PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 155 DE LA LEY ADUANERA. NO OPERA LA FIGURA DE LA PRECLUSIÓN PROCESAL EN MATERIA DE OFRECIMIENTO, ADMISIÓN Y VALORACIÓN DE PRUEBAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1997 Y 2000).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 167/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
SECRETARIA: MA. ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Los antecedentes y criterios que sirvieron de sustento al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver la revisión fiscal 85/2002, interpuesta por el administrador local jurídico de Guadalajara, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada, en la parte que interesa, son del tenor siguiente:
a) El subadministrador de la Aduana de Manzanillo, en suplencia de su titular, determinó a cargo de Cursintex Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable, diferencias por concepto de pago de impuestos al comercio exterior y al valor agregado, y le impuso diversas multas.
b) En contra de las resoluciones anteriores, la sociedad quejosa interpuso recurso de revocación en términos de la Ley Aduanera, aportando como pruebas de su parte, entre otras, diversos pedimentos de rectificación.
c) El subadministrador local jurídico de Guadalajara al resolver el referido recurso de revocación consideró que resultaba procedente la determinación de los créditos fiscales ya que conforme al principio de preclusión procesal, no habían de analizarse los pedimentos de rectificación exhibidos.
d) Inconforme con la anterior resolución, la parte afectada demandó su nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, previos los trámites legales, la Primera Sala dictó resolución el veintinueve de abril de dos mil dos y declaró la nulidad de la resolución recaída al recurso de revocación, para el efecto de que la autoridad demandada emitiera otra en la que admitiera, valorara y determinara si con los pedimentos de rectificación exhibidos en el procedimiento del recurso administrativo, se realizó el pago de contribuciones y, de ser así, revocara los créditos impugnados.
e) En contra de la anterior resolución, el administrador local jurídico de Guadalajara, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada, interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el que previos los trámites legales, pronunció sentencia el treinta y uno de octubre de dos mil dos y, en la parte que interesa, dispuso lo siguiente:
"QUINTO. Antes de analizar los conceptos de inconformidad esgrimidos por la autoridad encargada de la defensa jurídica de las demandadas en el juicio de nulidad, este órgano colegiado considera necesario hacer una relación cronológica de las actuaciones que inciden en el presente asunto para una mejor comprensión del problema jurídico planteado: a) El veintisiete de julio de dos mil, el subadministrador de la Aduana de Manzanillo, en suplencia del titular emitió las resoluciones 326-SAT-R4-A30.AI.5712, 326-SAT-R4-A30.AI.5714 y 326-SAT-R4-A30.AI.5715, en las que determinó diferencias en el pago de impuestos al comercio exterior y al valor agregado, e impuso diversas multas por infracciones a las disposiciones fiscales a Cursintex Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 19 a 36 del juicio de nulidad). b) Inconforme con las resoluciones de referencia, la empresa importadora interpuso el recurso administrativo de revocación, previsto en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, aportando como pruebas para robustecer sus argumentos -entre otras-, los pedimentos de rectificación 3106 0000120, 3106 0000135, 3106 0000136 (fojas 16 a 18 del juicio de nulidad). c) El veintiocho de mayo de dos mil uno, el administrador local jurídico de Guadalajara emitió el oficio 325-SAT-R4-L26-04384 (fojas 10 a 14 del juicio de nulidad), en el que se resuelve el recurso administrativo aludido, confirmándose las resoluciones determinantes de los créditos fiscales, y en el que se señala -entre otras cosas- que: ‘... conforme al principio de preclusión procesal, una vez que se extinguen los plazos concedidos para realizar un acto, como acontece en la especie con los pedimentos de rectificación, fenece la oportunidad para ello, ya que con base en el principio aludido, el acto impugnado debe analizarse con base en las pruebas que fueron oportunamente ofrecidas y admitidas en el momento procesal oportuno, por lo que se considera procedente la determinación de los créditos fiscales ahora impugnados ...’