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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN MATERIA FISCAL. PROCEDE OTORGARLA EN CONTRA DEL NOMBRAMIENTO DEL INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 124/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17495
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, , Pág. 890.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 124/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el recurso de queja 52/2002, el doce de agosto de dos mil dos sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

QA. 52/2002.

"PRIMERO. Este Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer y resolver del presente recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo; 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y punto tercero del Acuerdo General 23/2001, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un recurso de queja interpuesto en contra de una resolución que decidió sobre la suspensión provisional dictada por un Juez de Distrito, con residencia en la jurisdicción de este tribunal. SEGUNDO. El recurso es oportuno en razón de que fue interpuesto dentro del término previsto por el artículo 97, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que el acuerdo reclamado fue notificado por lista al quejoso el seis de agosto de dos mil dos y el escrito de agravios fue presentado el ocho del mismo mes y año. TERCERO. La parte recurrente expresó los siguientes agravios: 'Único. El auto dictado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, en forma por demás ilegal niega a mi representada la suspensión provisional de los actos reclamados, argumentando para ello, en su parte conducente, lo siguiente: (se transcribe). El auto anterior es ilegal en virtud de que el Juzgado de Distrito en comento dejó a mi poderdante en completo estado de indefensión al negar la suspensión provisional solicitada, toda vez que al permitir que las autoridades responsables continuaran con la intervención con cargo a la caja de representada (sic) perjudican más el interés de la sociedad, ya que antes de que cubriera la totalidad del adeudo fiscal por el cual se inició el procedimiento administrativo de ejecución, mi poderdante no tendría la suficiente liquidez ni para cubrir el salario de los trabajadores que el Juez de Distrito trató de proteger. En efecto, en primer lugar, el acuerdo recurrido no tomó en consideración que es de interés público conservar que las empresas mercantiles puedan cumplir con sus obligaciones de pago incluyendo las fiscales, ya que en caso contrario el futuro de las mismas sería incierto, lo anterior en términos de lo estipulado por el artículo 1o. de la Ley de Concursos Mercantiles, el cual establece lo siguiente: 'Artículo 1o. La presente ley es de interés público y tiene por objeto regular el concurso mercantil. Es de interés público conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios.'. De tal manera, también es de interés público que las empresas mercantiles como lo es Servicio Mazatepec, S.A. de C.V., la cual es un distribuidor de combustibles y lubricantes para los vehículos automotores, a través de un contrato de franquicia otorgado por Petróleos Mexicanos (Pemex Refinación), que se dedica a la venta de gasolina, puedan cumplir con todas sus obligaciones de pago. Con el simple hecho de que se permita que las autoridades responsables sigan llevando a cabo el acto reclamado, ocasionaría que las fuentes de trabajo de mi representada corrieran el peligro de desaparecer, y entonces sí se causaría gran perjuicio a la sociedad. Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 165 del Código Fiscal de la Federación, el cual marca las obligaciones del interventor encargado de la caja, establece lo siguiente: 'Artículo 165. El interventor encargado de la caja después de separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios y demás créditos preferentes a que se refiere este código, deberá retirar de la negociación intervenida el 10% de los ingresos en dinero y enterarlos en la caja de la oficina ejecutora diariamente o a medida que se efectúe la recaudación. Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la negociación o de operaciones que pongan en peligro los intereses del fisco federal, dictará las medidas provisionales urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dará cuenta a la oficina ejecutora, la que podrá ratificarlas o modificarlas. Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueren acatadas, la oficina ejecutora ordenará que cese la intervención con cargo a la caja y se convierta en administración, o bien se procederá a enajenar la negociación, conforme a este código y las demás disposiciones legales aplicables.'