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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE SE DICTE CONFORME AL ARTÍCULO 153, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ADUANERA, VIGENTE EN 1999 Y 2001, DEBE NOTIFICARSE ANTES DE QUE VENZA EL PLAZO DE CUATRO MESES CON QUE CUENTA LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EMITIRLA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 59/2003-SS. · Registro digital (IUS): 17793
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Octubre de 2003, , Pág. 341.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 59/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIA: MA. ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Los antecedentes que se desprenden de las constancias de autos que sirvieron de sustento al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito al resolver el recurso de revisión 268/2002, interpuesto por el administrador local jurídico de Xalapa en el Estado de Veracruz, encargado de la defensa del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas, son los siguientes:

1. El dieciséis de octubre de dos mil, la Aduana Marítima de Veracruz emitió la resolución provisional contenida en el oficio 326-SAT-R-5-A37-II-A-2-562 y decretó la liberación de mercancías en relación con un procedimiento administrativo en materia aduanera, instaurado en contra de un agente aduanal por haberse cumplido los trámites requeridos para su introducción al territorio nacional.

2. Mediante resolución definitiva dictada con el oficio 324-SAT-IV-3565 de trece de febrero de dos mil uno, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Veracruz determinó la infracción de omisión de la regulación no arancelaria, fundándose para ello en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 153 de la Ley Aduanera. Dicha resolución fue notificada al interesado el seis de marzo de dos mil uno.

3. En contra de esta última resolución, Marco Antonio Barquin de la Calle, en su carácter de agente aduanal, demandó su nulidad, de la cual correspondió conocer a la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la que, previos los trámites legales, declaró la nulidad de la resolución impugnada por haber considerado fundamentalmente que la resolución 326-SAT-R-5-A37-II-A-2-562 de dieciséis de octubre de dos mil, en relación con el procedimiento administrativo en materia aduanera que se instauró en contra del agente aduanal, fue hecha de su conocimiento en la misma fecha, la que surtió sus efectos el diecisiete siguiente e inició el plazo de cuatro meses a que se refiere el artículo 153, segundo párrafo, de la Ley Aduanera, de ahí que en concepto del citado tribunal federal, el dieciocho de febrero de dos mil uno venció el plazo para que la liquidación provisional absolutoria hubiera adquirido el carácter de definitiva, por lo que si el oficio 324-SAT-IV-3565 de trece de febrero de dos mil uno, que constituye la resolución definitiva impugnada, fue notificada al agente aduanal el seis de marzo de ese año y surtió sus efectos al día siguiente, es de estimarse que tal resolución fue hecha del conocimiento de la actora fuera del término de cuatro meses a que se refiere el artículo 153, segundo párrafo, de la Ley Aduanera, y la resolución absolutoria adquirió el carácter de definitiva.

4. Inconforme con la resolución anterior, el administrador local jurídico de Xalapa, Veracruz, encargado de la defensa del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas, interpuso recurso de revisión del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, el que, previos los trámites legales, dictó resolución el seis de marzo de dos mil tres en el expediente RF. 268/2002, en el sentido de confirmar la sentencia impugnada en el juicio de nulidad y, en la parte que interesa, dispuso lo siguiente:

"QUINTO. Los agravios hechos valer por la autoridad recurrente resultan infundados, al considerar que la Sala Regional del Golfo hizo una interpretación incorrecta del artículo 153, párrafo segundo, de la Ley Aduanera, vigente en la época de los hechos, ya que estima que de la lectura del numeral de referencia solamente se aprecia la obligación de dictar la resolución definitiva en un plazo que no excederá de cuatro meses, pero no habla de que deba notificarse la misma dentro del mismo término. Lo anterior es incorrecto, pues se parte de una interpretación literal del precepto, la que no es acertada, ya que en el caso a estudio la interpretación debe ser a través de la Constitución, en especial el artículo 8o., en el que se establece como un derecho sustantivo fundamental que todas las gestiones que los particulares realicen frente a los órganos del Estado están protegidas por esta garantía individual. Asimismo, la disposición en comento es también el sustento genérico del derecho de acción procesal, que consiste en la posibilidad de hacer actuar a los órganos jurisdiccionales para que se pronuncien respecto de la aplicación de la ley a un caso concreto, trátese de un litigio o de una situación que deba ser definida jurídicamente. Para establecer cuál es la garantía que consagra el artículo 8o. constitucional, se hace necesaria su transcripción, la cual a la letra dice: ‘Artículo 8o. (se transcribe)’. Como se puede ver, la disposición constitucional señala los requisitos que deben contener las respuestas que las autoridades emitan en cumplimiento del derecho de petición, que es el género del derecho de acción procesal y que son: 1. Constar por escrito; 2. Darse a conocer al interesado (notificársele); y, 3. Ser emitidas en breve término. De lo antes determinado y para lo que aquí interesa, es importante destacar que la obligación de dar respuesta a las peticiones o la de resolver una situación jurídica no se colma con la sola emisión de la respuesta o resolución, sino que debe darse a conocer al interesado, lo que implica el deber de notificarla debidamente y en tiempo. Ahora bien, el texto del artículo 153 de la Ley Aduanera vigente en la época de los hechos, que es motivo de controversia, en la parte conducente dice: ‘Artículo 153. ... Cuando la resolución mencionada se dicte por una aduana, la misma tendrá el carácter de provisional, en cuyo caso las autoridades aduaneras podrán dictar la resolución definitiva, en un plazo que no excederá de cuatro meses, a partir de la resolución provisional; de no emitirse la resolución definitiva, la provisional tendrá tal carácter. ...’. Como se puede ver, efectivamente la norma en comento sólo habla de que la autoridad aduanera deberá emitir en un plazo que no exceda de cuatro meses las resoluciones definitivas sin hacer alusión a que deba notificarse la misma, pero ello no debe llevar a establecer que lo anterior exime a las autoridades a no estar obligadas a notificar a los interesados la resolución correspondiente, pues tal notificación está consagrada como garantía constitucional y ésta debe respetarse aun cuando la legislación administrativa no la establezca. En efecto, la garantía que consagra el artículo 8o. constitucional implica que toda resolución que emita una autoridad debe darse a conocer al interesado, esto es, debe ser notificada. Así, aun cuando el artículo 153 de la Ley Aduanera que regula el procedimiento relativo al dictado de las resoluciones administrativas que determinan las contribuciones y cuotas compensatorias e imponen sanciones, sólo habla de emitir la resolución en un término que no debe exceder de cuatro meses y no menciona que se deba notificar la misma, no obstante, en estricto cumplimiento de lo que estatuye el artículo 8o. constitucional, debe entenderse implícitamente que existe obligación de notificarse la misma dentro del referido lapso, sin que sea obstáculo que esa formalidad no se encuentre expresamente contemplada en la legislación aduanera en comento, pues al respecto tiene preeminencia lo que estatuye el indicado precepto 8o. de la Constitución Federal cuando dispone que toda resolución se debe dar a conocer a los interesados. En ese orden de ideas, si del precepto legal en comento se advierten dos supuestos: el primero que se hace consistir en que una vez agotado el procedimiento en materia aduanera, la autoridad está obligada a dictar la resolución en un plazo que no exceda de cuatro meses a partir de la fecha del acta de inicio de dicho procedimiento; y el segundo, en el derecho que tiene el gobernado de conocer la resolución correspondiente en un plazo que no exceda del tiempo antes citado, de ahí que si la resolución definitiva que determina las contribuciones y cuotas compensatorias e impone sanciones se dicta o se da a conocer al contribuyente fuera de ese lapso, transgrede dicho precepto legal, pues no hay que olvidar que la notificación es el medio legal a través del cual se da a conocer una resolución, además de que es procesalmente inexistente mientras no se haga del conocimiento de los interesados, por lo que ésta debe cumplir con las formalidades que para el efecto señala la ley. Luego entonces, como la legislación fiscal supletoria a la Ley Aduanera no establece el término para la notificación de una sentencia, por esa razón se debe tomar en consideración lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, por ser supletorio a la legislación fiscal y, siendo así, se debe tener en cuenta lo establecido por el precepto 303 del referido ordenamiento legal, en el sentido de que las notificaciones se efectuarán, lo más tarde, el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que las prevengan; por tanto, si la Aduana Marítima de Veracruz emitió una resolución provisional mediante oficio número 326-SAT-R5-A37-II-A-2-562 de fecha dieciséis de octubre de dos mil, en relación con el procedimiento administrativo en materia aduanera que se instauró en contra del agente aduanal, la que le fue notificada en la misma fecha, surtiendo sus efectos al día siguiente, por lo que el término de los cuatro meses a que se refiere el multicitado numeral inició el dieciocho del referido mes y año y feneció el dieciocho de febrero de dos mil uno, para que la liquidación provisional absolutoria adquiriera el carácter de definitiva y mediante oficio número 324-SAT-IV-3565 de fecha trece de febrero de dos mil uno, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Veracruz emitió la resolución definitiva, lo cierto es que dicho acto debió ser notificado al contribuyente al día siguiente al en que se dictó la resolución, y no como lo hizo la autoridad recurrente hasta el seis de marzo del referido año, es decir, veintiún días después de su emisión, por lo que es evidente que no se dio cumplimiento a la segunda hipótesis que se advierte del contenido del artículo 153 de la Ley Aduanera, ya que el agente aduanal, aquí tercero perjudicado, tuvo conocimiento del acto materia de la presente controversia después de haber transcurrido los cuatro meses que la referida ley aduanal concede al gobernado para tener conocimiento de la resolución correspondiente en casos como el que nos ocupa. Pues como quedó asentado, la autoridad aduanera en dicho lapso tiene la obligación de dictar la resolución correspondiente y, por lógica jurídica, el gobernado tiene el derecho de conocer tal determinación en el transcurso de dicho tiempo; máxime que no se trata de una facultad discrecional, sino reglada u obligatoria, pues en dicho aspecto, los numerales en cuestión no dejan a la libre apreciación de la autoridad aduanera su forma de proceder, antes bien, le imponen la conducta específica a la que debe sujetarse, lo que además se justifica ya que implica la culminación de dicho procedimiento y respeto a la garantía constitucional prevista en el artículo 8o. de la Carta Magna, por lo que, al no acatarlo, provoca en el contribuyente un estado de indefensión, quien no tiene la obligación de esperar indefinidamente a que la autoridad le notifique una determinación cuando a su antojo lo considere. Razón por la cual se concluye que la Sala responsable estuvo en lo correcto al resolver en la forma en que lo hizo. En relación con que no se trata de un procedimiento que se haya seguido ante un órgano jurisdiccional y que la norma aplicada es imperfecta al no prever sanción alguna, cabe decir que tales argumentos resultan inoperantes, toda vez que no se hicieron valer ante la Sala Regional responsable. Luego entonces, no lo puede proponer como agravio al no integrar la litis. En ese orden de ideas, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida. Por otra parte, es pertinente aclarar que la presente determinación se emite, no obstante que en la diversa revisión fiscal número 256/2002 se falló en contrario, pues al respecto este órgano colegiado reflexionó sobre el asunto y determinó dejar de aplicar el anterior criterio."

