FIANZAS DE NATURALEZA DISTINTA A LA FISCAL. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA DEMANDAR LA IMPROCEDENCIA DE SU COBRO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE PAGO RESPECTIVO. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PUEDE SUSCITARSE EN TORNO A LA APLICABILIDAD DE UNA JURISPRUDENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 170/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Con el propósito de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben.
La parte considerativa de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 250/2003, promovido por Fianzas Comercial América, Sociedad Anónima, a través de su apoderado legal, Víctor Hugo Flores Arrieta, en lo que aquí interesa, es del texto siguiente:
"SÉPTIMO. Es totalmente ineficaz el único concepto de violación expuesto por la quejosa y, por ende, se niega el amparo solicitado al tenor de lo siguiente. En él esencialmente arguye la quejosa que la Sala Fiscal, en franca violación a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, y 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, indebidamente consideró inaplicables supletoriamente los artículos 1075 del Código de Comercio, 284 y 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como el 255 y 258 del Código Fiscal de la Federación, con lo que concluyó que la demanda de nulidad se presentó extemporáneamente, esto es, fuera del plazo de treinta días naturales que tenía la empresa fiadora para inconformarse contra el requerimiento de pago de pólizas de fianzas que garantizaron obligaciones de tipo penal, esto es, no fiscales. Que si bien el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas prevé el plazo de treinta días naturales para inconformarse contra el requerimiento de pago, lo cierto es que el mismo precepto omite establecer la forma en que debe computarse dicho plazo, ya que no refiere en qué momento surte efectos la notificación y, por ende, cuándo debe iniciar el correspondiente cómputo. Que bajo esta perspectiva, debe estarse a lo que disponen supletoriamente los artículos de los ordenamientos anteriormente citados y así determinar que la demanda de nulidad se presentó oportunamente. Que es más, la Sala Fiscal dejó de aplicar criterio similar al asumido en otro asunto, en el que resolvió conforme a la jurisprudencia de rubro: ‘FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS. TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.’. Argumentos que devienen infundados. Primeramente, es irrelevante que en casos similares la Sala responsable haya resuelto en diverso sentido, pues no existe norma alguna ni criterio de jurisprudencia que la obligue a seguir sus propios criterios emitidos en otros asuntos similares sometidos a su potestad, ya que pueden variar, siempre y cuando funde y motive debidamente dicho proceder. Por otro lado, se advierte que, en la especie, el argumento aducido se hace depender de un criterio de jurisprudencia que se refiere a las reglas a que debe estarse en la presentación de una demanda de nulidad cuando se impugna el requerimiento de pago de pólizas de fianzas otorgadas a favor de la Federación y que garantizan obligaciones fiscales, en cuyo caso, según el texto de la citada jurisprudencia, debe ser a los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, como lo dispone el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, esto es, dicho criterio no alude a pólizas de fianzas otorgadas a favor de una entidad federativa que garantizan obligaciones de índole no fiscal, concretamente de tipo penal, tal como en la especie ocurre y cuyo punto a debate es cómo computar el inicio del plazo de treinta días naturales que prevé la fracción V del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Ahora bien, resultan ineficaces los argumentos tendentes a combatir la determinación de la Sala Fiscal, en cuanto sostuvo que en la especie no cabe la aplicación supletoria tanto del Código Federal de Procedimientos Civiles como del Código Fiscal de la Federación, para computar el plazo de treinta días a que hace referencia el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, esto es, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación correspondiente, ya que esta última disposición es muy clara en establecer que debe ser a partir de la fecha en que se realiza el correspondiente requerimiento. En efecto, el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en sus fracciones III y V, contempla: ‘Artículo 95.’ (se transcribe). De lo anterior se colige, como correctamente lo sostuvo la Sala Fiscal, primero, que en el mismo requerimiento de pago se apercibirá a la institución fiadora de que si en el plazo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que dicho requerimiento se realice, no hace el pago de las cantidades que se le reclaman, se le rematarán valores en los términos de dicho dispositivo legal; y, segundo, que en el caso de inconformidad contra el requerimiento de pago la institución de fianzas, dentro del plazo de treinta días naturales señalado en la fracción III de dicho artículo, demandará la improcedencia del cobro ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la jurisdicción que corresponda a la ubicación de los establecimientos o de la del apoderado designado. Luego, es la propia ley de la materia la que regula la forma de realizar el cómputo para inconformarse por parte de la institución fiadora, señalando expresamente que el plazo de treinta días naturales de que habla la fracción V del precitado artículo 95 es aquel que se señala en la fracción III del propio precepto, que dispone que el plazo otorgado se contará a partir de la fecha en que el requerimiento se realice. Esto es, tanto el plazo conferido para hacer el pago de las cantidades reclamadas como el diverso plazo para inconformarse contra el requerimiento de pago son de treinta días naturales, y tanto uno como otro deben computarse conforme a la fracción III; es decir, ‘contado a partir de la fecha en que dicho requerimiento se realice ...’