a la autoridad en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes. De las anteriores determinaciones se desprende que el cumplimiento fuera del término legal de cuatro meses previsto en el artículo 239, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que realice la autoridad administrativa de la sentencia de nulidad para efectos no puede ocasionar la ilegalidad de la resolución en que tal sentencia se acate, concretamente la causal de ilegalidad prevista en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal Federal por haberse dejado de aplicar las disposiciones legales debidas, porque ello contrariaría el fin perseguido por el legislador al atribuir al Tribunal Fiscal plena jurisdicción para tutelar el derecho subjetivo del administrado en los casos en que la nulidad lisa y llana sea insuficiente para restaurar el orden jurídico violado, afectándose al administrado por una actuación que le es ajena y dejándose al arbitrio de la autoridad administrativa el cumplimiento de la sentencia mediante su decisión de cumplir dentro del plazo legal o fuera de él, pues a través de la ilegalidad de la resolución con la que diera cumplimiento podría evadir la reparación de la resolución cometida. Corrobora lo anterior el que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y seis, se haya modificado el anterior artículo 239-Ter que pasó a ser 239-B, del Código Fiscal para establecerse como supuesto de procedencia del recurso de queja, la omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad si transcurrió el plazo legal, caso en el cual si la Sala resuelve que hubo omisión total concederá al funcionario responsable veinte días para que dé cumplimiento al fallo, procediendo también a imponerle una multa equivalente a quince días de su salario y a notificar a su superior para que proceda jerárquicamente, pues carecería de sentido que se otorgara un término de veinte días a la autoridad para que diera cumplimiento a la sentencia de nulidad para efectos, si se considerara que la resolución relativa estaría afectada de ilegalidad, independientemente de la responsabilidad administrativa en que pudiera incurrir la autoridad demandada.'. Por lo antes expuesto, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, sustentado en la tesis XV.2o.20 A, consultada en el disco 1 de la publicación oficial del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IUS 2001, visible en el registro 190,417 que remite a la página mil setecientos cincuenta y cinco, Tomo XIII, enero de dos mil uno, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: 'NULIDAD LISA Y LLANA. PROCEDE DECRETARLA, CUANDO LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL RECURSO DE REVOCACIÓN SE CUMPLIMENTA FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.' (se transcribe). Es así, porque además de lo anteriormente expuesto, la circunstancia de que tratándose de sentencias emitidas en un procedimiento contencioso administrativo, el artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación prevea el recurso de queja para el caso de que las autoridades administrativas incumplan con dichas resoluciones y se conceda al funcionario responsable el término de veinte días para que dé cumplimiento al fallo, así como para que imponga una multa equivalente a quince días de su salario y se notifique a su superior para que proceda jerárquicamente; y en cambio, respecto de fallos emitidos en resolución de recursos, el numeral 133 del citado ordenamiento legal no prevenga ningún medio de defensa por el cual se obligue al funcionario responsable a cumplir dentro del plazo legal las resoluciones emitidas por la misma autoridad administrativa y se le imponga una multa u otra diversa sanción, no es razón jurídica para exonerar a las autoridades administrativas del cumplimiento de sus propias resoluciones, pues la falta de previsión en la ley de un recurso o medio de defensa legal que contemple la posibilidad de exigir la determinación de responsabilidad de un funcionario y la imposición de una sanción no justifica, de ninguna manera, la declaración de ilegalidad de la resolución que fue cumplimentada de forma extemporánea por tal funcionario, puesto que, en todo caso, dicha actuación sólo se traduce en la opción del contribuyente de exigir que la respectiva resolución sea cumplida dentro del plazo legal, sin la posibilidad de solicitar la imposición de una sanción para el funcionario incumplido. Por lo que, como ya quedó puntualizado, si la autoridad administrativa que emite resoluciones materialmente jurisdiccionales, al igual que todos los tribunales judiciales del país, tienen la ineludible obligación de dar vigencia y efectividad a sus resoluciones, procurando su debido cumplimiento conforme a la garantía de plena ejecución de las resoluciones, contenida en el artículo 17 constitucional, es inconcuso que la autoridad administrativa, al haber quedado constreñida al acatamiento de una resolución recaída a un recurso de revocación, no podía ser eximida por la Sala Fiscal de tal obligación por la sola circunstancia de que haya dado el cumplimiento extemporáneo a la misma y no se prevea en la ley la posibilidad de exigir una sanción para dicha autoridad como consecuencia de su incumplimiento sino que, por el contrario, la propia autoridad administrativa estaba obligada a vigilar el debido cumplimiento de tal resolución y, por tanto, la Sala responsable no debió declarar ilegal la resolución emitida por aquélla en cumplimiento de tal resolución, aun cuando haya sido dictada de forma extemporánea pues, como ya se dijo, el cumplimiento de las resoluciones materialmente jurisdiccionales es de orden público y de carácter obligatorio. Atento las consideraciones apuntadas, al ser ineficaces en parte pero fundados en otra los agravios expresados, es procedente declarar fundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por la autoridad revisionista administrador local jurídico de Ingresos de Aguascalientes, por su propio derecho y en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria, del administrador local de Auditoría Fiscal de Aguascalientes, y revocar el fallo recurrido para que la Sala responsable, conforme a los lineamientos establecidos en esta ejecutoria ..."

