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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAIGA A ÉSTE, FUERA DEL PLAZO DE CUATRO MESES, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 155 DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN 1996 Y 153, TERCER PÁRRAFO, DEL MISMO ORDENAMIENTO, VIGENTE EN 1999 Y EN 2000, CONDUCE A DECLARAR SU NULIDAD LISA Y LLANA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 107/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17401
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, , Pág. 995.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 107/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito se contiene en las ejecutorias pronunciadas en los siguientes asuntos: AD. 405/98 promovido por Francisco José Cocho Jaime, AD. 497/2001 promovido por Ana Luisa Garza Ponce, revisión fiscal 104/2001 promovida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revisión administrativa 196/2001 promovida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revisión fiscal 90/2001 promovida por Administradora Local Jurídica de Ingresos de Torreón, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas.

El contenido de la ejecutoria mencionada es el que respectivamente se detalla, incluso con mención de sus antecedentes:

AD. 405/98

1. Los antecedentes que informaron la resolución del amparo directo 405/98 del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y nueve dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila, son los siguientes:

1.1. Mediante oficio CCP51007/96 el administrador local de Auditoría Fiscal Número Quince de Torreón, Coahuila, emitió la orden de visita domiciliaria a nombre de Francisco José Cocho Jaime, con el objeto de determinar las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas e imposición de sanciones, en su caso.

1.2. El dieciocho de julio de mil novecientos noventa y seis fue levantada el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera seguido a cargo del citado contribuyente, con base en lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley Aduanera vigente en mil novecientos noventa y seis, y además fue practicado embargo de mercancía de procedencia extranjera, en relación con el citado procedimiento.

1.3. Mediante resolución 324-A-II-6-D-I-426699 de diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y seis fue determinado a cargo del contribuyente mencionado un crédito fiscal por la cantidad de $47,971.47 (cuarenta y siete mil novecientos setenta y un pesos 47/100 M.N.), por concepto de impuesto general de importación omitido y actualizado, cuota compensatoria omitida, recargos y multas por estos conceptos, impuesto al valor agregado omitido y actualizado, recargos y multas derivadas de esta última contribución.

1.4. En contra de la anterior resolución, la parte interesada promovió juicio de nulidad del cual correspondió conocer a la Sala Regional Norte Centro de Torreón del entonces Tribunal Fiscal de la Federación la que, previos trámites legales, dictó resolución el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho en el sentido de declarar la validez de la resolución impugnada por haber considerado, fundamentalmente, que contrario a los razonamientos de la parte actora, si bien es verdad que el artículo 155 de la Ley Aduanera vigente en mil novecientos noventa y seis establece un plazo de cuatro meses para que la autoridad en el caso de visitas domiciliarias (como la que fue objeto la parte actora) determine las contribuciones, cuotas compensatorias e imponga sanciones, también lo es que en su contenido no se establece sanción alguna para el caso de que dicha autoridad sobrepase el límite del plazo establecido en el citado precepto.

