COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES. LA CARGA DE LA PRUEBA DEBE DIVIDIRSE ENTRE LAS PARTES, CUANDO EL TRABAJADOR RECLAME COMO PRESTACIÓN EXTRALEGAL LA QUE GENERÓ CUANDO PRESTÓ SUS SERVICIOS COMO TEMPORAL Y PRETENDA QUE SE LE INCORPORE A LA QUE GENERE COMO TRABAJADOR PERMANENTE. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL DICTAMEN DE ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES, EMITIDO EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA 41, FRACCIÓN IX, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, EQUIVALE AL EFECTUADO POR UNA COMISIÓN MIXTA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 155/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 414/2002, promovido por la Comisión Federal de Electricidad en Boca del Río, Veracruz, en lo conducente, establecen lo siguiente:
"SEXTO. Los conceptos de violación hechos valer son infundados e inoperantes. Para mejor comprensión del asunto, cabe precisar que mediante escrito presentado ante la Junta responsable el veinte de febrero del año retropróximo, Euwaldo Herrera Yáñez, hoy tercero perjudicado, demandó de la Comisión Federal de Electricidad el reconocimiento y cómputo de tres años ocho meses dentro de la antigüedad general, como trabajador temporal de dicha empresa, del veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y uno al primero de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, basado en que la empresa demandada sólo le reconoce una antigüedad de diecisiete años a partir de la fecha citada en último término, desde la cual ocupa el cargo de auxiliar comercial con carácter de base, mas no los años que laboró con la calidad de trabajador temporal; el pago de la gratificación por antigüedad, prevista por la cláusula 80 del contrato colectivo de trabajo correspondiente; el pago de la compensación por fidelidad prevista por la cláusula 81 de dicho contrato; y el reconocimiento de los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, de conformidad con los artículos 154, 156 y 158 de la Ley Federal del Trabajo y la cláusula 41 (sic) del contrato colectivo de trabajo aludido. La Junta responsable en el laudo reclamado, luego de arrojar la carga de la prueba a la demandada, la condenó a reconocer y computar en favor del actor la antigüedad del veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y uno al primero de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, equivalente a tres años ocho meses, con base en los recibos de pago aportados por el actor y en la confesional ofrecida por el actor a cargo del sindicato respectivo, por conducto de su representante legal, en la que aceptó que el trabajador inició a laborar ininterrumpidamente para la demandada desde el veintiséis de enero citado hasta la fecha del desahogo de la confesional, por lo que la responsable sumó esos tres años ocho meses a la antigüedad reconocida por la hoy quejosa, es decir, diecisiete años, resultando una antigüedad general de veinte años ocho meses. Asimismo, la condenó a tomar en consideración la antigüedad referida, para el goce de derechos de preferencia, antigüedad y ascenso en favor del trabajador y, por último, al pago de setenta y cinco días de salarios tabulados, en términos de la cláusula 80 del contrato colectivo de trabajo. La quejosa alega en el primer concepto de violación que la Junta responsable le arrojó indebidamente la carga de la prueba, en términos del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, aplicando incorrectamente dicho precepto, pues si bien dispone que la Junta eximirá de la carga probatoria al trabajador cuando por otros medios tenga posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, en términos del artículo 804 de la misma ley establece el periodo durante el cual tiene obligación de conservar los documentos relativos al salario del actor, controles de asistencia o el tiempo en que estuvo bajo su subordinación, es decir, sólo durante el último año de servicios. Los argumentos anteriores son infundados, pues si bien el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo dispone que el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio, entre otros documentos, las listas de raya o nómina de personal o recibos de pago de salarios, controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, por disposición expresa del artículo 784, fracción II, de la misma ley, en todo caso corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre la antigüedad del trabajador, por tanto, la interpretación concatenada de dichos preceptos conduce a concluir que la obligación del patrón establecida por este último artículo, en relación con la carga de acreditar la antigüedad del trabajador, no se extingue con su obligación de conservar los documentos referidos en el diverso numeral 804 de la misma ley, si se toma en consideración que la razón de ser de este precepto estriba precisamente en que la parte patronal cuenta con mayor posibilidad y elementos para demostrar las cuestiones referentes a la relación de trabajo, estimar lo contrario sería arrojar una carga probatoria en perjuicio de los trabajadores y sus beneficiarios no contemplada por la ley. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que este Tribunal Colegiado comparte, visible en la página novecientos cincuenta y seis del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘ANTIGÜEDAD. LA OBLIGACIÓN DEL PATRÓN PARA DEMOSTRARLA EN JUICIO NO SE EXTINGUE POR EL HECHO DE QUE YA NO TENGA EL DEBER DE CONSERVAR LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 784 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ (se transcribe). La quejosa también alega que al haber acreditado la antigüedad del trabajador con la constancia de reconocimiento de antigüedad relativa, y por su parte, el actor demandó que se le reconociera una antigüedad mayor, a este último correspondía la carga de la prueba, pues quien afirma está obligado a probar, por lo que si el actor no probó su acción, ésta es improcedente, de ahí que si la autoridad responsable no lo apreció así, omitió atender lo dispuesto por el artículo 841 de la ley laboral, conforme al cual los laudos deben ser dictados a verdad sabida y buena fe guardada. Las anteriores alegaciones son inoperantes, pues la quejosa se limita a realizar simples afirmaciones en el sentido de que con la constancia referida acreditó la antigüedad del actor, por lo que si éste demandó una antigüedad mayor, a él le correspondía la carga de la prueba, empero, al margen de que no explica las razones por las que, en su concepto, con dicha prueba demostró la antigüedad real del actor y de que, como se ha visto, en términos del referido artículo 784, fracción II, al patrón le corresponde la carga de demostrar la antigüedad de sus trabajadores, la quejosa no combate las razones torales que llevaron a la responsable a determinar que la antigüedad del trabajador debía computarse a partir del veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y uno al primero de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, equivalente a tres años ocho meses, consistentes en que de la confesional ofrecida por el actor a cargo del sindicato respectivo, por conducto de su representante legal, se demostró que el trabajador inició a laborar ininterrumpidamente para la demandada desde el veintiséis de enero citado hasta la fecha del desahogo de la confesional, consideraciones que al no ser controvertidas deben seguir rigiendo el laudo reclamado en ese aspecto, sin que en el caso se actualice alguno de los supuestos previstos por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, que autorice la suplencia de la queja a favor de la quejosa, pues no se trata del trabajador, máxime que si el patrón al contestar la demanda manifestó que el actor no laboró en forma continua, a él le correspondía demostrar su afirmación. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada bajo el número 75, en la página sesenta y seis y siguiente, del Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.’ (se transcribe). La quejosa insiste, en dicho concepto de violación, en que si el reconocimiento de la antigüedad fue reclamada con fundamento en la cláusula 12, inciso p), y 40 del contrato colectivo de trabajo pactado entre la Comisión Federal de Electricidad y sus trabajadores, la carga de la prueba correspondía al actor, por tratarse de una prestación extralegal, quien no demostró haber laborado en forma ininterrumpida desde la fecha en que pretendió se reconociera su antigüedad, es decir, desde el veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y uno hasta el primero de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, en que le fue reconocida por la hoy quejosa, en contravención de lo dispuesto por la cláusula 12 del contrato referido, conforme la cual, la Comisión Federal de Electricidad computará la antigüedad de los trabajadores temporales que hubieren prestado sus servicios interrumpidos, siempre que entre una contratación y otra no haya transcurrido un lapso de treinta días naturales, ya que como se advierte de las documentales consistentes en recibos de pago exhibidos por el actor durante el periodo del veintidós de febrero de mil novecientos ochenta y uno al treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, son insuficientes para acreditar ese extremo. Como apoyo de sus argumentos, invocó las tesis jurisprudenciales de rubros: ‘PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE. (MATERIA LABORAL).’ y ‘PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA.’, cuyo órgano emisor y fuente de localización precisó en el referido concepto de violación. Las anteriores alegaciones son igualmente infundadas, pues si bien la prestación de antigüedad genérica demandada por el actor es de naturaleza extralegal, lo cierto es que sólo estaba obligado a probar la existencia del fundamento de esa prestación en el contrato colectivo de trabajo respectivo, mas no lo concerniente al tiempo que laboró al servicio de la demandada, ya que, como se ha dicho, por disposición expresa del artículo 784, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, al patrón corresponde probar su dicho cuando exista controversia sobre la antigüedad del trabajador, es decir, la carga de la prueba se encuentra dividida, ya que, en un principio, corresponde al actor demostrar que los beneficios reclamados existen, o sea, el fundamento de los hechos constitutivos de su acción, lo que no fue un punto controvertido, mientras que al patrón, por tener los elementos necesarios a su alcance, correspondió acreditar el lapso efectivo en que el actor le prestó sus servicios personales subordinados, de ahí que si la Junta responsable sólo arrojó al patrón la carga de probar la antigüedad del trabajador (no la procedencia de los beneficios concedidos por el contrato colectivo de trabajo con motivo de aquélla), el laudo reclamado no resultó violatorio de garantías. Acorde con lo anterior, los argumentos tendentes a evidenciar que el actor no demostró haber laborado en forma ininterrumpida para la demandada desde el veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y uno al primero de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, devienen infundados, pues parten de la premisa de que al trabajador correspondía esa carga probatoria, lo que es inexacto, máxime que la quejosa no combate la consideración toral que llevó a la responsable a tener por demostrado que la antigüedad del trabajador debía computarse a partir del veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y uno al primero de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, consistente en que con la confesional ofrecida por el actor a cargo del sindicato respectivo, por conducto de su representante legal, se acreditó que el trabajador inició a laborar ininterrumpidamente para la demandada desde el veintiséis de enero citado hasta la fecha del desahogo de la confesional, consideración que al no ser controvertida debe seguir rigiendo el laudo reclamado en ese aspecto, sin que en el caso se actualice alguno de los supuestos previstos por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, que autorice la suplencia de la queja en favor de la quejosa, pues no se trata del trabajador. Además, respecto de las tesis invocadas por la quejosa, aludidas precedentemente, al margen de que no son de observancia obligatoria para este órgano colegiado, según se desprende de lo previsto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, las mismas, en modo alguno, refieren sobre en quién recae la carga de la prueba al suscitarse una controversia respecto de la antigüedad de un trabajador, por lo que no son aplicables al caso, ello aunado a que por disposición expresa del artículo 784, fracción II, de la ley laboral, dicha carga recae sobre el patrón. En cambio, tiene aplicación la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que este Tribunal Colegiado comparte, visible en la página mil ciento seis del Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES. POR SER UNA PRESTACIÓN DE NATURALEZA EXTRALEGAL, LA CARGA DE LA PRUEBA DEBE DIVIDIRSE ENTRE EL ACTOR Y EL PATRÓN.’ (se transcribe). Asimismo, tiene aplicación, en lo conducente y por su sentido, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que este Tribunal Colegiado igualmente comparte, visible en la página mil doscientos cincuenta y dos del Tomo XV, correspondiente al mes de enero del año dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘ANTIGÜEDAD EN MATERIA LABORAL. LAS INTERRUPCIONES ENTRE UNO Y OTRO CONTRATO DE TRABAJADORES EVENTUALES O TRANSITORIOS DEBEN FORMAR PARTE DE LA LITIS Y SON CARGA DE LA PRUEBA DEL PATRÓN.’ (se transcribe). No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que la quejosa para evidenciar que la carga de la prueba correspondía al actor, cita como precedente la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo directo número 308/2001, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, en el que también figuró como quejosa, empero, al margen de que no acompañó dicha ejecutoria, a efecto de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud legal de verificar el sentido de la misma, en todo caso, dicho precedente en modo alguno es obligatorio para este Tribunal Colegiado, por provenir de un órgano judicial de igual jerarquía."
Ahora bien, tal como se señaló en el resultando segundo de esta sentencia, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito señaló que comparten su criterio el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, debiendo aclarar que, en primer lugar, todos los Tribunales Colegiados mencionados sólo se pronunciaron de manera genérica sobre la carga de la prueba cuando se reclama la antigüedad genérica, sin especificar el supuesto en que la parte trabajadora exige un lapso mayor del que se le reconoce; en segundo lugar, ha de decirse que únicamente el Primer Tribunal Colegiado propone la división de la carga de la prueba respecto del tema planteado y los restantes órganos jurisdiccionales aducen que la obligación de probar el rubro de la antigüedad le corresponde al patrón.