. Por tanto, debe concluirse que en el caso a estudio correctamente determinó la Sala Fiscal que no cabía la figura de la supletoriedad respecto al supuesto analizado, pues para ello necesariamente debían concurrir determinados requisitos, citando al efecto diversas tesis alusivas y que a continuación se reiteran por considerarlas aplicables este Tribunal Colegiado. La emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo el número I.4o.C. J/58, de la Octava Época, consultable en la página treinta y tres de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, que dice: ‘SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE.’ (se transcribe). Así como la emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número 1035, de la Octava Época, visible en la página setecientos trece del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, que dice: ‘SUPLETORIEDAD DE LAS NORMAS. CUÁNDO OPERA.’ (se transcribe). A mayor abundamiento, tratándose de conflicto aparente de leyes, es principio de interpretación de normas que la especial impera como excepción sobre la general, tal como ilustrativamente lo señala la tesis aislada de la Quinta Época, emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, en su anterior integración, visible en la página dos mil setenta y dos del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLV, que dice: ‘LEYES ESPECIALES EN OPOSICIÓN A LEYES GENERALES.’ (se transcribe). En esa medida, es correcta la determinación de la Sala Fiscal en el sentido de que si la ley especial, en este caso la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, prevé la manera de computar el inicio del plazo de treinta días naturales respectivo, es inconcuso que no es correcto acudir a la figura de la supletoriedad, pues la norma especial sí contempla el supuesto que se pretende suplir; máxime que el artículo 258 del Código Fiscal de la Federación que se pretende aplicar contiene distintas regulaciones sobre este aspecto. Por otro lado, carece de razón la quejosa en cuanto afirma que si la notificación del requerimiento se realiza, incluso a las veintitrés horas con cincuenta minutos de un día determinado, el mismo no puede considerarse dentro del cómputo de los treinta días que tiene para presentar su demanda de nulidad. Con independencia de que dicho supuesto no se encuentra probado en autos, el mismo sería jurídicamente inadmisible, pues por disposición expresa del artículo 13 del Código Fiscal de la Federación, para que una notificación de tal naturaleza fuera válida tendría que haberse realizado en día hábil y en un horario comprendido entre las siete treinta y las dieciocho horas, y en esa virtud el artículo 95, conforme a sus fracciones III y V, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, claramente establece que el plazo de treinta días naturales para inconformarse o presentar la demanda de nulidad debe computarse a partir de la fecha en que el requerimiento se realiza. Finalmente, no escapa a este tribunal el criterio de jurisprudencia número P./J. 90/2000, de la Novena Época, emitido por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis número 24/99-PL, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en sesión de veintinueve de mayo de dos mil, consultable en la página siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, septiembre del citado año, que reza: ‘FIANZAS. EN EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA INCONFORMARSE CON EL REQUERIMIENTO DE PAGO DE LAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DISTRITO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS, CUANDO GARANTIZAN OBLIGACIONES NO FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES APLICABLE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). Empero, aunque dicho criterio interpreta el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, no resulta aplicable al caso concreto, pues de su contenido, y especialmente de su ejecutoria, aparece que el Pleno de nuestro más Alto Tribunal no abordó en absoluto el problema que nos atañe, seguramente porque no había necesidad de ello y, por tanto, únicamente se limitó a definir el problema no previsto en dicha ley especial, acerca de cuando el último día del plazo resultaba inhábil, lo que es distinto. Por ello, no obliga a este tribunal su invocación en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, ya que dicho criterio, se insiste, versa sobre distinto supuesto jurídico, pues se refiere a cuando el último día para la presentación de la demanda de nulidad, que es de treinta días naturales conforme lo dispone el aludido artículo 95, recae en día inhábil, mientras que en la especie tiene que ver con la fecha en que debe iniciar el correspondiente cómputo. En esta tesitura, habiendo resultado ineficaz el único concepto de violación aducido por la quejosa, lo que procede es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa Fianzas Comercial América, Sociedad Anónima, en contra del acto reclamado a la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en la ciudad de Puebla, consistente en la interlocutoria de tres de marzo de dos mil tres, dictada en el juicio de nulidad número 3861/02-12-01-2."
