AUDITORÍA FISCAL. LOS ACTOS QUE EMITAN LOS SUBADMINISTRADORES LOCALES EN SUPLENCIA DEL ADMINISTRADOR LOCAL, SON VÁLIDOS AUN CUANDO NO ESTÉ DESIGNADO ESTE ÚLTIMO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 211/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO (HOY SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL), AMBOS DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Con el propósito de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por los órganos colegiados que lo motivaron, por lo que a continuación se transcriben.
La parte considerativa de la sentencia dictada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito (hoy Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito), en el recurso de revisión fiscal con número de toca R.F. 121/2003, promovido por el administrador local jurídico de Mérida, Yucatán, en lo que aquí interesa, es del texto siguiente:
"QUINTO. El agravio propuesto por el administrador local jurídico de Mérida, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada, es fundado. Previo al estudio y análisis de los motivos de desacuerdo propuestos, resulta pertinente señalar los siguientes antecedentes que informan el caso: (los relata). Precisados los antecedentes, se procede al estudio y análisis del agravio propuesto por la autoridad recurrente, en el que, en síntesis, se hace valer que en el caso, se da una violación a los artículos 236, 237, 238, fracción I y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, porque a su juicio la Sala Fiscal hizo caso omiso a lo regulado y establecido en el artículo 24, penúltimo párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que prevé que los administradores serán suplidos indistintamente por los subadministradores que de ellos dependan. Asimismo, manifiesta la recurrente que es ilegal lo resuelto por la Sala juzgadora, toda vez que la actuación del subadministrador 1 de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Villahermosa, al haber emitido la orden de visita se encuentra ajustada a derecho, toda vez que se encontraba supliendo la ausencia del administrador de la citada administración. Que la Sala responsable pasa por alto que la ausencia se actualiza indispensablemente y/o necesariamente por la falta del titular (administrador) de la administración, en la especie, del administrador de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Villahermosa, y no como se pretende por la falta de la persona física que deba tener facultades sobre las cuales es suplido, es decir, de la persona física que detenta el cargo de administrador. Que la Sala pierde de vista en sí, la esencia de la figura de la suplencia por ausencia, ya que el legislador al haber considerado que el titular pueda ser suplido, es con el objeto de una colaboración y coordinación administrativa, que permita el ejercicio de la función pública de manera ininterrumpida, es decir, la justificación de la suplencia se reduce a un apoyo instrumental que perfecciona y complementa el desarrollo de un acto emanado del suplido. Que cuando un funcionario actúa sustituyendo al titular como consecuencia de su ausencia, es con la intención de evitar la paralización de la marcha normal de la dependencia. Que al resolver en los términos en que lo hizo la Sala Fiscal pretende que se paralice el movimiento de la administración, por la ausencia del titular de la misma, dado que esa no fue la intención del legislador al haber establecido en el precepto citado, suplencia por ausencia del titular de la administración a su cargo. Que la intención del legislador al establecer la figura de la suplencia por ausencia en el penúltimo párrafo del artículo 24 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, fue con el objeto de que ante la ausencia del titular de la administración, el mismo pueda ser suplido, indistintamente, por los subadministradores que de ellos dependan, con la intención de que no se paralice el movimiento de las actividades cotidianas de la administración a su cargo. Que el artículo 24 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, prevé que los administradores serán suplidos por ausencia, indistintamente, por los subadministradores que de ellos dependan, y el último párrafo del artículo 21 del reglamento antes citado, establece que las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal estarán a cargo de un administrador, quien será auxiliado en el ejercicio de sus facultades, entre otros por los subadministradores 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, que si hay ausencia del administrador, quienes están facultados a suplir su ausencia son los subadministradores, como en el caso aconteció. Que en esa medida, es claro que el subadministrador 