A fin de evidenciar lo antedicho, es oportuno transcribir, en su parte conducente, las ejecutorias dictadas por dichos órganos jurisdiccionales:
Amparo directo 494/2000, dictado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito:
"QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer resultan en una parte infundados y en otra legalmente suficientes para conceder la protección federal solicitada. Sostiene como primer motivo de inconformidad la parte quejosa, que la Junta responsable indebidamente fijó la litis en el juicio del que emana el acto reclamado en esta vía constitucional, dando a entender que no resulta ser aplicable el artículo 784, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, fundamento legal que la Junta responsable invocó para imponerle a la patronal la carga de la prueba sobre la antigüedad de los trabajadores actores, argumentando la empresa disconforme que la acción principal intentada por éstos, se sustentó en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre la actora y la demandada por lo que, en todo caso, tales prestaciones de tipo extralegal correspondía acreditarlas a la parte actora; sobre el particular, cabe decir que tal planteamiento deviene infundado, pues si bien es cierto a simple vista y de primera intención pudiera parecer que el hecho de que se reclame la prestación de la antigüedad genérica laboral, por ser de naturaleza extralegal y en términos de lo dispuesto por el contrato colectivo de trabajo correspondiente, implicaría que a quien pudiera obligar a comprobar su existencia y procedencia fuera a los propios trabajadores, lo cierto es que tratándose de controversias sobre aspectos relacionados con el contenido del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, como en el caso lo es la antigüedad de los trabajadores aquí terceros perjudicados, es claro el contenido del apuntado numeral cuando, de manera categórica y sin contemplar excepción, establece que corresponde al patrón probar su dicho cuando exista controversia tratándose de las diversas hipótesis que ahí se describen, consecuentemente, de una interpretación armónica del citado artículo, en relación con la naturaleza y alcance de las prestaciones extralegales obtenidas en un contrato colectivo de trabajo, debe concluirse que tratándose de estas últimas, la carga de la prueba se encuentra dividida, pues la naturaleza extralegal determina la carga de la prueba, en principio para el propio actor, pues éste debe demostrar que los beneficios que reclama efectivamente existen y se encuentran contemplados en la medida en que los reclama en el contrato colectivo de trabajo, pues ello equivale a comprobar el fundamento de los hechos constitutivos de su acción, lo que de manera alguna significa que ello anule o deje sin efectos disposiciones legales específicas sobre la imposición de la carga probatoria sobre su procedencia en cuanto a los hechos, como lo es el artículo 784, específicamente (en relación con el asunto de que se trata) en sus fracciones I y II, de la Ley Federal del Trabajo, pues tal como se ha dicho, el contenido de dicha disposición legal establece que la carga procedimental de probar corresponde al patrón, es decir, el demostrar que se configura la o las hipótesis invocadas por el trabajador, en relación con derechos extralegales plasmados en un contrato colectivo de trabajo; se afirma lo anterior porque de existir controversia sobre el particular, es decir, sobre los hechos que determinan la procedencia de derechos extralegales, en este caso específico tratándose de la antigüedad de los trabajadores, es indudable que el patrón tiene elementos que por obligación legal debe conservar la empresa y que, por ende, están a su alcance para demostrar el lapso efectivo en que una persona física le ha prestado servicios personales subordinados, acorde a lo dispuesto por el artículo 8o. del citado ordenamiento legal, obligación legal que se hace extensiva a exhibirlos en juicio, acorde al contenido del artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo. No resulta óbice a lo antes expuesto, el hecho de que la prestación reclamada derive de un beneficio extralegal previsto en un contrato de trabajo pues, se reitera, la enumeración de los supuestos en que la carga de la prueba se traslada al patrón, por disposición legal y expresa del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, subsiste no sólo cuando la prestación reclamada se lleve a cabo con base en la Ley Federal del Trabajo, sino también cuando dicha prestación se reclama con base en el contenido del multirreferido contrato colectivo de trabajo, pues no debe perderse de vista que las prestaciones reclamadas en esos términos, evidentemente tienen su origen en una relación laboral, la que en todo caso origina los beneficios mayores a los legales, y que conforman la naturaleza de tales prestaciones contractuales. Lo hasta aquí afirmado encuentra sustento legal en la tesis de jurisprudencia por contradicción número 94/99, emitida por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, inserta en la página 123, Tomo X, agosto de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘JUBILACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCIÓN TENDIENTE A SU OTORGAMIENTO.’ (se transcribe)."
