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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17280
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL OCTAVO CIRCUITO, SEGUNDO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, , Pág. 540.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL OCTAVO CIRCUITO, SEGUNDO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: GUILLERMO BECERRA CASTELLANOS.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Con el propósito de analizar si existe la contradicción de tesis denunciada, procede transcribir la parte conducente de las consideraciones contenidas en las respectivas sentencias de amparo.

1. El Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el veinticuatro de mayo de dos mil uno la improcedencia 203/2001, interpuesta por María Félix Alvarado Villegas, determinó esencialmente lo siguiente:

"CUARTO. Resulta fundado el agravio que hace valer la parte recurrente, en atención a la siguiente consideración. La parte quejosa señala, en esencia, que del contenido del artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que el recurso de revisión es procedente solamente contra los actos ahí indicados y, específicamente, en relación con los laudos, será aplicable única y exclusivamente cuando se trate de actos en ejecución de los laudos, es decir, contra todos aquellos que se realicen con el fin y propósito de ejecutar un laudo. En efecto, en principio se transcribe lo que textualmente señala el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece: 'Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión.'. De lo anterior se advierte que, contrario a lo manifestado por el Juez de Distrito, el recurso de revisión es procedente única y exclusivamente contra aquellos actos dictados por el presidente, actuarios o funcionarios legalmente habilitados que tiendan a la ejecución de los laudos, convenios, resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, y no contra todos aquellos actos que se dicten en el periodo de ejecución; máxime que el procedimiento laboral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, confluye en el principio de celeridad procesal. Por tanto, si la quejosa, en el caso, señaló como acto reclamado la negativa por parte del presidente de la Junta laboral a decretar la prescripción de la ejecución del laudo, en términos de la fracción III del artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo, el cual aun cuando se haya dictado en la etapa de ejecución, el mismo no tiende a ejecutar el laudo mismo dictado en el juicio laboral del cual emana el acto reclamado; en esas condiciones, no es necesario agotar el recurso de revisión previsto por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo cual, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito en la tesis VII.1o.A.T.25 L, visible en la página 1028 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, bajo el rubro: 'REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. CASO EN QUE DEBE AGOTARSE, AUNQUE NO SE TRATE DE UN AUTO DICTADO EN EJECUCIÓN DEL LAUDO.', así como el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, en la tesis XIV.2o.19 L, visible en la página 424 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, julio de 1997, Novena Época, de rubro: 'REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. CASO EN QUE DEBE AGOTARSE AUNQUE NO SE TRATE DE UN ACTO DICTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL LAUDO.', dado que este tribunal estima que no cualquier acto dictado en el periodo de ejecución del laudo debe ser recurrido a través del citado recurso, sino únicamente aquellos que tiendan en forma directa a la ejecución del mismo, lo anterior, como ya se dijo, porque la finalidad del procedimiento laboral es que sea de una forma breve y con una celeridad procesal para su conclusión, por lo que si existen diversos recursos que pueden promoverse dentro del procedimiento, debe entenderse en que son por actos excepcionales y no en todos aquellos que se emitan en un determinado periodo, como en el caso el de ejecución de laudo, ya que esto retardaría más la conclusión del procedimiento obrero con perjuicio para la parte que obtuvo el fallo favorable. No resulta un obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que la quejosa en su demanda de garantías haya señalado como autoridad responsable a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y no al presidente de la misma, quien emitió el auto de veintiséis de febrero de dos mil uno, dado que no es motivo de la causa de improcedencia que invocó el Juez de Distrito, sino que puede ser, en todo caso, materia de prevención en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 2a./J. 30/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 250 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, Novena Época, bajo el rubro: 'DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.', y que de igual forma se reiteró en la tesis P. CXI/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 242 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época, bajo el rubro: 'DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.'. Asimismo sustenta lo anterior, respecto al error en el señalamiento de la autoridad responsable, la jurisprudencia 2a./J. 57/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 226 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, octubre de 1995, Novena Época, bajo el rubro: 'JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUÉLLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ÉSTE.'. En esas condiciones, no habiéndose acreditado en el caso, en forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 145, lo procedente es revocar el fallo que se revisa, para el efecto de que el Juez de Distrito del conocimiento, de no existir diversa causal de improcedencia indudable y manifiesta o aclaración de demanda, admita a trámite la misma, sin perjuicio de que al dictar la sentencia definitiva correspondiente proceda conforme a derecho al estudio de las posibles causales de improcedencia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución General de la República, 83, fracción I, 85, fracción I, 90 y 91 de la Ley de Amparo y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se revoca el auto recurrido de veintidós de marzo de dos mil uno, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Saltillo, Coahuila, dentro del cuaderno auxiliar 72/2001-I-L. SEGUNDO. Se ordena admitir la demanda de garantías promovida por María Félix Alvarado Villegas, contra los actos de la autoridad que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria."