1, quien firmó la orden de visita en suplencia del administrador local de Auditoría Fiscal de Villahermosa, lo hizo con estricto apego a derecho, toda vez que funda debidamente su competencia con que suscribe la orden en el artículo 24, penúltimo párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, precisamente por ausencia del titular de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Villahermosa. Que aun cuando el subadministrador que suscribió la orden de visita no es el titular del ente público depositario de tales facultades, debe considerarse que dicho acto lo efectuó en suplencia por ausencia del titular, lo cual se encuentra perfectamente establecido en el numeral 24, penúltimo párrafo, del reglamento antes citado. Que bajo este contexto, es ilegal que la Sala Fiscal resolviera que como no existía persona alguna que ejerciera las atribuciones al mismo otorgadas, materialmente no había a quien suplir, ya que la ausencia se configura por la falta del titular de la administración, y no por la falta de la persona física como ilegalmente señala. Este órgano colegiado considera fundado el agravio propuesto, por las razones que a continuación se expresan. En primer término cabe destacar, que todo acto de autoridad en materia fiscal debe de encontrarse signado por funcionario público debidamente autorizado para ello, es decir, sólo la autoridad que se encuentre facultada para emitir el acto administrativo de que se trate, por regla general, puede confeccionarlo con efectos jurídicos plenos. Se entiende que un ente de gobierno posee potestad para realizar la actuación de que se trate, cuando se encuentra investida de competencia para ello. Ahora bien, resulta conveniente definir qué se entiende en nuestro derecho positivo por delegación de facultades, al respecto, el Diccionario Jurídico Mexicano, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, México, 1999, página 862, define que por delegación de facultades debe de entenderse ‘el acto jurídico general o individual, por medio del cual un órgano administrativo transmite parte de sus poderes o facultades a otro órgano.’. Por su parte, el jurista Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, en su libro intitulado ‘Elementos de Derecho Administrativo’ señala que ‘La delegación de competencia consiste en la transmisión del ejercicio de facultades que un órgano hace a favor de otro inferior, ya sea en forma total o parcial ...’ (Editorial Harla, México, 1986, página 83). De las transcripciones anteriores se advierte que ambas definiciones coinciden en indicar que la naturaleza jurídica de la delegación de facultades entraña un ejercicio de transmisión, es decir, existe la transmisión de un derecho por parte de un ente público, generalmente jerárquicamente superior, a otro que recibe esa potestad transmitida. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia VI.2o. J/146, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, septiembre de 1991, página 69, cuyo rubro y contenido son del tenor literal siguiente: ‘DELEGACIÓN DE FACULTADES.’ (se transcribe). Por tanto, para que un acto de delegación de facultades sea legal, es menester que exista el fundamento jurídico que da potestad al delegante de realizar tal transmisión, así como del que lo defina como titular de la competencia que se cede, el delegado y receptor de la competencia transmitida debe de contar con el fundamento legal que lo autorice a recibir tal potestad. Ahora bien, la suplencia por ausencia, es el acto administrativo por virtud del cual se sustituye la ausencia de un funcionario por otro. Para que la suplencia por ausencia resulte ajustada a derecho, es menester que el suplido tenga facultad expresa regulada en la ley para sustituir, por su parte el sustituido debe de ser titular de la competencia cuyo ejercicio se sustituye y contar con el fundamento legal de procedibilidad de la figura legal en trato, es decir, de la propia suplencia. En consecuencia, podemos aseverar que la suplencia por ausencia y la delegación de facultades, son figuras jurídicas distintas. En apoyo a lo anterior se cita, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este tribunal también comparte, visible en la página 521 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, tesis I.4o.A.304 A, que dice: ‘DELEGACIÓN DE FACULTADES Y SUPLENCIA POR AUSENCIA. DISTINCIÓN.’ (se transcribe). La distinción anterior, se hizo para efecto de clarificar dichos conceptos y distinguir que en la figura de la suplencia por ausencia, no se ejercen facultades propias, sino pertenecientes al ente jurídico a quien se le encomienda su ejercicio. Por otra parte, cabe destacar, que originalmente la competencia se confiere al ente del órgano de la administración pública, que si bien materializa los actos a través de una persona física, lo cierto es que las facultades y atribuciones pertenecen al ente en sí considerado, por lo que para examinar si su actuación se encuentra o no dentro su ámbito competencial, esto es, si tiene o no facultad para emitirlo, debe analizarse a la luz de los preceptos que le confieran la atribución que pretende ejercer. La competencia, es la posibilidad que tiene un órgano de actuar; la ley le asigna al órgano determinados asuntos que puede o debe atender. Por su parte, las facultades se refieren a los servidores públicos, o sea a la aptitud que éstos reciben de la legislación para emitir los actos necesarios a fin de ejercer la competencia del órgano. Así, tenemos que el acto administrativo debe ser producido por un órgano competente, mediante un funcionario o empleado con facultades para ello. La competencia la asigna la ley; las facultades deben estar contempladas también en una ley o, por disposición de éstas, en un reglamento o acuerdo de delegación de facultades. La existencia de una autoridad (e incluso su competencia), no depende de que haya una persona nombrada como titular, puesto que derivado de los cambios que se dan en la administración pública, precisamente se previó el que se cubran las ausencias de aquél a fin de no obstaculizar o paralizar las funciones encomendadas al Estado. Por tanto, contrario a lo resuelto por la Sala Fiscal, la ausencia de un titular, sea cual fuere la causa, no hace inexistente el cargo, ni inexistente la competencia, más bien se previó que el vacío temporal puede ser llenado por quien la ley o el reglamento disponga. Si bien es verdad que el suplente actúa en nombre y representación del suplido, y sus actos son susceptibles de combatirse como si se tratase del titular, también lo es que la competencia pertenece al ente y no a la persona física que lo representa, pues a ésta sólo corresponde la materialización de los actos. En apoyo a lo anterior se cita, en lo que informa, la tesis I.7o.A. 18 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este tribunal comparte, visible en la página 753 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, página 753, que dice: ‘FACULTAD INDELEGABLE. ES UNA FIGURA JURÍDICA DIVERSA A LA SUPLENCIA POR AUSENCIA DE UN FUNCIONARIO.’ (se transcribe). Por lo que, en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, si los administradores pueden ser suplidos por los subadministradores que de ellos dependan, es pues lógico concluir que al haber emitido la orden de visita del caso, un subadministrador que fundó y motivó en el acto, que actuaba en suplencia del titular de las facultades, es inconcuso que no puede considerársele incompetente legalmente, pues su actuación se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que el titular cuenta con las facultades para hacerlo, y la actuación del suplente fue en ausencia de aquél. Si esta disposición no se interpretara así, las ausencias de los titulares impedirían que las autoridades actuaran a través de los representantes de dichos titulares, ya que se tendría que esperar a que regresaran o nombraran los mismos, con lo cual se haría nugatoria la disposición del artículo 24 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que permite la suplencia por ausencia. Aunado a lo anterior, con ello se da certeza y seguridad jurídica al gobernado, pues el funcionario que actúa por suplencia, debe fundar su actuación en el numeral que al efecto le confiera la facultad para hacerlo, de lo contrario se paralizaría la función del Estado. En esa tesitura, debe concluirse que tratándose de la suplencia por ausencia, formalmente el acto se atribuye al ente titular de la dependencia y no a quien lo suscribe, en razón de que cuando un funcionario actúa sustituyendo al titular de las facultades como consecuencia de su ausencia, se entiende que no actúa en nombre propio sino en el de la autoridad que sustituye. Máxime que la propia Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien (sic) reconoce que el subadministrador actuante contaba con un nombramiento (provisional) para hacerse cargo de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Villahermosa, en el Estado de Tabasco, hasta en tanto se designara al titular. Por consiguiente, si el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria confiere al administrador la facultad de ordenar visitas domiciliarias, según se advierte del artículo 21, apartado C, fracción V, en el que se prevé: ‘Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones ... para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ...’, es pues válido que el funcionario suplente ejerza tal atribución, pues para ello basta