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Modo: Corpus Pro

PERITO SUSTITUTO. PUEDE VÁLIDAMENTE ADHERIRSE A OTRO DICTAMEN O HACER SUYO EL RENDIDO POR EL EXPERTO SUSTITUIDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 183/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18946
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, , Pág. 643.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 183/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el veinte de febrero de dos mil tres, al resolver el amparo directo DT. 24444/2002, se apoyó en las consideraciones siguientes:

"TERCERO. Por razón de método se analizarán los conceptos de violación en un orden diverso al que se plantean en la demanda de garantías. La parte de los conceptos de violación, en donde el quejoso refiere que la Junta fue omisa en valorar a fondo lo expuesto en la audiencia de doce de julio de dos mil, ya que estima que la Junta no actuó conforme a derecho al recibir la pericial médica del dictaminador nombrado por el instituto demandado, porque en la audiencia de seis de junio del mismo año, se sustituyó a la doctora María Guadalupe Elizondo Vázquez por Margarita Peralta Toledo, el cinco de julio del propio año se volvió a sustituir a aquélla por Guadalupe del Carmen Santos Absalón, y en la audiencia de doce del citado mes y año se volvió a sustituir a la misma doctora por Francisco Elizondo Velázquez, es infundada. En efecto, por escrito de fecha diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, el instituto demandado ofreció, entre otras pruebas: ‘La pericial médica, a cargo de la Dra. Guadalupe Elizondo Vázquez y/o quienes ellos designen y tiene la especialidad de medicina del trabajo, quien tiene su domicilio laboral en la U.M.F. No. 21 ubicada en Francisco del Paso y Troncoso número 281, Esq. Lorenzo Boturini, Col. Jardín Balbuena, perito médico ante quien deberá comparecer la parte actora para que sea examinado el día y hora que esta Junta señale a fin de que rinda su dictamen al tenor del siguiente interrogatorio ...’ (foja 97 del expediente laboral). En la audiencia celebrada el seis de junio de dos mil, el Instituto Mexicano del Seguro Social compareció por conducto de su apoderada asistido de su perito médico doctora Margarita Peralta Toledo en sustitución de la doctora Guadalupe Elizondo Vázquez, de conformidad con el artículo 825 de la Ley Federal del Trabajo, y al hacer uso de la voz la perito Margarita Peralta Toledo dijo: ‘... En este acto acepta y protesta el cargo que le fue conferido como perito médico ...’ (foja 115 del expediente laboral). En la diversa audiencia de cinco de julio del citado año, el instituto demandado compareció por conducto de su apoderada, asistido de su perito médico doctora Guadalupe del Carmen Santos Absalón, quien manifestó lo siguiente: ‘... En este acto acepta y protesta el cargo que le fue conferido como perito médico ...’ (foja 116 del expediente laboral). En la audiencia de doce del mencionado mes y año, el instituto de seguridad social compareció por conducto de su apoderado, asistido de su perito médico doctor Francisco Medina Ferreira, el que al hacer uso de la voz expresó: ‘... Que en este acto acepto y protesto el cargo que me fue conferido como perito médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, procedo a rendir dictamen constante de 7 fojas útiles de fecha 10 de julio de 2000 ... al cual antes de ratificar en este acto lo hago mío por encontrarse elaborado por diverso perito médico ...’ (foja 130 del expediente laboral). De acuerdo a lo anterior, no le causa ningún perjuicio al quejoso, que en la citada audiencia de seis de junio hubiera sustituido el demandado a su perito Guadalupe Elizondo Vázquez por Margarita Peralta Toledo, porque ésta no rindió dictamen, ya que quien lo hizo fue Guadalupe del Carmen Santos Absalón, siendo correcto que la Junta responsable lo tuviera por rendido, porque el perito Francisco Medina Ferrera lo hizo suyo en la audiencia celebrada el doce de julio de dos mil, el instituto demandado al ofrecer la prueba pericial designó a la Dra. Guadalupe Elizondo Vázquez, también lo es que dijo ‘y quien éste designe’, por lo que bien podía desahogar la prueba otro perito, como sucedió en la especie, ya que al depender los peritos antes señalados del mismo instituto, se puede inferir que la información médica y los estudios realizados al actor son los mismos, por lo que no se puede considerar que alguno desconozca los padecimientos del actor, en caso de que los tuviera."

