EJIDOS. SI EL ACUERDO DE LA ASAMBLEA EN QUE ASIGNAN TIERRAS NO ES IMPUGNADO DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS OPERA LA PRESCRIPCIÓN, Y PUEDE SER ANALIZADA DE OFICIO POR EL TRIBUNAL AGRARIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 158/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, remitió la copia certificada de la sentencia dictada en el amparo directo promovido por Gregorio Constantino Cuamani Cuautle 269/2002, misma que en la parte que interesa establece:
"SEXTO. Este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en términos de lo que disponen los artículos 76 bis, fracción III, y 227 de la Ley de Amparo, analizará el conflicto planteado en esta litis constitucional en suplencia de la queja, pues se advierten motivos que conducen a la concesión del amparo que no se plantean en los conceptos de violación. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos ochenta y dos del Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA. OPERA CUANDO EL QUEJOSO Y TERCERO PERJUDICADO SON EJIDATARIOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 225, 226 y 227 de la Ley de Amparo, en los juicios en materia agraria en que una de las partes sea un ejidatario, debe suplirse la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios; recabarse de oficio las pruebas que puedan beneficiarlo y acordarse las diligencias necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. Ello, con independencia de que si las partes quejosa y tercero perjudicada estén constituidas por ejidatarios, dado que la finalidad primordial de la tutela es la de resolver, con conocimiento pleno la controversia, y no únicamente colocarlos en una situación de igualdad procesal durante la tramitación del juicio de garantías. De tal manera que en los casos en que dos ejidatarios tengan el carácter de quejoso y de tercero perjudicado respectivamente, deberá suplirse la deficiencia de la queja, sin que ello implique una asesoría técnico-jurídica en favor de una parte y en detrimento de otra.’. El problema toral a dilucidar en este juicio de garantías se centra en si es necesario que se oponga como excepción, al contestar la demanda, la caducidad de la acción de nulidad de acuerdos de asamblea sobre asignación de parcelas, por haber transcurrido en exceso el término de noventa días que para el ejercicio de tal acción prevé el artículo 61 de la Ley Agraria, o bien, si puede ser planteada en los alegatos del juicio o, incluso, abordada oficiosamente por el tribunal agrario. Por principio de cuentas conviene hacer referencia a lo que disponen los artículos 61, 185 y 189 de la Ley Agraria. Dichos preceptos dicen: ‘Artículo 61. La asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por los individuos que se sientan perjudicados por la asignación y que constituyan un veinte por ciento o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo, o de oficio cuando a juicio del procurador se presuma que la asignación se realizó con vicios o defectos graves o que pueda perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el tribunal dictará las medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses. Los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, sin que ello pueda implicar la invalidación de la asignación de las demás tierras. La asignación de tierras que no haya sido impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva.’. ‘Artículo 185. El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones: I. Expondrán oralmente sus pretensiones por su orden, el actor su demanda y el demandado su contestación y ofrecerán las pruebas que estimen conducentes a su defensa y presentarán a los testigos y peritos que pretendan sean oídos; II. Las partes se pueden hacer mutuamente las preguntas que quieran, interrogar los testigos y peritos y, en general, presentar todas las pruebas que se puedan rendir desde luego; III. Todas las acciones y excepciones o defensas se harán valer en el acto mismo de la audiencia, sin sustanciar artículos o incidentes de previo y especial pronunciamiento. Si de lo que expongan las partes resultare demostrada la procedencia de una excepción dilatoria, el tribunal lo declarará así desde luego y dará por terminada la audiencia; IV. El magistrado podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a cuantas personas estuvieren en la audiencia, carear a las personas entre sí o con los testigos y a éstos, los unos con los otros, examinar documentos, objetos o lugares y hacerlos reconocer por peritos; V. Si el demandado no compareciere o se rehusara a contestar las preguntas que se le hagan, el tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, salvo cuando se demuestre que no compareció por caso fortuito o fuerza mayor a juicio del propio tribunal; y VI. En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la aveniencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y enseguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla. En caso de que la audiencia no estuviere presidida por el Magistrado, lo actuado en ella no producirá efecto jurídico alguno.’. ‘Artículo 189. Las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones.’. El análisis sistemático y teleológico de los transcritos numerales 185 y 189 revelan que en los juicios agrarios rigen los principios de concentración y oralidad en la tramitación, y que las sentencias deben dictarse a verdad sabida y buena fe, es decir, en una audiencia debe fijarse la litis y dictarse sentencia al margen de formalismos. En el tema del caso, el artículo 61 de la Ley Agraria señala que la acción de nulidad de acuerdos de asamblea sobre asignación de derechos agrarios debe ejercerse dentro de los noventa días siguientes al de la toma del acuerdo, y si no se hace así, quedará firme. En materia procesal, la figura jurídica de la caducidad consiste en la pérdida de la facultad de ejercer un derecho cuando transcurre con exceso el término que la ley señala para su ejercicio. El artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria dispone, en relación con tal figura, que: ‘Artículo 288. Concluidos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de acuse de rebeldía.’