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Modo: Corpus Pro

DERECHOS AGRARIOS. PARA SU TRANSMISIÓN POR SUCESIÓN TESTAMENTARIA BASTA SEGUIR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECEN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY AGRARIA Y LOS DIVERSOS NUMERALES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. REGISTRO AGRARIO NACIONAL. LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR ÉL, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE CONTROL DE TENENCIA DE LA TIERRA Y SEGURIDAD DOCUMENTAL, HACEN PRUEBA PLENA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 117/2001-SS. · Registro digital (IUS): 17022
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, , Pág. 704.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 117/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: EVA ELENA MARTÍNEZ DE LA VEGA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al fallar el treinta y uno de agosto de dos mil uno el juicio de amparo directo 227/2001, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Los transcritos conceptos de violación, en lo sustancial, son fundados. En tales motivos de desacuerdo, José Luis Hernández Soto tilda de ilegal la sentencia reclamada, al aducir que el Tribunal Unitario Agrario declaró improcedente la acción restitutoria intentada al valorar indebidamente el documento relativo a la inscripción de traslación de derechos agrarios por sucesión, pues lo estimó insuficiente para acreditar la titularidad del bien ejidal en disputa, lo cual estima conculcatorio de sus garantías individuales al quebrantar el interés social, principio rector fundamental de la materia agraria, cuyas normas son protectoras de la población campesina, pues dice ser, de conformidad con los artículos 12, 14 y 15 de la Ley Agraria, sujeto de derecho agrario, porque Macario Licona Melo, original titular del certificado de derechos agrarios 2306642, del ejido de Tezahuapa, Municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, lo instituyó sucesor preferente, el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, por lo que al fallecer éste, en procedimiento administrativo solicitó en la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, el reconocimiento de la transmisión de derechos agrarios por sucesión, la cual sostiene se realiza sobre el mismo certificado de derechos agrarios y, por ello, considera acreditó la titularidad del derecho agrario, con la documental pública en comento, pues en ella constan los datos básicos de identidad de los derechos agrarios controvertidos, el nombre del ejido, Municipio, Estado, número de expediente y nombre del titular ejidatario, José Luis Hernández Soto, y al no valorar debidamente la responsable esa documental, estima ilegal la sentencia impugnada. Ahora bien, con el objeto de patentizar lo fundado del concepto de violación de referencia, suplida en lo conducente su deficiencia, al tenor de los preceptos 76 bis, fracción III y 227 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado estima pertinente destacar que de las constancias integrantes del expediente agrario de donde emana el fallo reclamado, las cuales adquieren eficacia demostrativa a la luz de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al tenor del dispositivo 2o. de la Ley de Amparo, de las cuales, en lo de interés en este asunto, se aprecia: Que en la demanda que dio origen al juicio agrario subyacente, el actor, hoy quejoso, sostuvo ser ejidatario legalmente reconocido del ejido Tezahuapa, Municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, de acuerdo al documento relativo a la constancia de transmisión de derechos agrarios por sucesión inscrita en el tomo 165, foja 79, expedido por el Registro Agrario Nacional; calidad adquirida por sucesión del extinto ejidatario Macario Licona Melo, titular del certificado de derechos agrarios 2306642, quien lo designó como sucesor preferente, por lo que a su muerte solicitó la transmisión de tales derechos a su favor; que al morir Macario Licona Melo, la ahora demandada se introdujo a trabajar a la parcela sin su consentimiento, negándose a desocuparla, razón por la cual intentó la acción restitutoria. Seguido el procedimiento en todas sus etapas, el tribunal responsable emitió la sentencia reclamada donde determinó no haberse acreditado el primer elemento de la acción intentada, consistente en tener el accionante la titularidad del bien ejidal reclamado, porque la constancia de inscripción de transmisión de derechos agrarios por sucesión expedida por el registrador integral del Registro Agrario Nacional, de veintinueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, donde se indica que en el certificado agrario 2306642, del ejido de Tezahuapa, Municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, causó baja como titular Macario Licona Melo y alta como titular el actor