De las consideraciones preinsertas derivó la tesis cuyos rubro, texto y datos de localización son:

"PERICIAL MÉDICA. NO PROCEDE SU DESERCIÓN CUANDO EN LA AUDIENCIA DE LEY COMPARECE UN PERITO DIVERSO AL INICIALMENTE DESIGNADO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL O AL QUE SUSCRIBIÓ EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE Y HACE SUYO SU CONTENIDO. Cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece como prueba la pericial nombrando un perito de su parte y enseguida las palabras ‘y/o quien designe’, es factible que en la audiencia señalada para su desahogo comparezca un diverso perito al que se designó inicialmente o al que suscribió el dictamen correspondiente y haga suyo su contenido, puesto que tal situación de ninguna manera se traduce en una violación procesal, al grado de decretar la deserción de la prueba en cuestión, toda vez que al depender los peritos antes mencionados del instituto precitado, se puede colegir que la información médica y los estudios realizados al actor son los mismos; de ahí que la valoración que se haya hecho del expediente médico por parte de dichos facultativos debe ser coincidente, máxime que al hacer suyo el perito sustituto el dictamen del perito sustituido, no se puede prejuzgar que el primero de ellos no conozca la patología del paciente objeto del dictamen." (Novena Época, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, abril de 2003, tesis I.4o.T.62 L, página 1113).

CUARTO. El criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el veintiuno de junio de dos mil cuatro, al resolver el amparo directo DT. 8143/2004 (relacionado con el amparo directo DT. 8163/2004), se apoyó en las consideraciones siguientes:

"SEXTO. Es esencialmente fundado uno de los conceptos de violación, el cual, dado que atañe a una violación procesal, hace innecesario el estudio del resto. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia elaborada por la desaparecida Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Tomo VI, Materia Común, Parte SCJN, página 85, que dice: (se transcribe). Como antecedentes del caso, tenemos que: 1) Juan Reyes Vázquez demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social: A) El otorgamiento y pago de una incapacidad permanente total del 100%; B) El otorgamiento y pago de la pensión mensual correspondiente; C) El otorgamiento y pago de la pensión por invalidez; D) La exención de impuestos; E) El otorgamiento y pago de las prestaciones en especie que prevén los artículos 63, 65, 66, 92 y 129 de la Ley del Seguro Social; F) El otorgamiento de las asignaciones familiares a favor de su esposa, contempladas en los artículos 129 y 164 de la Ley del Seguro Social; G) Que todas las prestaciones fuesen con un año retroactivo a la presentación de la demanda; y H) El otorgamiento y pago de la pensión que resulte. 2) El Instituto Mexicano del Seguro Social dio contestación a la demanda, alegando que el actor no interpuso el recurso de inconformidad previsto en el artículo 295 de la Ley del Seguro Social; que se ejercitaban acciones contradictorias; que no era cierto que el actor padeciera alguna enfermedad con motivo de su trabajo; que no reunía los requisitos de los artículos 119 y 122 de la Ley del Seguro Social; y que el trabajador no se sometió a exámenes médicos de acuerdo con el artículo 58 de la Ley del Seguro Social; asimismo, opuso las excepciones de prescripción, oscuridad y falta de acción y derecho. 3) Seguido el procedimiento laboral en sus etapas, el doce de junio de dos mil tres, la Junta responsable dictó un laudo en el que condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar a Juan Reyes Vázquez una pensión por incapacidad parcial permanente valuada en un 20%, a causa de una enfermedad broncopulmonar por inhalación de humos de combustión de hidrocarburos, la cual sustituyó por una indemnización global de cinco anualidades; asimismo, absolvió a la demandada de las demás prestaciones. La resolución en cita, consiste el acto reclamado en el presente juicio de garantías. Hace valer el quejoso que en el juicio laboral se violó el procedimiento, toda vez que la parte demandada designó como perito de su parte al médico Emilio Salmerón Robles, quien en diligencia de veintidós de octubre de dos mil dos aceptó y protestó el cargo conferido, solicitando una prórroga para emitir su dictamen, pero que en la audiencia de doce de noviembre de dos mil dos, que se fijó para tal efecto, compareció el médico Francisco Medina Ferrera en sustitución del primero nombrado, quien aceptó el cargo y rinde el peritaje, lo cual considera incorrecto, pues dice, la Junta debió decretar la deserción de la prueba pericial de la demandada. Suplido en lo conducente el anterior concepto de violación resulta fundado. El artículo 821 de la Ley Federal del Trabajo dispone: ‘Artículo 821.’ (se transcribe). El objetivo de tal medio probatorio es auxiliar al juzgador en aquellas cuestiones, llámense ciencia, arte, técnica, profesión, oficio, etc., sobre las cuales éste no tenga los conocimientos suficientes y que sean necesarios para determinar uno o más aspectos del litigio. Los peritos, obviamente, habrán de tener conocimientos sobre la profesión o arte relativa al punto de controversia; y en los casos en que ésta se encuentre legalmente reglamentada, habrán de acreditar que se encuentran autorizados para ejercer la misma. Lo anterior de acuerdo al artículo 822 del código laboral. La probanza en análisis es de naturaleza colegiada. Esto significa que las partes pueden nombrar un perito que emita su opinión especializada sobre el punto de controversia, y en caso de discordancia, la Junta tiene facultad para nombrar a un perito tercero en discordia a fin de allegarse de los elementos suficientes para decidir, con ayuda de tales periciales, a cuál de las partes asiste razón. Lo anterior implica que los peritos designados analicen el objeto de estudio (entendiéndose éste en un sentido amplio) sobre el cual existe controversia en el litigio; ello con base en los métodos y técnicas de la profesión, ciencia o arte respectiva, para que después emitan el dictamen correspondiente. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo las pruebas habrán de ofrecerse en la audiencia trifásica, en la cual la Junta resolverá sobre aquellas que admita y las que deseche. Sin embargo, dado que el artículo 825 de la Ley Federal del Trabajo exige que el día fijado para el desahogo de la prueba pericial las partes deben presentar a los peritos, y que éstos, tras protestar el cargo deberán rendir su dictamen inmediatamente; se ha extendido una práctica generalizada entre las autoridades laborales de que al momento de admitir la prueba pericial fijan una fecha en la cual el perito habrá de llevar a cabo el análisis del objeto a estudio, esto, a fin de contar con tiempo para elaborar su dictamen y rendirlo en la fecha señalada para el desahogo de la pericial. Lo anterior ocurre, sobre todo, con el perito de la parte contraria al oferente, ya que con ello se evita el entorpecimiento, por las partes, del desahogo de las periciales, al obligarlos a que faciliten el objeto de estudio al perito de la contraparte para que lo analice y dictamine sobre él, pues al efecto, las Juntas decretan los apercibimientos respectivos. Lo anterior se justifica, ya que por la naturaleza de la prueba pericial, ésta requiere cierta preparación en la que los peritos tengan oportunidad de analizar el objeto relacionado con la ciencia que dominan y sobre el que pesa la controversia, lo cual, en muchos casos, sería imposible llevarlo a cabo el mismo día de la audiencia en que se presentan ante la Junta, tal como lo exige el artículo 825 en cita. En otro orden de ideas, cabe destacar que dada la redacción de la norma en cita y su falta de adecuación a la naturaleza de la prueba pericial, da oportunidad a las partes de que, en caso de haber nombrado perito en la audiencia de ofrecimiento de pruebas (lo cual no se exige en la ley laboral), pueden sustituirlo en la audiencia en que se llevará a cabo el desahogo de la prueba pericial; incluso, si no lo hubiesen designado, de hacerlo en la misma, pues también otorga la posibilidad de que, de no emitir el perito inmediatamente su dictamen, se señale nueva fecha para que lo haga, siempre que haya una causa justificada, como en este caso sería que por habérsele designado en esa fecha, le ha sido imposible analizar el objeto a estudio. A guisa de ejemplo, tenemos la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 333, que dice: ‘PRUEBA PERICIAL. EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL ES VÁLIDA LA SUSTITUCIÓN DEL PERITO MIENTRAS EL PROPUESTO NO RINDA SU DICTAMEN.’ (se transcribe). Huelga decir que la facilidad que otorga la norma, entorpece el desahogo de la prueba pericial, al permitir la sustitución del perito y que rinda su peritaje con posterioridad. Ahora bien, lo que interesa destacar, y que se relaciona con el caso concreto, es que si bien el artículo 825 de la Ley Federal del Trabajo permite la sustitución del perito hasta antes de que rinda su dictamen, no permite que un perito ratifique el dictamen médico elaborado por otro, o que lo haga suyo, sin que previamente haya realizado el examen correspondiente al trabajador en relación con el objeto de estudio de la prueba. En efecto, como se vio, el objetivo de la pericial médica es brindar los conocimientos técnicos a las autoridades laborales para auxiliarlos sobre aspectos en los cuales no son especialistas, en este caso la salud humana, para ello acostumbran señalar una fecha para que el perito, sobre todo el de la contraria a la oferente, ausculte al trabajador, lo cual encuentra explicación lógica, ya que con base en el análisis físico del operario habrán de determinar si son ciertos o no los puntos sobre los que versa el interrogatorio de la pericial médica; de tal suerte que no existiendo constancia