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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 92/2000-SS. · Registro digital (IUS): 7525
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, , Pág. 1181.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 92/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver la revisión fiscal 2/2000 interpuesta por el subadministrador de lo contencioso "2" de la Administración Local Jurídica de Ingresos de Puebla, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y de la autoridad demandada, contra la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3604/99-07-02-1, sostuvo lo siguiente:

"SÉPTIMO.-Son infundados en parte y fundados por otra, los agravios planteados por las autoridades recurrentes por conducto del subadministrador de lo contencioso '2' de la Administración Local Jurídica de Ingresos de Puebla.-La recurrente aduce, en primer término, que la Segunda Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación violó lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, por su inobservancia y falta de aplicación, en virtud de que la Sala Fiscal no se ajustó a derecho al emitir la sentencia recurrida, toda vez que al incurrirse en una abstención o ausencia en la cita de un precepto, la Sala debió de corregir la cita del artículo, en su caso, donde se funda la competencia y agrega que la invocación del acuerdo respectivo es suficiente para fundar su competencia, además de que el artículo 16 constitucional no exige la fundamentación de la competencia de la autoridad que emite el acto, sino sólo que ésta sea efectivamente competente.-El argumento anterior resulta infundado, en virtud de que la Sala, para declarar fundado el segundo concepto de nulidad, consideró que la resolución controvertida cuya nulidad se demandó, y en donde se impuso una multa a Cipriano Herrera Bonilla por no haber presentado el pago provisional correspondiente al primer trimestre de mil novecientos noventa y nueve, no satisface el requisito de la debida fundamentación establecida en la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, al omitirse precisar en la misma el artículo, fracción, inciso o subinciso aplicable del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; valoración que este órgano jurisdiccional considera correcta, puesto que de la lectura de la resolución identificada con el número 15147909201597, de tres de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, emitida por la subadministradora de orientación y servicios, por suplencia del administrador local de Recaudación de Puebla (agregado a foja 8 del expediente de nulidad 3604/99-07-02-1) se desprende, en lo conducente, que sólo se asentó: '... En consecuencia, se le impone una multa señalada con fundamento en los artículos 41, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 41, apartado A, fracciones IX y XXV, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y el acuerdo en el cual se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de sus unidades administrativas.'.-De la transcripción se aprecia que no se señaló fundamento legal preciso de la competencia territorial de la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, únicamente se invocó el acuerdo en el cual se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas, lo cual resulta insuficiente para fincarles competencia territorial, en virtud de que no se especifica con exactitud los términos sustanciales que contiene el citado acuerdo, la fecha de emisión, la autoridad que la emitió, la publicación en el Diario Oficial de la Federación, artículos, fracciones, incisos o subincisos aplicables, por lo que ante tales omisiones se dejó en estado de indefensión al afectado para examinar si la actuación de la autoridad se encuentra dentro del ámbito competencial respectivo, esto es, si esta última tiene o no facultad para emitirlo y, en su caso, alegar la incompetencia; todo lo anterior, contrario a lo argumentado por las autoridades recurrentes, se traduce en una violación al artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, como lo estimó la Sala Fiscal.-Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis 29/90, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 77, mayo de mil novecientos noventa y cuatro, tesis P./J. 10/94, página doce, bajo el rubro: 'COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.-Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la Ley Fundamental o la secundaria.'.-Este tribunal comparte la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 64, abril de mil novecientos noventa y tres, página cuarenta y tres, bajo el rubro y texto siguientes: 'FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.-De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a) Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b) Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.'.