SALARIOS CAÍDOS. CUANDO EL TRABAJADOR FALLECE ANTES DEL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO O RESOLUCIÓN RESPECTIVA, EL CÁLCULO DEL MONTO DEL PAGO DEBE COMPRENDER HASTA LA FECHA EN QUE OCURRIÓ EL DECESO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Con el objeto de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario conocer las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en las ejecutorias que se estiman como posiblemente contradictorias.
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito emitió la ejecutoria relativa al juicio de amparo directo laboral número 807/2000, promovido por María del Carmen Sandoval viuda de Macías, misma que, en la parte conducente, establece lo siguiente:
"QUINTO.-Resultan parcialmente fundados los conceptos de violación antes transcritos.-El primero de los motivos de inconformidad que vierte la quejosa en el que aduce que la Junta responsable viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque condenó a la parte demandada al pago de la prima de antigüedad, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo y no así en lo dispuesto en la fracción III del artículo 5o. transitorio de la propia ley, es infundado.-Se afirma de ese modo, porque del análisis al laudo reclamado se aprecia que la responsable, en forma legal determinó condenar a la parte demandada al pago de la prima de antigüedad en el tiempo en que el extinto Aarón Macías González prestó sus servicios, en razón de doce días por cada año de servicios -veintiséis años-, pues para ello determinó que debería pagar la suma de $11,887.20 once mil ochocientos pesos (sic) 20/100 M.N. que resultaba de multiplicar trescientos doce días de salario a razón de $38.10 como salario mínimo; cantidad esta última que resultó de multiplicar el doble del salario mínimo $19.10 diecinueve pesos con 10/100 M.N.; toda vez que, en el caso a estudio, no es aplicable la fracción III del artículo 5o. transitorio de la Ley Federal del Trabajo, porque este precepto legal establece que para el pago de la prima de antigüedad a que se refiere el numeral 162 de la propia legislación, a los trabajadores que ya estén prestando sus servicios a una empresa en la fecha en que entre en vigor dicha ley se observará lo siguiente: 'III. Los que tengan una antigüedad mayor de veinte años que se separen voluntariamente de su empleo dentro de los tres años siguientes a la fecha a que se refieren las fracciones anteriores, tendrán derecho a que se les paguen treinta y seis días de salario.'; de donde se sigue que en el presente caso no cobra aplicación dicha disposición, toda vez que la relación laboral del ahora quejoso con el tercero perjudicado, Eusebio Hernández Valdez, inició en el año de mil novecientos setenta y uno, estando en vigor el artículo transitorio de mérito, pues la vigencia de éste inició en mil novecientos setenta, de ahí que la responsable estuvo en lo correcto al determinar el aludido concepto en los términos que ya se precisaron.-También es infundado el segundo de los conceptos de violación, en el que la peticionaria de garantías esgrime que la Junta responsable en forma indebida absolvió a la parte demandada al pago de los días de descanso obligatorio que refiere nunca disfrutó Aarón Macías González y que, en su criterio, no era necesario que se especificara a cuáles días se refería, pues el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece los días de descanso obligatorio.-Se dice de ese modo, porque la enumeración de los días de descanso obligatorio que contiene el dispositivo legal indicado en último término, no es suficiente, por sí sola, para fincar en ella la condena correspondiente cuando el trabajador solamente demanda el pago de los días de descanso obligatorio laborados y no precisa en su demanda cuáles son esos días en los que laboró para el patrón; por consiguiente, es claro que la responsable en forma legal determinó no hacer condena sobre ese particular.-Lo anterior encuentra apoyo en la tesis 625 sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1063, Parte II, Sexta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: 'DESCANSO OBLIGATORIO, CARGA DE LA PRUEBA DE HABER LABORADO LOS DÍAS DE.-No corresponde al patrón probar que en los días de descanso obligatorio sus trabajadores no laboraron, sino que toca a éstos demostrar que lo hicieron cuando reclaman el pago de los salarios correspondientes a esos días.'.