CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS. AL SER LA SUSPENSIÓN DE SU REGISTRO UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LE CAUSA AGRAVIO EN MATERIA FISCAL, ES IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 11 DE SU LEY ORGÁNICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 196/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentaron Tribunales Colegiados de Circuito al resolver, uno de ellos, un amparo directo y, el otro, un recurso de revisión, ambos administrativos que, por razón de la materia, son de la competencia exclusiva de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito cuyos criterios se estiman divergentes.
Con el propósito de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que lo motivaron, por lo que a continuación se transcriben.
TERCERO. Las consideraciones sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el dieciséis de marzo de dos mil cinco, el amparo directo número DA. 63/2005, promovido por Munir Hayek Domínguez, en lo que al presente asunto interesa, son del siguiente tenor literal:
"SEXTO. El concepto de violación es infundado e inoperante. El quejoso sostiene en parte de su único motivo de inconformidad, que la Sala responsable violó en su perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 5o., 14, 16, 22, 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, por falta de aplicación del artículo 238, fracciones I, II, III y IV, del Código Fiscal de la Federación, ya que su actuación profesional como contador público se encuentra contenida en los artículos 32 A y 52, del Código Fiscal de la Federación, y 44 Bis, 45 A, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57 y 58 de su reglamento, en los cuales se apoya la autoridad demanda para motivar y fundamentar su determinación en el sentido de suspenderle seis meses los efectos de su registro, lo cual significa que se encuentra dentro de la esfera jurídica de ese mismo código, por lo que además de ser transgredidos sus derechos constitucionales, por no permitirle ejercer su profesión, en contravención del artículo 5o. constitucional, se le niega la posibilidad de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establezca la legalidad o ilegalidad de la actuación de la autoridad, no obstante que su demanda de nulidad en primera instancia fue admitida de conformidad con el artículo 11 de la ley orgánica del tribunal mencionado; además, si los funcionarios públicos tienen acceso a su defensa por sanciones administrativas, por analogía cualquier persona que tenga injerencia en la cuestión fiscal, como ocurre en la especie, puede ejercer ese derecho para ser oído por otra autoridad distinta de la que determinó la sanción administrativa. Por su parte, la Sala responsable consideró que la causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio planteada por las autoridades demandadas resultaba fundada, ya que en la resolución impugnada la autoridad administrativa determinó suspender los efectos del registro de la parte actora, en relación con la emisión de dictámenes financieros en su carácter de contador público registrado ante la autoridad fiscal, conforme a los artículos 52, fracción II, y penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, y 57, primer párrafo, fracción II, inciso a), del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, ninguna de las fracciones del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en que el actor fundó la procedencia de su acción resultan aplicables, ya que en relación con la fracción IV, para que una resolución administrativa pueda considerarse dictada en materia fiscal, es necesario que la misma verse sobre impuestos o sanciones aplicadas respecto a infracciones a las leyes que los determinen, por lo que toca a las fracciones VIII y XII, el enjuiciante en forma alguna acredita tener el carácter de servidor público, en los términos del artículo 2o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que la resolución que combate no se encuentra fundamentada o motivada en dicha ley de responsabilidades; finalmente, resulta inaplicable la fracción XIII, puesto que el procedimiento del que derivó la resolución administrativa impugnada se sustanció con fundamento en el Código Fiscal de la Federación y no en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Asimismo, la responsable señaló que no obstante lo anterior, como la competencia es una cuestión de orden público, analizaba el resto de las fracciones del artículo 11 de referencia, las cuales son inaplicables, pues con relación a las fracciones I, II y III, la resolución administrativa es ajena a la materia fiscal, y respecto