-No es obstáculo a la anterior conclusión los criterios sustentados por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, página 395, de rubro: 'FACULTADES DE LA AUTORIDAD FISCAL. SU EJERCICIO. LA INVOCACIÓN DEL ACUERDO ES SUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR SU COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO.', y por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 60, diciembre de 1992, página 39, bajo el epígrafe: 'COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. FUNDAMENTACIÓN DE LA.', que cita la recurrente en apoyo al agravio analizado, porque se tratan de puntos de vista jurídicos que no son de observancia obligatoria para este órgano colegiado en los términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, que señala: 'La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los Tribunales Unitarios, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.-Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los Magistrados que integran cada Tribunal Colegiado.'.-Tampoco es óbice a la decisión tomada que el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación señale que las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos legales que se consideren violados, ya que esa facultad se debe aplicar al escrito de demanda a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, porque es ahí donde se citan los preceptos legales que se consideran violados, pero de ninguna manera debe entenderse al extremo de cambiar el fundamento citado en el acto impugnado, ni menos aún citarlo ante su omisión, ya que ello implicaría que el órgano materialmente jurisdiccional se sustituyera en funciones propias de las autoridades administrativas con demérito de la imparcialidad que le debe caracterizar y en detrimento de los intereses del actor. Por tanto, si el acto impugnado carece de fundamentación o la citada es insuficiente, como en el caso, la Sala Fiscal no puede citar el fundamento o complementarlo, porque tal actuación resultaría ilegal.-Por otra parte, la autoridad recurrente aduce que la Segunda Sala Regional del Golfo incurrió en violaciones a los artículos 238, fracción II y 239, fracción III y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que ante la ausencia de fundamentación y motivación del acto cuya nulidad se impugna, se trata de una violación de carácter formal que trae como consecuencia la nulidad para efectos y no lisa y llana, como lo estableció la precitada Sala.-En términos de lo dispuesto por los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación pueden declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado para efectos, o bien, en términos de lo establecido en la parte final de la fracción III del citado artículo 239.-En lo que interesa a este asunto, sólo se hará la diferenciación de cuándo procede la nulidad lisa y llana y cuándo la nulidad para efectos.-La nulidad lisa y llana deriva de las fracciones I y IV del artículo 238 del ordenamiento legal invocado y se actualiza cuando existe incompetencia de la autoridad, que puede suscitarse tanto en la resolución impugnada como en el procedimiento del que deriva, y cuando los hechos que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, lo que implica el examen de fondo de la controversia.-La nulidad para efectos deriva de las fracciones II y III del precepto legal de que se trata y se actualizan, en su orden, cuando exista omisión de formalidades exigidas por las leyes, inclusive en ausencia de fundamentación y motivación o vicios en el procedimiento del cual derivó la resolución impugnada.-En el caso, se declaró la nulidad de la resolución reclamada por falta de fundamentación de la autoridad al no señalarse el precepto, fracción, inciso o subinciso del acuerdo invocado para legitimar su competencia, por lo que con dicha declaración de nulidad no se entró al fondo del asunto, es decir, no se analizó si es o no competente la autoridad emitente del acto impugnado para actuar en la forma en que lo hizo, únicamente se resolvió sobre la ausencia de una formalidad que es la falta de fundamentación.-Consecuentemente, si la Segunda Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación declaró la nulidad lisa y llana por falta de fundamentación legal, apoyándose en el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que establece: 'Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos: ... III. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate.'; por consiguiente, dicha autoridad debió relacionar su aplicación con el numeral 238, fracción II, y no con la fracción IV del citado código, por no guardar una estrecha relación con este último. Al haberse incurrido en dicha causa de ilegalidad se está en presencia de un vicio formal por falta de fundamentación, por lo que debió de haber sido declarada la nulidad de la resolución impugnada para efectos, en los términos del artículo 239, fracción III, del código tributario federal y no en forma lisa y llana, no obstante que la falta de fundamentación se haya dado en la competencia de la autoridad, porque aquel precepto no hace distinción entre la falta de fundamentación en la competencia de la autoridad emisora o en la falta de fundamentación del acto que decide la situación jurídica del contribuyente.