con que motive y fundamente que actúa en suplencia de aquél, para que se considere legal su actuación, ya que, se insiste, la competencia legal pertenece al ente y no a la persona física. La ausencia de la persona titular de las facultades, sea porque no ha sido nombrada, por enfermedad, por viaje, etcétera, no puede paralizar las funciones de ningún órgano perteneciente al Estado, pues ello sería en detrimento de la función pública. Por último, debe decirse que el artículo 24 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, no exige como requisito de procedibilidad para la suplencia de los funcionarios hacendarios, el que se mencione y acredite en el texto mismo del acto de molestia la causa de ésta, sino que basta que se haga la anotación correspondiente de que quien firma lo hace supliendo la ausencia del funcionario titular de la competencia, de que cite tanto el fundamento como el ordenamiento que contempla específicamente la competencia ejercida, el que señale la posibilidad de la suplencia y el precepto que le otorgue facultades para ejercer esa suplencia; para que así se cumpla con el mandamiento constitucional contenido en el artículo 16 constitucional, que impone la obligación a las autoridades de fundar y motivar sus actuaciones en el cuerpo de éstas y no en documento distinto. Por lo anteriormente expuesto, al haber resultado fundado el agravio propuesto por la autoridad recurrente, resulta procedente ordenar a la Sala Fiscal deje insubsistente la sentencia que se revisa y en su lugar emita otra en la que considere infundado el tercer concepto de anulación que le fue planteado en base con lo resuelto en la presente ejecutoria y, con libertad de jurisdicción, analice los restantes que le fueron propuestos y resuelva lo que en derecho proceda. Apoya lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 48 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, noviembre de 1991, tesis 2a./J. 6/91, que dice: ‘REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). En el mismo sentido, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 694 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, tesis I.2o.A. J/12, que dice: ‘TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SENTENCIAS DEL. REENVÍO EN CASO DE QUE NO SE OCUPEN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE NULIDAD ADUCIDOS.’ (se transcribe). Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 248 del Código Fiscal de la Federación, 87, 88, 90 y 91 de la Ley de Amparo y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Ha sido fundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por el administrador local jurídico de Mérida, en el Estado de Yucatán, en representación de la autoridad demandada, del secretario de Hacienda y Crédito Público y del presidente del Servicio de Administración Tributaria. SEGUNDO. Se ordena a la Sala Fiscal deje insubsistente la sentencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil tres, dictada en el juicio de nulidad 834/02-16-01-7. TERCERO. Para los efectos que se precisan en la ejecutoria de mérito, devuélvanse los autos a la Sala de origen para que dé el debido cumplimiento."
CUARTO. La parte considerativa de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Cuarto Circuito, en el recurso de revisión contencioso-administrativo con número de toca R.F. 84/2004 promovido por el administrador local jurídico de Mérida, Yucatán, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mérida, en lo que aquí interesa, es del texto siguiente:
"QUINTO. Por cuanto hace a la cuestión de fondo, los argumentos de agravio propuestos por la parte recurrente, en contra de la sentencia de treinta y uno de agosto del presente año, dictada por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad 759/04-16-01-6, merecen el análisis siguiente: ... En diverso punto de inconformidad, la recurrente esgrime que la Sala al resolver en la forma que lo hizo, violó el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que hace una inexacta interpretación del diverso 10 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que establece que los administradores locales de Auditoría Fiscal, serán suplidos por los subadministradores, sin que dicha suplencia se encuentre condicionada, por lo que el subadministrador 1, actuó en forma ajustada a derecho, al suscribir el oficio de visita 324-SAT-31-1-236, pues lo hizo en suplencia del titular de dicha administración, por lo que no actuó con facultades propias, sino con las que la ley otorga a dicho funcionario. Añade, que la Administración Local de Auditoría Fiscal, como ente abstracto tiene la competencia y facultades que la ley le otorga, entre las que se encuentra la emisión del oficio de que se