1.5. En contra de la anterior resolución la parte actora promovió juicio de amparo directo del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con residencia en Torreón, Coahuila, el cual mediante resolución de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y nueve dictada en el amparo directo 405/98 negó el amparo a la quejosa por considerar, en la parte que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Expone el quejoso, que la responsable omitió observar que la autoridad sólo puede hacer lo que le está permitido, por lo que si el propio artículo 155 de la Ley Aduanera le otorga un plazo a la autoridad administrativa para que determine el crédito, resulta absurdo que en el mismo le tenga que fijar una penalidad, en caso de no cumplir con su obligación en el tiempo conferido. Lo anterior se estima infundado por cuanto que, atendiendo al texto de la disposición referida en el párrafo que precede, que dice: ‘Artículo 155. Si durante la práctica de una visita domiciliaria se encuentra mercancía extranjera cuya legal estancia en el país no se acredite, los visitadores procederán a efectuar el embargo precautorio en los casos previstos en el artículo 151 y cumpliendo con las formalidades a que se refiere el artículo 150 de esta ley. El acta de embargo, en estos casos, hará las veces de acta final en la parte de la visita que se relaciona con los impuestos al comercio exterior y las cuotas compensatorias de las mercancías embargadas. En este supuesto, el visitado dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiera practicado el embargo, deberá acreditar la legal estancia en el país de las mercancías embargadas y ofrecerá las pruebas dentro de este plazo. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. Desahogadas las pruebas se dictará la resolución determinando, en su caso, las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas e imponiendo las sanciones que procedan, en un plazo que no excederá de cuatro meses a partir de la fecha en que se efectúe el embargo. ...’, es de concluirse que, si bien se señala en el precepto legal en cita que la resolución por la que se determinen las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas e imponiendo las sanciones que procedan, se dictará en un plazo que no excederá de cuatro meses a partir de la fecha en que se efectúe el embargo, lo anterior no implica que no pueda emitirse en mayor plazo, y que si la autoridad administrativa no emite la resolución en dicho término ya no pueda hacerlo posteriormente, toda vez que de la lectura integral del precitado artículo no se desprende prohibición para la realización del acto administrativo fuera del término de cuatro meses, ni que exista alguna sanción en caso de que no se acate el mencionado plazo; siendo de señalarse que si la intención del legislador hubiera sido en el sentido de tener por precluidas las facultades de la autoridad administrativa para realizar el citado acto, una vez transcurrido el plazo de cuatro meses sin que se hubiere realizado, así lo habría estipulado el precepto legal que nos ocupa, tal como lo precisó en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, por lo que es de concluirse que aun después de los cuatro meses la autoridad demandada tiene la oportunidad de emitir la resolución de referencia. No resulta transgresor de garantías en perjuicio del quejoso el hecho de que en la sentencia combatida, aparte de establecerse que el artículo 155 de la Ley Aduanera no señala sanción alguna contra la autoridad emisora por no cumplir con su obligación en ese término indicado, y que esa omisión no puede traer aparejada la declaratoria de nulidad de la resolución impugnada, se considerara, además, que en la especie se cumplieron las formalidades previstas por el artículo 150 de la precitada ley, toda vez que, con lo anterior, únicamente se constriñe a precisar que en el acto administrativo impugnado, aparte de no existir sanción alguna en la ley por su emisión fuera del término que señala el artículo 155, en éste se cumple con las formalidades que al efecto establece el artículo 150, ambos preceptos legales de la precitada Ley Aduanera, o sea, que a ese respecto tampoco se genera violación alguna en perjuicio del actor en el acto impugnado, pues se levantó acta de inicio en la que se hacen constar tanto los requisitos que al efecto prescriben las fracciones I y II del precitado artículo, como que se le concedió el plazo de diez días para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho conviniere, lo que ningún perjuicio irroga al solicitante de amparo. Resultan inatendibles las consideraciones que hace el quejoso en el sentido de que la autoridad responsable no distingue entre la figura de la caducidad y la de prescripción, toda vez que este órgano colegiado advierte que si bien la Sala estimó en mayor abundamiento que la figura de la caducidad no se encuentra contemplada en el artículo 155 de la Ley Aduanera, sino en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que no es con base en dictar razonamiento por el que se resuelve que el actor aquí quejoso no probó su acción y que, en consecuencia, lo procedente era reconocer la validez de la resolución impugnada, de ahí que ningún fin práctico conducirá al análisis por este órgano colegiado, porque aun en el caso de que fueron fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo."

AD. 497/2001

2. Los antecedentes que informan la resolución del amparo directo 497/2001 de veinte de septiembre de dos mil uno, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila, en la parte que interesa sostuvo:

2.1. El veinte de mayo de dos mil Ana Luisa Garza Ponce ingresó al centro táctico de garita de salida en el kilómetro cincuenta y tres, en el que se le solicitó documentación respecto de un vehículo de procedencia extranjera del Estado de Texas (marca Chevrolet, tipo Suburban, modelo mil novecientos noventa y siete, placas XHS-07D, número de serie IGNEC13R3VJ368744), sin que se acreditara su calidad migratoria, se trasladó a los patios oficiales de la aduana y se puso a disposición de la Aduana de Piedras Negras, Coahuila, tanto al conductor como al vehículo, mediante parte informativo 303/2000.

2.2. En esa misma fecha fue levantada el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera seguido a cargo de la contribuyente y se efectuó el embargo precautorio del vehículo por parte del jefe del Departamento de la Aduana de Piedras Negras.