de que el perito médico designado haya analizado personalmente la salud del trabajador, objeto de la pericial, no puede decirse que tal prueba cumpla con su objetivo, ya que es precisamente la confrontación de los conocimientos del profesional con el caso concreto, lo que determina la certeza del dictamen por parte de quien lo elabora. En otras palabras, si bien dos especialistas en una materia pueden coincidir en un dictamen, esto no debe establecerse como una regla general, pues del grado de preparación de cada uno, de su coeficiente mental, pericia y demás aspectos personales, dependerá la opinión que cada perito tenga sobre un caso concreto, de ahí que se prevea la figura del perito tercero en discordia; por tanto, no es factible aceptar que en la prueba pericial médica un perito ratifique el dictamen de otro, o que lo haga suyo, sin que previamente haya examinado al trabajador en relación con el objeto de estudio de la pericial, aun cuando éste se base en los mismos estudios que le hayan servido de base al otro perito. Establecidas tales premisas, tenemos que en el expediente que nos ocupa, la Junta responsable, por acuerdo de dos de septiembre de dos mil dos, señaló el doce del mismo mes y año para que Juan Reyes Vázquez se presentara ante el médico Emilio Salmerón Robles (perito de la demandada), en el domicilio ubicado en avenida Plutarco Elías Calles número 473, colonia Santa Anita de esta ciudad, para que le practicara los exámenes médicos correspondientes. En audiencia de treinta de septiembre de dos mil dos (foja 49 del expediente laboral), compareció el médico Emilio Salmerón Robles y dijo que el actor no se había presentado en la fecha y hora señalado para que lo auscultara, por lo cual le era imposible rendir su dictamen. En tal virtud, la Junta señaló como fecha para que el perito de la demandada diagnosticara al actor, el veintidós de octubre de dos mil dos. En audiencia de veintidós de octubre de dos mil dos (foja 451 del expediente laboral), compareció nuevamente el médico Emilio Salmerón Robles y dijo otra vez que el actor no se había presentado en la fecha y hora señalado para que lo auscultara, por lo cual pedía que se le hicieran efectivos los apercibimientos decretados. Dada tal circunstancia y de que advirtió que no existía constancia de que el actor hubiera sido examinado por el perito de la demandada, la Junta señaló como nueva fecha para que el perito de la demandada diagnosticara al actor el treinta y uno de octubre de dos mil dos. Posteriormente, en audiencia de doce de noviembre de dos mil dos, en uso de la voz, el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social manifestó: ‘Que con la personalidad debidamente acreditada y reconocida en autos, en este acto me permito sustituir al perito médico Dr. Emilio de Jesús Salmerón Robles, por el Dr. Francisco Medina Ferreira, a efecto de que rinda la pericial de la parte que represento.’. En la misma audiencia, el nuevo perito nombrado por la parte demandada dijo: ‘Que acepto y protesto el cargo conferido conforme a la ley, y rindo mi dictamen en términos de un escrito constante de 7 fojas útiles escritas por una sola de sus caras, de fecha 12 de noviembre de 2002 acompañada de 2 anexos y 3 placas radiográficas, mismo que ratifico y reproduzco en todas y cada una de sus partes, solicitando se agregue en autos para constancia.’. Ahora bien, del análisis del dictamen que dijo el médico Francisco Medina Ferreira elaboró (fojas 54 a la 62 del expediente laboral), se advierte, en principio, que éste comienza con la leyenda: ‘El que suscribe Dr. Emilio de Jesús Salmerón Robles, médico cirujano con registro ante la Dirección General de Profesiones 683731, Secretaría de Salud 86965, especialista en medicina de trabajo, nombrado perito médico por el Instituto Mexicano del Seguro Social ...’. Asimismo, en la última parte del dictamen se encuentra el nombre del Dr. Emilio de J. Salmerón Robles, no obstante que se encuentra firmado por Francisco Medina Ferreira. Como otra circunstancia que conviene resaltar, encontramos que los estudios que anexa al dictamen, el primero (foja 61 del expediente laboral), está firmado por Olvera G., y los otros dos contienen un facsímil con el nombre, Emilio de J. Salmerón R., además, todos tienen fecha de treinta y uno de octubre de dos mil dos, la cual fue señalada para que el primero de los peritos designados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (Emilio de J. Salmerón Robles), auscultara al actor. De lo anterior es fácil deducir que el dictamen que presentó ante la Junta el médico Francisco Medina Ferreira, no pudo haber sido elaborado por éste, y que sólo hizo suyo el elaborado por Emilio de J. Salmerón R. (aun cuando no lo haya dicho expresamente), sin que previamente haya examinado a Juan Reyes Vázquez. En efecto, los datos asentados en el dictamen que autorizan al perito para ejercer la profesión de medicina corresponden a otro, sin que exista