-Luego, no se coincide con en el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que la Sala Fiscal citó para sustentar su decisión de declarar la nulidad lisa y llana, identificable bajo el rubro: 'COMPETENCIA, FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA. PROCEDE DECRETAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO COMBATIDO SIN PERJUICIO DE QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE PUEDA EMITIR NUEVA RESOLUCIÓN.', publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, octubre de 1993, página 405, toda vez que si bien no puede obligarse a la autoridad a que emita una nueva resolución porque probablemente carezca de competencia, ello no implica que se le puedan imprimir efectos a la nulidad que se determina en la hipótesis que se comenta, los cuales, desde luego, no deben ser necesariamente para que se emita una nueva resolución, sino para que, si lo estima pertinente y cuenta con facultades para ello, emita una nueva resolución en la que funde su competencia territorial con cita no sólo del acuerdo del secretario de Hacienda y Crédito Público que se la otorga, sino también del artículo, apartado, fracción, punto, inciso o subinciso del mismo que justifique su competencia para determinar una multa en perjuicio del actor por la omisión que le atribuyó.-En cambio, este tribunal comparte la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, febrero de 1999, página 455, que dice: 'SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO LA VIOLACIÓN ADUCIDA IMPLICA UN ESTUDIO DE FONDO, LA NULIDAD SERÁ LISA Y LLANA, EN CAMBIO, CUANDO SE TRATA DE VICIOS FORMALES, LA NULIDAD SERÁ PARA EFECTOS.-En términos de lo dispuesto por los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación pueden declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado o para efectos. La nulidad lisa y llana, que se deriva de las fracciones I y IV del artículo 238 invocado, se actualiza cuando existe incompetencia de la autoridad, que puede suscitarse tanto en la resolución impugnada como en el procedimiento del que deriva; y cuando los hechos que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o dejó de aplicar las debidas. En ambos casos, implica, en principio, que la Sala Fiscal realizó el examen de fondo de la controversia. En cambio, las hipótesis previstas en las fracciones II, III y V del precepto legal de que se trata, conllevan a determinar la nulidad para efectos, al establecer vicios formales que contrarían el principio de legalidad, pero mientras que la fracción II se refiere a la omisión de formalidades en la resolución administrativa impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación y motivación en su caso, la fracción III contempla los vicios en el procedimiento del cual derivó dicha resolución, vicios que bien pueden implicar también la omisión de formalidades establecidas en las leyes, violatorias de las garantías de legalidad, pero que se actualizaron en el procedimiento, es decir, en los antecedentes o presupuestos de la resolución impugnada. En el caso de la fracción V, que se refiere a lo que la doctrina reconoce como «desvío de poder», la sentencia tendrá dos pronunciamientos, por una parte implica el reconocimiento de validez del proveído sancionado y por otra supone la anulación del proveído sólo en cuanto a la cuantificación de la multa que fue realizada con abuso de poder, por lo que la autoridad puede imponer un nuevo proveído imponiendo una nueva sanción. Así, de actualizarse los supuestos previstos en las fracciones I y IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, que implica el estudio de fondo del asunto, la nulidad debe declararse en forma lisa y llana, lo que impide cualquier actuación posterior de la autoridad; en cambio, si se trata de los casos contenidos en las fracciones II y III y en su caso V del artículo en comento, que contemplan violaciones de carácter formal, la nulidad debe ser para efectos, la cual no impide que la autoridad pueda ejercer nuevamente sus facultades, subsanando las irregularidades y dentro del término que para el ejercicio de dichas facultades establece la ley.'.-Al resultar fundado el segundo agravio analizado, procede modificar la sentencia que se revisa para el efecto de que la Sala a quo deje insubsistente la resolución que dictó el trece de junio del año dos mil, en el juicio de nulidad tramitado con el número 3604/99-07-02-1, y en su lugar dicte otra en que declare la nulidad de la resolución impugnada y de que si (sic) la administración local demandada lo estima pertinente emita otra resolución, pero purgando el vicio de ilegalidad que motivó la anulación de la impugnada en dicho juicio."

CUARTO.-Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito remitió las ejecutorias correspondientes a: revisión fiscal 114/98, promovida por el administrador local jurídico de Ingresos de Torreón, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas; revisión fiscal 350/98, interpuesta por el administrador local Jurídico de Ingresos de Torreón; revisión fiscal 57/98, promovida por el administrador local jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón; revisión fiscal 1017/97, interpuesta igualmente por el administrador local jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón; y la revisión fiscal 208/98, en la cual fue recurrente el administrador local jurídico de Ingresos de Torreón, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. En dichas ejecutorias el Tribunal Colegiado mencionado hizo valer idénticas consideraciones, motivo por el cual únicamente se transcriben las correspondientes a la revisión fiscal 114/98, en obvio de inútiles repeticiones.