. De lo anterior se desprende que la persona encargada de ejercer el cargo de una empresa embargada tendrá que separar los salarios de los trabajadores y demás créditos preferentes, y posteriormente deberá separar el 10% de ingresos monetarios para efectos de cubrir el crédito que se adeuda a las autoridades hacendarias. Ahora bien, es de darse el caso que mi poderdante tiene una planta laboral de trece trabajadores, lo que hace que se tenga que pagar por concepto de sueldos la cantidad de $32,700.00 (treinta y dos mil setecientos pesos 00/100 M.N.), tal como se acredita con las liquidaciones que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se puede apreciar el salario diario que perciben los trabajadores que prestan servicios personales subordinados a mi representada. Es importante aclarar que si bien es cierto que mi representada no tiene ningún otro tipo de crédito preferencial de los que hace referencia el artículo 149 del Código Fiscal de la Federación, no menos cierto resulta que la persona moral a la que represento tiene gastos de tal trascendencia que son necesarios para la continuación de la actividad económica a la que se dedica; ahora bien, si las autoridades responsables descuentan el 10% de las ganancias obtenidas para el pago de los créditos fiscales números H-216042, H-216043, H-216044 y H-216045, mi representada no alcanzaría a cubrir los gastos más elementales para su operación y obtención de ingresos futuros y, en consecuencia, no tendría ingresos suficientes para cubrir en tres meses el porcentaje del 24% del adeudo fiscal; este porcentaje y plazo lo establece el artículo 172 del código tributario federal. Por tanto, en términos del referido artículo 172, si mi representada no alcanza a cubrir el porcentaje establecido y con ello la autoridad fiscal tiene la facultad de enajenar los bienes propiedad de mi representada por insolvencia, provocaría el cierre de la negociación, causándole a mi representada realmente un daño de imposible reparación. Aunado a esto, si la autoridad retiene el 10% de los ingresos de la empresa, ésta tendría que dejar de cubrir sus gastos fijos o dejar de comprar combustible y con ello se vería involucraría (sic) en otro tipo de controversia con sus acreedores o de plano cerrar (sic) la negociación. En efecto, como ya se estableció mi poderdante tiene celebrado un contrato de franquicia para la venta al público en general de gasolina proporcionada por Petróleos Mexicanos (Pemex), para lo cual tiene un crédito otorgado por dicha paraestatal con un plazo de 6 días para cubrir el importe por concepto de abastecimiento de 30,000 litros de combustible por cada depósito, y es de darse el caso que se paga por tal concepto la cantidad promedio de $137,596.70 (ciento treinta y siete mil quinientos noventa y seis pesos 70/100 M.N.) por cada carga, tal como se acredita con la relación de compras correspondientes al mes de junio de 2002 y con los anexos de las facturas comerciales correspondientes expedidas a favor de mi representada por Pemex-Refinación, y es de darse el caso que dicho abastecimiento se realiza con un promedio de 18 veces al mes, teniéndose que cubrir, además, por envío, un flete por la cantidad promedio de $1,998.00, además de cubrir el impuesto al valor agregado correspondiente. Por otra parte, se hace del conocimiento general que se tiene que cubrir el gasto correspondiente de energía eléctrica, gasto indispensable para el funcionamiento de las bombas con que se surte gasolina a los particulares; tal gasto se comprueba por el periodo del treinta y uno de abril al treinta y uno de mayo de 2002, a la cantidad de $5,699.97 (cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos 97/100 M.N.), como se acredita con la factura correspondiente expedida por la Comisión Federal de Electricidad. Otro gasto indispensable para mi representada es el mantenimiento de las bombas de la gasolina, gasto que ascendió al mes de junio a la cantidad de $19,435.00 (diecinueve mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), tal como se acredita con la factura número quince de fecha veintisiete de junio de dos mil dos, expedida por Gloria Roa Martínez. Además, mi poderdante para la seguridad de sus ingresos, y por la constante inseguridad que vive el Estado de Morelos, ha tenido que contratar a la Compañía Mexicana de Traslado de Valores, S.A. de C.V., la cual acude a las instalaciones de mi poderdante todos los días a recoger los ingresos; por tal servicio se tiene que pagar la cantidad de $9,550.88 (nueve mil quinientos cincuenta pesos 88/100 M.N.), tal como se acredita con la factura número 22984 de fecha 1o. de junio de 2002. Por otro lado, mi representada gasta por concepto de la elaboración de notas de venta que tiene que entregar a los consumidores de los combustibles la cantidad de $4,646.00 (cuatro mil seiscientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), como