El criterio anterior dio origen a la tesis VII.2o.C.3. A publicada en la página 1162, Tomo XVIII, correspondiente a julio de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:

"NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. DEBE HACERSE DENTRO DEL TÉRMINO DE CUATRO MESES, AUN CUANDO EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY ADUANERA NO LO ESTABLEZCA. La garantía que consagra el artículo 8o. constitucional implica que toda resolución que emita una autoridad debe darse a conocer al interesado, esto es, debe ser notificada. Así, aun cuando el artículo 153 de la Ley Aduanera, que regula el procedimiento relativo al dictado de las resoluciones administrativas que determinan las contribuciones y cuotas compensatorias e imponen sanciones, sólo habla de emitir la resolución en un término que no debe exceder de cuatro meses, y no menciona que se debe notificar la misma, en estricto cumplimiento de lo que estatuye el artículo 8o. constitucional, debe entenderse implícitamente que existe obligación de notificarla dentro del referido lapso, sin que sea obstáculo que esa formalidad no se encuentre expresamente contemplada en la legislación aduanera en comento pues, al respecto, tiene preeminencia lo que estatuye el indicado precepto 8o. de la Constitución Federal cuando dispone que toda resolución debe darse a conocer a los interesados, la cual brindará seguridad jurídica a los gobernados."