. Ahora bien, es verdad que el numeral 185, fracción III, de la Ley Agraria dispone que en la audiencia que prevé el actor debe proponer sus acciones y el demandado plantear sus excepciones, pero ello no limita la potestad del tribunal para constatar, si existe en el proceso base para ello al dictarse sentencia, si las partes ejercieron sus derechos dentro de los términos fijados por la ley, máxime si, como se vio, en materia agraria se tiende más a la justicia real que a la formal. Robustece lo anterior la circunstancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido constante en su criterio en torno a que para la procedencia de la acción el órgano jurisdiccional debe analizar de oficio, o sea, sin necesidad de planteamiento de excepción, si están acreditados todos sus elementos, es decir, si quedó plenamente probada y, si esto es así, por mayoría de razón existe potestad en el juzgador para analizar, incluso antes de los elementos de la acción, si ésta se ejerció en tiempo. La jurisprudencia de que se habla es de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página seis del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: ‘ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA. La improcedencia de la acción, por falta de uno de sus requisitos esenciales, puede ser estimada por el juzgador, aun de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia de dicha acción.’. Conviene aclarar que la facultad de mérito se da cuando se trata de cuestiones de derecho y el tribunal cuenta con los elementos de juicio suficientes para hacer uso de ello, pues de no ser así, entonces sí tocará a las partes allegar los elementos necesarios y si no lo hacen no existirá violación al respecto por parte de aquél. Por las razones hasta aquí dadas, este Tribunal Colegiado no comparte el punto de vista jurídico contenido en las tesis en que se apoyó el tribunal agrario responsable para fundar y motivar la sentencia reclamada, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página seiscientos cincuenta y seis del Tomo V, mayo de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: ‘PRESCRIPCIÓN. NO ESTÁ PERMITIDO SU ESTUDIO OFICIOSO POR PARTE DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.’; así como la diversa del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la página seiscientos setenta y uno del Tomo VI, agosto de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: ‘ASIGNACIÓN DE TIERRAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY AGRARIA PARA IMPUGNARLA DEBE SER MATERIA DE EXCEPCIÓN Y DE LAS PRUEBAS QUE OFREZCA LA DEMANDADA.’; y por ello, con apoyo en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, habrá de denunciarse ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de tesis respectiva para los efectos legales a que haya lugar. Aunque con lo expuesto queda decidido el punto toral del asunto, no está por demás destacar que si existe la indicada facultad oficiosa, más atado queda el tribunal agrario a tratar lo relativo a la caducidad de la acción de nulidad, cuando se plantea la cuestión en los alegatos y, por analogía, cobran aplicación los razonamientos que se contienen en la tesis que este Tribunal Colegiado comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página ochocientos treinta y ocho del Tomo X, julio de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘ALEGATOS. AUN CUANDO NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO, PROCEDE SU ESTUDIO SI SE PROPONE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Si bien es cierto que conforme al artículo 155 de la Ley de Amparo, las partes pueden ofrecer por escrito sus alegatos, los cuales consisten en las manifestaciones o razonamientos que ellas formulan, teniendo por objeto fortalecer sus puntos de vista sostenidos en el juicio, y que aquellos no forman parte de la litis constitucional, toda vez que tal controversia se conforma con lo expresado en la demanda, en su aclaración o ampliación en su caso, con el acto reclamado y los informes justificados de conformidad con el artículo 77 de la ley invocada; sin embargo, cuando en el escrito de alegatos se proponen causales de improcedencia, el Juez de Distrito está obligado a realizar su estudio, pues la procedencia del juicio constituye una cuestión de orden público que debe analizar de oficio, aun en el supuesto de que no lo invoquen las partes y más aún cuando éstas la proponen.’. En este orden de ideas, con el criterio sostenido con este tribunal de garantías, cabe concluir que estuvo mal el proceder del tribunal agrario responsable, al negarse a abordar la cuestión relativa a la caducidad de la acción de nulidad, materia del juicio de origen, que incluso planteó ante él el demandado, aquí quejoso, en vía de alegatos, y con ello violó las garantías de legalidad, seguridad jurídica y administración de justicia que derivan de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, motivo por el cual, con fundamento en los artículos 77 y 80 de la Ley de Amparo, debe concederse la protección constitucional solicitada, para el efecto de que se deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que se ocupe del estudio de la caducidad de que se trató en este fallo, atendiendo a lo planteado en los alegatos que se formularon por las partes, en específico los del quejoso. No pasa inadvertido que en los conceptos de violación se plantean otras cuestiones, pero dado lo decidido y que incluso así se pide en el primero de ellos, resulta innecesario darles respuesta."