-Por otra parte, no tiene razón la parte quejosa en el cuarto, quinto y sexto de sus motivos de desacuerdo, en el (sic) que señala que la autoridad responsable en forma ilegal arribó a la determinación de que en autos del juicio laboral no se había demostrado la incapacidad permanente de Aarón Macías González, pues en su criterio ésta se acreditó con la documental pública relativa a la sentencia emitida dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre interdicción de Aarón Macías González, así como con el reconocimiento que vertió el demandado y ahora tercero perjudicado al dar respuesta a la demanda laboral que se registró en el expediente número 1119/96, pues en la misma indicó: '... hago mía la afirmación final del hecho que se contesta en cuanto a que la enfermedad que padece Aarón Macías ha evolucionado en forma progresiva y le ha producido una incapacidad total permanente que no le permite desempeñar su trabajo ...' (fojas 110), por lo que estima que la responsable debió condenar a la parte demandada y ahora tercero perjudicada al pago de pensión, pago de prestaciones en especie y gastos médicos que se generaron antes y después de la enfermedad que padeció el trabajador y que le ocasionó la incapacidad permanente total.-Lo anterior es así, porque aun y cuando es verdad, como lo señala la impetrante constitucional en las alegaciones en análisis, que las indemnizaciones por riesgo de trabajo que produzcan incapacidades se pagarán al trabajador; que en los casos de incapacidad mental comprobados ante la Junta la indemnización se pagará, en casos como el de la especie, a la viuda; y que en los casos de muerte del trabajador se observará lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo; es decir, que los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios, sin necesidad de juicio sucesorio.-Sin embargo, es de destacarse que contrariamente a lo señalado por la solicitante de la Justicia Federal, la Junta responsable en forma legal determinó que en el caso a estudio no procedía el pago de la pensión del cien por ciento que reclamó aquélla, como tampoco las prestaciones en especie, ni gastos médicos, porque en el caso a estudio no se demostró la incapacidad total o permanente del trabajador Aarón Macías González; es decir, que en caso de que este último no hubiere fallecido se hubiere acreditado con prueba idónea su incapacidad a través de una prueba pericial en la persona física, o bien, con la opinión técnica con base en el expediente clínico que al efecto se hubiere formado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, Distrito Federal; sin que en el caso esté en lo correcto el promovente de amparo, cuando sostiene que en autos se demostró la aludida incapacidad total del trabajador con el contenido de la copia certificada de la documental relativa a la sentencia emitida con fecha veinte de junio de mil novecientos noventa y siete, por el Juez Vigésimo Octavo de lo Familiar de México, Distrito Federal, dictada dentro de la diligencia de jurisdicción voluntaria número 303/97, sobre interdicción de Aarón Macías González, porque no obstante que esta documental pública tiene valor probatorio al tenor de lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin embargo, la misma no puede ser apta ni suficiente para tener por demostrado que la incapacidad permanente del nombrado trabajador haya sido consecuencia de una enfermedad (neurocisticercosis) que adquirió al prestar sus servicios laborales en el taller de carpintería, propiedad del aquí tercero perjudicado; lo anterior al margen de que en la documental de mérito se haya asentado que los doctores Gustavo García Sánchez, Leticia López Guevara, Luis A. Gamiochipi Carbajal y Daniel Benítez González, fueron acordes en dictaminar que Aarón Macías González padecía de trastorno psiquiátrico de tipo síndrome orgánico cerebral de tipo dimensial, secundario a neurocisticercosis, que dejó como secuela la presencia de epilepsia convulsiva generalizada, y que lo dejó con incapacidad para conducirse civil y socialmente, pues no debe soslayarse que para que se pueda integrar una prueba pericial al tenor de lo dispuesto en el artículo 825 de la Ley Federal del Trabajo, requiere de ciertas formalidades que deben satisfacerse para su valoración; de ahí que no es verdad que dicha documental demuestre la incapacidad permanente del trabajador, pues la misma lo único que acredita es que el día veinte de junio de mil novecientos noventa y siete, aquel juzgador de lo familiar declaró a Aarón Macías González en estado de interdicción y que designó tutriz y curador definitivo a María del Carmen Sandoval Macías, documental que ofreció la peticionaria de garantías con el objeto de justificar que era tutora del trabajador. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 4a./J. 30/92, sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 24, tomo 60, diciembre de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: 'PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA COMO PERICIAL MÉDICA, CARECE DE EFICACIA PROBATORIA SI SE OBTUVO MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO DISTINTO AL LABORAL.