2.3. Mediante resolución de dieciocho de septiembre de dos mil fue determinado un crédito a cargo de Ana Luisa Garza Ponce por la cantidad de $133,075.00 (ciento treinta y tres mil setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por concepto general de impuesto de importación, impuesto al valor agregado, impuesto sobre automóviles nuevos, multas y recargos, resolución que fue notificada el tres de octubre siguiente.

2.4. En contra de la anterior resolución, la parte interesada promovió juicio de nulidad del cual le correspondió conocer a la Segunda Sala Regional Norte Centro Dos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y Fiscal, con residencia en Torreón, Coahuila, el cual, previos los trámites legales, declaró la validez de la resolución impugnada, por haber considerado, fundamentalmente, que contrariamente a lo sostenido por la parte actora, el artículo 153 de la Ley Aduanera vigente en el dos mil, no contiene sanción alguna para el caso de que la autoridad no emita su resolución fuera de los cuatro meses a que se refiere dicho precepto y, por ello, en modo alguno puede traer consigo su nulidad, resultando fundado el planteamiento relativo a que la resolución combatida se encuentra indebidamente fundada y motivada.

2.5. En contra de la anterior resolución la contribuyente interesada promovió juicio de amparo directo del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con residencia en Torreón, Coahuila, el cual, previos los trámites legales, emitió resolución el veinte de septiembre de dos mil uno negando a la quejosa el amparo por haber estimado, en esencia, lo siguiente:

"SÉPTIMO. El único concepto de violación que hace valer Ana Luisa Garza Ponce es infundado, en la medida que a continuación se expresa. La quejosa esencialmente alega que el fallo reclamado es contrario a las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque sostiene que la Sala responsable aplicó indebidamente el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, al considerar infundado lo planteado en el cuarto concepto de impugnación de la demanda de nulidad en el que sostuvo que la resolución impugnada era ilegal al haberse emitido fuera del plazo de cuatro meses establecido en el artículo 153 de la Ley Aduanera. Sobre el particular, cabe precisar en primer término que el artículo 153 de la Ley Aduanera, en su texto vigente en el año dos mil, en que dio inicio el procedimiento aduanero seguido en contra de la actora en el juicio de nulidad establecía, en su parte conducente, lo siguiente: ‘Artículo 153. El interesado deberá ofrecer por escrito, las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante la autoridad aduanera que hubiera levantado el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley, dentro de los diez días siguientes al del levantamiento del acta. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. Cuando el interesado presente pruebas documentales que acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país; desvirtúen los supuestos por los cuales fueron objeto de embargo precautorio o acrediten que el valor declarado fue determinado de conformidad con el título III, capítulo III, sección primera de esta ley en los casos a que se refiere el artículo 151 fracción VII de esta ley, la autoridad que levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley, dictará de inmediato la resolución, sin que en estos casos se impongan sanciones ni se esté obligado al pago de gastos de ejecución; de existir mercancías embargadas se ordenará su devolución. Cuando la resolución mencionada se dicte por una aduana, la misma tendrá carácter de provisional, en cuyo caso las autoridades aduaneras podrán dictar la resolución definitiva, en un plazo que no excederá de cuatro meses, a partir de la resolución provisional, de no emitirse la resolución definitiva, la provisional tendrá tal carácter. En los casos en que el interesado no desvirtúe mediante pruebas documentales los hechos y circunstancias que motivaron el inicio del procedimiento, así como cuando ofrezca pruebas distintas, las autoridades aduaneras dictarán resolución determinando, en su caso, las contribuciones y las cuotas compensatorias omitidas, e imponiendo las sanciones que procedan, en un plazo que no excederá de cuatro meses a partir de la fecha en que se levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley.’. Precisado lo anterior, se reitera que es infundado el concepto de violación que se hace valer pues, contra lo aducido por la quejosa, la emisión de la resolución en el procedimiento administrativo en materia aduanera fuera del plazo de cuatro meses, por parte de la autoridad aduanal, no puede llevar a la ilegalidad de la resolución relativa de dicha autoridad, pues si bien el artículo 153, párrafo tercero, de la mencionada legislación establece que la resolución por la que se determinen las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas e impongan las sanciones que procedan, se dictará en un plazo que no excederá de los cuatro meses a partir de la fecha en que se levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de la Ley Aduanera, no lo es menos que lo anterior no implica que no pueda emitirse en mayor plazo, y que si la autoridad administrativa no emite la resolución en dicho término ya no pueda hacerlo posteriormente pues, como lo dijo la juzgadora, de la lectura integral del artículo 153 no se desprende prohibición para la realización del acto administrativo fuera del término de cuatro meses, ni contempla sanción alguna en caso de que no se acate el mencionado plazo. Siendo de señalarse que si la intención del legislador hubiera sido en el sentido que invoca la quejosa, esto es, de crear una facultad reglada que necesariamente deba cumplirse dentro de un plazo de cuatro meses y, en caso de incumplimiento, tener por precluidas las facultades de la autoridad administrativa para realizar el citado acto, una vez transcurrido el citado plazo de cuatro meses sin que se hubiere realizado, así lo habría estipulado en el precepto legal que nos ocupa, y al no hacerlo de esa manera, es de concluirse que aun después de los cuatro meses la autoridad demandada tiene la oportunidad de emitir la resolución de referencia. Lo así considerado se corrobora si se tiene en cuenta que el párrafo segundo del numeral en estudio sí establece una sanción para el caso en que no se dicte la resolución definitiva en el plazo de cuatro meses, ya que al respecto dispone que cuando el interesado presente pruebas que acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancías, desvirtúen los supuestos por los cuales fueron objeto de embargo precautorio o acrediten que el valor declarado fue ajustado a los preceptos correspondientes, la autoridad dictará de inmediato la resolución, sin que en estos casos se impongan sanciones, y que en caso de existir mercancías embargadas se ordenará su devolución; y agrega el citado numeral que cuando la resolución mencionada se dicte por una aduana, la misma tendrá el carácter de provisional, en cuyo caso las autoridades aduaneras podrán dictar la resolución definitiva en un plazo que no excederá de cuatro meses a partir de la resolución provisional, y que de no emitirse la resolución definitiva la provisional tendrá tal carácter. Como se ve, mientras el párrafo tercero del multicitado artículo 153 de la Ley Aduanera contempla el dictado de una resolución que, en su caso, determine contribuciones y cuotas compensatorias e imponga las sanciones que procedan; el segundo párrafo se refiere a una resolución por la que no se imponen sanciones y se devuelven, de ser el caso, mercancías embargadas. Es decir, mientras en la primera de las hipótesis se contempla una resolución por la que se determinan contribuciones y se imponen sanciones, en la segunda se establece el dictado de una resolución favorable al particular en la que no se imponen sanciones y se devuelve, en su caso, lo embargado pero, además, en este último caso sí se contempla la consecuencia para el caso de no dictarse la resolución definitiva en el plazo ahí señalado que la resolución provisional se vuelva definitiva. Además, si en el caso del tercer párrafo del artículo 153 de la Ley Aduanera se contempla el dictado de una resolución dentro del término de cuatro meses, en la que se determinen contribuciones y se impongan sanciones, es lógico que no se establezca una sanción en el supuesto de que no se dicte en ese término pues, al respecto, el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, que como lo reconoce la quejosa, es de aplicación supletoria a la Ley Aduanera, establece que las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracción a dichas disposiciones (sic) se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquel en que: ‘... III. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente al en que hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente. ...’. De ahí que la emisión de la resolución que determina contribuciones, cuotas compensatorias e impone sanciones en materia aduanera, fuera de plazo legal de cuatro meses previsto en el artículo 153 de la Ley Aduanera, no puede ocasionar la ilegalidad prevista en el artículo 238, fracción IV, de la referida legislación federal, o por haberse dejado de aplicar las disposiciones debidas pues con ello, y contra lo alegado por la inconforme, no se cumpliría el fin perseguido por el legislador en cuanto a la seguridad jurídica del gobernado, cuenta habida de que, como ya quedó establecido, el precepto en comento no estatuye ninguna sanción para el caso en que se sobrepase del término establecido; de lo que se sigue que si la ley no señala sanción alguna contra la autoridad emisora por no dictar la liquidación dentro del término indicado, se trata de una norma imperfecta que no puede traer aparejada la declaratoria de nulidad. Al respecto, resulta aplicable la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, Noventa Época, Tomo XI, junio de dos mil, página quinientos ochenta y uno, que a la letra establece: ‘LIQUIDACIONES FISCALES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. AL NO EXISTIR PRECEPTO LEGAL QUE PREVEA UNA SANCIÓN PARA LA AUTORIDAD CUANDO DETERMINA CONTRIBUCIONES OMITIDAS FUERA DEL PLAZO LEGAL, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESTÁN IMPEDIDOS PARA IMPONERLA. Es verdad que el artículo 152 de la Ley Aduanera vigente en el año de mil novecientos noventa y siete, establecía la obligación para la autoridad aduanera, de efectuar la determinación de las contribuciones omitidas, en un plazo de cuatro meses contados a partir de la notificación del acta respectiva; sin embargo, no fijaba sanción alguna para la autoridad aduanera que incumpliera con dicho plazo y determinara las contribuciones omitidas después de transcurrido éste. En consecuencia, al no existir precepto legal alguno que sancionara a la autoridad fiscal que actuara en esa forma, los órganos jurisdiccionales se encuentran impedidos para imponer una sanción no prevista por la ley, pues carecen de la facultad de perfeccionar una norma jurídica de propia autoridad.’. Tiene también aplicación al caso la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que puede ser consultada en la página seiscientos sesenta y seis del Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: ‘CONTRIBUCIONES Y CUOTAS COMPENSATORIAS. EL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO DE CUATRO MESES PARA SU DETERMINACIÓN, NO TRAE APAREJADA SU NULIDAD (ARTÍCULO 124 DE LA LEY ADUANERA, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 1996). El artículo 124 de la Ley Aduanera establece: «... se dictará la resolución determinando, en su caso, las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas e imponiendo las sanciones que procedan, en un plazo que no excederá de 4 meses a partir de la fecha en que se efectúa el embargo ...». De la transcripción anterior se desprende que se trata de una norma imperfecta, pues aun cuando transcurra el plazo de cuatro meses de referencia, no se estatuye ninguna sanción para el caso de que se sobrepase el límite establecido; por tanto, si la ley no señala sanción alguna contra la autoridad emisora por no cumplir con su obligación en el término indicado, es obvio que dicha omisión no puede traer aparejada la declaratoria de nulidad de la resolución.’. Igualmente resulta aplicable al caso, la tesis de este Tribunal Colegiado, consultable en la página setecientos uno del Tomo X, diciembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra reza: ‘CONTRIBUCIONES, CUOTAS COMPENSATORIAS E IMPOSICIÓN DE SANCIONES EN MATERIA ADUANERA. OPORTUNIDAD DE LA AUTORIDAD PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN QUE LAS DETERMINA. El artículo 155 de la Ley Aduanera, establece que la resolución por la que se determinen las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, imponiendo las sanciones procedentes, se dictará en un plazo que no excederá de cuatro meses, a partir de la fecha en que se efectúe el embargo; empero, lo anterior no significa que después de concluido ese plazo ya no pueda hacerlo posteriormente, toda vez que el referido numeral ninguna sanción establece en ese sentido y de haber sido esa la intención del legislador de tener por precluidas las facultades de la autoridad administrativa para emitir la resolución en materia aduanera, una vez transcurrido el plazo de cuatro meses, así lo habría establecido.’. Máxime que carecería de finalidad el que se estableciera la obligación de la autoridad para determinar contribuciones, cuotas compensatorias e imponer sanciones en materia aduanera, si se considerara que el cumplimiento por parte de la autoridad en su dictado fuera del plazo de cuatro meses, legalmente previsto para ello, ocasionaría su ilegalidad. Por tanto, si la finalidad del procedimiento administrativo en materia aduanera es el que se determine si el contribuyente cumplió o no con sus obligaciones en materia aduanera, considerar que el cumplimiento tardío de la autoridad en la emisión de la resolución correspondiente ocasiona su ilegalidad, implicaría desconocer la figura de la caducidad de las facultades de la autoridad fiscal para determinar contribuciones e imponer sanciones, contemplada en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, que es de cinco años, como quedó precisado. Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver por mayoría de votos los recursos de revisión fiscal números 77/2001, 90/2001 y 196/2001, en sesiones plenarias celebradas con fechas nueve de mayo y doce de junio del año en curso, siendo ponente en los dos primeros el Magistrado Abraham Calderón Díaz y en el tercero de los recursos mencionados el Magistrado Marco Antonio Arroyo Montero. No está por demás señalar que una nueva reflexión sobre el tema relativo a la emisión por parte de las autoridades administrativas de las resoluciones a que les obligan los artículos 133 y 239 del Código Fiscal de la Federación y 153 de la Ley Aduanera, fuera del término de cuatro meses, conduce a este Tribunal Colegiado a apartarse del criterio sostenido al resolver el veintiséis de septiembre de dos mil la revisión fiscal número 206/2000, retomando el que sostuviera con anterioridad en la diversa revisión fiscal 641/99, fallada en sesión plenaria el trece de junio de dos mil, y cuyo criterio fue reiterado al resolver los diversos recursos de revisión fiscal números 77/2001, 90/2001, 104/2001 y 196/2001, resueltos los dos primeros en sesiones plenarias celebradas con fechas nueve de mayo del año dos mil uno, y los dos últimos de los mencionados el día doce de junio del propio año, por mayoría de votos de los Magistrados licenciados Abraham Calderón Díaz y Marco Antonio Arroyo Montero, y en las que concluye que el hecho de que la ley establezca un término de cuatro meses para emitir una resolución, ello, de manera alguna significa que si la autoridad no la emite en dicho término, posteriormente se encuentre impedida para hacerlo pues la legislación ninguna sanción establece en ese sentido, lo que conduce a estimar que aun habiendo transcurrido los cuatro meses, la autoridad administrativa cuenta con facultades para emitir la resolución correspondiente."