Amparo directo 122/99, dictado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito:
"CUARTO. Los conceptos de violación del quejoso consistentes en que la Junta responsable omitió en su laudo hacer la enumeración de la pruebas aportadas por las partes y hacer de ellas la apreciación a la que la obliga la Ley Federal del Trabajo; que omitió asentar las razones legales o de equidad, la jurisprudencia o doctrina que le hayan servido de fundamento para dictar un laudo a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia; que omitió hacer claro, preciso y congruente su laudo en relación con las actuaciones de autos; que realizó un deficiente estudio y análisis de las pruebas aportadas por las partes; que incorrectamente les otorgó valor probatorio a las documentales de la parte actora consistentes en las documentales que identificó como III, incisos a) y c), de su escrito de pruebas, porque éstas eran copias fotostáticas simples que no fueron perfeccionadas; que por otro lado, a las pruebas documentales de la parte demandada, marcadas como IV, inciso a), de su ocurso probatorio, les negó valor convictivo señalando que eran copias fotostáticas simples que no fueron cotejadas; que incorrectamente desvalorizó las pruebas documentales que ofertó la patronal identificadas como IV, incisos c) y d), de su escrito de pruebas; que incorrectamente le arrojó la carga de la prueba respecto de la antigüedad del actor, ahora tercero perjudicado; que de manera incorrecta le dio valor probatorio a la documental del trabajador marcada como III, inciso b), del escrito de pruebas del mismo; que la Junta dejó de analizar y dar contestación a cada una de sus excepciones de oscuridad e imprecisión, falta de acción y derecho, falta de fundamentación legal y contractual, así como de defensa de prestaciones extralegales; cabe decir que todos ellos son infundados por lo siguiente: ... En relación con el último presupuesto de la cláusula 340, fracción IV, del contrato colectivo de trabajo vigente, en la demanda del quince de agosto de mil novecientos noventa y cinco, para que el actor tuviese derecho a la jubilación y al pago de las pensiones correspondientes, esto es, a tener por lo menos quince años de servicios efectivos, tenemos que de acuerdo al artículo 784, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, en todo caso le corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre la antigüedad del trabajador, antigüedad que, para los efectos legales, se entiende como el tiempo acumulado de servicios efectivos que el trabajador tenga ininterrumpidamente prestados para un patrón, o cuando existan interrupciones, éstas sean justificadas o bajo permiso patronal, lo que, en esencia, hace que no se den tales interrupciones, o sea, que la antigüedad a que se refieren los diferentes preceptos de la Ley Federal del Trabajo es equivalente en concepto a los ‘años de servicios efectivos’ a que aluden las cláusulas del contrato colectivo de trabajo vigente en la quejosa (sic), compartiéndose en ese sentido el criterio contenido en la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, emitida en la Novena Época y consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, tesis VI.2o.36 L, página 779, que dice: ‘ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES. ES EQUIVALENTE A LOS AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS.’ (se transcribe). Por lo que habiendo alegado en el particular la ahora quejosa, que el trabajador no tenía la antigüedad que asentó en su demanda de quince años con cuatro meses, porque había tenido interrupciones en la prestación de sus servicios, sin justificación ni licencia y, por tanto, sólo había logrado acumular cuatro años de antigüedad, es incuestionable que a ella correspondía la carga de demostrar su aserto al respecto, ya que como lo indica la fracción II del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, en todo caso le corresponde al patrón probar su dicho cuando existe controversia sobre la antigüedad, siendo incorrecto que, como lo alega el quejoso, esta obligación probatoria se extinga en un año después de terminada la relación de trabajo, ya que esta disposición, que se desprende del diverso artículo 804 del código obrero, es sólo para la obligación de conservar los documentos relativos a un trabajador y a los que se refiere este numeral en sus fracciones de la I a la IV, y no para la imposición probatoria que le hace el artículo primeramente señalado. Esto es así, ya que de la interpretación de los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que la obligación