REPARTO DE UTILIDADES. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE UN AÑO, PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EXIGIRLO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Con el propósito de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso conocer las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en las ejecutorias que dieron origen a las tesis que se estiman como posiblemente contradictorias.
Bajo este supuesto, tenemos que el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, emitió la ejecutoria relativa al amparo directo DT. 177/99, promovido por María del Carmen Escobar Morales, que en la parte conducente, establece lo siguiente:
"III. La quejosa expresó como conceptos de violación, lo siguiente (sic): ‘Primero. Artículos aplicados inexactamente y dejados de aplicar: La responsable deja de aplicar los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo en vigor y la jurisprudencia que más adelante se detalla. Concepto de violación. En efecto la responsable en los considerandos IV, V y VI, resolutivos primero y segundo del laudo de fecha 7 de diciembre de 1998, incurre en defecto lógico al valorar las pruebas aportadas en el juicio natural, pues determina que «resulta improcedente la prestación reclamada por la actora en concepto de fondo de ahorro, en atención a que en los autos y mediante la documental consistente en copia fotostática del laudo de fecha 3 de septiembre de 1997, en el diverso expediente seguido por la actora en contra de las demandadas, en el que reclamó el pago de cantidad líquida en concepto de aportaciones que hizo al fondo de ahorro, mismo que quedó determinado y sancionado por parte de este tribunal» continúa la responsable su razonamiento exponiendo que en el juicio 950/96, mi poderdante debió reclamar o recurrir lo referente al fondo de ahorro en lo respectivo a la aportación patronal, sin embargo, no toma en cuenta que mi poderdante no renunció al derecho de reclamar con posterioridad la parte patronal de dicho fondo, pues tal y como se replicó en diligencia de 14 de julio de 1998 en el juicio aludido se reclamó la devolución de las aportaciones o descuentos que se le hicieron a la actora, tal y como se desprende del hecho 4 que obra transcrito en el laudo de fecha 3 de septiembre de 1997, probanza aportada por ambas partes; luego entonces, resulta equivocada la conclusión de la Junta al establecer que la prestación consistente en el pago de la cantidad de $4,272.00 por concepto de aportación patronal al fondo de ahorro de la demandada en el escrito de fecha 25 de mayo de 1998 era improcedente. En realidad el estudio de la documental consistente en el laudo de fecha 3 de septiembre de 1997 fue deficiente, pues la premisa falsa de que la aportación al fondo del ahorro por parte del patrón formó parte de la condena de dicho laudo, llevó a la Junta a la conclusión errónea de que dicha cantidad fue pagada a mi poderdante en su comparecencia de 25 de mayo de 1998, lo que es falso. A mayor abundamiento, en la foja 6 del laudo de fecha 3 de septiembre de 1997 claramente se establece: «Se condena también a la demandada a entregar a la actora la cantidad de $4,272.00 (cuatro mil doscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) por concepto de fondo de ahorro, ya que de acuerdo a los recibos de pago de 1o. de enero al 30 de septiembre de 1996, a los cuales se les otorgó valor probatorio pleno al momento de ser analizados y que la demandada hizo suyos, a la actora únicamente se le descontó dicha cantidad» de lo que se desprende fehacientemente que el pago de lo condenado no incluyó la aportación del patrón, la cual fue reconocida en el expediente 508/98 por las demandadas al contestar la adición al hecho 3 en diligencia de 14 de julio de 1998, que se formuló en los siguientes términos: «3. La citada aportación al fondo de ahorro es de acuerdo a los convenios celebrados con las empresas codemandadas y de las cuales tiene conocimiento directo debido a sus funciones los señores C.P. Carlos Javier González Guerra Romo e Ing. Rubén Jesús Castillo Musel, quienes saben que el patrón aportaba a dicho fondo la misma cantidad que los trabajadores», a lo que contestó la demandada «se acepta que efectivamente los señores Carlos Javier González Guerra Romo y el Ing. Rubén Jesús Castillo Musel, tienen conocimiento de los convenios celebrados por las empresas codemandadas, así como también de la aportación al fondo de ahorro». En virtud de lo expuesto es evidente que la responsable hizo defectuoso estudio de las pruebas aportadas al absolver a las demandadas y no darle valor probatorio alguno a los documentos que obran en autos exhibidos por mi poderdante, así como la instrumental de actuaciones, que sí me benefician. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 874, visible en la Gaceta 36, pág. 60 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, pág. 392, al tenor: «PRUEBAS APRECIACIÓN DE LAS. POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. La estimación de las pruebas, por parte de las Juntas, sólo es violatoria de garantías si en ella se alteran los hechos o se incurre en defecto de lógica en el raciocinio. Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.». Por tanto es procedente se otorgue el amparo para efectos de que se estudien adecuadamente las pruebas y en especial el laudo referido, condenándose a las demandadas a hacer pago a mi poderdante de la aportación de $4,272.00 por parte del patrón al fondo de ahorro. Segundo. Artículos aplicados inexactamente y dejados de aplicar: La responsable deja de aplicar el artículo 122 y aplica inexactamente el 516, ambos de la Ley Federal del Trabajo. Concepto. En efecto, en relación con la cantidad que le correspondía a mi poderdante por reparto de utilidades, la responsable en el considerando III y resolutivo tercero, del laudo combatido, erróneamente declara prescrito tal derecho, tomando en cuenta la fecha en que el titular del contrato colectivo de trabajo aceptó la declaración anual de las demandadas, es decir, el 10 de abril de 1997, a la fecha de presentación de la demanda el 29 de mayo de 1998, lo cual es erróneo, pues de acuerdo al artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo las acciones prescriben en un año a partir del día siguiente en que se hace exigible el derecho. Lo que no analiza la Junta es que de acuerdo con el artículo 122 de dicha ley, el reparto de utilidades debe hacerse dentro de los dos meses siguientes o 60 días a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, argumento esgrimido en audiencia de 14 de julio del año pasado, es decir, dicho término debe contarse en la fecha que vence dicho plazo, que es el 31 de marzo de cada año, por lo que los dos meses concluyen el 31 de mayo, es decir, que el término de un año para reclamar la prestación debidamente cuantificada vencería el 31 de mayo de 1998 y no como erróneamente concluye la Junta. Por lo que procede el amparo para que se realice el pago de la cantidad líquida determinada en autos.’. IV. Es infundado el concepto formulado en relación a la improcedencia del pago del fondo de ahorro, en lo que respecta a la aportación que le correspondía hacer al patrón. En efecto, la acción del trabajador para reclamar el pago del fondo de ahorro, puede concebirse como el poder jurídico de provocar la actividad de un órgano que decida sobre el reclamo de una prestación, la cual de ninguna manera puede reclamarse en forma parcial, porque el derecho solamente podrá ser analizado sólo una vez por la Junta, para determinar la procedencia o improcedencia de lo pretendido. Ahora bien, de la lectura de las constancias que obran en autos, se advierte que la actora ya con anterioridad a la reclamación actual, de la parte proporcional que debió aportar el patrón como fondo de ahorro, en el diverso juicio laboral J6B/950/96, reclamó una cantidad líquida por este concepto, manifestando que correspondía a la parte aportada por el trabajador y la misma Junta Especial Número Seis, dictó un laudo de fecha tres de septiembre de mil novecientos noventa y siete, donde se pronunció respecto del pago del fondo de ahorro, condenando a Oriflame México, S.A. de C.V. y Servicios Oriflame, S.A. de C.V., a pagar a la actora María del Carmen Escobar Morales, la cantidad de cuatro mil doscientos setenta y dos pesos por dicho concepto; así pues, es claro advertir que la Junta ya resolvió en aquel primer juicio la procedencia del pago del fondo de ahorro, la cual determina la inoperancia de un nuevo análisis de esa prestación por tratarse de una cosa juzgada, aun cuando se pretenda reclamar únicamente la aportación que correspondió al patrón, porque no es dable analizar de manera dividida la procedencia de la prestación, como correctamente lo estimó la responsable. Es fundado el segundo concepto de violación consistente en que la Junta incorrectamente estimó prescrito el derecho al pago de reparto de utilidades, sin tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que el reparto debe hacerse dentro de los dos meses siguientes, o sesenta días a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual en el mes de marzo, dejando de estimar que el término para su reclamación se debió contar a partir de la conclusión de dos meses posteriores a dicho plazo, o sea a partir del treinta y uno de mayo de cada año y no como lo estimó la Junta a partir del diez de abril de mil novecientos noventa y siete, fecha en la cual el sindicato titular del contrato colectivo, por medio de su representante legal, dio su conformidad con la declaración anual, aceptando la realización de su reparto. El artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, párrafo primero dice: ‘Artículo 122. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores.’. Del precepto legal transcrito se advierte la obligación del patrón de hacer el pago de reparto de utilidades dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. Esto es, la obligación al pago referido se debe realizar dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual (mes de marzo). Ahora bien, si dentro de todo el mes de marzo se puede legalmente cumplir con la obligación de pagar el reparto de utilidades, se actualiza a partir de la conclusión de ese periodo y abarca los meses de abril y mayo y sólo terminado éste, se puede estimar incumplida la obligación del patrón y es a partir del primer día del mes de junio cuando nace el derecho del actor para demandar su cumplimiento y no como incorrectamente lo estimó la responsable, determinando que era a partir de la aprobación del porcentaje repartible, cuando el patrón tenía el término de los sesenta días para cumplir con su obligación y al concluir ese periodo empezaba a correr el término de un año para la prescripción. En virtud de lo anterior, resulta claro que la responsable con ello infringió lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, lo que obliga a este tribunal a otorgar el amparo y protección solicitados para el efecto de que deje insubsistente el laudo combatido, parta de la consideración de que el término de prescripción para reclamar el reparto de utilidades empieza a transcurrir al día siguiente de terminados los dos meses posteriores a la fecha en que debe pagar el impuesto anual el patrón y hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción dicte un nuevo laudo según corresponda en derecho."
La resolución transcrita, dio origen a la tesis que aparece publicada en la página 774 del Tomo X, diciembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente:
"REPARTO DE UTILIDADES. INICIO DEL TÉRMINO PRESCRIPTIVO, PARA DEMANDAR SU PAGO. El artículo 122, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, dispone la obligación del patrón de efectuar el pago de reparto de utilidades, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que deba cubrirse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite la objeción de los trabajadores. De donde, si durante el mes de marzo se puede legalmente cumplir con el pago de ese impuesto, es evidente que a partir de la conclusión de ese periodo nace la diversa obligación de pagar dicha prestación a los obreros, abarcando los meses de abril y mayo y sólo terminado éste, se puede estimar incumplida la obligación del empleador y por ende, a partir del primero de junio inicia el derecho del actor para demandar su cumplimiento y precisamente desde este momento es cuando empieza a correr el término de un año para la prescripción y no a partir de la aprobación del porcentaje repartible. Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. Amparo directo 177/99. María del Carmen Escobar Morales. 7 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretario: Nicolás Castillo Martínez."
CUARTO. Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DT. 229/96, promovido por Guillermina Ling Macías, en la parte que nos interesa, sostuvo lo siguiente:
"TERCERO. La quejosa expresó los siguientes conceptos de violación: ‘Primero. La autoridad responsable al dictar el laudo que se combate, violó en perjuicio de mi mandante lo dispuesto en los artículos 831, 832, 833, 834, 840, 841, 842 y 885 de la Ley Federal del Trabajo y muy especialmente los artículos 14, 16 y 123 constitucionales. Del estudio del acto reclamado se desprende que la responsable sostiene lo siguiente: Que la carga de la prueba le corresponde a la actora. Mi representada con las pruebas ofrecidas acreditó los hechos de su demanda, fareciéndole (sic) inclusive lo manifestado expresamente por la empresa demandada en su escrito de contestación a la demanda, que a la actora le corresponden únicamente por concepto de reparto de utilidades del ejercicio fiscal de 1993, la cantidad de N$1,532.06, sin acreditar que a la actora le corresponde tal cantidad y no la que reclama. Segundo. La responsable viola en perjuicio de mi representada los artículos 14, 16 y 123 constitucionales, así como los señalados de la Ley Federal del Trabajo que han quedado descritos, por las consideraciones siguientes: No obstante de que la empresa demandada Nacional Automotriz, S.A. de C.V., reconoce primeramente en su escrito de contestación a la demanda, que a la actora únicamente le corresponden por concepto de reparto de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal de 1993, la cantidad de N$1,532.06, y posteriormente en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas en el apartado 4 que a la actora únicamente le corresponden por concepto de reparto de utilidades respecto