JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TRATÁNDOSE DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA, EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA, CON BASE EN EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA, PUEDEN INTRODUCIRSE ARGUMENTOS NOVEDOSOS PARA CUESTIONAR LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O RECURSO DEL CUAL DERIVE LA RESOLUCIÓN DE MÉRITO, SIN QUE LA OMISIÓN DE IMPUGNAR AQUÉLLAS EN LA DEMANDA HAGA PRECLUIR SU DERECHO PARA HACERLO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 143/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que el tema sobre el cual tratan las ejecutorias respecto de las que se denuncia la presente contradicción de tesis, corresponden a la materia administrativa de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver por unanimidad de votos, la revisión fiscal 12/2008, el diecisiete de abril de dos mil ocho sostuvo, en la parte conducente, lo siguiente:
"QUINTO. Son fundados los agravios hechos valer. En principio, es conveniente precisar lo siguiente: Mediante escritos de diecisiete de agosto y trece de septiembre de dos mil seis, presentados ante la Administración Local Jurídica de Chihuahua, ********** promovió recurso de revocación contra la resolución contenida en el oficio 324-SAT-08-I-Ce-4648 de trece de junio de dos mil seis, emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal, a través de la cual se determinó un crédito fiscal por la cantidad de **********a través de su apoderado, promovió el juicio contencioso administrativo del que deriva la resolución ahora recurrida, impugnando la resolución negativa ficta que atribuyó a la Administración Local Jurídica de Chihuahua, recaída al aludido recurso de revocación. La autoridad dio contestación a la demanda, exponiendo los fundamentos y motivos de la negativa ficta (fojas 39 a 92). La parte actora mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil siete, amplió la demanda, haciendo valer, entre otros, argumentos que no esgrimió en el recurso de revocación, ni en su demanda, siendo uno de ellos, la ilegalidad del procedimiento fiscalizador, porque la orden de visita domiciliaria no contenía la cita del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación (fojas 944 a 1005). La autoridad, al dar contestación a la ampliación de demanda, expuso como cuestión previa que dichos conceptos de impugnación eran inoperantes porque no controvierten los fundamentos y motivos de la negativa ficta, pues el actor no estaba facultado para hacer valer argumentos no aducidos en el recurso de revocación, por haber precluido su derecho, pues debió plantearlos desde la demanda (fojas 1231 a 1312). La Sala Fiscal, el veinticinco de octubre de dos mil siete, emitió resolución en el juicio de nulidad en la cual estimó debidamente configurada la negativa ficta y abordó la cuestión previa hecha valer por las autoridades demandadas, en el sentido de que la ampliación de demanda se encontraba sujeta o condicionada a que el actor formulara razonamientos tendentes a desvirtuar la legalidad de los hechos y el derecho en que se apoyó la negativa ficta y no con el objeto de que formulara argumentos novedosos, pues ello lo debió hacer desde el escrito inicial de demanda, ya que los actos del procedimiento eran de su pleno conocimiento, por lo que precluyó su derecho; al efecto, la Sala Fiscal consideró que carecía de sustento lo argumentado por las autoridades demandadas, en síntesis, porque la autoridad no puede fundar su resolución en situaciones procesales que impiden el conocimiento de fondo como serían a manera de ejemplo, falta de personalidad, extemporaneidad del recurso o de la instancia, cuando éste se hizo valer desconociendo los actos recurridos, porque ya perdió su derecho al no sustentarlas dentro del plazo legal; y porque en virtud del principio de litis abierta, que rige el juicio contencioso administrativo, el demandante está en posibilidad de hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso de revocación, reiterar los esgrimidos en el mismo o, incluso, sólo combatir la resolución recurrida, en términos del penúltimo párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por lo anterior, la Sala Fiscal procedió a analizar el aludido argumento novedoso el cual declaró fundado y suficiente para declarar la nulidad de ‘las resoluciones impugnadas’ (fojas 1326 a 1337). Mediante resolución de fecha veinte de noviembre de dos mil siete, la Sala Fiscal aclaró dicha sentencia, estableciendo que se declara la nulidad de la resolución contenida en el oficio 324-SAT-08-I-Ce-4648 de trece de junio de dos mil seis, y en