José Luis Hernández Soto, es insuficiente para ello, al no demostrar que cuenta con el correspondiente certificado de derechos agrarios o certificados parcelarios como lo refiere el artículo 78 de la Ley Agraria, ni tampoco que se le haya expedido el respectivo certificado al haber acreditado los derechos de sucesor en términos de ley, tal como lo indica el artículo 74 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional pues, adujo, el acto traslativo únicamente tiene efectos declarativos y no constitutivos de derecho, apoyando su determinación en el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito en ejecutoria pronunciada el veintidós de febrero de dos mil uno, en el juicio de amparo directo 502/2000, promovido por Anastacio Díaz Cruz en un caso similar, así como en la jurisprudencia número VII.1o.A.T. J/22, visible en la página 979, Tomo XI, febrero de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: ‘REGISTRO AGRARIO NACIONAL, CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL, SIN MEDIAR JUICIO SUCESORIO. ES INEFICAZ.’. Este órgano colegiado no comparte el criterio anterior y para justificarlo es necesario, dada la naturaleza del asunto de nuestra atención, hacer breve referencia a la función que en la actualidad tiene el Registro Agrario Nacional, en torno a las cuestiones debatidas en el juicio natural, emanadas de los artículos 148 a 156 de la Ley de Agraria. En efecto, conforme con lo dispuesto en los numerales 1o., 3o., 4o. y 6o. del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, el objeto primordial de dicho registro es el del control de la tenencia de la tierra y el de la seguridad documental respecto de predios rústicos de naturaleza agraria, destacando como funciones la registral, la de asistencia técnica, la catastral, así como las de resguardo, acopio, archivo y análisis documental del sector agrario, necesarios para el conocimiento de los problemas, la identificación de las acciones y la evaluación de la gestión agraria, función que se lleva a cabo mediante las actividades de calificación, inscripción y certificación de los actos y documentos en los cuales consten operaciones relativas a la propiedad ejidal y comunal; derivado de tal función, inscribirá y resguardará los documentos en los que consten los actos jurídicos a que se refieren los documentos en cita. Asimismo, cabe destacar que del contenido de los ordinales 17, fracción VII, 19, fracciones I, VII, VIII y XII, 25, fracciones II, incisos n) y u), V y VI, y 27, fracción II, del invocado reglamento, se deriva que la organización de las unidades administrativas del Registro Agrario Nacional destacan, por su importancia, las del director en jefe del mismo, quien entre múltiples facultades tiene las de dictar las disposiciones para la operación y administración del Archivo General Agrario, para el procesamiento y expedición de certificados, títulos, planos y demás documentos que generen las diversas unidades administrativas; también sobresalen las del director general del registro quien, entre otras, tiene la de ejercitar la fe pública registral y vigilar que la calificación e inscripción de los actos y documentos objeto de registro, y la certificación de los asientos registrales se realicen conforme a los criterios y lineamientos establecidos, así como la de expedir las constancias que de éstas se soliciten; igualmente la de establecer el procedimiento para la recepción, depósito y control de las listas de sucesión que realicen los ejidatarios y comuneros, con el auxilio del inventario correspondiente, la de calificar las transmisiones de derechos que amparen los títulos y certificados parcelarios y de uso común, así como mantener actualizada la información de los asuntos de que conozcan las delegaciones, con el propósito de establecer criterios para el mejor desempeño de la actividad registral; por cuanto a las delegaciones del Registro Agrario Nacional, entre otras, tienen como atribuciones inscribir los actos y documentos relativos, entre ellos, a la transmisión de derechos individuales por sucesión, a la enajenación de derechos, sobre tierras de uso común y de derechos parcelarios, así como a la renuncia de derechos sobre tierras ejidales y demás documentos que contengan actos jurídicos que conforme a la ley y sus reglamentos deban inscribirse; llevar el inventario de las listas de sucesión que depositen los ejidatarios y comuneros, también llevar a cabo el control, expedición y entrega de los certificados y títulos que prevé la ley, destacándose que el titular de las delegaciones deberá ejercer en el ámbito de su competencia, la fe pública registral, vigilar la calificación e inscripción de los actos y documentos objeto de registro y que la certificación de los asientos registrales se realice conforme a los criterios y lineamientos establecidos, expidiendo las constancias que soliciten