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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN, LA DENUNCIA RELATIVA A SU VIOLACIÓN DEBE TRAMITARSE EN VÍA INCIDENTAL, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 358 Y 360 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 139/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17589
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, , Pág. 622.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 139/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: GUILLERMO BECERRA CASTELLANOS.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Con el objeto de estar en aptitud de resolver la presente contradicción de tesis, es necesario conocer las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en las ejecutorias que se estiman como posiblemente contradictorias.

1. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver los recursos de queja administrativa 36/2002, 37/2002 y 38/2002, sostuvo, esencialmente, las mismas consideraciones, por lo cual únicamente se transcribirán las que sustentan la primeramente citada:

Queja 36/2002.

"QUINTO. Es sustancialmente fundado el tercero de los agravios que hace valer la autoridad recurrente, en el que, esencialmente, manifiesta que el a quo no señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos dentro del incidente de violación a la suspensión, ni le notificó la celebración de la misma; el cual se considera suficiente para revocar la interlocutoria recurrida y ordenar la reposición del procedimiento incidental relativo a la denuncia de violación a la suspensión provisional, de conformidad con lo establecido en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en atención a que se estima que ha existido violación a las reglas esenciales del procedimiento y que ha dejado sin defensa a la autoridad inconforme. En efecto, el numeral y fracción referidos previenen: 'Artículo 91. El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas: ... IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley.'. De la transcripción anterior se desprende, que tratándose del recurso de revisión contra sentencia definitiva, los tribunales de amparo revocarán la misma y ordenarán la reposición del procedimiento cuando, entre otros casos, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, que se incurrió en alguna omisión que hubiese dejado sin defensa al recurrente o pudiera influir en la sentencia que deba pronunciarse. Sin embargo, tal disposición no debe interpretarse en el sentido literal de que únicamente es aplicable tratándose de la revisión del fallo que decide dicho juicio en lo principal, sino también, por analogía, debe invocarse tratándose del recurso de queja interpuesto contra la resolución interlocutoria que decidió la denuncia de violación a la suspensión provisional o definitiva, en tanto que iguales supuestos pueden surtirse en la sustanciación del procedimiento respectivo, es decir, también pueden violarse las reglas fundamentales que norman todo procedimiento, pues se puede incurrir en alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o que pudiere influir en la interlocutoria relativa. De manera que el equilibrio procesal que debe haber entre las partes que intervienen en la controversia constitucional, también debe regir en lo relativo al incidente de violación a la suspensión, lo que permite que en el recurso de queja contra la interlocutoria respectiva que se emita se aplique la disposición en comento, ya que de no ser así persistiría una violación al procedimiento que dejaría sin defensa a alguna de las partes, lo que legal y constitucionalmente no puede ser soslayado por los Jueces de Distrito. En esas condiciones, al no existir precepto específico que regule el caso concreto y de acuerdo al principio general de derecho que señala que donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición, sí es factible fundar la reposición del procedimiento incidental en lo establecido en la fracción de referencia. Es aplicable a la anterior consideración, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en la página 287, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de Federación, que este órgano de control de legalidad comparte, y que establece: 'SUSPENSIÓN, REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL INCIDENTE DE. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, según la cual, procede revocar la sentencia definitiva recurrida y reponer el procedimiento en el juicio de garantías cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el mismo conforme a la ley, no debe interpretarse en el sentido de que únicamente es aplicable en tratándose de la revisión del fallo que decide dicho juicio en lo principal, sino también en la de la interlocutoria que resuelve sobre la suspensión definitiva del acto reclamado, pues como tal fracción en términos generales, contempla la reposición del procedimiento para evitar que se causen perjuicios a las partes cuando se han inobservado las reglas fundamentales que norman el juicio de amparo, entre las que se encuentran la de que debe oírseles en defensa y que, merced al equilibrio procesal que debe haber entre dichas partes que intervienen en la controversia constitucional, también debe regir en lo relativo al incidente de suspensión, ello permite que en la revisión de la interlocutoria respectiva, se aplique lo dispuesto en la comentada fracción, ya que de no ser así, persistiría una violación al procedimiento que dejaría sin defensa a una de las partes, lo que