habla, esto último expresamente reconocido por la Sala responsable, reiterando que su emisión se encuentra ajustada a derecho, por cuanto la suplencia de que se habla, en términos de los aludidos numerales, se refiere al titular de la administración y no a la persona física, razón por la cual, no es eficaz la prueba consistente en el oficio 327-SAT-27-00702, de diecisiete de mayo de dos mil cuatro, suscrito por el subadministrador de Innovación y Calidad de Mérida, Yucatán, donde informó que el veintisiete de febrero del año en curso, no había titular de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mérida. Finalmente, afirma en este apartado, que por los argumentos expuestos, no es aplicable al caso la tesis que citó la Sala responsable, ni la sentencia en la que se apoya, de cuatro de septiembre de dos mil tres, ya que fue revocada por ejecutoria de seis de febrero de dos mil cuatro, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 121/2003, citando las tesis que considera aplicables para robustecer sus afirmaciones. Los agravios sintetizados en el párrafo que antecede, son infundados. En efecto, en primer lugar es conveniente precisar que la suplencia por ausencia, es una figura creada a fin de establecer la colaboración y coordinación administrativa, que permita el necesario ejercicio de la función pública, misma que necesariamente debe realizarse de manera ininterrumpida, razón por la cual se justifica la labor de la suplencia. En efecto, dicha suplencia se reduce a un apoyo instrumental que perfecciona y complementa el desarrollo de un acto emanado del suplido, y en la que el funcionario suplente, en caso de ausencia del titular de las facultades legales, no lo sustituye en su voluntad o responsabilidad, pues es al sustituido a quien jurídicamente se le puede imputar la responsabilidad de los actos, porque es el autor de los que se lleguen a emitir, dejando al reglamento interior de cada secretaría determinar los casos en que operará dicha suplencia, bastando solamente mencionar que con ese carácter se está actuando y, desde luego, se funde legalmente su actuación a través del precepto que lo faculte. Es aplicable al caso en lo conducente, la tesis número I.4o.A.304 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte, visible en la página 521 del Tomo IX, abril de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘DELEGACIÓN DE FACULTADES Y SUPLENCIA POR AUSENCIA. DISTINCIÓN.’ (se transcribe). Establecido lo anterior, y para un mejor entendimiento de este análisis, es conveniente recordar que el veintisiete de febrero de dos mil cuatro, se emitió el oficio de visita número 324-SAT-31-1-236, dirigido a Pamela Ruz Cardós, a fin de verificar la expedición de comprobantes fiscales, lo cual es facultad exclusiva de la Administración Local de Auditoría Fiscal, en términos del artículo 25, fracción II, en relación con el 23, fracción IX, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que a la letra dicen: ‘Artículo 25. Compete a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, ejercer las facultades siguientes: ... II. Las señaladas en las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y XXVII del artículo 23 de este reglamento.’. ‘Artículo 23. Compete a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal: ... IX. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con la expedición de comprobantes fiscales, con la presentación de las solicitudes o avisos en materia del Registro Federal de Contribuyentes, así como solicitar la exhibición de los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que vendan.’. Por otro lado, de autos consta que dicho oficio no fue suscrito por el administrador local de Auditoría Fiscal, titular de la facultad de la emisión del citado documento, sino por el subadministrador 1, quien justificó su representación en los siguientes términos (foja 18) ‘... Sufragio Efectivo. No Reelección. En suplencia del C. Administrador local de Auditoría Fiscal (sic) Mérida, con apoyo en el sexto párrafo del artículo 10 y párrafo (sic) del 25, ambos preceptos legales del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de marzo, reformado por decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2003, firma subadministrador 1 (sic).’. Ahora bien, tal y como se justificó, la suplencia de los administradores de Auditoría Fiscal, se encuentra reglamentada por el párrafo sexto, del numeral 10 del ordenamiento de que se habla, que a la letra dice: ‘Artículo 10. ... Los administradores serán suplidos, indistintamente, por los subadministradores que de ellos dependan. Los subadministradores, jefes de departamento y supervisores, serán suplidos por el servidor público inmediato inferior que de ellos dependa. Los administradores de Aduanas serán suplidos, indistintamente, por los subadministradores o por los jefes de departamento que de ellos dependan, en las salas de atención a pasajeros por los jefes de sala y en las secciones aduaneras, por los jefes de sección.’