los interesados. Las funciones en cita, se llevaban a cabo mediante el sistema registral como conjunto de normas y procedimientos que tienen por objeto la calificación e inscripción de los actos jurídicos y documentos que conforme a la ley y sus reglamentos deban registrarse, así como su ordenación en folios e integración de índices, destacando que los actos jurídicos que se pueden inscribir son aquellos en los que se constituyan, transfieran, modifiquen o extingan derechos respecto, al caso, de los sujetos titulares de los derechos sobre las tierras, según lo disponen los arábigos 35 y 36, fracción V, del multirreferido Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. La calificación de los actos y documentos que deban inscribirse, así como la realización y autorización de las anotaciones, asientos y cancelaciones, es función que compete a los registradores, quienes bajo responsabilidad determinarán si los documentos y asuntos jurídicos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos a fin de garantizar el principio de legalidad, según lo estatuyen los artículos 37, 38, fracción III y 56 de la legislación de nuestro estudio. Derivado de las funciones de referencia, como ya se tiene dicho, el registro expedirá los certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, uno por cada unidad parcelaria de que sea titular el ejidatario o posesionario y, dada su función de publicidad, proporcionar constancias sobre los asientos registrales, las cuales harán prueba plena, dentro o fuera de juicio, pues así lo establecen los artículos 89, 91 y 97 del reglamento, en relación con el diverso 150 de la Ley Agraria. Asimismo, en términos del numeral 106, fracciones VI y VII, del reglamento interior, dada la importancia que para la seguridad de la tenencia de la tierra ejidal tiene el Registro Agrario Nacional, se establecen diversas responsabilidades administrativas para aquellos servidores públicos del registro que practiquen inscripciones y, en su caso, expidan certificados parcelarios o de uso común sobre tierras objeto de conflicto judicial, o se expidan éstos o sus reposiciones, a quienes no tengan derecho a ello o que no demuestren legitimación para su entrega, así como cuando expidan certificaciones que carezcan de asientos registrales, alteren sus contenidos u omitan datos esenciales. Por otra parte, debe destacarse que para la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones después de la muerte de una persona física, nuestro sistema jurídico mexicano contempla dos formas de transmisión para lograr la adjudicación de los derechos del de cujus, es decir, la sucesión testamentaria por voluntad unilateral del testador y, en ausencia de testamento o imposibilidad de heredar a quien se haya designado, la transmisión toma el nombre de sucesión legítima, precisamente porque los herederos están determinados en la ley. En materia agraria según los artículos 18 y 19 de la ley de la materia, para que se materialice la transmisión de los derechos agrarios por sucesión legítima, pueden instaurarse dos tipos de procedimiento jurisdiccionales: el contencioso para aquellos casos en donde exista controversia entre los presuntos herederos del titular de los derechos agrarios, y mediante la vía de jurisdicción voluntaria para aquellos casos en donde no exista la oposición de ninguna persona. En cambio, cuando existe disposición testamentaria, se surte el supuesto previsto en el artículo 17 de la Ley Agraria, y para la materialización de la adjudicación se sigue el procedimiento administrativo establecido en el capítulo IX, título tercero, denominado ‘Del depósito de lista de sucesión’ del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, y comprende el normativo del 86 (sic). Esto es, se entiende que existe disposición testamentaria cuando el ejidatario ejercita la facultad de designar a la persona que deba sucederle en sus derechos agrarios, mediante elaboración de lista de sucesión ante el registrador, quien verifica la firma y huella digital del ejidatario, pudiendo otorgarse la lista también ante notario público, permaneciendo bajo resguardo del registro en sobre sellado y firmado por el registrador y el interesado. Designación en lista que para que produzca los efectos jurídicos inherentes debe depositarse en el Registro Agrario Nacional o formalizarse ante fedatario público. Robustece lo anterior el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, abril de 1995, Tesis XII.2o.1 A, página 121, cuyo rubro y texto son los siguientes: ‘AGRARIO. LISTA DE SUCESIÓN EJIDAL, VALIDEZ LEGAL DE LA. De conformidad con el artículo 17 la nueva Ley Agraria, los derechos agrarios son transmisibles a través de la designación de sucesores hecha en vida por el ejidatario; pero a fin de que esta designación o su modificación, tengan validez y produzcan los efectos jurídicos que le son inherentes, es necesario el cumplimiento del requisito formal que señala el mismo precepto, es decir, que la lista de sucesores se deposite en el Registro Agrario Nacional o sea formalizada ante fedatario público, lo cual tiende a otorgar certeza a la declaración de voluntad del ejidatario y seguridad jurídica a los sucesores, y se explica en atención a la especial relevancia y consecuencias de esa declaración.’