legal y constitucionalmente no puede ser soslayado por los Jueces de Distrito en cuanto órganos tuteladores de los derechos públicos subjetivos de los gobernados y en esas condiciones, al no existir precepto específico que regule el caso concreto y de acuerdo al principio general de derecho que señala que donde existe la misma razón, debe aplicarse la misma disposición, sí es factible como lo hace este Tribunal Colegiado, fundar la reposición del procedimiento incidental, en lo establecido en la fracción de referencia. De ahí que si de autos aparece que no se emplazó correctamente a una autoridad responsable, no obstante lo cual el Juez de Distrito resolvió respecto a los actos a ella atribuidos y por falta de su informe previo los presumió ciertos y concedió a la parte quejosa la medida cautelar solicitada, con base en lo dispuesto en la invocada fracción IV, procede revocar la interlocutoria recurrida y decretar la reposición del procedimiento incidental, a partir de la notificación defectuosa que se practicó, para el efecto de que la misma se realice debidamente y seguidos los trámites legales, el a quo pronuncie la nueva resolución que en derecho corresponda.'. También es aplicable a lo antes referido, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, visible en la página 317, Tomo XI, junio 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que este órgano de control de legalidad comparte, que dice: 'SUSPENSIÓN. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL INCIDENTE DE. Aunque la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, se refiere a los casos de sentencias definitivas dictadas en la audiencia constitucional, el principio que rige tal supuesto por cuanto a la violación de normas sustanciales del procedimiento, debe abarcar también la resolución que se pronuncie en el incidente de suspensión, por tratarse igualmente, en uno y otro caso, de una cuestión de orden público.'. En el caso concreto, asiste razón a la autoridad recurrente, toda vez que de las constancias que integran el cuaderno incidental relativo al juicio de amparo 812/2002, se llega al conocimiento de lo siguiente: Mediante acuerdo de trece de junio de dos mil dos, el Juez Primero de Distrito en el Estado concedió a ... la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que las cosas se 'mantengan en el estado que actualmente guardan, particularmente para que no sea trasladado a un lugar distinto del que actualmente se encuentra recluido, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva'. El proveído antes referido se notificó al ahora recurrente coordinador operativo adscrito a la Coordinación de Prevención y Readaptación Social del Estado de Chiapas (designado en la demanda de amparo, como director, coordinador o encargado de traslados de la Coordinación General de Centros de Readaptación Social del Estado de Chiapas), el diecisiete del mes y año mencionados, como se corrobora con la constancia relativa que obra a foja 23 del cuaderno incidental. Por escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil dos, ante la oficina de correspondencia común del juzgado del conocimiento, el autorizado del quejoso denunció la violación a la suspensión provisional, argumentando que su representado había sido trasladado de un reclusorio a otro, promoción a la que le recayó acuerdo de la misma fecha, a través del cual el a quo ordenó requerir informes con justificación a las autoridades responsables, que deberían rendir dentro del término de veinticuatro horas que se contarían a partir de la notificación de dicho proveído; y también determinó practicar inspección judicial en el Centro de Readaptación Social, para que el actuario de su adscripción diera fe sobre la existencia del amparista en su lugar de reclusión, diligencia que fue practicada en la misma fecha a las trece horas, según se desprende de la constancia que obra a foja 34. Ahora bien, se estima que le asiste razón a la autoridad recurrente, al afirmar que le agravia el que el Juez Federal no hubiese señalado fecha y hora para una audiencia de pruebas y alegatos dentro del incidente de violación a la suspensión, toda vez que con tal proceder se infringen las normas esenciales del procedimiento. En efecto, se considera que es fundado lo manifestado por la autoridad inconforme, pues los artículos 143, 104, 105, primer párrafo, 107 y 111 de la Ley de Amparo, que tienen aplicación para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, no prevén el procedimiento que deba seguirse para constatar la existencia o no de la violación a la suspensión, dado que se refieren únicamente a los trámites que el tribunal de amparo o la autoridad jurisdiccional que actúe en auxilio de la Justicia Federal deben observar para lograr se dé cumplimiento cabalmente con lo ordenado en relación con la suspensión del acto reclamado por el quejoso; que son los mismos que se observan para lograr el cumplimiento de las ejecutorias que se pronuncien en los juicios de amparo, como se aprecia del contenido de éstos, los cuales disponen: 'Artículo 143. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, se observarán las disposiciones de los artículos 104, 105, párrafo primero, 107 y 111 de esta ley. Las mismas disposiciones se observarán, en cuanto fueren aplicables, para la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad caucional conforme al artículo 136.'. 