A su vez, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito remitió las ejecutorias correspondientes al amparo en revisión 34/97, promovido por Ramón Martínez Ordaz y los amparos directos 517/96 promovido por Serafín Arévalo Estrada y 437/96 promovido por José Garibay Garibay. Toda vez que el criterio sustentado en dichas ejecutorias es prácticamente idéntico, en obvio de inútiles repeticiones sólo se transcriben las consideraciones del amparo directo 517/96, que en la parte que interesa, son las siguientes:
AD. 517/96
"CUARTO. Resultan parcialmente fundados los conceptos de violación antes transcritos, aunque para considerarlo así deba suplirse la queja deficiente, lo cual resulta procedente en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción III, de la Ley de Amparo. En efecto, el principal argumento del quejoso se hace consistir en que existe violación en su perjuicio de lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pues con el dictado del acto reclamado se desecha su demanda con la que se desprende nulificar un acuerdo de asignación de parcela y la cancelación del certificado respectivo; que además, como la superficie amparada por dicho certificado ya fue motivo de controversia agraria, en donde se ordenó restituirlo mediante sentencia ejecutoriada, no pudiendo existir otro documento sobre la misma superficie estando, por ende, infundado e inmotivado el acuerdo emitido por la responsable. Agregó también que el tribunal agrario, con base en los artículos 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio natural, y 61 de la Ley Agraria, no admitió la demanda por notoriamente improcedente, estimando que como la nulidad del acta de asamblea general de ejidatarios se solicitó fuera del término de 90 días naturales posteriores a su celebración, ésta quedó firme y la acción ejercitada se encuentra prescrita; sin embargo, alega el quejoso, que él es una persona dedicada a las labores del campo, no tiene escolaridad, desconoce totalmente la normatividad agraria y se dio cuenta de la celebración de la citada asamblea ‘unos días antes’ de haber presentado su demanda ante la responsable; esto, en virtud de que el comisariado ejidal de aquel lugar le manifestó que se había entregado un certificado parcelario a Rafael Arévalo Lara y de nada serviría que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXVI lo hubiese puesto en posesión de la superficie y materia del juicio agrario 557/95, porque el certificado parcelario tenía más validez que la sentencia emitida por dicho tribunal. Ahora bien, como quedó señalado con antelación, tales argumentos resultan parcialmente fundados, pues asiste la razón al quejoso en la parte que aduce que el desechamiento de su demanda de nulidad viola en su perjuicio el artículo 14 constitucional, pero que con tal proceder se afecta su garantía de audiencia, dado que sería privado de sus derechos, sin que medie previo juicio ante los tribunales competentes en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En efecto, le asiste razón al quejoso en ese sentido al señalar que no se ha cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, porque precisamente la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario del XXXVI Distrito, al ocuparse de la razón de improcedencia de la demanda agraria del hoy quejoso, adujo razones de extemporaneidad en su presentación por haber comparecido a ejercitar el derecho correspondiente hasta el 19 de septiembre de 1996, cuando la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales se efectuó el 24 de mayo de 1995 resultando, por ende, una presentación notoriamente fuera del término de los noventa días que le otorga el artículo 61 de la Ley Agraria en vigor y concluyó que la acción ejercitada se encuentra prescrita. Sin embargo, debe decirse que el desechamiento de la demanda por razón de extemporaneidad en su presentación genera, como quedó precisado, la prescripción de la acción intentada; empero, como la prescripción constituye propiamente una excepción perentoria, ya que tiende a destruir la acción ejercitada, únicamente puede ser invocada por las partes y nunca por el tribunal, por lo que el estudio oficioso de la misma resulta incorrecto, pues debe hacerse valer en todos los casos como un medio de defensa. En razón de lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y en su lugar dicte otro, en el que admita a trámite la demanda de nulidad sobre el acuerdo de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, de fecha 24 de mayo de 1995, celebrada en el ejido ‘Sauz de Abajo’, Municipio de Zamora, Michoacán, en lo que es materia de reclamación y, en su oportunidad, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda. Tiene aplicación al caso por analogía, la jurisprudencia 360 que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, página 240, de rubro: ‘PRESCRIPCIÓN, NO ESTÁ PERMITIDO EL ESTUDIO OFICIOSO DE LA. La prescripción no debe estudiarse oficiosamente por las Juntas, sino que debe ser opuesta expresamente por el demandado o por el actor, en sus respectivos casos, para que sea tomada en consideración, ya que el laudo deberá concretarse a estudiar los extremos de la litis planteada.’