del ejercicio fiscal de 1993, la cantidad de N$1,532.06, ya que adeuda a la empresa la cantidad de N$2,750.10. Por lo anterior, se desprende de acuerdo a la confesión expresa de la demandada que a la actora le corresponden por concepto de reparto de utilidades del ejercicio fiscal de 1993, la cantidad de N$4,282.16, y en virtud de que adeuda a la empresa la cantidad que se señala y que además no acreditó por qué únicamente le queda por dicho concepto la cantidad de N$1,532.06. Asimismo, en su escrito de contestación opuso la excepción de prescripción y que al caso en concreto no es aplicable (sic). Por lo anteriormente expuesto, se hace notar a ese H. Tribunal que la responsable al dictar el laudo que se combate, únicamente se basa en la excepción de prescripción conforme al artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, como se puede apreciar en el considerando IV del laudo de referencia, y que es inaplicable al presente caso por las siguientes razones: La responsable denota claramente que existe parcialidad en favor de la demandada o en su caso carece de interpretación jurídica, al aplicar la prescripción indebidamente. Mi representada efectivamente dio por terminado su contrato y relación de trabajo el día 13 de septiembre de 1993, y toda vez de que el ejercicio fiscal de la empresa comprende del primero de enero al 31 de diciembre de cada año y en especial del año de 1993, por lo que hasta la fecha en que mi representada laboró para los demandados no obstante de que el concepto o el reparto de utilidades se encontraba ganado o devengado de acuerdo al tiempo trabajado en el año de 1993, en virtud de que hasta esa fecha aún no se determinaba el monto de la utilidad, en virtud de que se determina después de que la empresa presenta su declaración ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que es hasta 1994 y para el caso de que llegara a haber utilidad, se cubre a los trabajadores tomando en cuenta los supuestos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, a partir del mes de mayo posterior al ejercicio fiscal correspondiente. En el presente caso las utilidades del ejercicio fiscal de 1993, es exigible (sic) a partir del mes de mayo de 1994, es a partir de entonces cuando nace el derecho de la actora para hacer exigible su derecho, y para el supuesto de que fuera aplicable la prescripción de acuerdo al artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, su acción prescribiría hasta el mes de mayo de 1995, y la actora ejercitó su derecho el día 31 de octubre de 1994, encontrándose totalmente en tiempo. Por las razones mencionadas, el laudo dictado por la autoridad responsable es totalmente incongruente, ya que la excepción de prescripción es improcedente y la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana no le benefician en ningún momento a la demandada, y sin embargo sí le beneficia a mi representada por las confesiones expresas vertidas por la empresa demandada y que la autoridad responsable en ningún momento tomó en cuenta para emitir el laudo.’. CUARTO-.Los conceptos de violación son fundados. Asiste razón a la solicitante del amparo al decir que la Junta del conocimiento violó garantías en su perjuicio al estimar que la acción intentada se encontraba prescrita, además de que la absolución se imponía porque la demandante no demostró en el juicio haber cumplido con los requisitos a que se refiere el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo; pues al respecto debe decirse, que la demanda laboral para el reclamo de la participación de utilidades de la empresa se presentó oportunamente, además de que la autoridad del trabajo contaba con elementos suficientes para pronunciarse respecto a la procedencia de esta reclamación; por las razones que a continuación se exponen: La Junta del conocimiento realizó un inadecuado análisis de la excepción de prescripción que hizo valer la demandada, ya que si bien es cierto que el trabajador dejó de prestar sus servicios a partir del trece de septiembre de mil novecientos noventa y tres, también lo es que el término prescriptorio para este tipo de reclamaciones debe computarse a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, según lo determina el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo; de ahí que si la prestación pretendida consistió en el importe que a decir de la demandante le correspondía de la participación de utilidades de la negociación demandada y si éstas se determinan una vez vencido el ejercicio fiscal correspondiente, luego, al tratarse de las que pudo haber obtenido la empresa en el año de mil novecientos noventa y tres, es indudable que la prescripción correría un día después de que haya sido dictaminado ese aspecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lo referente al periodo anual, según se desprende de lo dispuesto