Dichas consideraciones dieron origen a la siguiente tesis:

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XV, marzo de 2002. Tesis: VIII.1o.42 L. Página: 1453.

"REVISIÓN, RECURSO DE. EN EL JUICIO LABORAL NO ES NECESARIO AGOTARSE CONTRA EL AUTO QUE NIEGA DECRETAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. Si la quejosa señaló como acto reclamado la negativa por parte del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, a decretar la prescripción de la ejecución del laudo en términos de la fracción III del artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo, el cual, aun cuando se haya dictado en la etapa de ejecución, no tiende a ejecutar el laudo, en consecuencia, no es necesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la ley de la materia, dado que no cualquier acuerdo dictado en el periodo de ejecución puede ser recurrido a través de dicho recurso, sino únicamente aquellos que se refieran y tengan una relación directa con la ejecución del laudo, puesto que el procedimiento laboral debe tramitarse en forma breve y con celeridad procesal para su conclusión; por lo que si existen varios recursos que pueden promoverse dentro del procedimiento aludido, debe entenderse que son aquellos que excepcionalmente se refieren a la ejecución y no todos aquellos que se emitan en ese periodo, ya que esto retardaría la conclusión del procedimiento obrero por la parte que obtuvo el fallo favorable; por ende, ante la negativa de la autoridad para decretar la prescripción de la ejecución del laudo, no es necesario agotar el recurso de revisión a que alude la Ley Federal del Trabajo, en el dispositivo legal antes mencionado."

2. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el diez de febrero de dos mil el amparo en revisión número 16/2000, interpuesto por Patricia Lascio Guerrero, determinó esencialmente lo siguiente:

"III. Es fundado uno de los agravios transcritos, pero inoperante, como enseguida se verá, para alzar el sobreseimiento decretado en la especie. Del juicio de garantías al que este toca se contrae, aparece que la quejosa, ahora recurrente, reclamó 'el auto emitido con fecha veintiuno de junio del año en curso, en el cual manda a decretar la prescripción del juicio laboral número 504/VI/94, de su índice, según por haberse dejado de promover por más de dos años, como lo establece el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo, auto que es contrario a lo que dispone el numeral 521 de la ley antes citada' (foja 2), señalando como autoridades responsables a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Tuxpan, Veracruz, y al encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, residente en Poza Rica, Veracruz (foja 2); que del informe con justificación rendido por el presidente de la Junta laboral mediante oficio 1460, de tres de agosto de mil novecientos noventa y nueve, se desprende que fue él quien dictó el auto reclamado (fojas 36 y 37); que por acuerdo de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el a quo requirió a la promovente 'para que dentro del término de tres días, contados a partir del que surta efectos la presente notificación, manifieste si señala o no como autoridad responsable al citado presidente de la Junta de referencia, apercibido de que de no manifestar nada este juzgado acordará lo que legalmente proceda' (foja 147); que al celebrarse la audiencia constitucional, el Juez de Distrito acordó 'que mediante proveído de diecisiete de noviembre del año en curso se requirió a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días precisara si también señalaba como autoridad responsable al presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad de Tuxpan, Veracruz, con el apercibimiento que de no cumplir con esa determinación dentro del lapso de término legal que se le concedió, se tendría por no señalada de su parte a dicha autoridad responsable, sin que hasta la fecha haya hecho manifestación alguna al respecto' (foja 154), y en la sentencia que se revisa sobreseyó en el juicio de garantías por considerar que 'a pesar de que por auto de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, este Juzgado de Distrito requirió al quejoso para que dentro del término de tres días, por escrito, precisara si también señalaba como autoridad responsable al presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, apercibiéndolo que de no cumplir con lo ordenado se le tendría por no señalada de su parte a dicha autoridad responsable', y que como dentro del lapso otorgado no hizo manifestación alguna 'se le hizo efectivo el apercibimiento hecho en su contra y se tuvo por no señalada como autoridad responsable al citado presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad', que por ello existía impedimento 'para pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, consistente en el auto de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, dictado por el presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el cual determinó tener por prescrita la acción del actor para ejecutar el laudo dictado en su oportunidad, al no haber impulsado el procedimiento en un término mayor de dos años, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 11 y 116, fracción III, todos de la Ley de Amparo' (foja 156), lo que apoyó en las jurisprudencias que invocó en lo conducente. Ahora bien, como aduce la recurrente, es incorrecta la conclusión a que llegó el referido a quo, atento que, al margen de que el citado acuerdo de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (foja 147), no contiene el apercibimiento relativo a que 'de no cumplir con lo ordenado se le tendría por no señalada de su parte a dicha autoridad', esto es, al presidente de la Junta laboral en mención, y que tampoco media acuerdo donde 'se le hizo efectivo el apercibimiento hecho en su contra y se tuvo por no señalada como autoridad responsable al citado presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad', como se refiere en la sentencia que se revisa, lo que se advierte supliendo la deficiencia de la queja, el Juez de Distrito perdió de vista que esa circunstancia deviene irrelevante, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bajo el número 2a./J. 57/95, y rubro: 'JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUÉLLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ÉSTE.', visible en la página 226 del Tomo II, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de mil novecientos noventa y cinco, cuya sinopsis reza: 'Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado.'. Así las cosas, conforme a la jurisprudencia en mención debe tenerse como autoridad responsable al precitado presidente de la Junta; sin embargo, a pesar de lo antes señalado no se está en el caso de considerar el fondo del asunto, y debe confirmarse la sentencia que se revisa, aunque por diversa causa, conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, en virtud de lo que enseguida se advertirá. En efecto, se ha expuesto ya que del propio juicio de garantías se desprende que la impetrante de la acción constitucional, ahora recurrente, señaló como acto impugnado 'el auto emitido con fecha veintiuno de junio del año en curso, en el cual manda a decretar la prescripción del juicio laboral número 504/VI/94, de su índice, según por haberse dejado de promover por más de dos años, como lo establece el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo, auto que es contrario a lo que dispone el numeral 521 de la ley antes citada' (foja 2), y que el referido acuerdo lo dictó el presidente de la Junta responsable durante la etapa de ejecución del laudo relativo, pronunciado en el expediente laboral número 504/94, en mención (foja 65 vuelta). Ahora bien, el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo dispone que prescriben en dos años las acciones para solicitar la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y el diverso numeral 849 de la propia ley laboral establece que contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Pues bien, de la correcta interpretación de ambos preceptos resulta claro y patente que si el acto reclamado se hace consistir en el auto dictado en la etapa de ejecución del laudo, por el presidente de la Junta laboral que declaró prescrita esa ejecución, es indudable que antes de acudir al amparo el quejoso debe agotar el recurso de revisión a que alude el segundo artículo citado, ya que por actos de tal naturaleza no deben entenderse únicamente aquellos en los que el presidente de la Junta ordena diligencias inherentes al remate de los bienes embargados o la liquidación, sino aquellos que se refieren y tienen relación con tal ejecución, y al no considerarse así es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la ley de la materia, que obliga a sobreseer el propio juicio de garantías conforme lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, ibídem, siendo de advertirse que en igual sentido se pronunció este órgano colegiado al dictar las ejecutorias de los juicios de amparo directo 222/97 y 180/99. En esas condiciones, debe confirmarse la sentencia que se revisa aunque, como ya se dijo, por diverso motivo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 9o. de la ley de la materia, se resuelve: ÚNICO. Se confirma la sentencia definitiva autorizada el tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve por el Juez Sexto de Distrito en la entidad, en el juicio de garantías número 440/99, promovido por Patricia Lascio Guerrero, contra los actos y las autoridades que se puntualizan en el resultando primero de esta ejecutoria, mediante la que sobreseyó en el mismo."