. De tal suerte que cuando acaece el fallecimiento del titular de los derechos agrarios, deberá seguirse, según el supuesto, alguno de los procedimientos sucesorios contemplados en los preceptos legales en cita. El procedimiento que en este asunto interesa es el previsto en el ordinal 17 de la Ley Agraria, el cual, dada la trascendencia, se estima necesario invocar a la letra. ‘Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.’. Es decir, en materia agraria el legislador, como bien lo dice el quejoso, respetando el principio de la libre disposición de bienes, consideró pertinente permitir la transmisión de no sólo derechos posesorios sino también agrarios, mediante la disposición del poseedor o titular, otorgada en la lista de sucesores testamentarios ante fedatario público o depositada ante el Registro Agrario Nacional, concediendo al titular también la posibilidad de revocar o modificar su disposición cuando libremente así lo determine. Además, el legislador, según exposición de motivos de la Ley Agraria, guiado por el principio de justicia social, con el cual pretendió apoyar a las clases económicamente desprotegidas, como en este caso resulta ser el campesinado mexicano, evitándoles trámites burocráticos y engorrosos, con el objetivo de proveer mayor rapidez en la justicia, libertad de disposición y de proporcionar certidumbre jurídica, así como los instrumentos legales necesarios para brindar justicia expedita en los que prevalezcan la claridad, celeridad y sencillez, tomando en consideración además que la seguridad en la tenencia de la tierra es base y presupuesto de todos los instrumentos del fomento a las actividades del sector rural, porque sin ella se anulan los esfuerzos del desarrollo y se provoca la inseguridad que destruye expectativas, genera resentimientos y cancela potencialidades, atingentemente estatuyó un procedimiento administrativo, en el que prevalece la sencillez y la claridad de la justicia agraria, precisamente para lograr la transmisión de derechos ejidales por sucesión, en los casos en que el titular hubiere depositado ante el Registro Agrario Nacional, u otorgado ante notario público, lista de sucesores, dando acceso así a los ejidatarios, en términos del artículo 17 constitucional, a una justicia pronta y expedita. Tal procedimiento es el establecido en el ordinal 86 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, cuyo texto es el siguiente: ‘Artículo 86. Al fallecimiento del ejidatario o comunero, el registro a petición de quien acredite tener interés jurídico para ello, consultará en el archivo de la delegación de que se trate y, de ser necesario en el archivo central, si el titular de los derechos realizó el depósito de la lista de sucesión; en caso afirmativo, el registrador ante la presencia del interesado y de por lo menos dos testigos de asistencia, abrirá el sobre e informará el nombre de la persona designada. Una vez que se presente dicha persona se asentarán los datos en el folio correspondiente y se procederá a expedir el o los certificados respectivos que acrediten los derechos.’. De lo anterior, claramente se infiere que a la institución del Registro Agrario Nacional, como ya se estudió, se le ha conferido la facultad de controlar la tenencia de la tierra y la seguridad documental en materia agraria, siendo patente el citado espíritu del legislador de evitarle al campesino trámites prolongados ante los tribunales jurisdiccionales, que además repercutieran en su economía, favoreciéndolo en la transmisión de sus derechos ejidales a través de la sucesión testamentaria, determinando su formalización, como ya se tiene asentado, mediante el procedimiento administrativo al que alude el citado precepto 86 del reglamento de referencia, esto es, abriendo el sobre que contenga la lista de sucesión en presencia del interesado y de por lo menos dos testigos, para luego asentar los datos en el folio correspondiente y proceder en su momento a otorgar el certificado condigno al nuevo titular. Certificado que en términos del ordinal 16 de la Ley Agraria, confiere calidad de ejidatario a su titular por lo que, evidentemente, el documento exhibido por el impetrante del amparo al intentar la demanda que dio origen al procedimiento subyacente, relativo a la constancia de inscripción de transmisión de derechos agrarios por sucesión, misma que contiene los datos básicos de identificación de la parcela que ampara, aun cuando efectivamente no es el idóneo, sin embargo, en términos