'Artículo 104. En los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución Federal, luego que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo solicitado, o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, el Juez, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se interpuso revisión contra la resolución que haya pronunciado en materia de amparo directo, la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades responsables para su cumplimiento y la harán saber a las demás partes. En casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, podrá ordenarse por la vía telegráfica el cumplimiento de la ejecutoria, sin perjuicio de comunicarla íntegramente, conforme al párrafo anterior. En el propio oficio en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia.'. 'Artículo 105. Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria no quedare cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita, o no se encontrare en vías de ejecución en la hipótesis contraria, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada en materia de amparo directo requerirán, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella. Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este último. ...'. 'Artículo 107. Lo dispuesto en los dos artículos precedentes se observará también cuando se retarde el cumplimiento de la ejecutoria de que se trata por evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en la ejecución. Las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo.'. 'Artículo 111. Lo dispuesto en el artículo 108 debe entenderse sin perjuicio de que el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, hagan cumplir la ejecutoria de que se trata dictando las órdenes necesarias; si éstas no fueren obedecidas, comisionará al secretario o actuario de su dependencia, para que dé cumplimiento a la propia ejecutoria, cuando la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, el mismo Juez de Distrito o el Magistrado designado por el Tribunal Colegiado de Circuito, se constituirán en el lugar en que deba dársele cumplimiento, para ejecutarla por sí mismo. Para los efectos de esta disposición, el Juez de Distrito o Magistrado de Circuito respectivo, podrán salir del lugar de su residencia sin recabar autorización de la Suprema Corte, bastando que le dé aviso de su salida y objeto de ella, así como de su regreso. Si después de agotarse todos estos medios no se obtuviere el cumplimiento de la sentencia, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de Circuito solicitarán, por los conductos legales, el auxilio de la fuerza pública, para hacer cumplir la ejecutoria. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos en que sólo las autoridades responsables puedan dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trate y aquellos en que la ejecución consista en dictar nueva resolución en el expediente o asunto que haya motivado el acto reclamado, mediante el procedimiento que establezca la ley; pero si se tratare de la libertad personal, en la que debiera restituirse al quejoso por virtud de la ejecutoria y la autoridad responsable, se negare a hacerlo u omitiere dictar la resolución que corresponda dentro de un término prudente, que no podrá exceder de tres días, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, según el caso, mandarán ponerlo en libertad sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte después la resolución que proceda. Los encargados de las prisiones darán debido cumplimiento a las órdenes que les giren conforme a esta disposición, los Jueces Federales o la autoridad que haya conocido del juicio.'. Como se advierte de los preceptos antes transcritos, el objetivo primordial que se persigue no es determinar si existió o no violación a la suspensión, sino lograr el 'cumplimiento del auto de suspensión'; por ello, este Tribunal Colegiado considera que con independencia de que el Juez de Distrito exija a las autoridades, con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, el cumplimiento del auto de suspensión, la denuncia de violación a la suspensión se debe tramitar vía incidental, entonces, al no existir disposición expresa en la Ley de Amparo que regule el procedimiento sobre el problema de que se trata, debe acudirse a las reglas que para la sustanciación de los incidentes que no tienen un trámite especial, fija el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2o. de la misma. De manera que una vez que se denuncie la violación a la suspensión, el Juez de Distrito debe requerir a la autoridad denunciada para que le informe sobre el cumplimiento que estuviera dando al auto de suspensión, y vigilar que se restablezcan las cosas al estado que guardaban, asimismo, que rinda un informe sobre los hechos que se le atribuyen, lo cual si bien es una obligación de la autoridad, también lleva implícito un derecho de la responsable, toda vez que, pudiendo ser graves las consecuencias que se deriven de la violación que se le imputa, tiene derecho a defenderse antes de que se le finque alguna responsabilidad, pues la circunstancia de que no exista en la Ley de Amparo precepto alguno que imponga al juzgador la obligación de respetar a alguno de los interesados la garantía de previa audiencia antes de pronunciar la resolución respectiva, cuando los actos reclamados lo perjudican, no exime al a quo de darle oportunidad de oírlo en defensa, a fin de que pueda aportar las pruebas que estime convenientes y formular alegatos antes de que se pronuncie la resolución respectiva, en atención a que, en ausencia de precepto específico, se haya (sic) el mandato del artículo 14 constitucional que protege dicha garantía a favor de todos los gobernados. Es aplicable a la consideración anterior, la tesis de jurisprudencia número 95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 62, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: 'AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO. La circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto alguno que imponga a la autoridad responsable la obligación de respetar a alguno de los interesados la garantía de previa audiencia para pronunciar la resolución de un asunto, cuando los actos reclamados lo perjudican, no exime a la autoridad de darle oportunidad de oírlo en defensa, en atención a que, en ausencia de precepto específico, se halla el mandato imperativo del artículo 14 constitucional que protege dicha garantía a favor de todos los gobernados, sin excepción.'