El anterior criterio dio lugar a la tesis del citado Tribunal Colegiado aún no publicada, que establece:

"RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. EL CUMPLIMENTO FUERA DEL TÉRMINO LEGAL DE CUATRO MESES, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES CAUSA DE NULIDAD DE LA DETERMINACIÓN DICTADA EN ACATAMIENTO DE ELLA. El cumplimiento extemporáneo de la resolución dictada por una autoridad administrativa, que ordena realizar determinado acto o la reposición del procedimiento dentro del término de cuatro meses a que alude el artículo 133 del Código Fiscal de la Federación, no es motivo para declarar la nulidad de la determinación dictada en acatamiento de ella, pues aun cuando la inobservancia de la ley constituye una irregularidad en la que la autoridad no debería incurrir, dicha omisión no puede considerarse causa de anulación, ya que esto implicaría, por una parte, otorgar legitimidad a la omisión del funcionario, de cumplir con la obligación emanada de una resolución anterior que lo vincule a realizar un acto o a reforzar un procedimiento y, por otra, al considerar nula la resolución, por el hecho de no haberse cumplimentado el procedimiento o haberse realizado el acto dentro del término de cuatro meses, se exoneraría a la autoridad administrativa del cumplimiento de la resolución antecedente y de la ley, al dejar de obedecer la determinación recaída a un recurso o medio de defensa, lo que implicaría una contravención a la garantía de plena ejecución de las resoluciones, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cual, tanto los tribunales judiciales como las autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales, tienen la obligación de emitir las resoluciones correspondientes en los litigios planteados ante su jurisdicción, así como dar vigencia y efectividad a dichas resoluciones, procurando su debido cumplimiento, cuestión esta última que, de conformidad con la garantía señalada, es de orden público y de carácter obligatorio. Además, la simple declaración de nulidad no implica que se satisfagan las pretensiones del contribuyente, toda vez que el orden jurídico exige de la autoridad la reparación de la violación detectada y ésta no se colma con la declaración de nulidad, sino que requiere de un nuevo pronunciamiento para no dejar incierta la seguridad jurídica del administrado. Por último, el hecho de que el citado artículo 133 no prevenga algún medio de defensa por el cual se obligue a la autoridad administrativa a cumplir dentro del plazo legal las resoluciones emitidas por ésta y se le imponga una multa o diversa sanción, no es razón jurídica para exonerarla del cumplimiento de sus propias resoluciones, pues la falta de previsión en la ley, de un recurso o medio de defensa que contemple la posibilidad de exigir la responsabilidad de un funcionario y la imposición de una sanción, no justifica, de ninguna manera, la declaración de ilegalidad de la resolución cumplimentada en forma extemporánea."