-La razón fundamental por la cual el legislador plasmó en la Ley Federal del Trabajo un capítulo en donde se enumeran las pruebas, se fijan las bases para la admisión, desechamiento, forma de aportarse, desahogo y perfeccionamiento de algunas en caso de incumplirse con lo ahí establecido, es precisamente para que las partes que intervengan en un conflicto laboral y ofrezcan medios de convicción, satisfagan esos extremos y la Junta pueda constar su observancia, pues de no ser así, no debe otorgarles ninguna eficacia; por tanto, si en el conflicto se ofrece una prueba documental que contiene una pericial médica obtenida en un procedimiento diverso al laboral, es obvio que no puede válidamente ser aceptada o valorada como prueba pericial, ya que su desahogo se llevó a cabo sin los trámites y las formalidades previstas en los artículos 821 al 826 de la citada Ley Federal del Trabajo, pues la finalidad por la cual se fijó ese procedimiento, es para que la opinión técnica de los expertos se rinda ante el órgano jurisdiccional, que con imparcialidad, habrá de apreciar sus fundamentos después de haber dado intervención a las partes contendientes.'; así como la tesis sustentada por la Sala antes indicada, visible en la página 73, Volúmenes 91-96, Quinta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del texto siguiente: 'RIESGO PROFESIONAL. MUERTE DEL TRABAJADOR OCASIONADA POR ENFERMEDAD DE TRABAJO. CARGA DE LA PRUEBA.-Tratándose de acciones derivadas de un riesgo de trabajo y específicamente de una enfermedad de trabajo, corresponde a la parte reclamante acreditar que el trabajador falleció como consecuencia de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el obrero se ve obligado a prestar servicios, en los términos del artículo 475 de la Ley Federal del Trabajo, no bastando para la procedencia de tales acciones la existencia de un estado patológico.'.-Tampoco es suficiente para demostrar la incapacidad permanente del extinto trabajador, lo manifestado por el tercero perjudicado en la contestación de la diversa demanda laboral que originó el expediente número 1119/96, que en fotocopia obra en autos, en lo relativo a lo siguiente: '... hago mía la afirmación final del hecho que se contesta en cuanto a que la enfermedad que padece Aarón Macías ha venido evolucionando en forma progresiva y le ha producido una incapacidad total permanente que no le permite desempeñar su trabajo'; esto es así porque, como ya se señaló, en el caso a estudio era necesario que se hubiese desahogado la opinión técnica de peritos en relación con la incapacidad total del trabajador; por consiguiente, es claro que la responsable se apegó a derecho al no condenar a la demandada, ahora tercero perjudicada, al pago de la indemnización a que se contrae el artículo 495 de la Ley Federal del Trabajo, como tampoco al pago de las prestaciones en especie y gastos médicos que se generaron antes y después del juicio por la enfermedad que padeció el trabajador y que le ocasionó la incapacidad que refiere la quejosa.-Por otro lado, es infundado lo aducido por la peticionaria de garantías en el octavo de sus conceptos de violación, en el que sostiene que la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje transgrede en su perjuicio los numerales 14 y 16 constitucionales, en virtud de que no cumplió con lo establecido por los numerales 48, párrafo segundo, 50, fracción III y 55 de la Ley Federal del Trabajo, al ordenar que el pago de los salarios caídos o vencidos se realizara hasta el día treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho, fecha en la que dejó de existir el trabajador y que debe condenarse al pago de los mismos hasta la total solución del juicio laboral.-Lo anterior es así, porque la Junta responsable en forma legal determinó que los salarios caídos deben pagarse hasta el día en que falleció el trabajador Aarón Macías González, habida cuenta que aun y cuando las disposiciones legales de la Ley Federal del Trabajo que cita la quejosa establecen que los salarios caídos se pagarán desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo y que también es verídico que el derecho de percibir salarios vencidos está establecido a favor del trabajador, en atención a que se ve privado de ese derecho por causas imputables al patrón, en compensación de los servicios que pudo haber estado prestando de no haber existido el despido injustificado o la causa rescisoria que lo obligó a separarse de su empleo, sin que por el hecho de que el trabajador acepte o realice la ruptura del contrato y exija las consecuencias legales, se pierda el carácter esencial de salarios; sin embargo, otro tanto lo es que la percepción de los salarios es un derecho personalísimo del trabajador, pues al tenor de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, por lo que el salario inconcusamente no puede seguir surgiendo (sic) con posterioridad a su fallecimiento; por lo que es de concluirse que el derecho a recibir el pago de los salarios caídos debe realizarse hasta la fecha de la defunción, mas no así respecto a los subsecuentes, pues no debe soslayarse que la causa que funda el pago de los mismos, indiscutiblemente es la posibilidad en que se encuentra el trabajador para prestar sus servicios laborales, lo que cesa al ocurrir su fallecimiento, por lo que aquellos preceptos legales de la ley laboral no deben interpretarse en forma genérica, sino atendiendo a la existencia del trabajador.