constancia de que Francisco Medina Ferreira cuente con la autorización que exige el artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo, en este caso, la cédula expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Salud. Además, al haberse señalado como fecha para que el perito de la parte demandada auscultara al actor, el treinta y uno de octubre de dos mil dos, es obvio que el perito Francisco Medina Ferreira no estuvo en posibilidad de examinar a tal persona, debido a que fue nombrado como perito del Instituto Mexicano del Seguro Social en audiencia de doce de noviembre de dos mil dos, es decir, en una fecha posterior. Lo anterior se traduce en una violación al procedimiento en términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, fracción III, ya que la pericial médica del Instituto Mexicano del Seguro Social no fue recibida conforme a la ley, hecho que afecta la defensa del quejoso y trascendió al sentido del laudo, pues dado que fue admitida ilegalmente la pericial en medicina de su contraparte, tal circunstancia dio pie a que hubiera la necesidad de nombrar un perito tercero en discordia, cuyo peritaje no fue favorable a los intereses del hoy impetrante de garantías. Es aplicable la jurisprudencia surgida de la contradicción de tesis, varios 14/88, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Parte SCJN, página 298, que dice: ‘PRUEBAS, ADMISIÓN DE, A LA CONTRAPARTE. VIOLACIÓN PROCESAL RECURRIBLE EN AMPARO DIRECTO.’ (se transcribe). En tales circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la Junta Especial Número Ocho Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente el laudo de doce de junio de dos mil tres y reponga el procedimiento para que la prueba pericial de la parte demandada sea declarada desierta bajo los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria."

El criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el veintiocho de junio de dos mil cuatro, al resolver el amparo directo laboral 6943/2004, se apoyó en las consideraciones siguientes.

"SEXTO. Son fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia con apoyo en la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 39/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, visible en las páginas trescientos treinta y tres y trescientos treinta y cuatro, del siguiente tenor literal: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.’. La jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA.’ (se transcribe). Conviene precisar los siguientes antecedentes del juicio laboral. a) José Luis Alviter Fuentes, por su propio derecho, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el reconocimiento de los padecimientos del orden profesional que presenta, por tener relación de causa-efecto con su ambiente laboral y los riesgos de trabajo que sufrió en el desempeñó de sus actividades el trece de marzo de mil novecientos noventa y nueve y veintidós de septiembre de dos mil; el otorgamiento y pago de una pensión por incapacidad permanente total; los beneficios que establece el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo; los incrementos que se generen en la categoría del actor; el pago de una pensión por invalidez y las prestaciones inherentes a ésta; así como el pago de aguinaldo (fojas uno a tres). b) De dicha demanda conoció la Junta Especial Número Ocho Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje (foja cinco). c) El Instituto Mexicano del Seguro Social, al contestar la demanda, le negó acción y derecho al actor para reclamar las prestaciones de su escrito inicial. Opuso como excepciones la falta de cumplimiento del requisito de procedibilidad contenido en el artículo 295 de la Ley del Seguro Social; la falta de acción y de derecho; la de prescripción en términos de lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley del Seguro Social; la de prescripción de conformidad con el numeral 516 de la Ley Federal del Trabajo; y la de oscuridad y defecto legal de la demanda (fojas diecinueve y veinte). d) La audiencia trifásica se celebró el veintitrés de mayo de dos mil uno (fojas treinta y ocho a cuarenta y dos). e) Seguido el proceso, en ocho de mayo de dos mil tres, la Junta responsable emitió el laudo, en el que condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgar y pagar al actor una pensión por incapacidad permanente parcial del 45% (cuarenta y cinco por ciento) por los padecimientos de síndrome doloroso lumbar crónico postraumático que le genera disminución de los arcos de movilidad, rigidez de hombro izquierdo postraumático y flebitis postraumática de miembro pélvico izquierdo, derivados de los accidentes de trabajo; incrementos y prestaciones en especie en términos de los artículos 63, 65, 75 y 92 de la Ley del Seguro Social. Por otra parte, lo absolvió del pago de aguinaldo, de la pensión por invalidez y de las prestaciones accesorias a ésta, así como de los beneficios del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo. Es