CUARTO. En la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, al resolver el recurso de revisión 25/2000, se consideró, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SÉPTIMO. Los agravios anteriormente transcritos resultan inoperantes por una parte e infundados por la otra, como se señalará más adelante. Esto es así, ya que en fecha diecisiete de enero de dos mil, la agente aduanal María Elena González de Castilla demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 326-SAT-R1-A11.IIIL-0326, de fecha veinticinco de enero de mil novecientos noventa y nueve derivado del crédito fiscal número 480/97, emitida por la Aduana de Tecate, Baja California, señalando como hechos constitutivos de su demanda, que el veintitrés de julio de mil novecientos noventa y siete realizó la importación de diversas mercancías, mediante pedimento número 0559-7007996, a favor de David Sánchez García, que al someterse al sistema aleatorio el pedimento referido arrojó como resultado el reconocimiento aduanero asignándosele el correspondiente verificador, quien procedió a realizar la revisión fiscal y documental de la mercancía, reportando que se habían cometido irregularidades al señalar datos inexactos que alteraban la información estadística del pedimento; que el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y siete, se le notificó un supuesto crédito fiscal a su cargo por la cantidad de trescientos pesos moneda nacional, mediante oficio 326-SAT-R1-A11.IIIL-0790, expediente 399.4/5001, en contra del cual interpuso recurso de revocación ante la Administración Local Jurídica de Ingresos de Tijuana, mismo que el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y ocho se resolvió, dejando sin efectos la resolución impugnada para que se repusiera el procedimiento relativo al crédito fiscal número 480/97, resolución que se le notificó a la actora el treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho; sin embargo, fue hasta el día veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, cuando la Aduana de Tecate le notificó la resolución en la que repuso el procedimiento, razón por la cual estimó que la misma resultaba del todo ilegal, por contener vicios y omisiones que causaban su nulidad, argumentando, medularmente, que tal resolución fue emitida fuera del plazo de cuatro meses que al efecto prevé el artículo 133 del Código Fiscal Federal. Por auto de fecha dieciocho de enero de dos mil, se admitió la aludida demanda de nulidad, registrándose bajo el expediente 115/00-01-02-8, ante la Segunda Sala Regional del Noroeste con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, y una vez notificadas las partes, el diez de abril del año en curso, el subadministrador de lo Contencioso 1 adscrito a la Administración Local Jurídica de Ingresos de Tijuana del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, compareció a juicio refutando los hechos de la demanda y sosteniendo la legalidad de la resolución impugnada, y en fecha treinta y uno de mayo de dos mil, se resolvió decretándose la nulidad lisa y llana, en virtud de haber transcurrido en exceso el plazo establecido por el artículo 133 del Código Fiscal de la Federación, señalando que no pasaba inadvertido para dicha Sala, que el citado artículo no contenía aparentemente sanción alguna, sin embargo, atendiendo a las causales de ilegalidad establecidas en el citado precepto, la autoridad debía cumplir en el término perentorio que menciona la resolución que manda reponer algún acto recurrido; de ahí que si el acto combatido se dictó el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y nueve, y se notificó al particular el veintisiete de octubre del mismo año resultaba obvio que había transcurrido en exceso el plazo de cuatro meses regulado en el citado artículo 133, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, citando al efecto la Sala Regional, entre otros, el criterio jurisprudencial número IV-J-2-S-4, aprobado en sesión de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve por la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, publicado en la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, Cuarta Época, año III, abril de dos mil, de rubro: 'PLAZO PARA CUMPLIMENTAR LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. CONSTITUYE UNA FACULTAD REGLADA.'. Inconforme con la anterior determinación, el administrador local jurídico de Ingresos de Tijuana, Baja California, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente de Administración Tributaria y de la autoridad demandada, hizo valer el presente recurso de revisión, en el que la autoridad recurrente adujo, medularmente, que se violaron en su perjuicio los artículos 14, 16, 31, fracción IV, 49 y 50 constitucionales, así como los artículos 5o., 67, 146 y 239, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, por su indebida interpretación, aplicación e inobservancia, por la flagrante actividad legislativa que llevó a cabo la Sala al dictar la sentencia recurrida, pues sin existir norma expresa que así lo señalara determinó que debía tomarse en cuenta la caducidad 'especial de cuatro meses', por así haberlo querido decir el legislador; sin embargo, a juicio de la recurrente, lo único que quiso decir el legislador se encuentra en el referido artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, por lo que estimó se contravino el principio general de derecho que señala 'donde la ley no distingue el juzgador no debe distinguir'; que el Tribunal Fiscal de la Federación pretende legislar donde existe una laguna jurídica al imponer una sanción sin que exista dispositivo legal que así lo indique, dejando sin efectos de manera lisa y llana todo el trabajo de fiscalización llevado a cabo, causándoles agravios en su perjuicio, no sólo por no contar con la posibilidad de cobrar las contribuciones, sino de no poder emitir otro acto liquidatorio en contra del demandante natural, infringiendo las leyes que conforme al artículo 31, fracción IV, constitucional, está obligado a pagar; que tal proceder constituye una violación directa a los artículos 49 y 50 constitucionales, toda vez que la Sala no puede legislar, ya que ello le corresponde únicamente al Poder Legislativo aduciendo, por tanto, una falta total de fundamentación y motivación por parte de la Sala, máxime que la figura de la caducidad se prevé en el artículo 67 del ordenamiento legal en cita, el que le da a la autoridad un plazo de cinco años para actuar, por lo que estima indebido que se le dé a una figura jurídica inexistente la categoría de 'caducidad especial', violando con ello la Carta Fundamental; que el incumplimiento del plazo de cuatro meses para emitir resolución los haría acreedores en todo caso a las sanciones que marca el propio Código Fiscal de la Federación, como lo es el recurso de queja, la solicitud de amparo por parte del demandante, para el efecto de que su seguridad jurídica no se vea vulnerada, pero la caducidad de llevar a cabo la liquidación y cobr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17499-85de44d1/revocacion-el-cumplimiento-extemporaneo-de-lo-determinado-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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