por los artículos 121 a 126 de la ley laboral; lo que significa, que si el ejercicio fiscal de la empresa concluyó el último día del año de mil novecientos noventa y tres, y con esa base se sometió la productividad de la empresa al conocimiento de la autoridad fiscal dentro del año siguiente a ese ejercicio, tomando esta base, si se determinó la existencia o no de las utilidades de la empresa en el año de mil novecientos noventa y cuatro, y dentro del mismo la actora presentó su demanda, específicamente el treinta y uno de octubre, es inconcuso que su pretensión no había prescrito. La Junta lesionó garantías en perjuicio de la trabajadora al arribar a la conclusión que al no haberse demostrado que se satisficieron los requisitos del artículo 125 de la ley laboral para exigir el pago de participación de utilidades, resultaba procedente decretar la absolución relativa; pues sobre este aspecto debe decirse, que si bien es cierto que en la especie no se justificó el procedimiento administrativo que se hubiese realizado ante la autoridad tributaria para definir el alcance de ese reparto para los trabajadores de la empresa demandada y particularmente el que correspondía a la aquí quejosa, también lo es que su pronunciamiento debió encauzarlo en los términos en que quedó delimitada la controversia laboral y con base al material probatorio ofrecido en el juicio, de donde se desprende la procedencia de esta reclamación. La razón de esto, obedece a que la empleada pretendía el pago de siete mil quinientos nuevos pesos (ahora siete mil quinientos pesos), por lo que hacía al reparto de utilidades determinadas en su favor, correspondientes al año de mil novecientos noventa y tres, de cuya exigencia el empleador sostuvo que el único monto que le asistía por ese concepto era de mil quinientos treinta y dos nuevos pesos con seis centavos (ahora mil quinientos treinta y dos pesos con seis centavos); por lo que en esta tesitura es indudable que ante la confesión expresa del patrón vertida en este sentido, impulsaba a la autoridad laboral para que fijara la condena de cuando menos al pago de esta cantidad (sic); sin embargo, como los aspectos de controversia deben ser estudiados en relación al material probatorio, según lo exigen los artículos 841 y 842 de la ley de la materia, entonces, debió tomarse en cuenta que la empresa ofreció al juicio el recibo que a decir de esa parte comprendía las utilidades que merecía recibir su contraria, el cual corre agregado a fojas veintitrés de los autos del que se desprende que por tal concepto a la demandante le correspondía la suma de cuatro mil ochocientos ochenta y seis nuevos pesos con cincuenta centavos (ahora cuatro mil ochocientos ochenta y seis pesos con cincuenta centavos); empero, como a ese importe debería deducírsele el impuesto correspondiente y una cantidad que en el mismo documento se indica como préstamo a razón de dos mil setecientos cincuenta nuevos pesos con diez centavos, el alcance que debería recibir era de un mil quinientos treinta y dos nuevos pesos con seis centavos. Probanzas que debieron ser atendidas por la Junta; esto es, la confesional expresa del patrón, vertida en el sentido de que la actora tenía derecho al pago de la citada participación, así como el recibo fechado el mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, en donde se establece el importe de este concepto. Ahora bien, si en autos consta en un documento que fue ofrecido por el demandado en donde se hace la expresión de la suma que por ese derecho le correspondía recibir a la trabajadora, asentándose para ello que es por la cantidad de cuatro mil ochocientos ochenta y seis nuevos pesos con treinta centavos, entonces, debió establecerse esta cantidad como tal; sin que se tomara en cuenta el descuento que la empresa realizaba por lo que denominó ser un préstamo, así como tampoco lo relativo al impuesto, ya que en el juicio el empleador en ningún momento esgrimió que el saldo de esa participación fuera con motivo de algún préstamo específico, y que el pago de la participación de utilidades se encuentra sujeto a un impuesto específico, el que además de que no se mencionó a qué tributo se refiere, con ello se impidió que la actora planteara la controversia correspondiente, asimismo que permitiera que la Junta resolviera conforme a derecho; por lo que al tratarse de aspectos ajenos a la litis laboral no podían ser atendidos. Consecuentemente, al ser violatorio de garantías el laudo combatido, resulta procedente conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Junta lo deje insubsistente y en su lugar dicte otro en el que decrete la condena al pago de la participación de utilidades correspondientes al año de mil novecientos noventa y tres, por la cantidad de cuatro mil ochocientos ochenta y seis nuevos pesos con cincuenta centavos."