fundado, suplido en su deficiencia, el tercer concepto de violación en el que el quejoso afirma que la responsable viola las leyes esenciales del procedimiento que trascendieron al resultado del fallo que impugna, por la indebida sustitución del perito médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual debió desechar sin que procediera designar perito tercero en discordia por ser innecesario debiendo conceder valor pleno al rendido por el perito del actor. En efecto, se advierte de las constancias que integran el juicio laboral 1976/00, que en el caso emerge una violación a las leyes esenciales que rigen el procedimiento, consistente en que la autoridad responsable, mediante proveído de tres de septiembre de dos mil uno, tuvo por rendido el dictamen médico del perito del Instituto Mexicano del Seguro Social en términos del escrito de veintinueve de agosto de dos mil uno, constante de una foja útil y un anexo, el cual tuvo por ratificado y reproducido en todas sus partes, ordenando agregarlo a sus autos para que surtiera los efectos legales correspondientes, no obstante que dicho dictamen fue elaborado por un médico diverso al que aceptó y protestó el cargo; por lo que la Junta al ser discrepantes los dictámenes del perito del actor y del instituto demandado, nombró perito tercero en discordia; además, ésta trascendió al resultado del fallo, porque en el laudo al proceder a la valoración de tales dictámenes, la Junta responsable le negó valor probatorio al dictamen de los peritos de las partes, toda vez que el que le causó convicción fue el del perito médico tercero, con base en el cual tuvo por acreditadas las enfermedades profesionales que padece el actor; y en consecuencia, condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de una pensión por incapacidad permanente parcial del 45% (cuarenta y cinco por ciento), por lo que la violación de mérito coincide con la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 159 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que dispone que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando las pruebas no se reciben conforme a la ley, como se verá a continuación. En la audiencia trifásica laboral, en su fase de ofrecimiento y admisión de pruebas (fojas cuarenta a cuarenta y dos), que tuvo lugar el veintitrés de mayo de dos mil uno, el demandado Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su apoderado legal, ofreció la prueba pericial médica a cargo de la doctora María Silveria Ahumada Trejo y/o quien designara el instituto, para lo cual debería requerir al actor para que se presentara ante la referida perito con el objeto de que le practicara los exámenes médicos necesarios a fin de que pudiera emitir su dictamen correspondiente con base en el interrogatorio respectivo; por su parte, la Junta mediante acuerdo de esa misma fecha, tuvo por ofrecida y admitida la referida prueba a cargo de la doctora María Silveria Ahumada Trejo; asimismo, señaló día y hora a fin de que el actor asociado del actuario compareciera ante la perito médico para que le practicara los exámenes médicos correspondientes. El cuatro de julio de dos mil uno se celebró la audiencia pericial médica de las partes, a la que compareció la parte actora con su apoderado legal y su perito el doctor Eduardo Monreal Montalvo, y por la parte demandada su apoderado legal y su perito doctora María Silveria Ahumada Trejo, en uso de la palabra, cada uno de los peritos aceptaron y protestaron el cargo que les fue conferido y solicitaron a la Junta les concediera fecha y hora para rendir su respectivo dictamen médico, ya que aún no concluían los estudios; la Junta señaló de nueva cuenta día y hora para la celebración de la audiencia. En la audiencia pericial médica de tres de septiembre de dos mil uno, estando presentes la parte actora, su apoderado legal y asistido de su perito médico doctor Eduardo Monreal Montalvo, así como el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social asistido de su perito doctora Esther Basurto Benítez en sustitución de la doctora María Silveria Ahumada Trejo, estando integrada la Junta y abierta la audiencia por el auxiliar, se asentó, en lo conducente, lo siguiente: ‘En uso de la palabra el perito de la parte actora dijo: Que acepto y protesto el cargo que me fue conferido como perito médico de la parte actora y en este acto rindo mi dictamen en términos de un escrito constante de 3 fojas útiles, de fecha 2 de septiembre del presente año, el cual se ratifica y reproduce en todas y cada una de sus partes, mismo que exhibo solicitando se agregue a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En uso de la palabra el apoderado de la parte demandada dijo: Que en es

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18946-b8239896/perito-sustituto-puede-validamente-adherirse-a-otro-dictamen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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