. d) Inconforme con la resolución recaída al recurso administrativo de revocación, Cursintex Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó su nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, correspondiéndole el juicio contencioso administrativo 2677/01-07-01-9, del cual conoció la Primera Sala Regional de Occidente (fojas 1 a 9 del expediente fiscal). e) El veintinueve de abril de dos mil dos, la aludida Sala dictó sentencia definitiva y concluyó que las violaciones acreditadas en el juicio de nulidad actualizaban la causal de anulación prevista en la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, razón por la que declaró la nulidad de la resolución recaída al recurso administrativo, para el efecto de que la autoridad demandada emitiera otra en la que admita, valore y determine si con los pedimentos de rectificación aportados en el recurso administrativo, se realizó el pago de contribuciones y, de ser así, revoque los créditos recurridos (fojas 70 a 75 vuelta) y que constituye la sentencia que se impugna en el presente toca de revisión fiscal. Una vez precisados los antecedentes de la resolución combatida, este Tribunal Federal procede a analizar los argumentos esgrimidos por la autoridad recurrente, considerándolos jurídicamente ineficaces para revocar la sentencia recurrida. En el único concepto de inconformidad, el administrador local jurídico de Guadalajara alega que la sentencia recurrida viola lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, al realizarse un estudio indebido del acto combatido en el juicio de nulidad; añade que el procedimiento administrativo en materia aduanera, si bien no es una etapa jurisdiccional, también lo es que el particular debe observar las reglas previamente establecidas por el legislador para su sustanciación, que la autocomposición a que hace referencia la Sala Fiscal es mediante reglas contenidas en normas abstractas, generales y de orden público, que tienen la finalidad de legitimar la actuación de la autoridad y garantizar la esfera jurídica del particular; que es incorrecta la afirmación de la Sala Fiscal, cuando opina que en el artículo 155 de la Ley Aduanera, no aplica el principio de preclusión procesal, pues aunque dicho precepto no lo establece en forma literal, implícitamente lo considera; que al establecerse en el numeral de referencia un plazo de diez días para acreditar la legal estancia, importación y tenencia de la mercancía revisada opera, en la especie, la preclusión; que el tratadista Cipriano Gómez Lara define dicha figura jurídica como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, y que dicha pérdida puede tener tres causas: a) por no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto, b) por haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra, y c) por haberse ejercido ya una vez válidamente esa facultad; señala la recurrente, que la preclusión está representada por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndole el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados, por tanto, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no puede ejecutarse nuevamente; que la preclusión es una institución jurídica aplicable a los procesos administrativos o jurisdiccionales; que por las razones apuntadas, el procedimiento administrativo en materia aduanera está regido por el principio de preclusión procesal, de tal manera que si el visitado no acredita la legal estancia en el país de las mercancías embargadas y ofrece las pruebas pertinentes dentro del plazo establecido en el artículo 155 de la Ley Aduanera, fenece la oportunidad para hacerlo; que la autoridad administrativa debe resolver el procedimiento administrativo, con base en las pruebas oportunamente ofrecidas y admitidas en el momento procesal oportuno; que en la sentencia reclamada, la Sala Fiscal consideró que el particular podía acreditar la legal tenencia, importación o estancia en el país de la mercancía extranjera, fuera del plazo instituido en el artículo 155 de la legislación aduanera, por último, señala que los argumentos que invoca, se robustecen con la ejecutoria dictada en el toca de revisión fiscal 128/99 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Los referidos argumentos, como se anticipó, son infundados, pues la autoridad recurrente funda su pretensión de revocar la sentencia de nulidad dictada por la Sala Fiscal, en una institución procesal que es inaplicable al procedimiento administrativo en materia aduanera, como quedará evidenciado a continuación. La preclusión es una institución procesal y consiste en el hecho de que las diversas etapas conforman un proceso, se desarrollen en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados; en este específico punto, este órgano colegiado coincide con la recurrente, en el sentido de que la preclusión implica la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal que no se ejerció oportunamente. Cabe señalar que la definición de ‘preclusión’ que se emplea en el presente fallo, es la que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al sustentar la jurisprudencia 1a./J. 21/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, correspondiente a abril de dos mil dos, página trescientos catorce, que a la letra dice: ‘PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio.’. Empero, no le asiste la razón a la autoridad recurrente cuando pretende trasladar la institución jurídica de la preclusión -que aplica únicamente en los procesos jurisdiccionales- a los procedimientos de comprobación de las autoridades fiscales, pues éstos se rigen por principios diversos, destacando, entre otros, el de oficiosidad. Ello es así, pues suponer lo contrario, originaría que el contribuyente que no ejerza el derecho para aportar pruebas dentro de los procedimientos de fiscalización o comprobación, dentro del plazo específico que la ley establece -como serían, por ejemplo, los previstos en los numerales 153 y 155 de la Ley Aduanera, 46, fracción IV y 48, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, entre otros-, ya no podría hacerlo con posterioridad. En efecto, dichos numerales instituyen un plazo para ofrecer elementos de convicción tendientes a desvirtuar las observaciones detectadas por la autoridad fiscal, lo que debe entenderse como la oportunidad que el legislador federal instituyó para que el contribuyente participe dentro del procedimiento de comprobación, y de esta manera se logre establecer la certeza de los actos u omisiones concernientes a la situación fiscal del causante, sin que por ello deban aplicarse las reglas de la preclusión. La conclusión a la que arriba este tribunal federal, es siguiendo la línea del pensamiento marcado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la tesis P. CXXVII/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, correspondiente a octubre de mil novecientos noventa y seis, página ciento ochenta y ocho, que para mayor claridad se trasunta a continuación: ‘VISITA DOMICILIARIA. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SU ARTÍCULO 46, FRACCIÓN IV, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Al disponer el citado precepto que los hechos asentados en la última acta parcial de visita de auditoría sólo podrán ser desvirtuados mediante la presentación de documentos, libros o registros, no da lugar a un acto de privación definitiva en el que sea indispensable el respeto a la garantía de audiencia en forma previa, ya que sólo se trata de una oportunidad de participar aclarando los hechos con documentos, libros o registros; luego, los argumentos que el contribuyente estime necesarios para su defensa, los podrá hacer valer en los recursos y juicios que, en su caso, promueva contra la liquidación fiscal; de ahí que al respecto no se le deja en estado de indefensión.’. De opinarse que el particular que no ofreció pruebas o documentos en el procedimiento administrativo de comprobación -independientemente del nombre que dicho procedimiento reciba-, y que por ese hecho perdió la oportunidad de ofrecerlos posteriormente como elementos de convicción dentro de los medios de defensa que promueva contra la liquidación fiscal, además, haría nugatoria la garantía de audiencia y defensa del contribuyente y que en materia fiscal -como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación- se concede con posterioridad a la liquidación de impuestos, dado que hasta ese momento se conocen con exactitud los hechos, omisiones y circunstancias que motivaron la determinación del crédito fiscal. La jurisprudencia a que se hace referencia, es visible en el Tomo I del Apéndice de 1995, página 93 y que textualmente dispone: ‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA. Teniendo un gravamen el carácter de impuesto, por definición de la ley, no es necesario cumplir con la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos.’. Por tanto, no le asiste la razón a la autoridad recurrente cuando aduce que el procedimiento administrativo en materia aduanera está regido por el principio de preclusión procesal, de tal manera que si el contribuyente no acreditó la legal estancia en el país de las mercancías revisadas, ni tampoco ofreció las pruebas pertinentes dentro del plazo establecido en el artículo 155 de la Ley Aduanera, feneció la oportunidad para hacerlo en el recurso administrativo, pues el criterio que propone la recurrente, además de que atenta contra las normas que regulan los medios de defensa previstos en el Código Fiscal de la Federación, contraviene también el derecho que tiene todo gobernado de probar los hechos constitutivos de su acción, lo que provocaría su indefensión, en virtud de que -como quedó sentenciado- la preclusión es una institución que no cobra aplicación dentro de los procedimientos de comprobación instaurados por la autoridad fiscal y, por ende, no puede existir la pérdida de ningún derecho de probar o de alegar. Tampoco es impedimento para concluir lo anterior, que la recurrente afirme que sus argumentos se apoyan en el criterio emitido por otro Tribunal Colegiado en este mismo circuito, pues jurídicamente es factible diferir de la opinión de otro órgano judicial de la misma jerarquía, al no ser obligatorio para este tribunal federal, en términos de lo dispuesto por artículo 192 de la Ley de Amparo; consecuentemente, y dado que este órgano colegiado no comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el toca de revisión fiscal 128/99, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que, si lo considera procedente, resuelva la posible contradicción existente entre los criterios adoptados por los Tribunales Colegiados de este circuito. En consecuencia, al quedar de manifiesto la ineficacia de los motivos de inconformidad hechos valer por la autoridad recurrente, lo que procede es confirmar la sentencia sujeta a revisión, en la que anuló la resolución recaída al recurso administrativo de revocación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 236, 237, 238, fracción III, 239, fracción III y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación."