-En las relatadas condiciones, este Tribunal Colegiado estima que los salarios vencidos no surgen con posterioridad al fallecimiento del trabajador, por lo que no deben pagarse a sus beneficiarios hasta que se cumplimente el laudo correspondiente. Por consiguiente, aunque la aquí quejosa únicamente argumenta en sus conceptos de violación que los salarios caídos deben pagársele en su calidad de beneficiaria de su cónyuge hasta que se ejecute el laudo, únicamente con apoyo en aquellas disposiciones de la ley laboral, sin citar algún criterio o tesis aislada, este órgano colegiado estima traer a cuenta el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, visible en la página 142, Volúmenes 103-108, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'MUERTE DEL TRABAJADOR DURANTE EL PROCEDIMIENTO LABORAL. NO IMPLICA QUE NO SE CONDENE A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS LOS SALARIOS CAÍDOS, HASTA QUE SE EJECUTE EL LAUDO.-La condena consistente en pagar a los herederos del trabajador actor fallecido durante el procedimiento laboral, los salarios caídos desde la fecha del injustificado despido hasta que se cumpla con la indemnización, no es violatoria de garantías individuales en perjuicio del patrón, toda vez que si bien es cierto que conforme a lo dispuesto por la fracción II del artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, las relaciones laborales terminan con la muerte del trabajador, no menos cierto es que si al morir el trabajador las relaciones laborales existentes entre éste y el patrón, ya habían concluido, precisamente por haber sido despedido injustificadamente de su trabajo, esta situación hace que con respecto a los salarios caídos, dicho trabajador hubiera adquirido un derecho con respecto al cual no cabe la renuncia conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Federal del Trabajo; razón por la que si se está ante la presencia de un derecho, adquirido, resulta evidente que los salarios caídos deben cubrirse, hasta el momento en que el laudo se cumplimente, a sus herederos, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 del propio ordenamiento, puesto que debe hacerse notar que los derechos adquiridos por los trabajadores y que son derivados de los servicios prestados, no tienen el rango de derechos personales, sino patrimoniales, por lo que no se extinguen con la muerte de su titular, sino que sobreviven a tal circunstancia, y por tanto son susceptibles de transmitirse a sus herederos.'.-Criterio con el cual este Tribunal Colegiado no comparte (sic), en mérito a que ciertamente el derecho que adquiere el trabajador en relación con los salarios no es susceptible de renunciarse; empero, este órgano colegiado estima que los salarios no deben considerarse como un derecho patrimonial; por el contrario, deben conceptuarse como derechos personales que inconcusamente se extinguen con la muerte del trabajador, porque el salario es una retribución que debe pagar el patrón al trabajador por sus servicios laborales y, por ello, no se pueden transmitir a sus beneficiarios, lo que indiscutiblemente exime a quien legalmente deba cubrirlos con posterioridad al fallecimiento del trabajador.-En esas condiciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo procedente es hacer la correspondiente denuncia de contradicción de tesis, para lo que tenga a bien determinar el más Alto Tribunal de la nación.-Por otra parte, el décimo de los conceptos de violación que vierte la impetrante de amparo es infundado, porque la Junta responsable en forma legal determinó absolver al Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de las prestaciones que se le reclamaron, habida cuenta que al dejar de existir el trabajador Aarón Macías González, de quien se solicitó el pago de pensión por incapacidad, prestaciones en especie y atención médica, quedó sin materia; de ahí que también deviene infundado lo alegado por María del Carmen Sandoval viuda de Macías, en relación con que la Junta debió ordenar que se le inscriba a ella ante dicha institución para que se le proporcionen las prestaciones en dinero y en especie, que dice le correspondían a su cónyuge Aarón Macías González.-En cambio, es fundado el tercero de los conceptos de violación en el que la peticionaria de garantías señala que la responsable en forma indebida estimó absolver del pago de horas extras y extraordinarias al patrón, bajo el argumento de que no se había especificado cuál era la jornada extra que había trabajado, pues únicamente se había limitado a señalar el tiempo de la jornada ordinaria.