. Sin que pase inadvertido para este tribunal, que el último párrafo del numeral 25 mencionado, en el cual el subadministrador 1 fundó también su actuación en suplencia, por su parte señala: ‘Las administraciones locales de Auditoría Fiscal estarán a cargo de un administrador local, quien será auxiliado en el ejercicio de las facultades conferidas en este artículo por los subadministradores 1, 2, 3, 4 y 5, jefes de departamento, coordinadores, supervisores, auditores, inspectores, verificadores, ayudantes de auditor y notificadores, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.’. Del análisis de los artículos en cita, este tribunal considera infundados los argumentos de la inconforme, por cuanto si bien es cierto que el subadministrador 1, se encuentra facultado para suplir al administrador local de Auditoría Fiscal, extremo que como afirma el recurrente, no se encuentra condicionado mediante el señalamiento de los casos en la que dicha suplencia deba verificarse; no menos cierto es que el propio párrafo sexto del artículo 10 del ordenamiento de que se habla, transcrito en líneas precedentes, hace referencia expresa a la existencia de un administrador a quien suplir; y por su parte, el último párrafo del aludido numeral 25, establece claramente que las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal estarán a cargo de un administrador local, extremo que denota necesariamente que debe existir designada una persona física como titular de dicho cargo. En efecto, contrariamente a lo esgrimido por la recurrente, del análisis de los preceptos mencionados, no se advierte que la suplencia se refiera a la de los entes abstractos denominados Administración Local de Auditoría Fiscal o administrador local de Auditoría Fiscal, a que alude la recurrente, pues es claro que como tales, no pueden materializar el ejercicio de las facultades que la ley otorga, sino mediante la voluntad de la persona que en ese momento ejerza el encargo. En consecuencia, este tribunal concluye que la suplencia a la que aluden los numerales 10 y 25 del reglamento de que se habla, no se refiere a la de una autoridad en abstracto, y como tal, carente de voluntad y responsabilidad, sino que necesariamente debe ser la del titular nombrado para ocupar el cargo de la administración en cita, puesto que el suplente, no suple la voluntad y responsabilidad del sustituido, por cuanto no actúa en uso de facultades propias, sino de las facultades y voluntad de aquél, quien es, en todo caso, al que jurídicamente se le puede imputar la responsabilidad de tales actos; por lo que de no existir este último, la suplencia con base en los aludidos numerales, no se puede actualizar. De lo anterior, es válido concluir que al haberse acreditado mediante el oficio 327-SAT-27-00702, de diecisiete de mayo del año en curso, que el veintisiete de febrero del año de que se habla, fecha en la que se emitió la orden de visita contenida en el oficio 324-SAT-31-I-236, para verificar la expedición de comprobantes fiscales, no había titular de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mérida, es claro que fue emitida por un funcionario sin facultades para tal efecto, por lo cual, contrariamente a lo sostenido por el inconforme, sí es aplicable al caso la tesis de la propia responsable, con el rubro: ‘SUPLENCIA POR AUSENCIA. EL FUNCIONARIO SUPLIDO DEBE SER COMPETENTE PARA EMITIR UN DETERMINADO ACTO DE AUTORIDAD, EN EL JUSTO MOMENTO EN QUE LA SUPLENCIA TIENE LUGAR.’, que citó en la sentencia aquí controvertida, por cuanto se trata de una situación análoga. Por otro lado, no puede considerarse ilegal que la Sala haya señalado como orientadora de su criterio, la sentencia emitida en el diverso juicio de nulidad 834/02-16-01-7, promovido por Melesio Marcín Sánchez, la cual fue revocada por ejecutoria de seis de febrero de dos mil cuatro, 6 de febrero de 2004, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 121/2003, toda vez que dicha ejecutoria al no constituir jurisprudencia no tiene el carácter de obligatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, afirma la recurrente que la figura de la suplencia se instituyó con el objeto de lograr coordinación y colaboración administrativa, a fin de no
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18885-d23358d0/auditoria-fiscal-los-actos-que-emitan-los-subadministradores · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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