. Al resultar fundado uno de los capítulos de queja, resulta innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de violación, amén de que las demás cuestiones aducidas serán materia de estudio de fondo del asunto, lo que en su oportunidad será resuelto. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 693 que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, páginas 466 y 467, de rubro y texto siguientes: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad vertidos en la demanda de garantías.’."
Finalmente, el anterior Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, actualmente Primero en dichas materias del propio circuito, al resolver el amparo directo número 935/96, estableció lo siguiente:
AD. 935/96
"IV. Leídos los conceptos de violación transcritos, este órgano colegiado considera que se está en el caso de suplir la deficiencia de la queja en términos de lo que establece el artículo 227 de la Ley de Amparo. En efecto, del expediente agrario relativo se advierte que el actor, ahora quejoso, reclamó: ‘A la asamblea general de ejidatarios del ejido Rancho Nuevo Carrizal del Mpio. de Minatitlán, Ver., le demando la asignación de la parcela hecha a la C. María Martínez Gonzáles (sic) en la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras realizada el día 18 de octubre de 1994 en el poblado en comento, ya que con este hecho se me priva de mis derechos sucesorios ya que soy el sucesor preferente del C. Telésforo Torres Mayo, ejidatario fallecido titular de los derechos que hoy reclamo, a la C. María Martínez Gonzáles (sic) le demando la restitución y entrega de mi unidad de dotación que me corresponde por vía de sucesión preferente, con todos sus usos, accesorios y mejoras’ (fojas 1, 5); que al celebrarse la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria, el tribunal responsable expresó respecto a los aludidos demandados que: ‘los codemandados María Martínez González y el comisariado ejidal del poblado Rancho Nuevo El Carrizal’, fueron legalmente emplazados a juicio por lo que en términos de los numerales 180 y 185, fracción V, se tiene a los codemandados afirmando los hechos que el actor ha formulado en su demanda, toda vez que como ya se dijo el comisariado ejidal al no estar debidamente integrado se le tiene por no presentado a esta audiencia y por lo (sic) refiere a María Martínez González (sic), al (sic) reunido la carta poder que exhibe Ángel (sic) Martínez, los requisitos que establecen los numerales 2586 y 2555 del Código Civil pa (sic) la República en materia federal, se le tiene por no presentada a esta diligencia y consecuencia a ambos codemandados se les tienen por ciertas (sic) afirmaciones de la parte actora.’ (foja 57). Ahora bien, al dictar la sentencia (sic) combate el tribunal responsable consideró que de examinarse el requisito de procedibilidad (sic) acción intentada, previsto en la parte final (sic) artículo 61 de la Ley Agraria, en el que se (sic) textualmente que la ‘asignación de tierras que no haya sido impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva’. En la especie se aprecia, mediante copia fotostática simple del acta de asamblea general de ejidatarios celebrada en el ejido ‘Rancho Nuevo Carrizal’, realizada con motivo de la delimitación, destino de las tierras parceladas, de ‘asentamiento humano y de uso común de ese poblado y su asignación individual, asamblea en la que se le adjudicó a María Martínez González (sic), la parcela número treinta y siete, que dicho evento se efectuó el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (ver folios 19 y 41 del expediente). Así las cosas, el actor tuvo expedita la acción impugnativa que ahora procura hacer valer, hasta el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y cinco, de conformidad con el precepto legal que se viene invocando, y su escrito de demanda fue recibido por la oficialía de partes de este tribunal el veintidós de marzo del año en curso, razón por la cual su pretensión resulta ser improcedente por su notoria extemporaneidad, o sea, en puridad jurídica la acción anulatoria que se resuelve ha prescrito.’. Pues bien, dado que al formular la demanda originadora del expediente agrario relativo, el actor impugnó la asignación de la parcela de la que era titular su padre Telésforo Torres Mayo y cuyo sucesor preferente es el propio actor, ostentándose ajeno a la asamblea general de ejidatarios en que se llevó a cabo ese acto de asignación, y que el invocado artículo 61 de la Ley Agraria, en que se apoyó su acción, a la letra dice: ‘La asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por los individuos que se sientan perjudicados por la asignación y que constituyan un veinte por ciento o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo, o de oficio cuando a juicio del procurador se presuma que la asignación se realizó con vicios o defectos graves o que pueda perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el tribunal dictará las medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses. Los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, sin que ello pueda implicar la invalidación de la asignación de las demás tierras. La asignación de tierras que no haya sido impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva.’, debe decirse que es evidente que el término para impugnar la asignación de tierras por la asamblea no constituye un presupuesto o un elemento de la acción ejercitada, pues en muchos casos, como en la especie, quien reclama dicha asignación no participa en la asamblea correspondiente y, por tanto, ese tema debe ser materia de la excepción que oponga la parte demandada y de las pruebas que ofrezca al respecto, lo que no se advierte hubiera hecho, ya que se le tuvo por contestado el libelo en sentido afirmativo, motivo por el cual no podía analizar oficiosamente el aludido tribunal al resolver la controversia el término a que alude la parte final del citado precepto como ‘requisito de procedibilidad de la acción intentada’, y al no estimarlo así, es claro y patente que la sentencia impugnada resulta violatoria de ese precepto y, en consecuencia, de garantías. Sentado lo anterior, debe concederse el amparo pedido para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia combatida y, en su lugar, dicte otra en la que tomando en cuenta lo aquí decidido, resuelva lo que corresponda en derecho."
CUARTO. Ahora bien, una vez transcritos los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados es necesario determinar la existencia o no de la contradicción denunciada, para lo cual es indispensable atender a los requisitos jurisprudenciales que deben cumplirse para tal efecto. Dichos requisitos son:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones de derecho esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las resoluciones respectivas; y,
c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.
Lo anterior se obtiene de la naturaleza misma de las contradicciones de tesis y encuentra apoyo en la tesis del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 26/2001, que aparece publicada en la página 76 del Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
En estas condiciones, tenemos que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 269/2002 promovido por Gregorio Constantino Cuamani Cuautle, determinó conceder el amparo solicitado por el quejoso, con base en los argumentos torales que son los siguientes:
• Que el punto esencial que debe ser resuelto es el de determinar si la caducidad de la acción de nulidad de acuerdos de asamblea sobre asignación de parcelas, necesariamente debe oponerse como excepción al contestar la demanda agraria respectiva, o bien, si puede ser planteada en los alegatos del juicio o incluso abordada oficiosamente por el tribunal agrario.
• Que en términos del artículo 61 de la Ley Agraria, la acción de nulidad de acuerdos de asamblea sobre asignación de derechos agrarios debe ejercerse en un plazo de noventa días o los acuerdos respectivos quedan firmes.
• Que en materia procesal, la caducidad es la pérdida de la facultad para ejercer un derecho cuando ha fenecido el plazo legal para su ejercicio, afirmación que se funda en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia agraria.
• Que no obstante que la Ley Agraria en su artículo 185, fracción III, establece que el actor debe proponer sus acciones y el demandado plantear sus excepciones, ello no limita la potestad del tribunal para constatar si las partes ejercieron sus derechos dentro de los plazos legales, máxime que en materia agraria debe procurarse una justicia material y no formal.
• Que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el órgano jurisdiccional analice de oficio, esto es, sin que se plantee excepción alguna, la procedencia de la acción, lo que supone el estudio de su temporalidad.
• Que lo anterior sucede siempre que el tribunal cuent
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17915-6a3c47bd/ejidos-si-el-acuerdo-de-la-asamblea-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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