Estas consideraciones dieron origen a la tesis cuyos datos de identificación y texto son los siguientes:

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XI, marzo de 2000. Tesis: VII.1o.A.T.25 L. Página: 1028.

"REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. CASO EN QUE DEBE AGOTARSE, AUNQUE NO SE TRATE DE UN AUTO DICTADO ENEJECUCIÓN DEL LAUDO. El artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, dispone que prescriben en dos años las acciones para solicitar la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y el diverso numeral 849 de la propia ley laboral, establece que contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Ahora bien, de la correcta interpretación de ambos preceptos, resulta claro y patente que si el acto reclamado se hace consistir en el auto dictado en la etapa de ejecución del laudo, por el presidente de la Junta laboral que declaró prescrita esa ejecución, es indudable que antes de acudir al amparo, el quejoso debe agotar el recurso de revisión a que alude el segundo artículo citado, ya que por actos de tal naturaleza no deben entenderse únicamente aquellos en los que el presidente de la Junta ordena diligencias inherentes al remate de los bienes embargados o la liquidación, sino aquellos que se refieren y tienen relación con tal ejecución."

3. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 195/97, promovido por Armando Minguer Rivera, el quince de mayo de mil novecientos noventa y siete, determinó:

"CUARTO. Son infundados los agravios propuestos por el recurrente, atento las consideraciones siguientes. El inconforme, Armando Minguer Rivera, expuso diversas alegaciones en su escrito de expresión de agravios, las cuales se examinarán conjuntamente, ya que se encuentran relacionadas entre sí, como lo autoriza el artículo 79 de la Ley de Amparo, no obstante que los numeró del uno al cuatro en su escrito correspondiente; así, tenemos que en síntesis manifestó que en el considerando tercero de la sentencia omite analizar el acto reclamado en la demanda, cuando el artículo 76 de la Ley de Amparo señala que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo se deben ocupar de los particulares que los promueven, limitándose a ampararlos si procediere. Asimismo, manifiesta que no es verdad que exista un recurso ordinario con el que pueda ser revocado, modificado o anulado el acto reclamado, pues no proviene de la ejecución del laudo, ni la ley laboral establece la revisión de los actos de ejecución que provienen de la prescripción, y que los artículos 848 y 849 de la Ley Federal del Trabajo no previenen que los procedimientos paraprocesales sean sujetos del recurso de revisión. En efecto, se afirma que resultan infundados los agravios propuestos por el recurrente, porque contrariamente a lo que manifestó, este Tribunal Colegiado observa que en la sentencia dictada por el Juez de Distrito se analizó el acto reclamado pues, concretamente, en el considerando segundo se estimó que es cierto el mismo, y en el tercero, en el inciso f), se transcribió el acuerdo de fecha diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis, reclamado; posteriormente consideró que no reúne el requisito de definitividad para los efectos del juicio de garantías, expresando que, por tratarse de un acto emitido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en la ciudad de Chetumal, en ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio reclamatorio del que deriva, existe el recurso de revisión en su contra, el que no hizo valer el quejoso, motivo por el cual decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías; como se ve, no es verdad que el Juez no se hubiera ocupado de analizar el acto reclamado, en virtud de que toda la parte considerativa tuvo como base el acto reclamado, siendo que el recurrente confunde el análisis del acto reclamado con el de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías por el acto reclamado, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, lo que constituye el problema de fondo planteado, los que si bien, en la especie, no fueron examinados al decretarse el sobreseimiento en el juicio, lo cierto es que ningún agravio le causa al recurrente la omisión del examen de los motivos de inconformidad expuestos en la demanda inicial de garantías, habida cuenta que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, además de que esta cuestión es de estudio preferente y obligado para el juzgador, por disposición expresa del artículo 73 in fine de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis jurisprudenciales números 509, 1027 y 1028, sustentadas por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, compartiendo este tribunal las dos últimas, consultables, por su orden, en las páginas 335, 707 y 708 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con los contenidos siguientes: 'SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.', 'SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado.' y 'SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente.'