consecuencia, la de la negativa ficta impugnada (fojas 1347 a 1350). En sus agravios, las autoridades recurrentes combaten las consideraciones mediante las cuales la Sala Fiscal resolvió la cuestión previa hecha valer por las autoridades demandadas, bajo el argumento de que la autoridad perdió su derecho a hacer valer cuestiones procesales para fundar su resolución y de que el actor, al ampliar su demanda, sí podía hacer valer argumentos no invocados en el recurso de revocación, por virtud de la figura jurídica de la litis abierta. Ahora bien, la litis en este recurso de revisión consiste en determinar si la parte actora se encontraba en oportunidad al momento de ampliar su demanda de nulidad, de hacer valer argumentos novedosos, tales como que la orden de visita domiciliaria no contenía la cita del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación. Se afirma que son fundados los agravios, por lo siguiente: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 166/2006, con número de registro 173,737, emitida al resolver la contradicción de tesis 91/2006, sostuvo que uno de los propósitos esenciales de la configuración de la negativa ficta se refiere a la determinación de la litis sobre la que versará el juicio de nulidad respectivo, del que habrá de conocer el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual no puede referirse sino a la materia de fondo de lo pretendido expresamente por el particular y lo negado fíctamente por la autoridad, con el objeto de garantizar al contribuyente la definición de su petición y una protección más eficaz respecto de los problemas controvertidos a pesar del silencio de la autoridad; y que en ese tenor, al contestar la demanda que se instaure contra la resolución negativa ficta, la autoridad sólo podrá exponer como razones para justificar su resolución, las relacionadas con el fondo del asunto, esto es, que no podrá fundarla en situaciones procesales que impidan el conocimiento de fondo, como serían la falta de personalidad o la extemporaneidad del recurso o de la instancia, toda vez que, al igual que el particular, pierde el derecho por su negligencia, para que se resuelva el fondo del asunto (cuando no promueve debidamente), también precluye el de la autoridad para desechar la instancia o el recurso por esas u otras situaciones procesales que no sustentó en el plazo legal. Dicha tesis de jurisprudencia aparece publicada en la página 203, Tomo XXIV, diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: ‘NEGATIVA FICTA. LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA DE NULIDAD, NO PUEDE PLANTEAR ASPECTOS PROCESALES PARA SUSTENTAR SU RESOLUCIÓN.’ (se transcribe). En la especie, según se advierte de la parte del fallo recurrido que se analiza, es claro que la Sala Fiscal se apoya en dicho criterio para resolver; sin embargo, como lo aduce la parte recurrente, la Sala Fiscal interpreta incorrectamente la cuestión relativa a que la autoridad al contestar la demanda promovida contra la negativa ficta, no podrá fundar su resolución en situaciones procesales que impiden el conocimiento de fondo, porque la autoridad pierde su derecho a hacerlas valer para desechar la instancia o el recurso por esas u otras situaciones procesales que no sustentó en el plazo legal. Se afirma lo anterior, en virtud de que según se desprende de la jurisprudencia transcrita, la autoridad al momento de expresar los hechos y el derecho (tratándose de la negativa ficta), no puede resolver basándose en cuestiones procesales, sino que debe analizar los argumentos de fondo; sin embargo, como bien lo argumenta la autoridad recurrente, tal situación no conlleva a que la autoridad pierda el derecho de hacer valer cuestiones procesales en tratándose de la tramitación o desahogo de la instancia del juicio de nulidad, o sea, que lo que pierde la autoridad es el derecho de fundar su resolución (del recurso de revocación) en cuestiones de carácter procesal, pero no pierde el derecho de hacer valer cuestiones procesales dentro del juicio de nulidad, tales como la improcedencia de motivos de impugnación novedosos planteados en la instancia del juicio de nulidad, pues dentro de ésta la autoridad puede argumentar como refutación al escrito de ampliación de demanda, cuestiones como la que adujo, esto es, que la parte actora hizo valer argumentos novedosos respecto de los cuales ya precluyó su derecho para plantearlos, pues el derecho que perdió la autoridad es en relación a la tramitación y resolución del recurso de revocación, mas no a la tramitación y resolución del juicio de nulidad. Por otro lado, también es incorrecto que la Sala Fiscal haya estimado que por virtud de la ‘litis abierta’, la parte actora podía hacer valer los argumentos novedosos de que se trata. En efecto, el artículo 37, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, dice: ‘Artículo 37.’ (se transcribe). El texto del numeral antes transcrito, consagra la figura jurídica denominada negativa ficta, cuya naturaleza se centra en estimar que el silencio de la autoridad ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, extendido durante un plazo no interrumpido de tres meses, genera la presunción legal de que la autoridad resolvió de manera negativa; es decir, en forma contraria a los intereses del peticionario, circunstancia que origina su derecho procesal a interponer los medios de defensa pertinentes en contra de esa negativa tácita, o bien, a esperar a que esa autoridad dicte la resolución respectiva. De esta manera, el silencio administrativo, configurado así como un acto desestimatorio de la petición elevada por el contribuyente, origina una ficción legal, en virtud de la cual la falta de resolución produce la desestimación por silencio del fondo de las pretensiones del particular, lo que se traduce necesariamente en una denegación tácita del contenido material de su petición. Así, cuando se impugna una resolución negativa ficta, la litis en el juicio fiscal queda establecida con el escrito inicial de demanda y la contestación que de ella se haga, en la que se expresen los fundamentos de la resolución negativa ficta y, además, en su caso, con la ampliación de dicha demanda y su contestación, sin que las partes puedan introducir en la ampliación cuestiones diversas a las que se plantearon en la solicitud que dio origen a la negativa ficta. Es aplicable la tesis con número de registro 237,766, sustentada por la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81, Volúmenes 145-150, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: ‘NEGATIVA FICTA. LITIS EN EL JUICIO FISCAL CUANDO SE DEMANDA NULIDAD DE UNA RESOLUCIÓN DE TAL CARÁCTER.’ (se transcribe). Por otro lado, el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, señala los casos en que se podrá ampliar la demanda en el juicio de nulidad, y al efecto señala que ello podrá ser en los casos siguientes: a) cuando se impugne una negativa ficta; b) contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la demanda, así como su notificación cuando se den a conocer en la contestación; c) en los casos previstos en el artículo 18 de dicha ley, o sea, cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, caso en el cual si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución, deberán hacerse valer en la demanda, y si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando a la autoridad a quien le atribuye su notificación o ejecución, en este caso al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda; d) cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que, sin violar el primer párrafo del artículo 22, no sean conocidas por el actor al presentar la demanda y e) cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad en la presentación de la demanda. De dicho precepto legal se desprende, que posteriormente a la contestación de la demanda, la ampliación procede excepcionalmente sólo en los supuestos en el mismo previstos. Al respecto, debe citarse por las razones que informa la tesis de jurisprudencia 2a./J. 101/2006, con número de registro 174,743, publicada en la página 348 del Tomo XXIV, julio de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: ‘DEMANDA DE NULIDAD FISCAL. EL ACTOR PUEDE AMPLIARLA FACULTATIVAMENTE DENTRO DEL PLAZO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 207 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN Y, EXCEPCIONALMENTE, DESPUÉS DE CONTESTADA, EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL NUMERAL 210 DEL PROPIO ORDENAMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).’ (se transcribe). Por tanto, en la especie la litis configurada con la negativa ficta se centraba en las cuestiones propuestas por la parte actora en su escrito mediante el cual interpuso el recurso de revocación y los fundamentos y razones que esgrimió al respecto la autoridad al contestar la demanda, y en su caso, con los argumentos de la ampliación de la demanda y la contestación a dicha ampliación, siempre referidos a los temas relativos a la negativa ficta configurada. Es verdad que en el juicio de nulidad, el artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempla el principio de litis abierta, la cual comprende no sólo la resolución impugnada sino también la recurrida; los nuevos argumentos que pueden incluir los razonamientos que se refieran a la resolución recurrida, y los dirigidos a impugnar la nueva resolución; así como aquellas razones o motivos que reproduzcan agravios esgrimidos en el recurso administrativo en contra de la resolución originaria; pues todos estos argumentos, ya sean novedosos o reiterativos de la instancia administrativa, constituyen los conceptos de anulación propios de la demanda fiscal, lo cual implica que con ellos se combaten tanto la resolución impugnada como la recurrida en la parte que afecte el interés jurídico del actor, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está obligado a estudiarlos. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 32/2003, con número de registro 184,472, al interpretar el artículo 197, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, de similar redacción al artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tesis que es visible en la página 193, Tomo XVII, abril de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: ‘JUICIO DE NULIDAD. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 197, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, PERMITE AL DEMANDANTE ESGRIMIR CONCEPTOS DE ANULACIÓN NOVEDOSOS O REITERATIVOS REFERIDOS A LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, LOS CUALES DEBERÁN SER ESTUDIADOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe). Sin embargo, la litis abierta no autoriza al actor a introducir hasta la ampliación de la demanda, con motivo de la contestación a la demanda de negativa ficta, cuestiones diversas a las que conforman la litis de ésta, sin que ello riña con la figura jurídica de la litis abierta, pues el actor acudiendo a dicha figura jurídica, pudo hacer valer las cuestiones novedosas contra el procedimiento fiscalizador, al promover la demanda de nulidad, pues no adujo desconocer los actos relativos a dicho procedimiento, ya que en la ampliación de demanda, tratándose de la negativa ficta, únicamente puede controvertir los fundamentos y motivos de la resolución de la autoridad en relación a los temas propuestos en el recurso de revocación al cual recayó la negativa ficta, que debe considerarse son los que desconocía al interponer la demanda de nulidad y son los que le dio a conocer la autoridad al contestar la demanda, pues como se precisó con antelación la ampliación de demanda sólo procede en los diversos casos excepcionales a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en los cuales no se ubicó el actor. En el anterior orden de ideas, al resultar fundados los agravios hechos valer por las autoridades recurrentes, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y ordenar a la Sala Fiscal que declare fundados los argumentos relativos a la cuestión previa hecha valer por la autoridad demandada, analizada con antelación y, por ende, declare improcedente el concepto de impugnación en que se esgrimió la ilegalidad del procedimiento fiscalizador porque la orden de visita domiciliaria no contenía la cita del artículo 43 del Código Fiscal Federal, y resuelva lo que en derecho proceda respecto de conceptos de impugnación cuyo estudio omitió."
De las consideraciones precedentes surgió la tesis cuyos rubro, texto y datos de localización son:
"JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA NEGATIVA FICTA RECAÍDA AL RECURSO DE REVOCACIÓN. EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EL ACTOR NO PUEDE HACER VALER CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN NOVEDOSOS, APOYÁNDOSE EN LA FIGURA JURÍDICA DE LA LITIS ABIERTA. Cuando en el juicio de nulidad se impugna la negativa ficta recaída al recurso de revocación, la litis se establece con el escrito inicial de demanda y su contestación, en los que se expresan los fundamentos de la resolución controvertida y, en su caso, con la ampliación de la demanda y su contestación, siempre que éstas se refieran a los temas de la ficción legal que se analiza; por tanto, la figura jurídica de la litis abierta en el juicio de nulidad no autoriza al actor a introducir hasta la ampliación de la demanda cuestiones novedosas respecto de las que conforman la litis, ya que, como se apuntó, en aquélla únicamente puede controvertir los fundamentos y motivos de la resolución de la autoridad en relación con los temas propuestos en el recurso de revocación al cual recayó la negativa ficta, pues debe entenderse que son los que desconocía al interponer la demanda, ya que, además, la ampliación del escrito inicial sólo procede en los casos excepcionales a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo." (No. Registro: 169,475. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, junio de 2008. Tesis XVII.2o.P.A.34 A, página 1252).
