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Modo: Corpus Pro

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (ISAPEG). LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEBEN APLICARSE EN TODO AQUELLO QUE FAVOREZCA A SUS TRABAJADORES Y QUE NO SE OPONGA AL RÉGIMEN PREVISTO EN EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 93/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20372
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, , Pág. 841.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 93/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001 dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentaron Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de la materia laboral del conocimiento de este cuerpo colegiado.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por un Magistrado integrante de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito de los que participan en la presente contradicción de tesis.

TERCERO. Con el objeto de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario conocer las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en las ejecutorias que se estiman como posiblemente contradictorias.

Al resolver los amparos directos laborales con números de toca 209/2006, 767/2006, 798/2006 y 200/2006 el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito sustentó consideraciones similares, motivo por el cual únicamente se transcriben las emitidas al resolver el segundo de los amparos directos mencionados, por tratarse del asunto más reciente (de fecha dieciséis de marzo de dos mil siete).

Las consideraciones sustentadas al resolver el referido amparo directo laboral 767/2006, en lo que al presente asunto interesa, son del tenor siguiente:

"QUINTO. Los conceptos de violación son infundados en una parte y fundados en otra. ... De las constancias de autos, se desprende que ... el dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y seis, la actora ingresó a prestar sus servicios como enfermera general para la Secretaría de Salubridad y Asistencia; que en noviembre de mil novecientos noventa y seis, pasó a ser trabajadora del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato; que el treinta y uno de enero de dos mil cinco fue su último día de labores, pues a partir del primero de febrero de esa misma anualidad comenzó su licencia prejubilatoria, causando baja oficial el primero de mayo de ese año, sin que le haya sido cubierta la prestación reclamada (prima de antigüedad). El Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato ISAPEG, a través de su escrito de contestación de demanda, asumió la responsabilidad de la relación de trabajo aludida por la actora, desde el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, así como del juicio, en virtud de que con motivo de la descentralización de los servicios de salud en el Estado y mediante decreto gubernativo 48, se creó dicho organismo, siendo titular de la relación laboral de los trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado. La demandada alegó que, para la resolución del particular, no resultaba aplicable la Ley Federal del Trabajo, sino las condiciones generales de trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los que no se desprendía la existencia de prima de antigüedad a favor de sus operarios; asimismo, precisó que para el caso de que se considerara aplicable el cuerpo normativo citado en primer término, si bien la actora tendría derecho al pago de la prima de antigüedad, ésta debía computarse a partir de la fecha en que quedó sujeta a dicha ley. En atención a lo anterior, la Junta responsable estimó que procede la aplicación de la Ley Federal del Trabajo y condenó al instituto demandado al pago de esa prestación a favor de la actora, tomando en consideración los veintinueve años, un mes y quince días laborados por ésta para su cuantificación. Esa determinación (laudo) es la que constituye el acto reclamado en este juicio. Por razón de método, primero se analizarán las violaciones formales, pues de resultar fundadas, impedirían examinar las de fondo. ... Es jurídicamente inexacto que la Junta hubiera fijado de manera incorrecta la litis. Ello es así, pues lo que se demandó fue el pago de la prima de antigüedad, derivada de la terminación de la relación laboral que existió entre la actora aquí tercero perjudicada y el instituto quejoso. Relación de trabajo que se aceptó por el instituto demandado, pues en la contestación correspondiente se indicó que la actora comenzó a laborar para la Secretaría Federal de Salud Pública y que debido a la descentralización de los servicios de salud, continuó ese vínculo laboral con el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Lo cual se analizó en el laudo, pues en el considerando segundo, la Junta responsable especificó lo siguiente: (transcribe). Asimismo, en el tercer considerando, señaló expresamente los hechos en que la actora fundó su acción y la demandada sus excepciones, transcribiendo en ese sentido lo expresado por las partes. Procediendo la Junta responsable, en el cuarto considerando del laudo reclamado, al análisis de la litis, esto es, a determinar la procedencia o improcedencia del pago por concepto de ‘prima de antigüedad’ reclamado por la actora ... . Además, la responsable atendió a lo alegado en la contestación de demanda: que la prima de antigüedad es una prestación que no se contempla en los ordenamientos aplicables, esto es, en las condiciones generales de trabajo, en la ley estatal o en la federal burocrática. En efecto, de la lectura del laudo se advierte que la Junta responsable desestimó las excepciones de la parte patronal, pues indicó que el instituto demandado asumía la responsabilidad, en virtud de la descentralización de los servicios de salud en el Estado, en términos de lo establecido en el decreto gubernativo 48, de fecha veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis; de igual manera expuso que era aplicable la Ley Federal del Trabajo, en razón de que, como lo refirió la propia demandada, esa Junta Local de Conciliación y Arbitraje era competente para resolver el conflicto sometido a su consideración, en el cual, para fundar y motivar su resolución se debía ceñir a lo establecido en la citada legislación, en la que se establecen las bases para el cálculo de la ‘prima de antigüedad.’. ... De la propia lectura del laudo, se considera que se atendió a las excepciones, pues se advierte que si la Junta sostuvo que era aplicable la Ley Federal del Trabajo, fue porque la falta de acción, la carencia de derecho, la falta de legitimación activa y pasiva, no prosperaron; aunado a ello, señaló que la relación de trabajo se regulaba por el apartado A del artículo 123 constitucional, y su ley reglamentaria consistente en la Ley Federal del Trabajo, a partir de la creación del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, en la que la relación laboral seguía siendo única, por la transferencia de la Federación a éste, pues se acordó respetar los derechos adquiridos; sin que pudieran ser aplicables las leyes locales, pues éstas solamente incluyen a los trabajadores del Estado, conforme a lo establecido en el artículo 116, fracción VI, constitucional, por lo que, en atención a ello, la autoridad responsable indicó que conforme con los elementos aportados y por la terminación de la relación de trabajo, resultaba procedente el pago de la prima de antigüedad, al ser aplicable la Ley Federal del Trabajo, ordenamiento que contempla ese derecho en términos del artículo 162. ... En otro orden de ideas, resulta también infundado que la responsable debió resolver el conflicto planteado considerando que la Ley Federal del Trabajo no prevé disposición expresa que regule el pago de ‘prima de antigüedad’ cuando el trabajador que la reclama prestó sus servicios para dos ‘patrones’ sujetos a regímenes legales distintos. Se considera lo anterior, en virtud de que el aspecto fundamental que estimó la Junta resolutora, es que se trata de una trabajadora incorporada al organismo descentralizado de carácter local denominado Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, de tal manera que la relación laboral se estableció entre dicha empleada y el referido organismo descentralizado. Ahora bien, al margen de que la actora haya ingresado a prestar sus servicios para la Secretaría de Salubridad y Asistencia dependiente del Ejecutivo Federal debe estarse a la modificación que se dio en dicha relación con motivo de la descentralización de los servicios de salud. La parte actora señaló que inició a laborar para la Secretaría de Salud Federal (sic) el dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y seis, lo cual se aceptó por la parte demandada. La prestación de servicios de salud, en la actualidad conforme con las normas aplicables, no se prestan de manera exclusiva por una entidad federativa, sino que se coordinan con la Federación, así se desprende de los artículos 4o., tercer párrafo, constitucional, 1o., 3o., 13, 19, 20 y 21 de la Ley General de Salud, que a continuación se transcriben: (reproduce su texto). Acorde con los anteriores preceptos, queda acreditado que existe coordinación entre la Federación y los Estados para la prestación de los servicios de salud. Para un adecuado desempeño en la prestación del referido servicio, se suscribieron diversos acuerdos. Uno de ellos es el acuerdo de coordinación que celebraron el Ejecutivo Federal, por conducto de las entonces Secretarías de Programación y Presupuesto, de la Controlaría General de la Federación, de Desarrollo Urbano y Ecología y de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para la descentralización operativa de los servicios de salud en esta entidad, de siete de marzo de mil novecientos ochenta y seis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, del que conviene transcribir las cláusulas décima segunda y décima tercera: (se transcribe). (foja 44 del expediente laboral). Otro de los acuerdos es el de Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de mil novecientos noventa y siete; en el que entre otras secretarías, suscribió la de Salubridad y Asistencia, el Ejecutivo de esta entidad, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, del que se cita su capítulo V. (se transcribe). (fojas 53 y 54 del expediente natural). La descentralización integral de los servicios de salud, en cuanto a su aplicación, operación, recursos humanos y materiales, es el fin primordial de tales acuerdos, cuyos firmantes se comprometieron a respetar. En el decreto gubernativo número 48 del Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial de esta entidad, el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, mediante el que se creó el organismo público descentralizado ‘Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato’, conocido por sus siglas como ISAPEG, de éste se cita la parte que, para el caso interesa: (se transcribe). De los instrumentos antes referidos, esto es, de los acuerdos y decreto, se deriva que las ‘condiciones generales de trabajo’ son derechos laborales que en el proceso de descentralización de los servicios de salud, las entidades federativas, se comprometieron a respetar, y precisaron que los garantizarían. Incluso, el decreto gubernativo que creó al organismo demandado, así lo asentó, como una cuestión a futuro: ‘garantizará’, es el verbo utilizado en su artículo 17 y el 18 precisa que se procedería al registro de esas condiciones ante los organismos jurisdiccionales correspondientes. No obstante esa promesa de respetar los derechos, no se aprecia instrumentación jurídica alguna para que continuaran vigentes en virtud de la descentralización de los servicios de salud. En este sentido, no puede limitarse un derecho que a favor de los trabajadores de un organismo descentralizado (como el demandado), se contiene en la Ley Federal del Trabajo. Ordenamiento que es aplicable, como se expondrá a continuación. ... Existe jurisprudencia de la que se deriva cuáles son las normas que deben aplicarse. Esta es la 2a./J. 12/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 50, Tomo XI, febrero de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: ‘COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LA DEMANDA INTERPUESTA POR UN TRABAJADOR EN CONTRA DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.’ (se transcribe). El énfasis que se añade en esa transcripción es para poner de manifiesto que, en virtud de la modificación de la relación laboral, por la descentralización de los servicios de salud, se debe aplicar el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, la ley que lo regula: la Ley Federal del Trabajo. En efecto, debido a la modificación de la relación laboral, los trabajadores de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, pasaron a serlo de organismos descentralizados, como el instituto demandado, por lo que dejaron de considerarse empleados de la Federación o del Estado. Ello, al margen de que el organismo descentralizado para el que se transfirieron sea parte integrante del Estado, pues al contar con personalidad y patrimonio propios, responde por sí de las relaciones laborales que dentro del mismo existan. En este sentido, se cita la jurisprudencia P./J. 98/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la tesis aislada 2a. CXCV/2002, de la Segunda Sala de ese Alto Tribunal; la primera, aparece en la página 810, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; la segunda, en la página 725, Tomo XVII, enero de 2003, del propio Semanario y época; a continuación, por su orden, se transcriben: ‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. EL HECHO DE QUE PRESTEN SERVICIOS PÚBLICOS O QUE NO PERSIGAN FINES LUCRATIVOS, NO INCIDE EN EL RÉGIMEN LABORAL ENTRE ELLOS Y SUS TRABAJADORES.’. ‘COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES Y SUS TRABAJADORES.’ (se transcriben). Se indica que hubo una modificación en la relación laboral y que ello implica una nueva regulación: la que deriva del apartado A del artículo 123 constitucional. No cabe pues, la interpretación que hace el instituto quejoso. La que, además, resulta sesgada, pues divide la continencia de la causa en competencia y en las normas que para la relación laboral deben aplicarse. Es decir, hace una distinción que no puede ser jurídicamente aceptable, dado que la naturaleza de una relación laboral no puede ser y no ser al mismo tiempo. Esto es, no puede cifrarse competencia a una Junta Local de Conciliación y Arbitraje y al mismo tiempo pretender que aplique normas que la propia jurisprudencia señala que no son aplicables. Por lo anterior, se precisa que la Junta atendió a la congruencia requerida en toda resolución. Consecuentemente, resulta apegado a derecho que estimara que la relación de trabajo con el instituto demandado se rige por el apartado A del artículo 123 de nuestra Carta Magna y que, por ende, debía acudirse a la Ley Federal del Trabajo, la que en su artículo 162 dispone que se cubra la prima de antigüedad a todo aquel trabajador que se separe voluntariamente (o bien, que se separe de manera justificada o se separe por despido injustificado) de la fuente de trabajo y que haya tenido los años de servicio que en ese precepto se indican. Por último, resultan fundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, en el sentido de que la Junta responsable, para determinar la prestación demandada, consistente en el pago de ‘prima de antigüedad’, de un trabajador que inicialmente ingresó a prestar sus servicios para la Secretaría de Salubridad y Asistencia del Ejecutivo Federal, y que posteriormente ingresó a un régimen legal distinto, esto es, al organismo público descentralizado Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, ISAPEG, debió computar el término respectivo a partir de que ingresó a laborar para la institución demandada, en atención a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 56/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ... En primer término, es de destacar que la trabajadora que reclama el pago de prima de antigüedad inició sus labores en un órgano de la administración pública federal centralizada, consistente en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en la que se regulaban las relaciones de trabajo, en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal. Como ya quedó establecido con anterioridad, ese órgano público fue sustituido, por lo que hace a la trabajadora actora, por el organismo público descentralizado Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, ISAPEG. ... De lo anterior se concluye que cuando la trabajadora dependía de la Secretaría de Salubridad y Asistencia dependiente del Gobierno Federal, se regía por el apartado B del artículo 123 constitucional, gozando de los derechos ahí previstos, así como los precisados en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. A partir de la descentralización de los servicios de salud, al crearse el organismo público descentralizado Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, la regulación laboral debe entenderse regida por el apartado A del artículo 123 constitucional, con los derechos ahí previstos, a través de la Ley Federal del Trabajo, aunque respetando siempre los derechos laborales adquiridos por el trabajador, antes de la entrada en vigor de los convenios y decreto por el que se creó el organismo público descentralizado citado. ... Sin embargo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no contempla la figura de la prima de antigüedad y la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 162 el derecho de los trabajadores a ella ... Así, cuando la trabajadora actora, con motivo de haber pasado a laborar al organismo público descentralizado Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, ISAPEG, sus relaciones laborales se rigen, por la Ley Federal del Trabajo, ingresando hasta ese momento a su esfera de derechos laborales la figura de la ‘prima de antigüedad’ establecida en el artículo 162 de la ley laboral y, por tanto, sólo para efectos de su pago, el cómputo empieza a contar a partir de que ingresó a laborar al órgano descentralizado, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 162 de dicha ley. ... En las relatadas condiciones, el tribunal responsable transgredió en perjuicio de la parte quejosa la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al contravenir lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo y, en reparación de la aludida transgresión, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el tribunal del conocimiento deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar dicte otro, en el que, resuelva lo concerniente a la prestación demandada por concepto de ‘prima de antigüedad’, tomando como base, para el cómputo correspondiente, la fecha en que la trabajadora actora ingresó a laborar a favor de la demandada Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, ISAPEG, no así el tiempo laborado inicialmente para la administración pública federal centralizada (Secretaría de Salubridad y Asistencia), ya que esa prestación no se contiene en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Por lo expuesto y fundado ..."

CUARTO. Al resolver los amparos directos laborales con números de toca 147/2003 y 763/2003, el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materia Penal de ese circuito sustentó consideraciones similares, motivo por el cual únicamente se transcriben las emitidas al resolver el segundo de los amparos directos mencionados, por tratarse del asunto más reciente (de fecha quince de enero de dos mil cuatro).

Las consideraciones sustentadas al resolver el referido amparo directo laboral 763/2003, en lo que al presente asunto interesa, son del tenor siguiente:

"QUINTO. Son fundados los conceptos de violación. Tal como lo aduce el quejoso, no es un trabajador de confianza. ... Para arribar a esa decisión, se examina el nombramiento aportado por el actor, el cual sólo fue objetado en cuanto a su alcance jurídico y valor probatorio ... Pues bien, en dicho nombramiento, se señala que se trata de un trabajador de base y contra esa categoría el patrón no ofreció prueba alguna. ... Por otra parte, contrario a lo que estimó la Junta responsable, para el caso sí es importante establecer si son o no, aplicables las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Salud, en atención de que se trata de normas que precisan un diverso trato para la rescisión e incluso para establecer cuál es la legislación laboral aplicable. En este aspecto, es de señalarse que en el formato único de movimientos de personal, de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa, aparece como parte patronal la Secretaría de Salud y Seguridad Social del Estado de Guanajuato y en el apartado de ‘fecha de ingreso’, se lee lo siguiente: ‘Gob. Fed. 90/06/01; Sría. Salud 90/06/01’. A esa fecha, ya había comenzado la descentralización operativa de los servicios de salud, puesto que así deriva de los acuerdos ofrecidos como prueba. Las abreviaturas que aparecen en el citado formato, en el apartado ‘fecha de ingreso’, que corresponden a ‘Gob. Fed. y a Sría: Salud’, no deben soslayarse, de ellas se deriva que se asentó alguna relación con el sistema federal, dado que los servicios de salud no se prestan de manera exclusiva por una entidad federativa, sino que se coordinan con la Federación, así se desprende de los artículos 4o., tercer párrafo, constitucional, 1o., 3o., 13, 19, 20 y 21 de la Ley General de Salud, que a continuación se transcriben: (reproduce su texto). Luego, debido a la coordinación que deriva de los preceptos legales antes transcritos, es que el formato único de movimientos de personal vincula al operario a la Federación, o mejor dicho a la Secretaría de Salud. Ahora bien, acorde con las cláusulas décima segunda y décima tercera del acuerdo de coordinación que celebraron el Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Programación y Presupuesto, de la Contraloría General de la Federación, de Desarrollo Urbano y Ecología y de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Ejecutivo del Estado, para la integración orgánica y la descentralización operativa de los servicios de salud, publicado el ocho de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, en el Diario Oficial de la Federación, se deben respetar las condiciones generales de trabajo, que en su favor invoca el actor. Estas cláusulas dicen: (se transcriben). Por su parte, el acuerdo nacional para la descentralización de los servicios de salud, suscrito el veinte de agosto de mil novecientos noventa y seis, contiene generalidades, y precisa que los firmantes ‘se comprometen a celebrar acuerdos de coordinación para concretar sus respectivas responsabilidades en la conducción y operación de los servicios de salud’. ... El decreto gubernativo número 48 del Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial de esta entidad, el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, mediante el que se creó el organismo público descentralizado Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, conocido por sus siglas como ISAPEG, corresponde a otro dato, de éste se cita la parte que, para el caso interesa: (se transcribe). Otro elemento, es el acuerdo de coordinación que celebraron la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de Guanajuato, para la descentralización integral de los servicios de salud en esta entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de mil novecientos noventa y siete, del que se citan las siguientes cláusulas: ‘Primera. Segunda. Tercera. Décimo sexta. Décimo séptima. Décimo octava. Décimo novena. Vigésima. Vigésima primera. Vigésima segunda. Vigésima quinta.’. (se transcriben). Por su parte, las condiciones generales de trabajo que se establecieron entre la Secretaría de Salud y sus trabajadores, en su capítulo de ‘antecedentes’ establece: (se transcribe). De los instrumentos antes referidos, esto es, de los acuerdos, decreto y condiciones laborales, se deriva que estas últimas son derechos laborales que en el proceso de descentralización de los servicios de salud, las entidades federativas, así como el organismo demandado, se comprometieron a respetar, con lo que aun cuando no fuesen sus firmantes, expresaron someterse a su contenido, y a esa voluntad es a la que debe estarse. En este sentido, no debe perderse de vista que si las condiciones de trabajo establecen mayores prerrogativas a éstas se debe acudir. ... Por lo que si a través del decreto gubernativo número 48 del Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial de esta entidad, el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, mediante el que se creó el organismo público descentralizado Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, se estableció el respeto y aplicación de las condiciones generales de trabajo que se pactaron entre la Secretaría de Salud Federal y sus trabajadores, así como las futuras reformas a tales condiciones, se trata de una voluntad a la que, se reitera, debe atenderse, por referirse a la adhesión que expresamente se hace a tales condiciones de trabajo, lo cual vincula a la parte patronal. Ello, se insiste, aun cuando no fuese firmante de esas condiciones, pues se señaló que las respetaría y aplicaría en diversos acuerdos y actos que se publicaron en medios oficiales de difusión. Las ‘condiciones generales de trabajo’, regían en la relación laboral al momento de la contratación, pues no obstante que en esa fecha ya había comenzado el proceso de descentralización de los servicios de salud, aún no se delegaba por completo a los Estados dichos servicios, ni se estableció que dichas condiciones se suspendieran, quedaran sin efecto o dejasen de tener vigencia. De lo contrario (sic), en ese proceso de descentralización, siempre se manifestó la voluntad (de la Secretaría de Salud Federal y de los Estados) de que esas condiciones de trabajo se respetarían. De los acuerdos y el decreto antes referidos, deriva que las ‘condiciones generales de trabajo’ son derechos laborales que en el proceso de descentralización de los servicios de salud, las entidades federativas, se comprometieron a respetar, y precisaron que los garantizarían. Incluso el decreto gubernativo que creó al organismo demandado, así lo asentó. No obstante que esa garantía se fijó a futuro (según la redacción de esos acuerdos y decreto), no debe perderse de vista que la voluntad de total respeto a dichas condiciones, sí se plasmó y, por ello, vincula a la parte demandada. El artículo 17 del decreto que creó al organismo demandado, utiliza un verbo en tiempo futuro: ‘garantizará’ en tanto que el numeral 18 precisa que se procedería al registro de esas condiciones ante los organismos jurisdiccionales correspondientes. Esa promesa es suficiente, por encontrase plasmada en documentos que, de manera plena, se externó la voluntad de esta entidad para respetarlos, aun cuando no se aprecia instrumentación jurídica (formalidad) alguna para ello. No se soslaya el contenido de los artículos segundo y tercero transitorios de las condiciones generales de trabajo que se establecieron entre la Secretaría de Salud y sus trabajadores para el trienio 1998-2001, que dicen: ‘Segundo.’. ‘Tercero.’. (se transcriben). Preceptos que precisan que esas condiciones podrán aplicarse a los trabajadores de los organismos públicos descentralizados como el demandado, cuando se hayan aceptado; en el caso, se estima suficiente la voluntad que se contiene en el decreto que creó al organismo demandado, si se toma en cuenta que son condiciones generales de trabajo, que no llegaron a denominarse contrato colectivo de trabajo, aun cuando se estimare como tal, surtió, como convenio, efectos entre las partes y a esa voluntad debe estarse. Voluntad que, se insiste, se expresó en el decreto que creó el organismo demandado del juicio laboral, y que por otra parte, el correspondiente sindicato ya las había generado a su favor antes del proceso de descentralización, pues según lo expresado, esas condiciones regían antes de ese proceso. Por otra parte, la previa existencia de ese convenio, antes de la descentralización, dio lugar a que en su momento, se registrase (sic) ante las autoridades laborales de México, Distrito Federal, lo cual no se puede soslayar, y en cuanto a lo que ocurrió durante y después de la descentralización, relativo a la expresión de una voluntad que es constante (para que se respetaran esas condiciones), no puede originar su desconocimiento, sobre todo si se estima como una voluntad que al menos, surte efectos entre las partes, en este caso, vincula al organismo demandado. La voluntad es un

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20372-6e5f8b69/instituto-de-salud-publica-del-estado-de-guanajuato · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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