. Tampoco le asiste la razón al impetrante cuando manifiesta que no es verdad que exista un recurso ordinario con el que pueda ser revocado, modificado o anulado el acto reclamado y agrega que éste no proviene de la ejecución del laudo, ni la ley laboral establece el recurso de revisión de los actos que provienen de la prescripción, semejándolo a un procedimiento paraprocesal, por lo siguiente. Para mejor exposición del tema se estima conveniente señalar que de la lectura de la sentencia recurrida se advierte que el Juez de Distrito reseñó las constancias que estimó pertinentes en los incisos del a) al f), relativas al juicio reclamatorio laboral número DI-041/93, las que se tienen aquí por reproducidas como si se insertaran a la letra, de las que se advierte que por acuerdo de fecha cinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, el presidente de la Junta responsable ordenó requerir a la parte demandada el pago de la cantidad a la que fue condenada en el laudo respectivo, lo que cumplió el actuario adscrito a la aludida Junta el veintidós de octubre de mil novecientos noventa y tres, trabando embargo sobre diversos bienes (fojas 242 y 243 del juicio reclamatorio); así también, se advierte que el propio presidente de la Junta emitió el acuerdo en sentido desfavorable a la petición de la prescripción de ejecución del laudo que hizo el quejoso; así las cosas, es evidente que la prescripción así solicitada sí proviene y forma parte de la ejecución del laudo, habida cuenta que la figura procesal de la prescripción contemplada por la fracción III del numeral 519 de la ley de la materia, contempla la prescripción de las acciones para solicitar la ejecución de los laudos dictados por las Juntas; luego entonces, si el recurrente no estaba conforme con el acuerdo emitido por el presidente de la Junta responsable, al considerar que ya había operado la prescripción de la acción de ejecución del laudo dictado en su contra, debió interponer el recurso de revisión que establece el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, como acertadamente consideró el a quo, ya que por actos de ejecución del laudo no deben entenderse únicamente aquellos en los que el presidente ordene la verificación de un hecho, como sería el remate de los bienes embargados, sino todos aquellos que se refieren y tienen relación con dicha ejecución, como en este caso, que con su acuerdo deja vigente la posibilidad de continuar con el procedimiento de ejecución hasta lograr el pago de las cantidades condenadas en el laudo. Por otro lado, este Tribunal Colegiado estima que la prescripción planteada por el inconforme no es un procedimiento paraprocesal, en virtud de que fue planteado en el procedimiento de ejecución del laudo dictado en su contra en el juicio reclamatorio laboral número DI-041/93, o sea, como consecuencia de un proceso laboral seguido en su contra, que se encuentra en el procedimiento de ejecución del laudo, siendo que el procedimiento paraprocesal tiene lugar cuando algún asunto requiere la intervención de la Junta, sin que esté promovido jurisdiccionalmente conflicto alguno entre partes determinadas. En este contexto, siendo infundados los agravios del recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida que sobreseyó en el juicio de garantías. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, 86 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se confirma la sentencia impugnada. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por Armando Minguer Rivera, contra los actos y las autoridades que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria. Notifíquese como correspond

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17280-56eb8bc0/revision-en-el-juicio-laboral-procede-en-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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