a las fracciones V y VI, porque la resolución no versa sobre materia de pensiones civiles, ni a favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada nacional, en tanto que la fracción VII, prevé la competencia respecto a los contratos de obra pública, la fracción IX, también es inaplicable, ya que la resolución combatida no es de aquellas que requieran del pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como sus organismos descentralizados, la fracción X, no se actualiza, toda vez que en la resolución no se negó al particular la indemnización prevista por el artículo 77 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tampoco es aplicable la fracción XI, puesto que el fallo no se dictó en materia de comercio exterior, respecto a la fracción XIV, en el acto controvertido no se resolvió una instancia o recurso interpuesto en contra de alguna resolución materia del conocimiento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por último, es inaplicable la fracción XV, dado que la resolución no se encuentra prevista por una ley que faculte al tribunal de referencia para conocer y resolver de la misma. No asiste razón al quejoso, en atención a las consideraciones siguientes: Es verdad que por auto de fecha seis de octubre de dos mil tres, el Magistrado instructor admitió la demanda de nulidad promovida por Munir Hayek Domínguez, con fundamento, entre otros, en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (foja 81 de autos); sin embargo, es de advertirse que se trató de una determinación que por su naturaleza no había causado estado, al ser producto de un examen preliminar de la procedencia del asunto, ya que sobre tal cuestión le corresponde analizar en definitiva a los Magistrados integrantes de la Sala respectiva, quienes en forma colegiada resolvieron sobreseer en el juicio de nulidad por improcedente. Por analogía y en apoyo a lo anterior se invoca la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a.CXX/97, Novena Época, publicada en la página cuatrocientos setenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y siete, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘REVISIÓN. LA ADMISIÓN DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO.’ (se transcribe). No obsta a lo anterior, lo aducido por el quejoso en el sentido de que como la resolución administrativa impugnada se fundó en diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, entonces se encuentra sujeto a dicho ordenamiento jurídico; toda vez que el artículo 117 del propio código, no establece que sea procedente el recurso de revocación en contra de alguna resolución definitiva o acto emitidos por alguna autoridad fiscal federal, en la que se suspendan los efectos del registro de un contador público, por lo que tampoco se actualiza el supuesto previsto en el numeral 120 del mismo ordenamiento jurídico, esto es, que el accionante pueda optar por acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin necesidad de interponer aquel recurso; lo cual se corrobora de la transcripción siguiente: ‘Artículo 117.’. ‘Artículo 120.’ (se transcriben). Por otra parte, el hecho de que los servidores públicos puedan acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a defenderse de las sanciones administrativas que se les impongan en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ello no significa que por analogía el impetrante, como contador público, también pueda ejercer ese derecho; toda vez que, como acertadamente lo determinó la Sala responsable, el enjuiciante en forma alguna acreditó tener el carácter de servidor público, en los términos del artículo 2o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que la resolución combatida no se encuentra fundamentada o motivada en dicha ley de responsabilidades. En efecto, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, solamente tiene competencia legal para examinar la legalidad de resoluciones definitivas en materia administrativa, que expresamente se describen en las fracciones y párrafos del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o en su caso, que otra ley otorgue tal competencia; por tanto, no es válido incorporar analógicamente algún otro supuesto de competencia de ese tribunal, aun cuando dicha hipótesis aparentemente sea similar a alguna de las establecidas en el numeral de referencia, pues si el legislador hubiese deseado que tal circunstancia aconteciera, así lo hubiera expresado. En lo que corresponda es aplicable la tesis número I.7o.A.212 A, emitida por este Tribunal Colegiado, publicada en la página mil ciento cincuenta y uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, correspondiente al mes de abril de dos mil tres, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU COMPETENCIA LEGAL PARA EXAMINAR LA LEGALIDAD DE RESOLUCIONES DEFINITIVAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, SE REDUCE A AQUELLOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 11 DE SU LEY ORGÁNICA.’ (se transcribe). Del texto del precepto legal citado, se advierte que dicho órgano jurisdiccional tiene atribuciones para conocer y resolver controversias suscitadas en materia administrativa; sin embargo, esa facultad se limita a los casos en que la resolución cuya nulidad se demande se haya dictado en las materias que se precisen en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y no por el simple hecho de que sean de naturaleza administrativa. Lo anterior se deduce por la circunstancia de que el primer párrafo del numeral refiere que ese órgano jurisdiccional es competente legalmente para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indiquen en el propio texto del precepto normativo. Por su parte, en la fracción XIV de la propia norma legal, se establece que el tribunal conocerá de las resoluciones que decidan los recursos administrativos interpuestos en contra de las resoluciones indicadas en las distintas fracciones de la disposición. Finalmente, se expresa en el precepto normativo que el tribunal conocerá de las resoluciones negativas fictas que se configuren, siempre y cuando estén relacionadas con los temas enunciados en el propio artículo consultado; en consecuencia, no basta que la resolución que se ataque en el juicio contencioso administrativo sea definitiva y administrativa, sino que, además, la materia debe ser acorde con las que en forma expresa se describen en alguna de las fracciones y párrafos del artículo 11 de la ley orgánica de que se trata, o bien, que otra ley otorgue esa competencia, como lo dispone su fracción XV. No impide arribar a la conclusión anterior, el hecho de que la sanción impuesta al quejoso haya tenido su origen en la exhibición y revisión de sus papeles de trabajo que sirvieron de base para la formulación del dictamen fiscal que emitió para la auditoría practicada en los estados financieros de la contribuyente Muebles Williams de Coatzacoalcos, Sociedad Anónima de Capital Variable, por el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve; toda vez que la resolución administrativa impugnada es meramente administrativa (sic), dado que la misma solamente versó sobre la responsabilidad del impetrante de garantías, por haber realizado la cuestión de contabilidad en ese dictamen. Finalmente, resultan inoperantes los demás razonamientos hechos valer por el impetrante de garantías, toda vez que se encuentran encaminados a controvertir la resolución administrativa impugnada y no así la sentencia definitiva reclamada a través del presente medio de impugnación. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia número 173, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento dieciséis del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Sexta Época, Tomo VI, Parte SCJN, que es del tenor siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.’ (se transcribe). En las relatadas consideraciones, al no ser violatoria de garantías la sentencia impugnada, lo que procede es negar el amparo solicitado."
CUARTO. Las consideraciones sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el treinta y uno de mayo de dos mil seis, el amparo en revisión administrativo número 328/2005, promovido por Guadalupe del Carmen Canizales Bernal, en lo que al presente asunto interesa, son del siguiente tenor literal:
"SEXTO. En la materia de la revisión, este tribunal estima que los agravios transcritos, devienen inoperantes en una parte e infundados en otra. ... En diverso apartado de sus motivos de inconformidad, la parte recurrente aduce que el Juez a quo omitió analizar los argumentos expresados en el escrito inicial de demanda, respecto de la procedencia del juicio constitucional; que de hacerlo, habría llegado a la conclusión de que existen diversos criterios que comparten la postura de la quejosa, en el sentido de que contra la suspensión de la autorización de un contador público para dictaminar estados de cuenta para efectos fiscales, no es procedente medio de defensa ordinario alguno, porque por ‘materia fiscal’ debe entenderse lo perteneciente al fisco, y este término significa la parte de la hacienda pública que se forma con las contribuciones, impuestos y derechos; y, que en esa medida, debió resolverse el fondo de la reclamación constitucional. En apoyo de lo anterior, invoca los criterios que se encuentran publicados bajo los rubros siguientes: ‘REGISTRO DE CONTADOR PÚBLICO ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES, PARA DICTAMINAR SOBRE ESTADOS FINANCIEROS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA SUSPENSIÓN DE SU OTORGAMIENTO.’ y ‘ADUANAS. AGENTE ADUANAL. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE PATENTE. NO SON ACTOS DE MATERIA FISCAL.’. Dichos argumentos devienen infundados, ya que opuesto a lo sostenido por la aquí recurrente, del análisis acucioso de la sentencia que se recurre se advierte que el Juez de Distrito sí ponderó e incluso adoptó una determinación contraria a los argumentos vertidos por la impetrante, en su demanda de amparo, dentro del apartado denominado ‘oportunidad y procedencia de la demanda’. En efecto, en dicho apartado la peticionaria expuso literalmente: ‘La interposición de la presente demanda de amparo resulta oportuna en cuanto al plazo para su presentación, debido a que la resolución reclamada fue notificada a la parte quejosa el día 18 de junio de 2004, de tal manera que el plazo de 15 días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acto reclamado conforme a la ley del mismo, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Amparo, fenece transcurrido (sic) el día 12 de julio de 2004, por lo que su presentación ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito dentro del plazo antes referido demuestra la perfecta oportunidad del juicio que ahora se inicia. En cuanto a su procedencia, la misma resulta, en primer término, adecuada debido a que el presente juicio se interpone en contra de una resolución definitiva que produce efectos de imposible reparación a la hoy quejosa y, en segundo, los ordenamientos legales y reglamentarios en base a las cuales ésta fue emitida por la autoridad responsable, no prevé o concede a la amparista medio de defensa alguno a través de los cuales (sic) revocar o modificar dicha resolución, de tal manera que la presente vía de garantías resulta óptima y legal para la defensa de los derechos y garantías constitucionales de la hoy quejosa. Así es, se insiste, que en segundo término la procedencia de la presente demanda de amparo indirecto, se sustenta además en el hecho de que no existe al alcance de la quejosa, medio de defensa ordinario alguno que haga viable la impugnación de la resolución que viene a constituir el acto reclamado, por no tratarse de materia fiscal; circunstancia que encuentra respaldo en la tesis de la Octava Época, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra dice: ‘REGISTRO DE CONTADOR PÚBLICO ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES, PARA DICTAMINAR SOBRE ESTADOS FINANCIEROS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA SUSPENSIÓN DE SU OTORGAMIENTO.’ (se transcribe). Tiene aplicación también por analogía, la tesis pronunciada por la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que reza: ‘ADUANAS. AGENTE ADUANAL. SUSPENSIÓN, O CANCELACIÓN DE PATENTE. NO SON ACTOS DE MATERIA FISCAL.’ (se transcribe). Así también, y en tercer término para no dejar duda alguna (sic) la procedencia del juicio que nos ocupa, se señala que en virtud de que las leyes ordinarias, como viene (sic) serlo el Código Fiscal federal, a juicio de la quejosa y en apoyo a las tesis antes citadas no establecen que la resolución que nos ocupa puede ser objeto de los medios de defensa que éstas prevén, o en su caso, no sean (sic) claras en cuanto a si resultan procedentes, la procedencia de la presente demanda de amparo encuentra apoyo en la jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘AMPARO, JUICIO FISCAL Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS. PROCEDENCIA EN CASOS DUDOSOS.’ (se transcribe). Como se ve, la quejosa sustentó básicamente la procedencia de su reclamo constitucional, en los siguientes argumentos: primero, la resolución que constituye el acto reclamado es definitiva y causa efectos de imposible reparación; segundo, los ordenamientos legales y reglamentarios que rigen el acto reclamado no prevén ni conceden medio de defensa alguno a través de los cuales pueda revocarse o modificarse la resolución, porque ésta no se trata de la materia fiscal, lo que genera la procedencia de vía constitucional; y en tercer lugar, porque al no prever las leyes ordinarias ningún medio de defensa para combatir el acto reclamado, debe entenderse que, ante el caso de duda respecto de la procedencia de un recurso ordinario, debe admitirse el juicio constitucional. Tópicos los anteriores que, a criterio de este Tribunal Colegiado y opuesto a lo aducido por la quejosa, fueron atendidos por el juzgador a quo, en forma implícita, al