"CUARTO.-Los agravios hechos valer son parcialmente fundados.-De las constancias que integran el juicio fiscal número 1258/96 en el que obra la sentencia recurrida, destacan las siguientes: Mediante escrito presentado el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y seis ante la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, con residencia en esta ciudad de Torreón, Coahuila, Jaime Manuel Acosta Vázquez, como apoderado legal de la persona moral denominada 'Hidrogas de Nuevo Casas Grandes, Sociedad Anónima', demandó la nulidad de la resolución negativa ficta recaída al recurso de revocación interpuesto el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y seis, ante la Administración Local Jurídica de Ingresos de Ciudad Juárez, Chihuahua, contra el oficio número 10198 del veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.-El veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y seis, el Magistrado instructor de la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación admitió la demanda (foja 2247).-A través de oficio 2487 del nueve de enero de mil novecientos noventa y siete, las autoridades demandadas contestaron la demanda (foja 2253).-En proveído del diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete, el Magistrado instructor de la Sala Fiscal otorgó a la parte actora un plazo de veinte días para ampliar la demanda (foja 2322).-Por escrito del cinco de junio de mil novecientos noventa y siete la parte actora amplió su demanda (foja 2345).-En acuerdo del once de agosto de mil novecientos noventa y siete se tuvo por ampliada la demanda inicial, corriéndose traslado a las autoridades demandadas para el efecto de que produjeran contestación a la ampliación de demanda (foja 2360).-En oficio número 451 del veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete, la parte demandada dio contestación a la ampliación de demanda (foja 2367).-Seguido el procedimiento por sus demás fases legales, el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación emitió la sentencia recurrida, en la que resolvió que la actora probó su acción, declarando, en consecuencia, la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.-Ahora bien, aduce la autoridad recurrente en su primer agravio que la Sala Fiscal no analizó en forma minuciosa la causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer, porque debió desechar la ampliación de la demanda, de oficio, porque su presentación es extemporánea. Continúa la recurrente reproduciendo casi en términos textuales los argumentos vertidos ante la resolutora al contestar la ampliación de demanda, tendentes a evidenciar la extemporaneidad de su presentación. Concluye la inconforme que la Sala contraviene lo dispuesto en los artículos 203, fracciones II y V, del Código Fiscal de la Federación al no haber sobreseído el juicio, porque sí se surte la causal de improcedencia y sobreseimiento solicitada y que no fue analizada conforme a derecho.-Sobre lo anterior, en la sentencia recurrida la Sala del conocimiento señaló: 'En primer término, esta Sala se aboca al estudio y resolución de la causal de improcedencia y sobreseimiento que se hace valer por la autoridad, en la que considera que la presentación de la ampliación de la demanda es extemporánea.-Del análisis de las constancias de autos se advierte que resulta improcedente la causal que hace valer la autoridad, prevista en el artículo 202, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación; en efecto, lo anterior es así toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, el envío de la ampliación de demanda se podrá efectuar por correo certificado si el demandante tiene su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que reside el demandante y, atendiendo a lo anterior, en virtud a que el domicilio del demandante se ubica en Ciudad Juárez, Chihuahua, según constancias de autos, y la ampliación de demanda se depositó en esa ciudad, según sello del Servicio Postal Mexicano que aparece en el sobre respectivo y que obra en autos, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 210 del citado Código Fiscal, el plazo para la ampliación de la demanda es de 20 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, por lo que si en el presente caso el acuerdo de 17 de marzo de 1997, mediante el cual se tuvo por contestada la demanda y se le concedió a la actora un plazo de 20 días para producir su ampliación de demanda, le fue notificado según acuse de recibo que obra en autos correspondiente al oficio No. 7680 del 14 de abril de 1997, el 8 de mayo de 1997, y el escrito de ampliación de demanda se presentó en el Servicio Postal Mexicano de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de junio del año en curso, entonces su presentación se encuentra dentro del término señalado; lo anterior es así, pues tomando en consideración que la notificación se recibió el 8 de mayo de 