La ejecutoria antes transcrita, dio origen a la tesis aislada de rubro, texto y datos de publicación siguientes:
"FIANZAS QUE GARANTIZAN OBLIGACIONES NO FISCALES. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA INCONFORMARSE CONTRA EL REQUERIMIENTO DE PAGO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DICHA DILIGENCIA SE REALIZA Y NO AL DÍA SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. El artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece que las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas a elección del beneficiario, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 93 y 93 bis de la citada ley, o bien, de acuerdo con el que previene el propio artículo 95; por su parte, la fracción V de este dispositivo legal dispone que en caso de inconformidad contra el requerimiento de pago de esas fianzas, la institución afianzadora, dentro del plazo de treinta días naturales a que se refiere la fracción III del mismo numeral, demandará la improcedencia del cobro ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por su parte, la fracción III del citado artículo 95 dispone que en el mismo requerimiento de pago se apercibirá a la institución fiadora de que si dentro del plazo de treinta días naturales ‘contado a partir de la fecha en que dicho requerimiento se realice’ no hace el pago de las cantidades que se le reclaman, se le rematarán valores en los términos a que alude el mismo precepto. De lo que se colige que la norma especial que se interpreta sí regula la forma en que debe computarse el inicio del plazo para inconformarse en contra del requerimiento de pólizas de fianzas de carácter no fiscales, esto es, a partir de la fecha en que dicho requerimiento se realiza sin que, por tanto, quepa la aplicación supletoria del artículo 258, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que dispone que los plazos deben computarse a partir del día siguiente de aquel en que surte efectos la notificación correspondiente." (Novena Época. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVIII, noviembre de 2003. Tesis: VI.3o.A.162 A. Página: 966).
CUARTO. La parte considerativa de la sentencia dictada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del propio circuito, al resolver el amparo directo 312/2002, promovido por Afianzadora Insurgentes, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de sus apoderados, en lo que aquí interesa, es del texto siguiente:
"... QUINTO. El único concepto de violación expresado por la quejosa resulta sustancialmente fundado para otorgar el amparo solicitado. Argumenta la impetrante en su libelo constitucional, que la Sala responsable de manera improcedente desecha su demanda de nulidad por extemporánea, ya que considera que de la interpretación armónica de los artículos 258 del Código Fiscal de la Federación y la fracción V del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se desprende la manera en que debe computarse el término para la presentación de la demanda de nulidad. Manifiesta que resulta aplicable el artículo 258 del código tributario, al señalar que el cómputo del plazo empezará a correr a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, así como el artículo 292 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en la parte que dispone que los días se entenderán de veinticuatro horas naturales, contadas de las veinticuatro a las veinticuatro horas, por lo que se colige que día natural es aquel que cuenta de las cero a las veinticuatro horas en toda su extensión temporal, aunado a que si el plazo para inconformarse contra el requerimiento de pago a que se refiere el artículo 95, fracciones III y V, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se computa a partir de la fecha en que dicho requerimiento se efectúe, ello no implica u obliga que la notificación surta sus efectos precisamente en la fecha en que se realiza, pues un verdadero sentido lógico conduce a concluir que debe excluirse el día en que se realizó tal actuación, ya que le hace falta espacio de tiempo, toda vez que no abarca de las cero a las veinticuatro horas, porque de no ser así se reduciría el plazo de treinta días que la ley concede, por lo que debe de empezar a contabilizarse a partir del día siguiente al en que se realiza la notificación. Resulta sustancialmente fundado lo expresado por la quejosa, relativo a que el término que se le otorgó debe contabilizarse a partir del día nueve de abril del año en curso, al aplicarse el artículo 258 del Código Fiscal de la Federación para realizar el cómputo del término a que se refieren las fracciones III y V