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, el veintitrés de marzo de dos mil nueve, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo fiscal 66/2009, en lo interesante, sustentó las consideraciones siguientes:
"SEXTO. ... Los argumentos anteriormente sintetizados, mismos que por cuestión de método serán analizados en forma conjunta, por estar estrechamente relacionados, son fundados, de conformidad con lo que enseguida se detalla: Según criterio sustentado por este órgano de control constitucional, si de autos se advierte que la contestación de demanda trata cuestiones no tocadas en la promoción inicial, o bien esgrime argumentaciones que no podrían estimarse rebatidas de antemano en la demanda, porque ésta no se refirió directamente a ellas, es innegable que el actor debe producir la ampliación correspondiente, con la finalidad de contradecir tales argumentaciones, en atención a que, cuando en su contestación la autoridad expone los motivos y fundamentos de la resolución, el actor se encuentra ya en condiciones de rebatir lo que aduce la demandada. En efecto, de los autos en estudio, se advierte que la Administradora Local Jurídica de Chihuahua, al dar contestación a la demanda de negativa ficta, donde resolvió el recurso de revocación, manifestó que la negativa ficta no causa perjuicio al particular, ni lo deja en estado de indefensión, ya que ésta se puede impugnar y dio a conocer el método que aplicó para determinar el valor en aduana de la mercancía embargada, ofreciendo como prueba de su intención el oficio exhibido por la parte actora, mediante el cual se finca el crédito fiscal, así como copia certificada del dictamen de clasificación arancelaria, cotización y avalúo de dieciséis de abril de dos mil siete (fojas 46 a 78 del juicio de nulidad). Posteriormente, la Sala Fiscal, mediante auto de fecha seis de mayo de dos mil ocho, ordenó correr traslado a la parte actora, con copia de la contestación de la demanda y de los anexos exhibidos, para que de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dentro del término legal, produjera su ampliación de demanda. Hasta aquí podemos evidenciar que nos encontramos en el principio de litis abierta. Al respecto, conviene precisar, en primer término, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio en cuanto a que si bien el juicio de nulidad instrumentado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no está desvinculado de los cuestionamientos materia del recurso administrativo, no constituye una instancia sino un juicio autónomo en el que se ejercita una acción de nulidad de los actos administrativos. Luego, si el juicio de nulidad instrumentado ante las Salas del Tribunal mencionado es autónomo, es evidente que, al promoverse la demanda, se inicia una nueva litis formada con la resolución impugnada, los argumentos en contra de dicha resolución que constituyen la impugnación del actor y que son el contenido de los conceptos de anulación, así como la contestación de la demanda y las pruebas de las partes. Sentado lo anterior, en el juicio de nulidad, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa están obligadas a pronunciarse respecto de los nuevos argumentos defensivos expuestos por el actor, aun cuando no hubieran sido aportados en el procedimiento administrativo previo, porque el artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, autoriza al actor en el juicio de nulidad para hacer valer conceptos de impugnación no propuestos en el recurso correspondiente. El artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, dispone: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). Del precepto literalmente transcrito, se colige que existe litis abierta, la cual admite expresamente argumentos no planteados en el recurso administrativo que constituyen propiamente los conceptos de anulación sobre la resolución impugnada que son materia del juicio fiscal y serán objeto de la sentencia fiscal que se pronuncie; lo anterior se sostiene, porque del penúltimo párrafo del precepto en comento se infiere que el promovente puede hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso administrativo. Por otra parte, el mismo párrafo del precepto invocado establece que cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúe afectándolo, es decir, que cuando el recurrente acude al juicio de nulidad en contra de la resolución dictada en el recurso, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberá considerar que también impugna la resolución recurrida en la parte que continúe afectándolo, aunque no lo exprese, pues tal precepto establece la presunción en beneficio del gobernado de que también impugna la resolución recurrida. Aunado a lo expuesto, el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, prevé: ‘Artículo 50.’ (se transcribe). Como se denota, el cuarto párrafo del artículo 50 transcrito, se concatena armónicamente con lo ordenado en el penúltimo párrafo del artículo 1o. de la misma legislación, ya que si se presume que la resolución recurrida se impugna en la parte que continúa afectando al recurrente, es consecuencia lógica que el Tribunal Fiscal esté obligado a pronunciarse sobre su legalidad en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante, si dicho tribunal cuenta con elementos suficientes para ello. La limitante que establece la última parte del cuarto párrafo del artículo 50 invocado, en cuanto a que no se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda, debe entenderse referida a actos administrativos distintos de la resolución recurrida, puesto que para ésta ya se establece expresamente la presunción de impugnación en el penúltimo párrafo del artículo 1o. de la propia ley. En esa tesitura, la litis abierta que establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, por una parte, comprende no solamente la resolución impugnada, sino también la recurrida en la parte que continúe afectando al demandante y, por otra, comprende indudablemente también los nuevos argumentos del demandante, que propiamente pueden incluir tanto los razonamientos que se refieran a la resolución recurrida como aquéllos dirigidos a impugnar la nueva resolución recaída en el recurso administrativo, lo cual constituye los conceptos de anulación que son propios de la demanda fiscal; si bien aun cuando éstos no se formulen respecto a la resolución recurrida, ésta se entenderá impugnada en la parte que afecte y el tribunal deberá pronunciarse sobre la misma si tiene elementos suficientes para ello. El legislador, al establecer las normas procesales del juicio contencioso administrativo fiscal, tomó en cuenta que, como se ha dicho, tal juicio plantea una litis distinta a la de los recursos que le precedieron, y más aún de los hechos que motivaron el acto administrativo primigenio, en cuyo conjunto se advierten diversos cambios de situación jurídica desde el dictado del primer acto administrativo por la autoridad. Es así, que este último se emite considerando determinados hechos y circunstancias en que se da o se presume una infracción o incumplimiento por el gobernado, hechos y circunstancias que en un procedimiento administrativo de inspección o de verificación son fijados y considerados en el acto administrativo que se dicte, en el que se plasma una situación jurídica determinada, contra la cual puede promoverse un recurso administrativo cuya resolución fijará una nueva situación jurídica que puede ser diversa a la señalada en el acto administrativo recurrido; a su vez, la situación jurídica establecida en la resolución del recurso es nueva y distinta a las anteriores, por lo cual, respecto de ésta, surgen argumentos y pruebas distintas que pueden hacerse valer y ser materia de prueba en el juicio contencioso administrativo que se promueva, pues tal situación jurídica ha sido la definitiva en el ámbito de la ‘sede administrativa’, dando lugar a una nueva situación jurídica que es la materia del juicio de nulidad fiscal. Por tanto, resulta evidente que siendo una nueva situación jurídica la que es objeto de impugnación, nuevos pueden ser los argumentos y razonamientos del demandante en los que demuestre los razonamientos novedosos. Lo anterior se corrobora, en cuanto a la nueva litis y la nueva situación jurídica, con la circunstancia de que en el procedimiento del recurso administrativo, el órgano de la administración pública actúa con el carácter de autoridad frente al gobernado, ejerciendo imperio sobre el mismo y revisando por sí mismo sus propios actos; en cambio, en el juicio de nulidad fiscal el mismo órgano actúa sólo con el carácter de parte, sometido a la jurisdicción de otro órgano distinto que constituye un tribunal, en plena igualdad con las demás partes en el mismo juicio. No obsta para lo expuesto, el hecho de que en la contestación de la demanda no podrán cambiarse los fundamentos de derecho de la resolución impugnada, puesto que tal limitante está dirigida a la autoridad administrativa emisora del acto y resoluciones impugnadas y recurridas, considerando que en su carácter de autoridad y por obligación que le impone el artículo 16 constitucional, al emitir sus actos, deben fundarlo debidamente citando los preceptos legales expresos y tal fundamentación, aun en una litis distinta como lo es la del juicio fiscal, no puede variarse. De lo anterior se obtienen las
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21707-677047c6/juicio-contencioso-administrativo-tratandose-de-la-resolucion-negativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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