del patrón para demostrar su dicho respecto de la antigüedad del trabajador, cuando ésta haya sido controvertida en juicio y en contra del obrero, no se extingue por el hecho de que el patrón ya no tenga la obligación de conservar los documentos a que alude el mencionado precepto 804, esto en virtud de que el artículo 784 señala claramente que: ‘... En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: ... II Antigüedad del trabajador. ...’; caso diferente es el presupuesto que trata el diverso artículo 804 en su último párrafo, que obliga a los patrones a conservar los documentos a que se refieren las primeras cuatro fracciones del mismo hasta un año posterior a la extinción de la relación de trabajo, de lo que se infiere que pretender que el imperativo de ley para el patrón contenido en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con la antigüedad del trabajador, se extinga juntamente con su obligación de conservar los documentos referidos en el diverso numeral 804 de la ley, haría caer en inconsecuencias en contra de los trabajadores y sus beneficiarios, haciendo nugatoria la obligación derivada del primer artículo referido y las motivaciones que tuvo el legislativo para insertarla en la ley, dado que la razón de ser del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo estriba precisamente en la mejor posibilidad de la parte patronal para demostrar cuestiones referentes a la relación de trabajo, de lo que se sigue que si, por otra parte, esa obligación no recae legalmente en el trabajador, debe regir la norma categórica del numeral 784 en cita de que ‘... En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: I. Fecha de ingreso del trabajador; II. Antigüedad del trabajador. ...’, tanto más que no sólo con los documentos a que alude el precepto 804 de que se trata es como puede evidenciar el patrón esos aspectos. Y aún más que en el presente caso, y como ya se vio anteriormente, la fecha de la terminación de la relación de trabajo se dio el quince de agosto de mil novecientos noventa y seis, siendo pertinente señalar en este momento que si bien es cierto que la ahora quejosa al dar contestación a la demanda manifestó que el trabajador había interrumpido constantemente la prestación del servicio y, por tanto, su antigüedad, no es menos verdad que la empresa no concretizó tal excepción, esto es, no indicó pormenorizadamente los plazos o fechas en los cuales el trabajador, según ella, había interrumpido la prestación de sus servicios sin indicar exactamente los lapsos efectivos de trabajo del actor para acumular sólo los cuatro años que menciona en su escrito de contestación de demanda, y siendo ésta la única forma en que el trabajador se hubiese dado cuenta de los hechos fundatorios de la excepción para poder controvertirlos vía réplica y después pretender, en su caso, desvirtuarlos mediante probanzas que se ofrecieran en el momento procesal oportuno, es indudable que ante tal oscuridad e imposibilidad manifiesta de suscitar controversia al respecto, las interrupciones en la prestación del servicio alegadas por el patrón, no podían formar parte de la litis y, por ende, cualquier probanza tendente a demostrarlas sería inútil e intrascendente por no tener relación con la litis ni referirse a los hechos controvertidos y debieron desecharse con base en los numerales 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo, tomando en cuenta que las pruebas son para demostrar los hechos y no para constituirlos pero, no obstante lo anterior, la quejosa para pretender demostrar su aseveración respecto de la antigüedad del actor, ofertó y le fueron admitidas como pruebas: la confesional a cargo del actor, la cual como acertadamente consideró la responsable, ningún beneficio le importa, ya que el trabajador al dar contestación a todas y cada una de las posiciones que le fueron formuladas, contestó negativamente; ofreció, asimismo, la documental que identificó como IV, inciso b), de su escrito de pruebas, consistente en la copia de la liquidación número 7036 que le hizo al actor con motivo del dictamen de invalidez emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual si bien es cierto en su texto, en el apartado ‘Total años/meses’, dice ‘4 años’, no menos verdad es que este dato no concuerda con el resto del documento, el que primero, en su apartado ‘Antigüedad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17795-adaac6b0/comision-federal-de-electricidad-antiguedad-de-los-trabajadores · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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