. Por consiguiente, a fin de no hacer nugatoria la garantía en comento, el a quo estaba obligado, en primer lugar, a prevenir a las autoridades para que informaran sobre el cumplimiento dado al auto de suspensión y vigilar que se restablezcan las cosas al estado que guardaban, en segundo, a señalar dentro del incidente de que se trata, fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, previa a la pronunciación de la resolución relativa, debiendo observar al respecto el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone: «Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: I. Diez días para pruebas y II. Tres días para cualquier otro caso.». De tal manera que considerando la trascendencia del asunto, el juzgador está en posibilidad de señalar un plazo prudente que a su juicio sea el necesariamente indispensable, para contar con los elementos de convicción que le permitan resolver con objetividad, tomando en cuenta la naturaleza del acto denunciado. Asimismo, tiene aplicación al razonamiento expuesto la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 320, Tomo X, diciembre de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que este órgano jurisdiccional comparte, que dice: 'INFORME DE LAS AUTORIDADES RELATIVO A LA DENUNCIA DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. EL TÉRMINO PARA RENDIRLO ES DE TRES DÍAS. El artículo 104 de la Ley de Amparo, el cual es aplicable para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, por disposición expresa del numeral 143 de la misma ley, establece en su tercer párrafo «en el propio oficio en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia», en la práctica, tratándose de autos o resoluciones en los que se concede la suspensión a la quejosa, no se acostumbra prevenir a las autoridades para que informen de su cumplimiento, pues por regla general dichos acuerdos no tienen propiamente dicha ejecución, esto es, una obligación de hacer para las autoridades, sino por el contrario contienen una obligación de no hacer, de abstenerse, de mantener las cosas en el estado que guardan al momento de decretar la medida suspensiva. Es sólo en los casos, en que la autoridad realiza un acto suspensivo, cuando la parte afectada denuncia tal hecho ante el Juez de Distrito y éste requiere a la autoridad para que informe del cumplimiento que está dando a la suspensión, sin embargo, el precepto legal citado, no establece un plazo para la rendición de dicho informe. Por tal motivo los Jueces de Distrito han optado por señalar un plazo de veinticuatro horas, para la rendición de dicho informe en el propio acuerdo en el que lo requieren, seguramente inspirados en la importancia que reviste en conservar la materia del juicio de garantías, en el sumario del procedimiento en el incidente de suspensión, en lo previsto por el artículo 105, primer párrafo, de la Ley de Amparo (también aplicable por disposición expresa para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión), relativo a que la ejecutoria debe estar cumplida o encontrarse en vías de ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a las en que se notifique a las autoridades responsables, pero este precepto se refiere a que en ese término debe estar cumplida cuando la naturaleza del acto lo permita o encontrarse en vías de ejecución la sentencia ejecutoria, pero no a que en dicho plazo la autoridad deba rendir su informe sobre el cumplimiento que le den a la misma. No obstante esto, es claro que el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado, en su caso, tiene facultades para exigir ese informe en el término de veinticuatro horas, cuando lo consideren necesario. Sin embargo, en la especie nos encontramos que, por un lado no existe disposición expresa de la ley de la materia, que señala un plazo para que la autoridad informe sobre el cumplimiento que le esté dando al auto de suspensión, y por otro, que la Juez de Distrito fue omisa en señalarle a las responsables un determinado tiempo para informar, por lo cual, no siendo posible considerar que las autoridades cuentan con un plazo indefinido para informar el cumplimiento, y en atención a que la rendición de ese informe es una obligación de la autoridad, pero también lleva implícito un derecho de la responsable, toda vez que, pudiendo ser graves las consecuencias que se deriven de la violación que se le imputa, tiene derecho a defenderse antes de que se le sancione, por consiguiente, ante tal omisión legal, debemos observar lo dispuesto en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, de conformidad con el artículo segundo de la Ley de Amparo, que dice: «Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: I. Diez días para pruebas y II. Tres días para cualquier otro caso.». De esta manera, considerando que la rendición del informe sobre el cumplimiento de la suspensión es un derecho de la autoridad de ser escuchada antes de condenársele, y en atención a que el hecho de que no rinda informe no significa que la denuncia de violación quede sin resolverse o se resuelva hasta que la autoridad tenga a bien cumplir con su obligación de informar, es de concluirse que el término para el ejercicio de ese derecho es de tres días, salvo cuando el juzgador por estimarlo necesario señale un plazo más breve para rendir dicho informe, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por éste.'