se desprende de la factura comercial número 55 expedida por Julia Télelz (sic) Analco; asimismo, por la impresión de comprobantes fiscales se gasta la cantidad de $1,345.50 (un mil trescientos cuarenta y cinco pesos 50/100 M.N.), como se aprecia con la factura número 498 expedida por Delia Toledo Mérida. Otro gasto importante para la empresa a la que represento es el servicio telefónico cuyo gasto ascendió por el mes de abril y mayo a la cantidad de $1,618.00 (un mil seiscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), como se desprende del recibo correspondiente expedido por Teléfonos de México, S.A. de C.V. Por concepto de seguridad social Servicio Mazatepec, S.A. de C.V., cubre la cantidad de $4,362.96 (cuatro mil trescientos sesenta y dos pesos 96/100 M.N.) por concepto de guardería y prestaciones sociales, y riesgo de trabajo y maternidad por el mes sexto del presente año, de igual manera se cubre la cantidad de $9,647.25 (nueve mil seiscientos cuarenta y siete pesos 25/100 M.N.) por concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro por el periodo correspondiente al tercer trimestre de 2003. Otro gasto muy importante para mi empresa es gasto por extintores, que son indispensables en caso de un siniestro de fuego; por tal servicio se paga la cantidad de $611.80 (seiscientos once pesos 80/100 M.N.) mensuales, tal como se acredita con la factura número 4659 de fecha 13 de junio de 2002, expedida por la C. Hermelinda Petra Zúñiga Tapia. Los gastos que se manifiestan no precisamente son los únicos que realiza mi representada para poder llevar a cabo su operación normal; sin embargo, se pronuncian con la finalidad de hacer ver a las autoridades por concepto del pago del crédito fiscal que asciende al 10% como lo establece la ley de la materia, se estaría en imposibilidad de poder operar, ya que estos gastos representan un 6% sobre la utilidad que genera la negociación. Es importante aclarar que el costo de la gasolina por litro es de $4.62, antes impuesto al valor agregado, y el precio de venta al público e (sic) $5.00, antes impuesto al valor agregado, precio que es controlado por las autoridades demandadas; por tanto, la ganancia por litro de combustible vendido representa el 8%, ganancia que sirve para cubrir el 6% correspondiente a los gastos de operación, como los mencionados con antelación y sin los cuales no sería posible funcionar. Ahora bien, el porcentaje de gastos de operación es del 6% (luz, teléfono, seguros, contribuciones de seguridad social, fletes, finanzas, mantenimiento, honorarios técnicos y profesionales, etc.), este porcentaje se calcula sobre una venta o ingresos obtenidos de $2'600,000.00, lo cual quiere decir que si bajan los ingresos, el porcentaje de estos gastos subiría por tratarse de gastos fijos, ya que además se tiene que descontar la cantidad que se paga por el costo del combustible a Pemex. Tal como se acredita con las facturas de compras anexas al presente ocurso. Por todo lo anterior, se desprende que la utilidad de la empresa que represento es del 2% sobre el total de los ingresos obtenidos, por tanto, si las autoridades responsables retienen a cuenta de las contribuciones adeudadas el 10% sobre los ingresos sin considerar los gastos de operación antes señalados, la empresa se vería en la necesidad de comprar menos combustible cada día hasta llegar a agotar sus reservas, situación que provocaría la escasez del combustible y conllevaría a la inactividad económica de la negociación. De tal manera, la suspensión solicitada es necesaria para que la empresa busque el medio idóneo para cubrir sus créditos fiscales, sin que con ello tenga que desaparecer y afectar a la sociedad, ya que quedarían sin empleo los trabajadores de la empresa que represento, causando por demás un daño de imposible reparación no sólo en lo particular sino también en lo general. Por tanto, en términos del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, se solicita a este Tribunal Colegiado revoque el auto recurrido y se conceda a Servicio Mazatepec, S.A. de C.V. la suspensión solicitada, ya que no trae perjuicio al interés social, ya que con tal suspensión se protegería una fuente de trabajo, que en caso contrario tendería a desaparecer, y entonces sí traería como consecuencia un grave perjuicio al interés público (sic).'. CUARTO. Son fundados los agravios que expresa la parte quejosa. En efecto, en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo se encuentra dispuesto lo siguiente: 'Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: ... II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares.'