-Lo anterior es así, porque la Junta responsable para arribar a esa determinación no tomó en consideración lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que la jornada diurna será de ocho horas; como tampoco que la solicitante de la Justicia Federal señaló que la jornada comprendía de las siete de la mañana a las diecisiete horas, de lunes a sábado, durante todo el tiempo que trabajó para la demandada; de donde se sigue que la responsable estaba obligada a analizar esas circunstancias y, con apoyo en lo anterior, determinar si en autos el patrón acreditó que el trabajador únicamente laboró el tiempo ordinario, o bien, si la quejosa demostró que prestó sus servicios laborales con tiempo extraordinario, precisamente a la luz de la prueba testimonial que se desahogó a cargo de Alfonso Marín Pérez, Aurora Zambrano Zambrano y Heladio Sandoval Guzmán (fojas 280 a la 285), que ofreció la parte actora y aquí impetrante constitucional. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis 224, sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 146, Tomo V, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del texto siguiente: 'HORAS EXTRAORDINARIAS, CARGA DE LA PRUEBA DE LAS.-La tesis jurisprudencial número 116, publicada en la página 121 del Apéndice de jurisprudencia de 1917 a 1975, que, en esencia, sostiene que corresponde al trabajador acreditar de momento a momento el haber laborado las horas extraordinarias, seguirá teniendo aplicación para los juicios que se hayan iniciado bajo el régimen de la Ley Federal del Trabajo de 1970, antes de las reformas procesales de 1980, pues dicha jurisprudencia se formó precisamente para interpretarla en lo referente a la jornada extraordinaria; pero no surte efecto alguno tratándose de juicios ventilados a la luz de dichas reformas procesales, cuya vigencia data del 1o. de mayo del citado año, pues su artículo 784, establece que «La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos, que de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlas, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador», y que en todo caso corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre ... fracción VIII. «La duración de la jornada de trabajo», y por ende, si el patrón no demuestra que sólo se trabajó la jornada legal, deberá cubrir el tiempo extraordinario que se le reclame.'.-De igual forma, es fundado el séptimo de los conceptos de violación que expresa la solicitante de amparo, en el que aduce que la responsable en forma ilegal absolvió a la parte demandada, ahora tercero perjudicado, del pago del Infonavit, bajo el argumento de que la accionante y aquí promovente de amparo no dio las bases para su condena, es decir, que su reclamación fue oscura.-En principio, es de destacarse que del examen de la audiencia que se celebró el día quince de agosto de mil novecientos noventa y siete, dentro del juicio laboral del que emana el acto reclamado, la accionante, ahora quejosa, a nombre de Aarón Macías González demandó el pago de las aportaciones que el patrón debió hacer en su favor ante el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por tanto, no es cierto que no se haya especificado en forma clara dicha reclamación.-Así las cosas, es evidente que la responsable transgredió garantías individuales en perjuicio de la aquí impetrante constitucional, en la medida en que absolvió a la parte demandada y tercero perjudicado de esta reclamación, no obstante que no demostró haber cubierto las cuotas al Infonavit; por consiguiente, lo procedente es otorgar el amparo solicitado para el efecto de que la responsable se pronuncie sobre este aspecto y determine las cuotas que corresponda liquidar a Eusebio Hernández Valdez, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia identificada con el número 273, sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 219, Tomo V, Materia del Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: 'INFONAVIT. CONDENA PROCEDENTE AL PAGO DE CUOTAS PARA EL.-Cuando en un juicio laboral el trabajador reclama el pago de las cuotas que el patrón debe pagar al Infonavit y aquél no prueba haberlas cubierto, procede sea condenado a que entregue a dicho instituto las que corresponda por todo el tiempo que recibió los servicios del trabajador.', así como la tesis 4a./J. 7/93, que sustentó la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, tomo 62, febrero de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto: 'INFONAVIT. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LA RECLAMACIÓN CONSISTENTE EN LA FALTA DE PAGO DE APORTACIONES AL.