emitir la sentencia que se revisa, ya que del análisis de ésta se desprende, para lo que al caso interesa, que dicho resolutor federal estimó plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo (y no la diversa fracción XIII, como inexactamente lo aduce la recurrente), en relación con la fracción IV del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por considerar que el acto de que se trata, generó en perjuicio de la quejosa agravios en materia fiscal, y que, por tanto, era impugnable en el juicio de nulidad; lo que de suyo elimina el estado de duda respecto de la procedencia del recurso, y evidencia lo infundado del argumento tendente a denunciar la omisión de tomar en cuenta dichos planteamientos. Asimismo, del fallo impugnado se desprende que el juzgador federal asumió una postura clara, en el sentido de que la afectación emanada de la resolución combatida corresponde a la materia fiscal, para los efectos de la aplicabilidad de la fracción IV del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque conforme a su criterio, al solicitarle a la quejosa información para revisar el dictamen que emitió sobre estados financieros para efectos fiscales, implica un cuestionamiento del contenido de la revisión de la declaración de impuestos que hizo bajo protesta de decir verdad; postura que, al margen de que llegare a resultar acertada o no, sin duda es suficiente por lo menos para desestimar implícitamente el criterio que en contrario asumió la impetrante en su demanda de garantías, pues ésta se limitó a afirmar, sin mayor argumento, que el acto reclamado no podía considerarse inmerso dentro de la materia fiscal para los efectos de la procedencia del juicio de nulidad. Por lo demás, la omisión de plasmar consideraciones expresas en el fallo recurrido, respecto de si el acto reclamado tiene o no la calidad de resolución definitiva, no genera perjuicio alguno a la recurrente, en tanto que al establecer que resulta procedente el juicio de nulidad para combatirla, ello presupone necesariamente que dicho juzgador dio por sentado, como premisa de su decisión, que era correcto lo afirmado por la quejosa en el sentido de que el acto reclamado tenía dicho carácter y, por ende, la falta de pronunciamiento expreso respecto de este tópico no genera agravio alguno a la ahora recurrente. En diverso orden de ideas, la promotora del recurso aduce, a título de agravios, que opuesto a lo sostenido por el Juez Federal (sic), el acto reclamado en el juicio de garantías de origen no puede catalogarse como de aquellos que, conforme al artículo 11, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, causan un agravio en materia fiscal, ni menos aún puede aceptarse que contra ese acto proceda el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y que ello es así, por las siguientes razones: A) La sanción contenida en el acto reclamado (suspensión del registro número 10812, previamente expedido a la quejosa para dictaminar estados financieros para efectos fiscales), no se encuentra dirigida a un contribuyente, de manera tal que modifique su situación fiscal, sino a la contadora quejosa; y, B) De dicha sanción no se deriva la determinación de crédito fiscal alguno. En el mismo tenor, la inconforme aduce que el Juez de Distrito interpretó inexactamente la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. EL REQUERIMIENTO FORMULADO POR EL FISCO AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’, ya que ésta no trata el mismo tipo de asunto que el que aquí se analiza, y su aplicación se realizó por analogía, cuando ni siquiera así era aplicable, porque el hecho de que se le exija al contador público dictaminador la presentación de documentos para aclarar cuestiones del dictamen fiscal, es muy distinto a que se le suspenda de su autorización o registro para dictaminar estados financieros, pues, en el primer caso, se pretende conocer la situación fiscal del contribuyente dictaminado, mientras que, en el otro, la suspensión perjudica única y exclusivamente al contador que emitió el dictamen; además de que el requerimiento a que alude la tesis en cuestión, pertenece al procedimiento para llevar a cabo la revisión de un dictamen donde se involucra tanto al contador como al contribuyente dictaminado, lo cual resulta diferente al procedimiento seguido para suspender al profesionista de su registro para dictaminar estados financieros, pues son distintas las autoridades que emiten cada uno de dichos actos, aunado a que el requerimiento de información en comento, es una facultad de comprobación de la autoridad fiscal que puede catalogarse como materia fiscal, porque puede desencadenar en un crédito fiscal en contra del contribuyente sujeto a revisión, mientras que la suspensión de un contador público de su registro, derivada de la revisión de su actuación profesional (no de la facultad de comprobación que se efectúa a los contribuyentes), no puede considerarse como un acto de esa naturaleza, ya que no genera crédito fiscal alguno, sino una suspensión de carácter administrativo. Los agravios sintetizados devienen infundados, pues como enseguida se verá, este Tribunal Colegiado estima acertado, aunque con algunas precisiones, el criterio del Juez de Distrito en el sentido de que contra el acto reclamado resultaba procedente un medio de defensa legal, que la quejosa debió necesariamente agotar previo a la interposición del juicio de garantías, por lo que al no hacerlo así, el juicio de amparo deviene improcedente por no acatarse el principio de definitividad, previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. A fin de contar con mayores datos que corroboren la conclusión anterior, conviene traer a colación algunos de los antecedentes más relevantes que se derivan de las constancias certificadas allegadas al sumario constitucional por la propia quejosa, que constituyen los antecedentes directos del acto reclamado. Así, es pertinente señalar que a foja 95 del cuaderno principal, obra glosada la copia certificada del oficio número 324-SAT-26-I-S4-7881, de fecha doce de noviembre de dos mil uno, signado por la administradora local de Auditoría Fiscal de Hermosillo, Sonora, por cuyo medio se citó a la contadora, aquí quejosa, Guadalupe del Carmen Canizales Bernal, con fundamento en el artículo 55, fracción I, inciso b), del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, para que compareciera a las oficinas de la signante el día veintitrés de noviembre de dos mil uno, a efecto de tratar asuntos relacionados con el dictamen correspondiente a los estados financieros de la contribuyente ‘Cortes y Procesos de Carne de Sonora, S.A. de C.V.’, para el ejercicio fiscal de dos mil. Una vez obtenida y analizada la información proporcionada por la contadora requerida, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Hermosillo, Sonora, emitió el oficio número 324-SAT-26-I-S3-2715, de fecha cuatro de abril de dos mil tres, cuya copia certificada corre agregada en la foja 111 del sumario constitucional, en la que le comunicó a dicha quejosa las irregularidades detectadas con motivo de su actuación profesional en la elaboración del dictamen sobre estados financieros para efectos fiscales señalado en el párrafo inmediato anterior; asimismo, en el propio documento, le concedió el plazo de quince días para que manifestara lo que a su derecho conviniere, y ofreciera las pruebas pertinentes para su defensa. Finalmente, después de tramitado el procedimiento por sus cauces correspondientes, la administradora central de Control y Evaluación de la Fiscalización Nacional ‘B’ de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, emitió la resolución que puso fin al procedimiento administrativo instaurado a la quejosa, en la cual la declaró responsable de diversas irregularidades cometidas en la elaboración del dictamen contable para efectos fiscales ya aludido con antelación, y como consecuencia de ello, decretó la suspensión por seis meses de su registro número 10812, para dictaminar estados financieros para efectos fiscales; resolución que constituye el acto reclamado en el juicio de garantías que se revisa. De los antecedentes relatados se aprecia que el acto reclamado en esta instancia constitucional, emerge de un procedimiento administrativo seguido contra la quejosa por el fisco federal, tendente a hacerle efectivas las irregularidades detectadas en un dictamen de estados financieros para efectos fiscales; procedimiento que dio inicio con el requerimiento que le fue dirigido en términos del artículo 55, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. En mérito de lo anterior, a efecto de desentrañar la naturaleza jurídica del acto que aquí se reclama y estar en condiciones de ubicarlo o no dentro de la materia fiscal, para los efectos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se estima pertinente traer a colación algunas consideraciones emitidas por nuestro Máximo Tribunal, respecto del requerimiento que dio inicio al procedimiento de donde emanó la resolución reclamada. Sin que lo anterior implique de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20096-6fb79b81/contador-publico-autorizado-para-dictaminar-estados-financieros-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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