. De lo antes expuesto se aprecia que si bien es cierto la lista de supuestos establecida en el citado numeral es enunciativa y no limitativa, también lo es que para que se estime que se sigue perjuicio al interés social en un supuesto distinto, éste tiene que ser de la misma naturaleza de afectación que la de los casos establecidos en el numeral en cita. Pero, además, la afectación tiene que ser evidente, segura y cierta. En el caso que nos ocupa, el Juez de Distrito para negar la suspensión solicitada sostuvo, por una parte, que en la especie no se causan daños y perjuicios de difícil reparación a la quejosa, lo que no se comparte, dado que aun en el caso de que llegase a obtener sentencia favorable, sí se le ocasionarían daños y perjuicios de difícil reparación, en virtud de que se le privaría de la facultad de disponer, usar y disfrutar del total de las ganancias objeto de intervención a la caja durante todo el tiempo que dure dicha medida. Por otra parte, el Juez a quo para negar la medida cautelar que se le solicitó y sostener que se afecta el interés social, efectuó una serie de concatenaciones de supuestos hipotéticos que, como tales, están sujetos a comprobación; de ahí que el supuesto que estimó el Juez de mérito como aquel en que pueda afectarse el interés social, no resulte evidente. Debe señalarse que la tesis que citó el Juez a quo de rubro: 'SUSPENSIÓN. CASO EN QUE RESULTA IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA INTERVENCIÓN CON CARGO A LA CAJA DE UNA EMPRESA CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS.', para apoyar su conclusión, en primer lugar no es tesis de jurisprudencia, sino una tesis aislada, además de que este tribunal no comparte dicho criterio por las razones antes precisadas. Finalmente, no se advierte que la tesis citada por el a quo de rubro: 'GASTO PÚBLICO, NATURALEZA CONSTITUCIONAL DEL.', sea aplicable al caso en particular. Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Es fundado el recurso de queja hecho valer por Ponciano Morales Flores, en su carácter de representante legal del Servicio Mazatepec, S.A. de C.V."

CUARTO. Por su parte, el ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver la queja 33/2000 el diecisiete de marzo de dos mil sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

Queja 33/2000.

"PRIMERO. El auto recurrido es del tenor literal siguiente: 'Puebla, Puebla, a diez de marzo de dos mil. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 239/2000, promovido por Hilados y Tejidos San Jorge, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de Adalberto Benítez Briones, contra actos del presidente de la República y otras autoridades, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 130, 131 y 132 de la Ley de Amparo; pídase a las autoridades responsables sus informes previos que deberán rendir dentro del término de veinticuatro horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda; se señalan las nueve horas con cinco minutos del día cuatro de abril del año dos mil para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Por lo que respecta a los actos reclamados del Congreso de la Unión, presidente de la República y secretario de Gobernación, consistentes en la expedición, publicación y refrendo del Código Fiscal de la Federación, concretamente en su artículo 165, se niega la suspensión provisional solicitada, en atención a que tales actos del proceso de formación legislativa del precepto legal antes mencionado, son actos consumados en contra de los cuales resulta improcedente conceder la suspensión, de conformidad con lo que establecen las tesis jurisprudenciales números 557, visible en la página 371 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, publicada bajo el rubro: «ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.» y 1103, visible en la página 1775, de la Segunda Parte de la compilación antes mencionada, publicada con el rubro: «LEYES. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS.». Por otra parte, en relación con los actos reclamados al administrador local de recaudación del Estado de Puebla el interventor con cargo a la caja de la negociación quejosa, José María Rosas Mora, actos consistentes en los oficios números 232-SAT-R5-L34-SCC.2000.4129 y 4130 de fecha diecisiete de febrero del año en curso, por los que se notifica la designación del interventor con cargo a la caja de la negociación embargada, y además se designa como depositario interventor a José Jaime Rosas Mora, así como las consecuencias derivadas de tales actos, se niega la suspensión provisional que solicita la quejosa para que el depositario actual no continúe ejerciendo su cargo en la caja de la negociación quejosa, pues en uso de las facultades discrecionales que establece el artículo 135 de la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión en materia fiscal se considera que el embargo decretado sobre la negociación quejosa se ejecuta a través de la intervención a la caja de la misma, que de manera sucesiva y permanente recaba el numerario indispensable para cubrir el crédito fiscal que adeuda, esto es, que el embargo derivado del crédito fiscal de que se trata se materializa y concreta con la función diaria del interventor con cargo a la caja de la quejosa, y de conceder la medida cautelar solicitada se permitiría que la empresa intervenida no hiciera aportaciones periódicas para cubrir el crédito que soporta por todo el tiempo de vigencia de la medida cautelar que se solicita, razones por las cuales se considera que en el caso no se satisfacen los requisitos que establece la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, ya que existe interés social en el pago oportuno y correcto de los impuestos de los contribuyentes, y además en el caso no obran en autos datos fehacientes que permitan establecer que los bienes que integran la empresa embargada sean suficientes para cubrir el crédito fiscal de que se trata. Notifíquese.'. SEGUNDO. La parte recurrente formuló los siguientes agravios. 'El auto que se combate a través del presente recurso no se encuentra ajustado a derecho por los siguientes razonamientos: De la lectura de la demanda de garantías se desprende que el promovente, en representación de Hilados y Tejidos San Jorge, S.A. de C.V. reclamó, entre otras autoridades, del administrador local de Recaudación de Puebla los oficios 322-SAT-R5-L34-SCC.2000.4129 y 4130 (oficios que en copia certificada acompaño a este recurso), la intervención con cargo a la caja de la negociación que represento, así como las consecuencias lógicas y jurídicas que derivan de dicho acto, y del interventor con cargo a la caja de la negociación que represento, designado por esta última, reclamé los actos de ejecución consistentes en la función de interventor de la caja de la empresa que represento; además solicité la suspensión provisional conforme a lo dispuesto por los artículos 124 y 135 aplicables a la Ley de Amparo en vigor, solicitando la medida cautelar de dichos actos y en contra de las autoridades que ya se han mencionado, a efecto de que se mantuvieran las cosas en el estado que se encontraban, sobre todo de que cesara la función del interventor, además de que de los documentos que se acompañaron se desprendía que el interés fiscal se encuentra garantizado; sin embargo, el a quo niega la suspensión provisional de los actos reclamados, argumentando que se contraviene el artículo 124, fracción II, ya que se sigue perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público, además de que mi representada debe cumplir con sus obligaciones fiscales y, por tanto, se debe dejar la intervención. Ahora bien, la resolución que se combate a través del presente recurso es ilegal por lo siguiente: Contrariamente a lo afirmado por el a quo, no es verdad que los actos de los cuales se pide la medida cautelar se sigan en perjuicio al interés social y contravengan disposiciones de orden público; en la especie, no se sigue ese perjuicio ni se contraviene el orden público, por lo que la concesión de la medida cautelar no privaría a la colectividad de algún beneficio que le otorguen las leyes o se le inferirían evidentes perjuicios al Estado porque se le prive a éste de la obtención de sumas que corresponden por concepto de impuestos; además, con la concesión de la medida cautelar no se evita el cumplimiento a las obligaciones de contribuir al gasto público, ya que ésta se otorgaría para el efecto de que no se obligue a la quejosa a un cambio de depositario interventor a la caja, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. A mayor abundamiento, cabe aclarar que si bien es cierto que la sociedad puede estar interesada en que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales que las leyes imponen, no menos cierto es que la suspensión provisional solicitada no impide que el quejoso prosiga cumpliendo con todas aquellas obligaciones fiscales a su cargo. Por otra parte, si bien es cierto es tradicional que todo procedimiento es de orden público y suspenderlo contraviene la fracción II del artículo 124 de la ley de la materia, tal criterio es correcto cuando se trata de procedimientos judiciales o administrativos tendientes a resolver un conflicto, esclarecer una situación o declarar un estado o situación jurídica, pues en estos casos la sociedad sí está interesada en que los procedimientos no se detengan. En el caso no se presenta tratándose de un procedimiento de ejecución fiscal, ya que en estos casos no se tiende a solucionar un conflicto, al esclarecimiento de ciertos hechos o declaración jurídica, pues ya existe una resolución fiscal. En este orden de ideas, aunque el procedimiento fiscal indudablemente es de orden público, los actos de ejecución tendientes a hacer efectivos los créditos ya determinados sí pueden ser suspendidos y con más razón si se encuentran garantizados