CUARTO. Los antecedentes de la resolución de dieciocho de enero de dos mil, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión fiscal 128/99, interpuesta por la administradora local jurídica de Ingresos de Guadalajara, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y de la autoridad demandada son los siguientes:
1) La Administración Local Jurídica de Ingresos Número 32 de Tepic, al resolver el recurso de revocación hecho valer por ... según oficio 325-SAT-R4-32-B-0334, de veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y ocho, declaró la nulidad de la resolución impugnada por haber considerado, esencialmente, que contrariamente a las consideraciones de la autoridad, el artículo 155 de la Ley Aduanera vigente en mil novecientos noventa y siete, no prevé la preclusión procesal y, por ende, resultaba ilegal que la demandada hubiera omitido estudiar las pruebas exhibidas por el recurrente, consistentes en las copias fotostáticas simples de diversos documentos (inventario de llantas, un pedido y facturas).
2) Inconforme con la anterior resolución la administradora local jurídica de Ingresos de Guadalajara, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y de la autoridad demandada, interpuso recurso de revocación en términos de la Ley Aduanera, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito el que, previos los trámites legales, dictó sentencia la que, en la parte que interesa, establece lo siguiente:
"CUARTO. Son esencialmente fundados los reproducidos agravios, en cuanto a ellos se invoca que en el caso precluyó el derecho del actor para ofrecer pruebas y alegatos. Así es, el artículo 155 de la Ley Aduanera vigente en mil novecientos noventa y siete (sic) que: ‘Si durante la práctica de una visita domiciliaria se encuentra mercancía extranjera cuya legal estancia en el país no se acredite, los visitadores procederán a efectuar el embargo precautorio en los casos previstos en el artículo 151 y cumpliendo con las formalidades a que se refiere el artículo 150 de esta ley. El acta de embargo, en estos casos, hará las veces de acta final en la parte de la visita que se relaciona con los impuestos al comercio exterior y las cuotas compensatorias de las mercancías embargadas. En este supuesto, el visitado, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiera practicado el embargo, deberá acreditar la legal estancia en el país de las mercancías embargadas y ofrecerá las pruebas dentro de este plazo. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. Desahogadas las pruebas se dictará la resolución determinando, en su caso, las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas e imponiendo las sanciones que procedan, en un plazo que no excederá de cuatro meses a partir de la fecha en que se efectúa el embargo. En los casos de visita domiciliaria, no serán aplicables las disposiciones de los artículos 152 y 153 de esta ley.’. Ahora bien, si conforme al artículo 155 ya transcrito el visitado cuenta con diez días siguientes a la fecha en que se hubiera practicado el embargo, para acreditar la legal estancia en el país de las mercancías embargadas, las que ofrecerá en ese plazo, y como en el caso no ofreció las pruebas respectivas dentro del plazo señalado, no obstante que tal dispositivo expresamente previene que ‘deberá acreditar la legal estancia en el país de las mercancías embargadas’, es obvio que no se pueden tener como tales dentro del procedimiento administrativo, de ahí que, contrario a lo que estimó la Sala responsable, aun cuando el procedimiento administrativo no es una etapa jurisdiccional, en él sí opera la preclusión que se traduce en la pérdida de un derecho que no se hizo valer en su oportunidad dentro de dicho procedimiento, de otro modo saldría sobrando o estaría de más, sin posible aplicación alguna, la parte relativa del artículo en cuestión, lo que obviamente no es la finalidad de la norma. Tiene aplicación al caso el precedente bajo la voz: ‘PRECLUSIÓN. EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.’, que se transcribe en los agravios en examen y que este tribunal hace suyo. Atento lo anterior, lo que procede es revocar la sentencia recurrida para el efecto de que la Sala responsable pronuncie otra siguiendo los lineamientos precisados en esta ejecutoria. Debiéndose precisar, que como la a quo al dictar la sentencia que se revocó solamente estudió el primero de los conceptos de nulidad que el actor, ahora quejoso, denominó como ‘agravios’, es pertinente que en la sentencia que se dicte de nueva cuenta en cumplimiento de esta ejecutoria, se pronuncie sobre los otros tres puntos de nulidad que también se alegaron en la demanda respectiva, mismos que enseguida se transcriben: ‘... II. Me causa agravio también que una vez de haber declarado bajo protesta de decir verdad no soy importador ni estoy registrado como tal ni tampoco soy comprador de primera mano, por lo cual se pierde la obligación de poseer el etiquetado de la norma oficial mexicana, según reza la regla sexta de la resolución de comercio exterior publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de junio de mil novecientos noventa y seis, y por todo esto la autoridad inferior no me está reconociendo como contribuyente sino como importador y me está imponiendo sanciones y claves de obligaciones fiscales que no tengo registradas, con las que cuento fiscalmente hablando es la 108 de fecha veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y siete con un giro de servicio de lonchería y tortería. III. Es de hacerse notar que por todo lo anteriormente expresado a ese tribunal y con las pruebas que anexo, queda claro que no soy importador, que soy simplemente un contribuyente menor y que si bien es cierto existían una serie de llantas presumiblemente de procedencia extranjera facturadas a mi nombre, no con esto quiere decir que sea un permanente comerciante de esos artículos, ya que dicha mercancía se queda a consignación y que cuando las personas que las dejan regresan y las que están ya vendidas (sic) las facturas, haciéndome (sic) entre (sic) copia de los pedimentos de importación para cualquier contingencia como la que en este caso nos atañe. IV. Se me reconozca el inventario que realicé, que es idéntico al que realizaron los auditores y que pieza a pieza se está amparando con factura y otras se están declarando en consignación como quedó claro en el punto que antecede y que la autoridad sin explicación alguna no está considerando como prueba ni hace mención al inventario realizado por los mismos visitadores, simplemente se está dedicando a confirmar la resolución de la Administración Local de Auditoría Fiscal, motivo por el cual se me está afectando en mi patrimonio sin que esto sea jurídicamente procedente, ya que la importadora que expide las facturas está debidamente registrada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.’. Acerca del reenvío ordenado, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia número 546, que obra publicada en las páginas trescientos noventa y cinco, y trescientos noventa y seis del Tomo III, Materia Administrativa, Apéndice 1917-1995, que es del tenor siguiente: ‘REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO. El amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituyen medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. La similitud entre esos medios de defensa extraordinarios lleva a la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, resultando por ello, inaplicable a las revisiones fiscales, lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, del propio ordenamiento; de manera que si en éstas se concluye que son fundados los agravios, de existir conceptos de anulación no estudiados por la Sala responsable, deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se haga cargo de las cuestiones omitidas, de la misma manera que ocurre en el amparo directo que no permite la sustitución de facultades propias de la responsable. Ello es así porque si bien el artículo 104 constitucional, en su fracción I-B, dispone que las revisiones contra resoluciones de tribunales contenciosos de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito «se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto ...», ello no significa que tales revisiones deban resolverse con las mismas reglas del amparo indirecto en revisión, sino tan sólo que su trámite debe ajustarse a dichas reglas.’."
QUINTO. Antes de estudiar la existencia de la posible contradicción de tesis que se ha denunciado, debe destacarse que los criterios que serán materia de estudio provienen, no de expedientes de amparo, sino de recursos de revisión, motivo por el cual no puede pasar inadvertido que esta Segunda Sala, en su anterior integración, sostuvo el criterio relativo a que los procedimientos de contradicción de tesis a que se refiere el artículo 197-A de la Ley de Amparo, no pueden ser resueltos cuando los puntos de vista antagónicos derivan de asuntos resueltos a través del recurso de revisión fiscal, incluso así se sostuvo en la jurisprudencia que a continuación se transcribe:
"REVISIÓN FISCAL, LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE CARECE DE FACULTADES PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS EN. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de facultades legales para resolver cuál de las tesis que motivan la denuncia es la que debe prevalecer. En efecto, el artículo 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución General de la República establece: ‘Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Sala que corresponda, a fin de que decida cuál tesis debe prevalecer’. Por su parte, el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo preceptúa: ‘Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales o los magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El Procurador General de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días’. De una correcta interpretación de las hipótesis jurídicas con anterioridad transcritas, se desprende que las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tratándose de contradicción de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17669-9e7a50f8/procedimiento-administrativo-previsto-en-el-articulo-155-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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