. A mayor abundamiento, en la audiencia que al efecto se señale, el Juez Federal podrá recibir las pruebas que las partes incidentistas ofrezcan para demostrar sus aseveraciones y si bien el artículo 131 de la Ley de Amparo constriñe la oportunidad probatoria a dos medios de acreditamiento, la documental y la inspección ocular, este precepto sólo rige durante la tramitación del incidente de suspensión que se encuentra sujeto al principio de celeridad; sin embargo, no es posible aplicar dicha disposición al procedimiento que se debe seguir cuando, como en el caso, se estima violada la suspensión provisional otorgada, en razón de que este procedimiento se encuentra regulado en los artículos 143, 104 y 105, párrafo primero, de la ley invocada, que solamente establecen los términos del mismo, pero omiten señalar las reglas que deben observarse en cuanto a los medios de prueba que pueden ofrecerse, así como la forma de su desahogo. Por tanto, en cuanto a los medios de prueba debe estarse a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles, toda vez que podría darse el caso que alguna de las partes ofreciera un diverso medio de convicción para acreditar sus aseveraciones y, de no permitírsele tal posibilidad, se violaría la garantía de defensa que debe prevalecer previa a la resolución interlocutoria que ponga fin al incidente de mérito, que tutela el artículo 14 de la Carta Magna, máxime cuando los efectos legales que pueden darse para la autoridad responsable, si se declarase fundada la denuncia, podrían ser de responsabilidad hasta de carácter penal, equiparable al delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 215 del Código Penal Federal, como se advierte de lo dispuesto en el precepto 206 de la Ley de Amparo; y se afectaría la misma garantía al quejoso, en el supuesto de que la autoridad responsable al rendir su informe negara la existencia de la violación, sin permitir al agraviado desvirtuar esa negativa, lo cual se traduciría en negación del derecho de defensa. Tiene aplicación a la consideración anterior, la tesis sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 155 del tomo 163-168, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que este órgano de control de legalidad comparte, cuyos rubro y texto señalan: 'SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PROCEDIMIENTO PARA HACERLA CUMPLIR. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. Si bien es cierto que el artículo 131 de la Ley de Amparo constriñe la oportunidad probatoria a dos medios de acreditamiento, la documental y la inspección ocular, este precepto sólo rige durante la tramitación del incidente de suspensión, que se encuentra sujeto al principio de celeridad, por lo que para el efecto de acreditar que se satisfacen los requisitos del artículo 124 de la ley de la materia, y que debe concederse la suspensión definitiva, solamente tales pruebas son admisibles. Sin embargo, no es posible aplicar el artículo 131 de la ley al procedimiento que se debe seguir cuando se estima violada la suspensión definitiva concedida, en virtud de que este procedimiento se encuentra regulado por los artículos 143, 104 y 105, párrafo I, de la Ley de Amparo, que solamente establecen los términos del mismo, pero omiten señalar las reglas que deben observarse en cuanto a los medios de prueba que pueden ofrecerse, así como la forma y práctica de su desahogo. Por tanto, en cuanto a los medios de prueba, debe aplicarse lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según lo dispone el artículo 2o. de esa ley, porque si bien existe en la ley de la materia el procedimiento para hacer cumplir el auto de suspensión definitiva, esta figura procesal está regulada con deficiencia, situación que hace necesaria la aplicación supletoria, de conformidad con la tesis sustentada por el Tribunal pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Informe de 1979, página 468, bajo el rubro: «SUPLETORIEDAD DE LEYES. REQUISITO PARA APLICARSE.» (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 121-126, Primera Parte, pág. 157).'. Por lo anteriormente manifestado, este tribunal no comparte el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la tesis visible en la página 212, tomo 217-228, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'DENUNCIA POR VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. NO HAY NECESIDAD DE QUE EL A QUO TENGA QUE ABRIR UNA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y CONTRAPRUEBAS EN LA. Es inexacto que el Juez del conocimiento haya infringido en perjuicio del agraviado lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo, en virtud de que de una cuidadosa lectura de los artículos 104, 105, 107, 111 y 143 de la Ley de Amparo, que regula

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17589-2b3da82e/suspension-la-denuncia-relativa-a-su-violacion-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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