-Si el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo establece la obligación patronal de efectuar aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y de conformidad con el artículo 152 de dicho ordenamiento legal, éstos tienen derecho de acudir ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje a ejercitar las acciones individuales y colectivas que deriven del incumplimiento de obligaciones como la anterior, es incuestionable que esas autoridades del trabajo, en un juicio laboral, son competentes para conocer y resolver lo procedente respecto a ese tipo de prestaciones, por disposición expresa del precepto últimamente citado; esto es, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al pronunciar el laudo respectivo, tienen facultades para decidir si proceden o no tales acciones -con base en las pruebas aportadas al juicio y una vez examinado el presupuesto que origina esa obligación patronal, como es la existencia de la relación laboral-, y en caso de que así sea, como del invocado artículo 136 y del 143 y 144 de la misma legislación se desprende la forma de calcular esas aportaciones, también están facultadas para determinar en cantidad líquida el monto de las que se omitió pagar, y para condenar al patrón incumplido a que entregue esa cantidad de dinero al aludido instituto, ya que es el organismo encargado de administrar los recursos que se obtengan de las repetidas aportaciones.'.-Por otro lado, también tiene razón la quejosa en el noveno de sus conceptos de violación en el que señala que la Junta responsable, en el acto reclamado, fue omisa en condenar o absolver a la persona moral denominada Fábrica de Muebles Taller Hernández, a quien también se le emplazó en el juicio laboral respecto de las prestaciones laborales que se le reclamaron; por lo que también se otorga el amparo y protección de la Justicia Federal a fin de que resuelva lo que conforme a derecho proceda en relación con esta codemandada.-Así las cosas, no existiendo concepto de violación que suplir a favor del trabajador en términos del numeral 76 bis de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo que se solicita para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y -luego de ajustarse a lo ordenado por los artículos 887 y 888 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, de cumplir con la elaboración del proyecto correspondiente y efectuar la sesión de votación del mismo, formalidades que, según criterio sustentado por este órgano colegiado en la tesis de jurisprudencia XI.2o. J/13, publicada en la página 718, Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de 1999 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: 'AUDIENCIA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN. DEBE VERIFICARSE CUANDO EL LAUDO SE DICTE EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA EN QUE SE CONCEDE EL AMPARO DEJANDO LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA JUNTA RESPONSABLE.', debe satisfacer cuando el laudo se dicte en cumplimiento a una ejecutoria en que se conceda el amparo dejando libertad de jurisdicción- dicte un nuevo laudo, en el que analice el pago de horas extras y tiempo extraordinario que reclamó el demandante y aquí quejoso, determine cuál es el pago de las cuotas al Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, y resuelva lo que conforme a derecho proceda en relación con diverso codemandado, persona moral denominada Fábrica de Muebles Taller Hernández, debiendo quedar incólumes todos los demás aspectos del laudo reclamado; y hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda."
Por su parte, el ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito emitió la ejecutoria relativa al juicio de amparo directo 313/77, promovido por Rodolfo Arenas Romero, misma que en la parte conducente establece lo siguiente:
"CUARTO.-Son infundados los conceptos de violación expresados. En efecto, del escrito de demanda presentado por Ramón Madruga Gutiérrez en el juicio laboral número 880/III/974, seguido en contra de Rodolfo Arenas Romero, se advierte a foja 2 que el actor manifestó que el día nueve de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, sin causa justificada ni motivo alguno, el patrón Arenas Romero le comunicó que ya no eran necesarios sus servicios. Del escrito de contestación a la demanda que corre agregado de la foja 18 a la 22 de estos autos, se advierte que Rodolfo Arenas Romero negó la demanda instaurada en su contra, manifestando que negaba que se le hubiera comunicado al actor que ya no eran necesarios sus servicios: 'que nunca fue despedido, que se retiró voluntariamente diciendo que iba a descansar, siendo de presumirse que adujo el hecho, por no poder justificar su administración
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7526-c4ce3692/salarios-caidos-cuando-el-trabajador-fallece-antes-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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