del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, así como lo que arguye respecto de que aun cuando las fracciones anteriormente mencionadas establecen que el término que señalan se computa a partir de la fecha en que se efectúe el requerimiento al que se refieren, ello no implica ni establece que la notificación surta sus efectos precisamente en la fecha en que se realiza y que ese día debe considerarse en el cómputo relativo. Se dice lo anterior atento las siguientes consideraciones. Las fracciones III y V del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establecen lo siguiente: (se transcriben). Tal como se desprende de la transcripción anterior, la fracción III en comento, establece un plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha en que dicho requerimiento se realice, sin embargo, ningún numeral contenido en el ordenamiento legal que lo contiene hace referencia o establece de manera clara y precisa la forma en que deba computarse dicho término, ni el momento en que surte efectos la notificación del requerimiento a que hace referencia, por lo que si la ley especial no contempla tales cuestiones debe atenderse a una legislación diversa que le pudiera ser aplicable de manera supletoria, que en el caso en particular lo es el Código Fiscal de la Federación, ya que la fracción V, transcrita con anterioridad, establece que en caso de inconformidad la institución de fianzas demandará la improcedencia del cobro ante la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación. Al respecto, el código tributario en su artículo 197 establece lo siguiente: (se transcribe). De lo dispuesto por el numeral anterior, en concatenación con lo establecido por la fracción V del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se concluye que la inconformidad a que hace referencia deberá sujetarse a lo que establezca el Código Fiscal, por lo que la manera en que habrá de computarse el término de treinta días naturales que contempla deberá realizarse conforme a las reglas que establece el código tributario para dichos efectos, máxime que no debe perderse de vista que todo requerimiento se realiza mediante una notificación, por lo que debe atenderse necesariamente a las disposiciones legales que las regulan. Lo anteriormente expuesto encuentra sustento, en lo conducente, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 90/2000, del Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 7, que es del rubro y texto siguientes: ‘FIANZAS. EN EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA INCONFORMARSE CON EL REQUERIMIENTO DE PAGO DE LAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DISTRITO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS, CUANDO GARANTIZAN OBLIGACIONES NO FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES APLICABLE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). Por otra parte, contrario a lo considerado por la Sala responsable, no podría aplicarse de manera aislada lo que establece la fracción V del artículo 95 en comento, toda vez que la notificación del requerimiento sólo puede afectar al notificado cuando ésta surte sus efectos y no antes, por lo que si establece que el término que fija se contará a partir de la fecha en que se realice el requerimiento, debe entenderse que el cómputo de dicho término sólo podrá hacerse después de que surta sus efectos, pues es el momento en que se perfecciona jurídicamente la notificación de dicho requerimiento, aun cuando no se diga expresamente en el numeral que lo contempla. Así lo consideró el Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número P./J. 77/2000, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 40, aplicada al caso de manera analógica, que es del tenor siguiente: ‘INCONFORMIDAD. EL PLAZO PARA PROMOVERLA ES EL DE CINCO DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO O INEXISTENTE LA REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe). Realizadas las consideraciones anteriores, debe determinarse en qué momento surte efectos la notificación del requerimiento a que hace referencia la fracción V del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por lo que, como ya se expuso, deberán aplicarse las reglas que establece el Código Fiscal de la Federación y, para tal efecto, el artículo 255 del ordenamiento legal antes citado, dispone lo siguiente: (se transcribe). Asimismo, para realizar el cómputo de los treinta días naturales a que hace referencia la mencionada fracción V del artículo 95, tal como argumenta la quejosa en su concepto de violación, deberá aplicarse lo que establece el artículo 258 del código