como en el caso, ya que pueden causar daños y perjuicios de imposible reparación al quejoso, siendo éste el objeto de la medida que se solicitó. Por otro lado, no obstante ser repetitivo, el interés fiscal se encuentra garantizado con el embargo a la empresa quejosa y atendiendo a la fracción II del artículo 124 de la ley de la materia sí es factible que se causen daños y perjuicios de difícil reparación. Al efecto, son aplicables las siguientes tesis que a continuación se transcriben: «Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 181-186, Sexta Parte. Página: 201. SUSPENSIÓN EN MATERIA FISCAL. EMBARGO PRACTICADO COACTIVAMENTE POR LAS RESPONSABLES, ES GARANTÍA SUFICIENTE PARA QUE SURTA EFECTOS LA MEDIDA, QUEDANDO EN TODO CASO A CARGO DE LAS AUTORIDADES LA PRUEBA DE LO CONTRARIO. El embargo por excelencia es un medio de aseguramiento del interés fiscal, que tienen a su disposición las autoridades, pudiendo realizarlo de manera coactiva. En efecto, la esencia de estas diligencias de embargo se reduce en principio a asegurar los adeudos tanto principales como accesorios, que los particulares tuvieran respecto del fisco, resultando una forma de garantía inclusive coactiva, pues la autoridad puede practicarla aun en contra de la voluntad del destinatario. Así, si no es punto controvertido la práctica de un embargo por las responsables sobre bienes de la quejosa, toda vez que desde la demanda de garantías así se afirmó, documento con el que se les corrió traslado a todas las autoridades que en ningún momento negaron o controvirtieron la existencia del aludido acto de aseguramiento, en los términos descritos el Juez a quo actuó correctamente al considerar que el interés fiscal se encontraba garantizado ante la autoridad exactora, pues fue ésta quien coactivamente y a su satisfacción practicó la citada diligencia sobre los bienes de la agraviada, y si estimaba que la garantía resultaba insuficiente, debió hacerlo saber al Juez de primera instancia, acreditando su dicho, para que el funcionario judicial estuviera en aptitud de exigir garantía a la quejosa de aquella parte del crédito y sus accesorios que no se consideraba asegurada, pues quien afirma debe probar, y resulta incorrecto que la revisionista pretenda revertir la carga de la prueba de la suficiencia o insuficiencia de la garantía del interés fiscal en la demandante de amparo, especialmente en estos casos en los cuales ya se han practicado embargo por las autoridades en los bienes de la quejosa.». «Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 175-180, Sexta Parte. Página: 208. SUSPENSIÓN. GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL.» (la transcribe). «Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 181-186, Sexta Parte. Página: 205. SUSPENSIÓN. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FISCAL. SÍ ES PROCEDENTE.» (la transcribe).'. TERCERO. No es materia del presente recurso la negativa de la suspensión provisional decretada por la Juez Federal respecto de los actos reclamados al Congreso de la Unión, presidente de la República y secretario de Gobernación, consistentes en la expedición, publicación y refrendo del Código Fiscal de la Federación, concretamente en su artículo 165, toda vez que la recurrente no expresa agravio alguno al respecto, por lo que tal decisión debe subsistir por sus propios fundamentos. CUARTO. Los agravios hechos valer deben desestimarse por las razones que enseguida se exponen. De la demanda de garantías se advierte que los actos reclamados por la aquí inconforme consistieron, entre otros, en la designación de José Jaime Rosas Mora como interventor con cargo a la caja de la empresa quejosa y sus consecuencias, contenida en los oficios 322-SAT-R5-L34-SCC.2000.4129 y 4130 de fecha diecisiete de febrero del año en curso, emitidos por el administrador local de Recaudación del Estado de Puebla (foja 2), respecto de la que se solicitó la suspensión provisional con el objeto de que cesara en su función (fojas 23 y 24). La Juez Federal negó la suspensión provisional de tales actos, en virtud de que de conceder tal medida se permitiría que la empresa intervenida no hiciera aportaciones periódicas para cubrir el crédito que soporta por todo el tiempo de vigencia de la medida cautelar, por lo que en el auto recurrido se consideró que no se satisfacen los requisitos que establece la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, puesto que existe interés social en el pago oportuno y correcto de los impuestos de los contribuyentes (foja 28). Conviene precisar que el artículo 124, fracción II, de la Ley de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17495-3cadba12/suspension-en-materia-fiscal-procede-otorgarla-en-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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