CUARTO. Los antecedentes que sirvieron de sustento a la ejecutoria de nueve de agosto de dos mil uno dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, en el recurso de revisión fiscal 7/2001, interpuesto por el secretario de Hacienda y Crédito Público, son los siguientes:

1. Lorenzo Antonio Astorga Flores, a través de su apoderado, demandó en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con residencia en Chihuahua, Chihuahua, la nulidad del oficio 325-SAT-R2-LII-1343 de treinta de marzo de dos mil dos, emitido por el administrador local jurídico de Ingresos de Chihuahua, Chihuahua, por el que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución contenida en el oficio 324-SAT-R2-L15-D-1-2164, en el sentido de confirmar diversos criterios fiscales por concepto de impuestos a la importación, al valor agregado, multas y recargos y el pago definitivo del impuesto sobre automóviles extranjeros.

2. Previos los trámites legales, la Segunda Sala Regional del Norte Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con residencia en Chihuahua, dictó resolución el nueve de noviembre de dos mil dos en el sentido de declarar la nulidad de la resolución impugnada, por haber considerado fundamentalmente que de las constancias que examinó advirtió que mediante oficio 326-SAT-R2-A19-VIII de doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, la aduana de Torreón emitió una resolución provisional notificada al actor el mismo día en la que se determinó que con el procedimiento de importación correspondiente se amparaba la legal estancia en el país del tractocamión que describe, por lo que levantó el embargo precautorio efectuado en el acta de inicio del procedimiento administrativo ordenándose su entrega, y como la resolución definitiva fue formulada por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Torreón mediante oficio 234-SAT-R2-L15-D-1-2164 de seis de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, en la que se determinaron diversos créditos fiscales, notificada al interesado el ocho de noviembre siguiente, al tener existencia legal este último acto el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en que surtió efectos la notificación, en términos del artículo 135 del código fiscal federal, concluye que transcurrió en exceso el plazo de cuatro meses a que se refiere el artículo 153, segundo párrafo, de la Ley Aduanera para haber emitido la resolución definitiva, por lo que la resolución provisional adquirió el carácter de definitiva.

3. Inconforme con tal resolución la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso revisión fiscal, de la cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito el cual, previos los trámites legales, el nueve de agosto de dos mil uno emitió resolución en el expediente RF. 7/2001, en los términos que en la parte que interesa, a continuación se transcriben:

"CUARTO. Son sustancialmente fundados los agravios. En efecto, aducen las autoridades recurrentes, en síntesis, que la hoy Sala Regional del Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa realizó una incorrecta interpretación del artículo 153 de la Ley Aduanera, ya que en forma ilegal hizo una suposición de que la palabra emisión debe entenderse a partir de la notificación de la resolución, pero que no existe dispositivo legal alguno que sustente tal consideración, ya que el citado numeral sólo establece que la resolución debe dictarse, pero no señala que para entenderse que la resolución se ha dictado, la misma deba ser notificada y que, además, en ningún momento obliga a que la resolución deba notificarse en el plazo de cuatro meses que señala, sino sólo a dictarse en ese lapso. Asimismo, aducen que para que la resolución provisional adquiriera el carácter de definitiva, era necesario que no se hubiera emitido la resolución impugnada en el juicio natural. Son sustancialmente fundados los anteriores motivos de inconformidad, en virtud de que es incorrecta la interpretación que la autoridad recurrida realiza del artículo 153 de la Ley Aduanera, en relación con los numerales 134 y 135 del Código Fiscal de la Federación, pues es inexacto que para que tengan existencia legal o nazcan a la vida jurídica los actos administrativos, como lo afirma, sea requisito indispensable que se notifiquen al interesado y que esa notificación surta efectos. Lo anterior se considera así, pues en principio debe significarse que el artículo 153 de la Ley Aduanera, en lo que interesa, establece que las autoridades aduaneras podrán dictar la resolución definitiva en un plazo que no excederá de cuatro meses a partir de la resolución provisional; y que de no emitirse la resolución definitiva, la provisional tendrá tal carácter, esto es, dicho numeral alude a ‘emitir’ y a ‘dictar’ cuyo significado gramatical es dar, pronunciar o expedir; y, por otro lado, ‘notificar’ significa hacer saber una resolución de la autoridad con las formalidades preceptuadas para el caso, de lo que se colige que la emisión o dictado de los actos administrativos y la notificación legal de éstos constituyen actos jurídicos procesales diferentes, atribuibles a autoridades diversas de acuerdo a sus facultades legales, los que además para su legalidad se rigen por disposiciones diferentes, pues mientras que la emisión o dictado de las resoluciones administrativas definitivas a las que se refiere el artículo 153 de la Ley Aduanera es facultad, entre otras autoridades fiscales, de los administradores locales de Auditoría Fiscal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41, apartado B, fracciones IV, VII, XI, XII y XVI, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la notificación de dichas resoluciones compete a los notificadores, y ambas actuaciones se plasman en documentos distintos que constituyen la prueba física de la existencia, de los actos administrativos por un lado, y de sus notificaciones por otro, los que deben suscribirse por las autoridades que respectivamente los emitieron y llevaron a cabo, resoluciones y notificaciones que en un momento dado pueden ser impugnados legalmente por motivos independientes, de lo que se concluye que no es jurídico establecer que una resolución, como la emitida por el administrador local de Auditoría Fiscal, tiene existencia legal hasta que es notificada al interesado, como lo afirma la autoridad recurrida puesto que, resumiendo, la resolución administrativa en materia aduanera es un acto jurídico procesal emanado del órgano encargado de la función fiscalizadora en materia aduanera, que incide en la esfera jurídica de una persona, mientras que su notificación es el acto jurídico procesal por medio del cual la autoridad administrativa da a conocer al interesado dicho acto administrativo, cuyo fin es que el gobernado tenga conocimiento fehaciente y oportuno del mismo para que esté en aptitud de defenderse, por lo que es dable concluir que la fecha en que surte efectos esa notificación sólo tiene relevancia para computar los términos de impugnación de los actos y resoluciones administrativas, pero nada tiene que ver con el ejercicio oportuno de las facultades legales de la autoridad fiscal para emitir los actos o resoluciones administrativas. Es aplicable por analogía el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 169, Tomo XII, julio de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES, CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA. CARECE DE RELEVANCIA LA FECHA EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN. La constancia de notificación de una resolución de carácter fiscal constituye un dato cierto e irrefutable del día en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejerció sus atribuciones para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones. Luego, para decidir sobre la caducidad de esas facultades, no tiene relevancia la fecha en que surtan efecto las notificaciones, pues si bien ese dato es importante para computar los términos de impugnación de los actos o resoluciones administrativas, nada tiene que ver con el ejercicio oportuno de las facultades de la autoridad, ni se debe tomar, por ende, como punto de referencia para determinar la caducidad de tales facultades.’. Así las cosas, es incorrecta la conclusión a la que arribó la autoridad responsable al considerar que como la notificación de la resolución impugnada surtió efectos fuera del término de cuatro meses a que alude el citado precepto legal, hasta ese momento tuvo existencia jurídica la misma y que, por ende, se emitió fuera del plazo mencionado. En el anterior orden de ideas, lo procedente es revocar la resolución a fin de que la autoridad dicte una nueva resolución en la que declare infundado el primer motivo de impugnación, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria y además proceda al estudio de los diversos argumentos que le formuló la parte actora cuyo análisis omitió y, en su oportunidad, dicte la resolución que en derecho proceda."