tributario, que es de la letra siguiente: (se transcribe). En virtud de lo anteriormente expuesto, la Sala Fiscal debió haber realizado el cómputo de los treinta días naturales de acuerdo con las reglas que para tal efecto establecen los artículos 255 y 258 anteriormente citados, y no de la manera en que interpretó lo estipulado por las fracciones III y V de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, ya que dicho término debe computarse acorde con lo que dispone el Código Fiscal y no de forma aislada como lo hizo. Resulta aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 18/93 emitida por la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 72, diciembre de 1993, página 19 que textualmente dice: (se transcribe). A manera de ilustrar la identidad del caso en particular, con el que resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte, se transcriben a continuación parte de las consideraciones que realizó en la ejecutoria de la cual deriva la jurisprudencia que se cita, que a la letra determinó: ‘Los referidos preceptos de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal, disponen lo siguiente: (transcribe los artículos 40 y 44, fracción I, de la referida ley). Pues bien, para hacer una debida interpretación de los numerales antes transcritos debe tenerse presente que es principio de hermenéutica jurídica, y criterio jurisprudencialmente aceptado, el de que la referida interpretación de las disposiciones que integran un ordenamiento legal debe realizarse de manera tal que sus mandatos no se contradigan, sino que, por el contrario, se complementen y armonicen entre sí, para así desentrañar el verdadero sentido y alcance del mandato legislativo. Así las cosas y tomando en consideración que las disposiciones contenidas en los artículos 40 y 44, fracción I, antes transcritos regulan, para los efectos del procedimiento contencioso administrativo que establece la ley a que pertenecen, la forma en que surten sus efectos las notificaciones, así como la manera de hacer el cómputo de los términos, resulta incuestionable que dichos mandatos son los que deben aplicarse en todos los casos en que sea necesario hacerlo en tratándose del juicio contencioso administrativo, pues sólo así se alcanza seguridad jurídica en la sustanciación de dicho juicio y se evita el generar indefensión para las partes. Por tanto, aun cuando el artículo 84 de la mencionada ley, que establece la forma y términos en que deberá hacerse valer el recurso de reclamación que la propia ley consagra contra las providencias o acuerdos de trámite dictados por el presidente del tribunal, por el presidente de cualesquiera de las Salas o por los Magistrados, así como en los demás casos señalados por ella, disponga que el referido recurso se interpondrá dentro del término de tres días contados «a partir de la fecha de notificación correspondiente», no por ello es dable considerar que la referida expresión a partir de la fecha de notificación correspondiente constituya una regla distinta de la señalada en el artículo 44, fracción I, consistente en que el cómputo de los términos establecidos por la propia ley se hará a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación respectiva, sino que dicha expresión debe entenderse en armonía con este último numeral y con la disposición contenida en el artículo 40, que es el que señala el momento en que la notificación queda debidamente hecha, esto es, cuando surte sus efectos, que lo es al día siguiente en que se realiza.’. Ante lo sustancialmente fundado de los conceptos de violación expresados por la quejosa, atento las consideraciones anteriormente expuestas y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, relativo a la obligatoriedad de la aplicación de la jurisprudencia que establezca la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de lo expuesto por el tercero perjudicado, debe otorgarse el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable emita una nueva resolución en la que realice el cómputo que establece el artículo 95, en sus fracciones III y V, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aplicando las reglas que para dichos efectos fijan los artículos 255 y 258 del Código Fiscal de la Federación, por lo que deberá tener su demanda presentada en tiempo. Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Para los efectos precisados en esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Afianzadora Insurgentes, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acto que reclamó de la Sala Regional Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en esta ciudad."