La ejecutoria transcrita dio origen a la tesis I.9o.T.44 L que aparece publicada en la página 463 del Tomo III, febrero de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente:
"PRESCRIPCIÓN. LA ACCIÓN PARA RECLAMAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS UTILIDADES DE UNA EMPRESA, SE RIGE POR LA FECHA EN QUE SE DETERMINA SU PORCENTAJE Y EL DERECHO SE HACE EXIGIBLE, NO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE LA RUPTURA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. El derecho a recibir el pago de la participación de utilidades se genera a partir de que la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas determina el porcentaje correspondiente, cuyo reparto debe efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual; entonces, si un trabajador exige el pago de ese derecho después de un año de haber dejado de prestar sus servicios, pero antes de que transcurra el año en que se determine el porcentaje relativo, debe estimarse que la acción respectiva se ejercita oportunamente, ya que el derecho se objetiva en la fecha en que se fija el reparto de las utilidades y no en la de la separación. Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Amparo directo 229/96. Guillermina Ling Macías. 1o. de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Héctor Landa Razo."
QUINTO. Ahora bien, una vez transcritas las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados, para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente sintetizar los asuntos involucrados en éstas, previo a lo cual, es menester hacer la siguiente observación.
No pasa inadvertido a esta Segunda Sala, el que la tesis sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito no refleja las consideraciones de la ejecutoria que le diera origen, es decir, del texto de la sentencia de amparo DT. 229/96, no se desprende razonamiento alguno referido a que el derecho a reclamar el pago por participación de utilidades se genere a partir de que la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas determine el porcentaje correspondiente y que, por lo tanto, el plazo de prescripción para ejercer la acción respectiva, comience a correr a partir de que dicho porcentaje sea fijado, en tanto dicha comisión ni siquiera aparece mencionada en la ejecutoria de mérito.
Sin embargo, toda vez que para efectos de decidir si existe o no la contradicción de tesis denunciada debe atenderse al contenido de las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados, puesto que es en éstas donde se encuentran plasmadas las consideraciones que sustentan el sentido de los fallos, es decir, los criterios de los Tribunales que pudieran resultar opuestos, en el caso que nos ocupa se analizará el texto mismo de las ejecutorias respectivas; debiéndose indicar que, dado el sentido que regirá el presente fallo, se considera innecesario ordenar la corrección de la incongruencia detectada, en tanto la tesis que con carácter de jurisprudencia sea aprobada, de conformidad con lo que establece el artículo 192 de la Ley de Amparo, será la única obligatoria para los órganos jurisdiccionales del país, circunstancia que garantiza la certeza jurídica que debe imperar en beneficio de los gobernados.
Sirve de apoyo a esta determinación la tesis P. LXXXI/95, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81 del Tomo II, octubre de 1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO ES CONFUSA O INCOMPLETA LA TESIS REDACTADA, DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA. Si del análisis de una tesis y de la ejecutoria respectiva se advierte que aquélla resulta confusa o no refleja lo que en la ejecutoria se sostiene, para efectos de la contradicción debe atenderse a ésta y no a la tesis redactada, puesto que el criterio que sustenta el órgano que resuelve se encuentra en las consideraciones de la propia resolución. En esta hipótesis, la inexactitud de la tesis en relación con la ejecutoria a la que se refiere, lleva, además y con independencia de la existencia o inexistencia de la contradicción que se hubiere denunciado, a la corrección de la tesis relativa, pues si a través de la publicación de las tesis se dan a conocer los diversos criterios que sustentan los órganos resolutores, es lógico que por razones de seguridad jurídica deba corregirse y darse a conocer el verdadero criterio del juzgador que no fue reflejado con fidelidad."
Hecha la observación que antecede, tenemos que:
El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito resolvió el amparo directo DT. 177/99, interpuesto por María del Carmen Escobar Morales contra el laudo de fecha siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, pronunciado por la Junta Especial Número Seis Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el expediente J6B/508/98.
En el juicio laboral respectivo, la entonces actora demandó de su patrón, Oriflame México, S.A. de C.V. y/o Servicios Oriflame S.A. de C.V., el pago de $4,272.00 por concepto de aportación patron
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6980-a6594ce2/reparto-de-utilidades-momento-a-partir-del-cual · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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