Del criterio anterior derivó la tesis XVII.3o.8 A, publicada en la página 922, Tomo XV, correspondiente a febrero de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:

"RESOLUCIONES DEFINITIVAS EN MATERIA ADUANERA. DEBEN CONSIDERARSE EMITIDAS DENTRO DEL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY ADUANERA, CUANDO SE DICTEN DENTRO DEL MISMO, AUN CUANDO SE NOTIFIQUEN AL INTERESADO FUERA DE ESE LAPSO. El artículo 153 de la Ley Aduanera establece que las autoridades aduaneras podrán dictar la resolución definitiva en un plazo que no excederá de cuatro meses a partir de la resolución provisional y que de no emitirse la resolución definitiva, la provisional tendrá tal carácter; esto es, alude a ‘emitir’ y a ‘dictar’ cuyo significado gramatical es dar, pronunciar o expedir, y por otro lado ‘notificar’ significa hacer saber una resolución de la autoridad con las formalidades preceptuadas para el caso; de lo que se colige que la emisión o dictado de los actos administrativos y la notificación legal de éstos constituyen actos jurídicos procesales diferentes, atribuibles a autoridades diversas de acuerdo a sus facultades legales, los que además, para su legalidad, se rigen por disposiciones diferentes, de lo que se concluye que no es jurídico establecer que una resolución como la emitida por un administrador local de Auditoría Fiscal tiene existencia legal hasta que es notificada al interesado, pues la resolución administrativa en materia aduanera es un acto jurídico procesal emanado del órgano encargado de la función fiscalizadora en materia aduanera, que incide en la esfera jurídica de una persona, mientras que su notificación es el acto jurídico procesal por medio del cual la autoridad administrativa da a conocer al interesado dicho acto administrativo, cuyo fin es que el gobernado tenga conocimiento fehaciente y oportuno del mismo para que esté en aptitud de defenderse, por lo que es dable concluir que la fecha en que surte efectos esa notificación sólo tiene relevancia para computar los términos de impugnación de los actos y resoluciones administrativas, pero nada tiene que ver con el ejercicio oportuno de las facultades legales de la autoridad fiscal para emitir los actos o resoluciones administrativas."

QUINTO. Antes de estudiar la existencia de la posible contradicción de tesis que se ha denunciado, debe destacarse que los criterios que serán materia de estudio provienen no de expedientes de amparo, sino de recursos de revisión, motivo por el cual no puede pasar inadvertido que esta Segunda Sala, interpretando el artículo 197-A de la Ley de Amparo, sustenta la jurisprudencia aún no publicada siguiente:

"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA. Toda vez que las resolución que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia de revisión fiscal, generan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además la principal característica de los criterios que son materia de contradicción de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal y en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito actúan como órganos terminales, de conformidad con lo previsto por los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, es indudable que la Segunda Sala está facultada para resolver la contradicción que se suscita en asuntos de aquella naturaleza."

SEXTO. Establecido lo anterior, a continuación se procede a determinar si en el caso existe contradicción de tesis.

El análisis de las constancias antes relacionadas muestra que en el caso se configura una hipótesis de contradicción de tesis, de acuerdo con la jurisprudencia 22/92 de la anterior Cuarta Sala, publicada en la página veintidós, Número 58, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a). que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b). que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c). que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En la especie, los Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre un mismo tema, esto es, determinar si tratándose del supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 153 de la Ley Aduanera, el plazo de cuatro meses por el cual la resolución provisional dictada por una aduana se convierta en definitiva, comprende o no el acto de su notificación.

En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito consideró que la obligación de notificar las resoluciones administrativas que determinan las contribuciones y cuotas compensatorias e imponen sanciones conforme al artículo 153 de la Ley Aduanera, debe considerarse implícita dentro del término de cuatro meses a que alude el referido numeral, ya que la garantía establecida en el artículo 8o. constitucional implica que toda resolución que emita una autoridad debe darse a conocer al interesado.

En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito considera que aun cuando las resoluciones definitivas que se emitan en materia aduanera a que se refiere el artículo 153 de la Ley Aduanera se notifiquen al interesado fuera del plazo de cuatro meses, deben considerarse dentro del término establecido en el citado precepto, ya que a juicio del citado Tribunal Colegiado de Circuito los conceptos "emitir" y "dictar", por una parte, y "notificar" por otra, son diversos, se rigen por disposiciones distintas y constituyen actos jurídicos procesales diferentes atribuibles a autori

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17793-07dfe295/procedimiento-administrativo-en-materia-aduanera-la-resolucion-definitiva · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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