de los ordinales 78 y 150 de la Ley Agraria y 97 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, es suficiente para acreditar que la persona a cuyo favor se ha expedido, es la titular de los derechos agrarios que se suceden y que tienen plena validez mientras no exista sentencia ejecutoriada que declare su nulidad. Como se ve, no existe disposición legal expresa que determine la intervención forzosa de los tribunales jurisdiccionales agrarios tratándose de sucesiones testamentarias, ni menos aún que para acreditar la titularidad de derechos ejidales vía sucesión, deba acreditarse la existencia de procedimientos de jurisdicción voluntaria, o de sucesorios jurisdiccionales, como lo pretende la responsable, máxime si se tiene en consideración que no existe conflicto de intereses por cuanto hace a la sucesión de tales derechos, ni se ha declarado la nulidad de la lista de sucesión. Todo lo cual encuentra sustento primordial, como ya se dijo, en los normativos 150 de la Ley Agraria y 97 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, pues estatuyen que las constancias que expida el Registro Agrario Nacional de sus inscripciones, harán prueba plena en juicio y fuera de él; razón más que suficiente para estimar adecuada la constancia de inscripción de transmisión de derechos agrarios por sucesión exhibida por el promovente del amparo ante la responsable, para acreditar la titularidad de los derechos agrarios derivados del certificado 2306642. Ello es así, porque precisamente en el texto del documento de nuestra atención, se aprecia que es constancia fehaciente del procedimiento administrativo al que se ha venido haciendo mención en este considerando, pues dice: ‘Con fecha 26 de abril de 1999, el C. Hernández Soto José Luis, por solicitud número 20064, gestionó la inscripción de la transmisión de los derechos agrarios por fallecimiento del titular, cuyos datos a continuación se indican: Ejido: Tezahuapa, Municipio: Atotonilco El Grande, Estado: Hidalgo, No. de expediente: C-016156. Título y/o certificado No. 2306642. Otros: lista en depósito sobre 8563 de fecha 02-10-97. Nombre del titular: Licona Melo Macario. En atención a que el solicitante se encuentra debidamente legitimado como sucesor preferente para heredar los derechos agrarios del extinto titular, lo que se desprende de la lista de sucesión inscrita en este registro, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 18, 152, fracción VIII, segundo y cuarto transitorios de la Ley Agraria, 37 y 38 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, queda inscrito como titular de los derechos agrarios antes descritos, realizándose los siguientes movimientos registrales: causa baja como titular: Licona Melo Macario, así como todos los demás sucesores que hubiere inscrito. Causa alta como titular: Hernández Soto José Luis.’. Luego, carece de razón la responsable al precisar que el documento de referencia es insuficiente para acreditar el carácter de ejidatario que tiene el quejoso respecto de la parcela en conflicto, porque de considerarlo así se contravendría el espíritu del legislador al otorgarle al Registro Agrario Nacional la facultad de expedir los certificados, títulos y constancias que amparan la calidad de ejidatarios así como la de tramitar el procedimiento administrativo al que se ha hecho mención con anterioridad. Consecuentemente, procede conceder a José Luis Hernández Soto, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, emita otra nueva en la que prescinda de considerar insuficiente la constancia de inscripción de transmisión de derechos agrarios por sucesión expedida por el Registro Agrario Nacional para acreditar la titularidad de derechos agrarios como primer elemento de la acción llevada a juicio, y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria analice si se acreditaron o no los restantes elementos de la acción restitutoria, estudie las excepciones planteadas y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda. SEXTO. Por las razones vertidas en el considerando anterior de esta ejecutoria, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado de este mismo circuito en la ejecutoria emitida al resolver el amparo directo 502/2000, promovido por Anastacio Díaz Cruz, en el cual se afirma que la constancia expedida por el Registro Agrario Nacional en la que se asienta que se dio de alta como sucesor preferente del extinto titular a determinada persona, en atención a la solicitud de inscripción de la designación de sucesor, es insuficiente por sí misma para acreditar la titularidad de derechos sobre una unidad de dotación agraria, porque es menester instaurar ante el correspondiente Tribunal Unitario Agrario el procedimiento de jurisdicción voluntaria o contenciosa, o en vía administrativa ante el Registro Agrario Nacional, porque no es cierto que sólo con el certificado al que alude el artículo 