Revisión fiscal 90/2001

3. Los antecedentes de la ejecutoria de la revisión fiscal 90/2001, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito el nueve de mayo de dos mil uno, con residencia en Torreón, Coahuila, en la parte que interesa, son los que a continuación se establecen:

3.1. El veintinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve tuvo inicio el procedimiento administrativo en materia aduanera a cargo de Elvir Homero Mendoza Montes por parte de personal adscrito a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Saltillo, respecto de un vehículo de procedencia extranjera, el cual no acreditó su legal estancia en el país (marca Dodge, tipo Shadow, modelo 1992, color azul, número de serie 1B3XP24DXNN130754), por lo que la autoridad aduanera decretó el embargo precautorio del citado vehículo.

3.2. El treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve fue dictada la resolución contenida en el oficio 324-SAT-R2-L13-5-92428 por la que se determinó a Elvir Homero Mendoza Montes un crédito por la cantidad de $26,562.94 (veintiséis mil quinientos sesenta y dos pesos 94/100 M.N.), por concepto de impuesto general de importación, impuesto al valor agregado y multa.

3.3. Inconforme con la anterior resolución, la parte interesada promovió juicio de nulidad del cual correspondió conocer a la Primera Sala Regional Norte Centro entonces Tribunal Fiscal de la Federación, con sede en Torreón, Coahuila, la cual, previos los trámites legales, declaró la nulidad de la resolución impugnada, por haber considerado en la parte que interesa, en esencia, que la autoridad se excedió del plazo de cuatro meses previsto en el artículo 153, párrafo tercero, de la Ley Aduanera para emitir la resolución correspondiente en el procedimiento administrativo en materia aduanera, puesto que en concepto de dicha Sala el citado numeral tiene como finalidad brindar seguridad jurídica a los particulares a fin de que su situación legal se defina oportunamente y no se aplace por periodos muy prolongados, pues de esa manera, además, se generan a cargo de los particulares actualizaciones y recargos en detrimento de su patrimonio, cuestión que es independiente de la caducidad de las facultades de las autoridades a que se refiere el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, siendo que no se trata de una facultad discrecional sino de un mandato que emana de la propia ley, y si bien es cierto no se prevé sanción alguna como consecuencia del incumplimiento del plazo de cuatro meses, debe entenderse que dicha consecuencia deriva de la contravención del precepto en comentario y, por tanto, procede la declaratoria de nulidad de la resolución de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y en aras de respetar la garantía de seguridad otorgada a los particulares prevista en el artículo 14 constitucional, en cuanto a que la autoridad debe actuar conforme a la ley y, en el caso, la emisión del crédito a cargo de la actora resultó inoportuno al haberse omitido y notificado fuera del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17401-4f92c121/procedimiento-administrativo-en-materia-aduanera-la-emision-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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