1997, surtió efectos el 9 de ese mes y año, empezando a contar el plazo a partir del 12 de mayo de 1997 para concluir el 6 de junio del mismo año, sin contar los días inhábiles correspondientes a sábados y domingos, como lo son 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 de mayo y 1o. de junio, todos de 1997; por lo anterior, resulta claro que la presentación de la misma es dentro del plazo concedido para tal efecto y no puede considerarse extemporáneo como lo pretende la autoridad, pues en autos obra la documental consistente en el acuse de recibo correspondiente al oficio No. 7680 de 14 de abril de 1997, y del que se desprende que el mismo le fue notificado, como ya se dijo, el 8 de mayo de 1997; por ello, los argumentos de la autoridad resultan inoperantes y, por tanto, deben desestimarse; en consecuencia, es improcedente la causal que hace valer la autoridad por lo que hace a la ampliación de la demanda de fecha 9 de septiembre de 1996. Por lo expuesto y fundado y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 202, fracciones IV y X, 203, fracción II, y demás relativos del Código Fiscal de la Federación, aplicados a contrario sensu, es de resolverse: I.-No es de sobreseerse y no se sobresee el presente juicio.'.-Como se advierte de lo anterior, la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación sí examinó los argumentos expuestos por las autoridades demandadas al contestar la ampliación de demanda dirigidos a acreditar la extemporaneidad de su presentación, sin que la recurrente esgrima agravio alguno tendente a demostrar la ilegalidad de las consideraciones expuestas por la resolutora, ya que se limita a señalar que la Sala no examinó minuciosamente y conforme a derecho la causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer, sin señalar cuáles son las razones por las que se considera incorrecto el análisis hecho por dicho órgano colegiado, esto es, qué parte de los argumentos expuestos en el juicio fiscal fueron soslayados y por qué se estima que no se examinaron tales argumentos conforme a derecho, pues lo único que hace la inconforme es transcribir lo expuesto al contestar la ampliación de demanda, encaminado a demostrar la causal de improcedencia y motivo de sobreseimiento argüido ante la Sala.-Por lo anterior, es inconcuso que devienen inoperantes los agravios examinados en virtud de que no reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para tal efecto, porque por una parte, en la revisión fiscal no se debe estudiar si la resolución motivo del juicio fiscal estuvo bien o mal dictada, sino si los fundamentos de la sentencia pronunciada en él, que se ocupó de aquellos alegatos, es o no ilegal y, además, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la revisión deben subsistir para continuar rigiendo la sentencia impugnada.-Sobre el particular, este Tribunal Colegiado comparte el criterio visible en la página 236, Tomo XI, junio de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de texto: 'AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL, CUANDO SE LIMITAN A REPRODUCIR LOS ALEGATOS EXAMINADOS EN LA SENTENCIA IMPUGNADA.-Si en los agravios hechos valer en el recurso de revisión fiscal no se hace sino reproducir los alegatos, los cuales ya han sido examinados en la sentencia impugnada y han sido declarados sin fundamento para decretar la nulidad de una resolución, y la inconforme se olvida de combatir las consideraciones que tuvo en cuenta la Sala Regional para sostener la validez de la resolución con la que culminó el recurso de inconformidad, dicho agravio resulta inoperante, en virtud de que el mismo no reúne los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para tal efecto, porque por una parte, en la revisión fiscal no se debe estudiar si la resolución motivo del juicio contencioso administrativo estuvo bien o mal dictada, sino si los fundamentos de la sentencia pronunciada en el mismo, que se ocupó de aquellos alegatos, es o no ilegal y además porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la revisión, deben subsistir para continuar rigiendo la sentencia impugnada.'.-También es aplicable la tesis publicada en la página 1319, Tomo CXXV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Sala Auxiliar, que dice: 'REVISIÓN FISCAL, AGRAVIOS EN LA.-Son inoperantes los agravios para los efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos textuales, los conceptos expuestos en la contestación de la demanda, que ya hayan sido examinados y declarados sin fundamento por el Tribunal Fiscal, si no expresa argumentación alguna para impugnar la legalidad de la sentencia, mediante la demostración de violaciones a la l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7525-83d18af5/competencia-de-las-autoridades-administrativas-la-nulidad-decretada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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