78 de la Ley Agraria pueda acreditarse la titularidad de los derechos de esa naturaleza sino, como se vio, también se puede con la constancia que emita el Registro Agrario Nacional al concluir el procedimiento administrativo que estatuye el diverso normativo 86 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, cuyas características coinciden con las que presenta el documento exhibido como base de la acción en el juicio natural. Tampoco este Tribunal Colegiado comparte el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, emitido en la tesis jurisprudencial VII.1o.A.T. J/22, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, febrero de 2000, página 979, bajo el rubro: ‘REGISTRO AGRARIO NACIONAL, CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL, SIN MEDIAR JUICIO SUCESORIO. ES INEFICAZ.’, en la que concluye que la constancia del registrador agrario nacional, en la que se asienta que se dio de alta como sucesora preferente del extinto titular a determinada persona, en atención a la solicitud de inscripción de la designación hecha en su favor, es insuficiente por sí misma para acreditar la titularidad de derechos sobre una unidad de dotación, dado que el Registro Agrario Nacional carece de facultades para expedir o asignar parcelas o títulos en las hipótesis de una sucesión legítima, por lo cual estima es menester instaurar ante el correspondiente Tribunal Unitario Agrario el procedimiento jurisdiccional respectivo; ello lo considera así este Tribunal Colegiado porque de una correcta y armónica interpretación de los preceptos legales que se han citado con anterioridad, se llega a la conclusión de que lo que el legislador pretendió fue evitar una serie de procedimientos que entorpezcan la libre disposición y uso de los bienes ejidales, creando para ello el procedimiento administrativo que nos ocupa, y reservando la función jurisdiccional agraria en materia sucesoria, sólo para los casos previstos en el artículo 18 de la Ley Agraria, ante ausencia de lista de designación de herederos, o cuando ninguno de los nombrados pueda heredar por imposibilidad material o legal, o para aquellos casos en que se suscite controversia derivada de cuestiones sucesorias agrarias, pues así textualmente lo dispone el normativo 18, fracción VII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; por ende, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese la posible contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales consiguientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Luis Hernández Soto, contra el acto que reclamó del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto Distrito, con residencia en esta ciudad capital, que quedó señalado en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de este fallo. SEGUNDO. Denúnciese ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción entre esta ejecutoria y la tesis jurisprudencial sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, identificable con el número VII.1o.A.T. J/22, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, febrero 2000, página 979, bajo el rubro: ‘REGISTRO AGRARIO NACIONAL, CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL, SIN MEDIAR JUICIO SUCESORIO. ES INEFICAZ.’."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 551/99, el trece de enero de dos mil; 1486/97, el doce de febrero de mil novecientos noventa y nueve; 1193/97, el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve; 552/99, el trece de enero de dos mil; y el 942/97, el doce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, razonó lo siguiente:

AD. 551/99.

"IV. Al margen de que es inexacto que la sentencia combatida sea infundada e inmotivada, como se advierte de su sola lectura, debe decirse que son inatendibles los demás motivos de desacuerdo transcritos, mismos que se analizarán en el orden que enseguida se advertirá, cuenta habida de que: a) Si bien es cierto que por acuerdo de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, se ordenó turnar el expediente del que provienen los actos reclamados para el dictado de esa sentencia (foja 107), y que esta última se pronunció hasta el veintidós de junio siguiente y que le fue notificada al quejoso el cinco de agosto de ese mismo año (foja 133), fuera de los términos a que se refieren los artículos 185, fracción VI y 188 de la Ley Agraria que establecen, respectivamente, en lo conducente que: ‘Artículo 185. El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones: ... VI. ... el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la aveniencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el que una vez calificado y, en s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17022-8f02e5e1/derechos-agrarios-para-su-transmision-por-sucesion-testamentaria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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