La anterior resolución, dio origen a la tesis aislada número XVII.2o. 23 A, publicada en la página 989, Tomo XVII, junio de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente:
"FIANZAS QUE GARANTIZAN OBLIGACIONES DE NATURALEZA DISTINTA A LA FISCAL. EL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DEL REQUERIMIENTO DE PAGO SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE DICHO REQUERIMIENTO. El artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas dispone que cuando esas instituciones otorguen fianzas a favor de la Federación, Distrito Federal, Estados o Municipios, se harán efectivas a favor del beneficiario a través de los procedimientos establecidos en los numerales 93 y 93 bis de dicha ley, o bien, de conformidad con las bases que fija el reglamento del mencionado artículo 95, con excepción de las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación; asimismo, su fracción III señala que en el requerimiento de pago se apercibirá a la institución fiadora, de que si dentro del plazo de treinta días naturales, contado a partir de la fecha en que dicho requerimiento se realice, no hace el pago de las cantidades que se le reclaman, se le rematarán valores en los términos de este artículo, y a su vez la fracción V de dicho artículo dispone que en caso de inconformidad contra el requerimiento de pago, la institución de fianzas dentro del plazo de treinta días naturales, señalado en la fracción III, demandará la improcedencia del cobro ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la jurisdicción que corresponda a la ubicación de los establecimientos o la del apoderado designado, donde se hubiere formulado el citado requerimiento, debiendo la autoridad ejecutora suspender el procedimiento de ejecución cuando se compruebe que se ha presentado oportunamente la demanda respectiva. De lo anterior se advierte que, en estos casos, se otorga a las afianzadoras un plazo de treinta días naturales para inconformarse contra el requerimiento de pago de las cantidades que se les reclamen contado a partir de la fecha en que dicho requerimiento se realice, sin especificar de manera clara y precisa la forma en que deba computarse el término, ni tampoco en qué momento surtirá efectos la notificación del aludido requerimiento, por lo que si la ley especial no precisa tales cuestiones debe aplicarse de manera supletoria el Código Fiscal de la Federación, pues la fracción V comentada con anterioridad, permite tal situación al establecer que en caso de inconformidad la institución de fianzas demandará la improcedencia del cobro ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y al respecto, el código tributario establece en su artículo 197 que los juicios que se promuevan ante el Tribunal Fiscal de la Federación ahora el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de ese título, por lo que en razón de ello, la manera en que habrá de computarse el referido plazo de treinta días naturales, será sujetándose a las reglas que para tal efecto establecen los artículos 255 y 258, ambos del código tributario, es decir, empezará a contar a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago y no antes, por ser el momento en que se perfecciona dicha notificación,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18098-67a69ee1/fianzas-de-naturaleza-distinta-a-la-fiscal-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- NULIDAD. LA DECRETADA POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITE EL CRÉDITO FISCAL O UNO DE LOS ACTOS INTEGRANTES DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN, NO PUED (CONTRADICCIÓN DE TESIS 163/2007-SS)
- INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (ISAPEG). LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEBEN APLICARSE EN TODO AQUELLO QUE FAVOREZCA A SUS TRA (CONTRADICCIÓN DE TESIS 93/2007-SS)
- CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS. AL SER LA SUSPENSIÓN DE SU REGISTRO UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LE CAUSA AGRAVIO EN MATERIA FISCAL, ES IMPUGNABLE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 196/2006-SS)
- AUDITORÍA FISCAL. LOS ACTOS QUE EMITAN LOS SUBADMINISTRADORES LOCALES EN SUPLENCIA DEL ADMINISTRADOR LOCAL, SON VÁLIDOS AUN CUANDO NO ESTÉ DESIGNADO ESTE ÚLTIMO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 211/2004-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- EXCLUYENTES. (s/clave)
- EXCLUYENTES.- (4462)
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. DEBE CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
- AGRAVIOS EN LA REVISIÓN, SON INATENDIBLES LOS QUE YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN UNA EJECUTORIA ANTERIOR. (VI.A. J/8)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis