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Modo: Corpus Pro

INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS CON SUS MIEMBROS CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 113/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21339
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 1134.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 113/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos, en los que se sustentó que la materia del asunto es, por un lado, laboral y, por otro, administrativa, respecto de las cuales, el conocimiento corresponde a esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por una señora Ministra integrante de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TERCERO. Con el objeto de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario conocer las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados, estimadas como posiblemente contradictorias, para ello se transcriben, en lo conducente, a continuación.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el diecisiete de abril de dos mil ocho, el amparo en revisión 391/2008, sostuvo:

"V. Los agravios transcritos son infundados, por las razones siguientes. El trabajador recurrente (que laboró en el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial del Estado demandado en el juicio laboral) alega que la resolución recurrida le causa agravio porque el Juez de Distrito hizo un estudio incorrecto de la interlocutoria reclamada, ya que la Junta responsable la dictó conforme a derecho con base en las pruebas que ofreció el incidentista como la Ley Número 272 que crea el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, que en su artículo 2o. establece que dicho instituto es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y tomando en cuenta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: ‘COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y SUS TRABAJADORES.’, estableció que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo, las relaciones laborales de dichos organismos con sus trabajadores están fuera de las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales; por tanto, la competencia para conocer los conflictos obrero patronales que surjan entre el citado instituto policial como organismo público descentralizado y sus trabajadores corresponde a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ya que sus relaciones se rigen por la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal; sin embargo, el a quo para establecer la competencia no estudió de manera correcta las funciones y fines del mencionado instituto, cuyo servicio es únicamente para proteger el patrimonio de las personas físicas o morales que lo soliciten, mas no a la sociedad, por lo que, no se trata de institución de seguridad pública, como se advierte de los artículos 4o. y 5o. de la ley citada que lo creó, máxime si la Legislatura Local no ha emitido legislación alguna que establezca el procedimiento para resolver sus controversias laborales. Los anteriores argumentos que por su estrecha vinculación se estudian en su conjunto son infundados y para arribar a tal determinación se estima necesario transcribir las siguientes disposiciones constitucionales y legales: De la Ley 272 que crea el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz: ‘Artículo 1o.’. Artículo 3o.’. ‘Artículo 4o.’. Artículo 5o.’. ‘Artículo 6.’ (se transcriben). De acuerdo con las anteriores disposiciones legales, y contrario a lo que se alega, se advierte que las funciones esenciales de los miembros del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial del Estado para el cual laboró el actor recurrente, son eminentemente policiacas y de protección a personas físicas o morales o bienes de naturaleza pública o privada, o de protección a personas en eventos públicos o privados, así como auxiliar de las instituciones de seguridad pública; por tanto, la relación jurídica que tienen sus miembros con el instituto demandado es de naturaleza administrativa, al estar excluidos de cualquier relación laboral y se rigen por un régimen especial, según se advierte del artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que establece: ‘Artículo 123.’ (se transcribe). Pues según dichas disposiciones constitucionales se creó un régimen de excepción de los miembros de las instituciones policiales, por lo que no están sujetos a los apartados A y B de dicho artículo 123, sino que sus relaciones se regulan por leyes especiales; luego, si la función de los miembros del instituto quejoso es la de preservar la seguridad pública y privada, así como prevenir la comisión de infracciones y delitos; tienen autoridad, realizan actos de imperio y son depositarios de la fuerza pública, máxime si su patrimonio se integra con los recursos públicos tanto federales, estatales como municipales, además de que deben ajustar su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez establecidos en la propia Constitución y la naturaleza de estas funciones está por encima de los intereses personales o particulares que dichos servidores pudieran tener; por lo que la relación jurídica de los miembros de dicha institución policial es de carácter administrativo, como también se advierte de la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal de reforma a dicho precepto constitucional, en la que se estableció: (se transcribe). También es aplicable por analogía el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 91/2007, publicada en la página 1178, Tomo XXV, mayo de 2007, Materia Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE SUS CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. Del proceso legislativo que dio origen al decreto de reformas y adiciones al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República (Diario Oficial de la Federación del 8 de marzo de 1999), se advierte que el Constituyente precisó que los miembros de las instituciones policiales se rigen por sus propias leyes y su relación con el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa. Asimismo, el artículo 116, fracción VI, constitucional, faculta a las Legislaturas Locales para regular las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, pero sobre las bases determinadas en el propio artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias. Por su parte, los artículos 42 y 44 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, establecen que entre esa dependencia y sus servidores públicos existe una relación laboral regida por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, de cuyo artículo 113 se desprende que su aplicación corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, infiriéndose que dicho tribunal, en principio, sería competente para conocer y dirimir las controversias entre los miembros de las instituciones policiales y la dependencia citada. Sin embargo, tales disposiciones no son acordes con los preceptos constitucionales citados, conforme a los cuales esa relación no es de naturaleza laboral sino administrativa y, en consecuencia, sus diferencias deben someterse a la jurisdicción concerniente a esta última materia, por lo que en atención al principio de supremacía establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer ésta sobre las disposiciones referidas. En congruencia con lo anterior, si los artículos 118 de la Constitución Política; 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Número 433 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Número 194, todas del Estado de Guerrero, instituyen la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer los procedimientos contenciosos de ese orden, suscitados entre las autoridades y los particulares, por afinidad, en observancia de la garantía prevista en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, relativa a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, ese órgano jurisdiccional debe conocer de los conflictos entre los miembros de una institución policial y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues el vínculo administrativo en aquéllos los asimila a las contiendas en las cuales interviene y en razón de su especialidad, dicha jurisdicción es la más pertinente para conocer y resolver dichas controversias, resultando aplicables por analogía las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicadas con los números 2a./J. 77/2004, 2a./J. 51/2001, 2a./J. 35/99, 2a./J. 82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 23/96, 2a./J. 77/95 y P./J. 24/95.’. Por su parte, el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, dispone: ‘Artículo 116.’ (se transcribe). Conforme a dicho precepto constitucional de la Norma Fundamental, corresponde a las Legislaturas Estatales regular las relaciones de los trabajadores de la entidad federativa correspondiente, pero sobre las bases establecidas en el artículo 123 de la propia Constitución y sus disposiciones reglamentarias, las que como se ha visto, excluyen a los miembros de las instituciones policiales de los dos grandes apartados de ese numeral concernientes a la materia laboral y los remiten a sus propias leyes, en el ámbito administrativo, en el que únicamente pueden tener cabida, conforme a las pautas del Pacto Federal. Por lo que se estima necesario transcribir el contenido de las disposiciones relacionadas con el tema de que se trata, relativas de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz: ‘Artículo 1o.’. ‘Artículo 2o.’. ‘Artículo 4o.’. ‘Artículo 183.’. ‘Artículo 60.’ (se transcriben). De la Ley 272 que crea el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz: ‘Artículo 1o.’. ‘Artículo 2o.’ (se transcriben). Conforme a dichos preceptos se obtiene que el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial del Estado de Veracruz es una entidad pública auxiliar de las funciones e instituciones de seguridad pública del Estado, cuya ley que lo regula establece su ‘organización, funcionamiento y es de orden público y de observancia general para los miembros que lo integran y disponen categóricamente, que entre dicho instituto y sus miembros policiales existe una relación laboral regida por la Ley Estatal del Servicio Civil para el Estado de Veracruz.’. Por lo anterior, las disposiciones estatales antes citadas, no son acordes con los lineamientos del artículo 116, fracción VI, constitucional, pues este precepto vincula a los Congresos Locales a las bases del artículo 123 de la Ley Fundamental, el cual excluye categóricamente a los miembros de las instituciones policiales de la relación laboral en términos de sus dos grandes apartados, para atribuirles una de índole administrativa regida por sus propias leyes; lo que significa que la regulación estatal no puede separarse de los cánones administrativos predeterminados en la Constitución General, para introducir a los miembros de las instituciones policiales en el ámbito de la legislación burocrática local y, por ende, en la esfera laboral, de la cual los excluyó la propia Norma Fundamental, ni siquiera bajo el argumento de que esta circunstancia es más benéfica para ellos y amplía el espectro de derechos mínimos que le concede la misma Constitución, porque la posibilidad de mejorar los derechos mínimos fundamentales, en su caso, sólo podría darse dentro de su ámbito regulatorio específico, esto es, en el marco de las leyes respectivas que en el ámbito administrativo se expidan, pero no fuera de éste, hasta el grado de incrustarlos en el ambiente laboral, cuando la propia Constitución los excluyó de éste, pues en la exposición de motivos el Constituyente expuso: ‘... detrás de cada una de las limitaciones a los gobernados, siempre habremos de encontrar algún interés superior de la sociedad. El orden público, la moral, la paz social y la seguridad de los demás ciudadanos, la justa distribución de la riqueza, son los valores supremos que, para el Constituyente, han justificado restricciones a las garantías individuales ...’; de lo que se advierte que el propio autor de la Norma Fundamental admite que pueden existir limitaciones a los derechos de los gobernados, siempre en aras del interés superior de la sociedad y que la restricción de los derechos de los miembros de las instituciones policiales ha existido y seguirá existiendo. Luego, si conforme al principio de supremacía previsto en el artículo 133 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevalece sobre las disposiciones que en contrario pudieran existir en las Constituciones Locales o en los restantes ordenamientos inferiores a éstas, los preceptos legales citados, de los cuales deriva la competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz para conocer de las controversias suscitadas entre el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial de dicho Estado y sus miembros policiales, en tanto establece que se trata de una relación de orden laboral, no pueden prevalecer sobre la cláusula constitucional que instituye en estos casos la existencia de una relación de naturaleza administrativa y la procedencia de la misma vía para dilucidar los diferendos suscitados con motivo de la misma. Por consiguiente, si de acuerdo con la Constitución Política del Estado de Veracruz y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, existe un Tribunal de lo Contencioso Administrativo que resuelve los conflictos de naturaleza administrativa, es a éste a quien corresponde conocer de la demanda interpuesta por ********** en contra del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial del Estado de Veracruz, según se advierte de los preceptos siguientes: De la Constitución Política para el Estado de Veracruz: ‘Artículo 55.’ (se transcribe). De la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz: ‘Artículo 2o.’. ‘Artículo 50.’. ‘Artículo 54.’. ‘Artículo 55.’. Pues si bien es cierto que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado no establece de manera expresa que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado es competente para conocer de los conflictos que se susciten entre los miembros de las instituciones policiales y el instituto demandado; sin embargo, debe atenderse al principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la Carta Magna y las jurisprudencias del Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citadas precedentemente, que establecen que la relación jurídica entre los miembros de las instituciones policiales o cuerpos de seguridad pública con el gobierno de un Estado o Municipio es de carácter administrativo y se rige por las normas administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan, máxime si de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116, fracción VI, constitucional, las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados que regulen las relaciones entre los Estados y sus trabajadores deben ser acordes con el artículo 123 de la propia Constitución Federal, es decir, que en el caso, tales normas deben ser acordes con la fracción XIII del apartado B de dicho precepto, que excluye a los entes policiacos o de seguridad sean federales, estatales o municipales, sin que haga distingos si sus funciones son de seguridad privada o pública o si son organismos autónomos, paraestatales, descentralizados o de gobierno, esto, en observancia de la garantía establecida en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que prevé que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, por lo que la competencia debe corresponder al Tribunal Contencioso Administrativo del Estado por ser el más afín para conocer de los conflictos de naturaleza administrativa, más si se tiene en cuenta que el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz para el cual laboró el actor, hoy recurrente, es una entidad pública del Estado. Por tanto, no tiene aplicación la tesis que citó el quejoso, con el rubro: ‘COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y SUS TRABAJADORES.’, aun cuando el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial del Estado demandado sea un organismo público descentralizado, porque se refiere a que las relaciones de los organismos descentralizados del Estado de Veracruz y sus trabajadores se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, cuando en el presente caso se estableció que el actor, hoy recurrente, al realizar funciones policiacas están excluidos de la aplicación de los apartados A y B del Pacto Federal, pues de acuerdo con la fracción XIII del segundo apartado citado, los miembros de las instituciones policiacas, entre otros, se regirán por su propias leyes, sin que haga distinción alguna si son de seguridad pública o privada, por lo que aun cuando dicho organismo público descentralizado no forme parte del Ejecutivo Estatal, sus funciones son eminentemente policiacas, pues da seguridad a personas o bienes privados o públicos, máxime que son auxiliares de las policías federales, estatales y municipales, por lo que la relación con sus miembros policiales es de carácter administrativo y no laboral, según se precisó; por consiguiente, contrario a lo que se aduce, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no es competente para conocer de su demanda, al no tratarse de una relación laboral entre el actor recurrente y el instituto policial demandado, sino como se precisó, la competencia recae en el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado. En esas condiciones, al resultar infundados los agravios analizados y no advertirse queja que suplir, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida y conceder al quejoso la protección constitucional solicitada para los efectos precisados por el Juez de Distrito."

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado de las propias materias y circuito, en las sentencias del diecisiete y veinticuatro de septiembre de dos mil siete, dictadas al resolver los amparos en revisión con números de toca 309/2007 y 322/2007, en la primera, en lo medular sostuvo:

"QUINTO. Son fundados los agravios que se hacen valer, los cuales se analizarán de manera conjunta debido a su estrecha vinculación. En ellos, el recurrente aduce, esencialmente, que el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial del Estado de Veracruz, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que significa que no forma parte del Poder Ejecutivo Estatal y, por ende, las relaciones de trabajo con sus trabajadores se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, de donde se sigue que la competencia para conocer sobre los conflictos obrero patronales corresponde a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, además, no se le puede dar el término de policía pública, porque no protege el patrimonio de la sociedad en general, sino que se trata de un organismo destinado a ofrecer un servicio de seguridad a cualquier persona que lo solicite mediante el pago correspondiente, esto es, beneficia única y exclusivamente a la persona que contrate sus servicios. Asiste razón al recurrente, pues de las consideraciones que sustentan la ejecutoria a que se contrae la contradicción de tesis 115/2002, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual derivó la jurisprudencia número 137/2002, que invoca el recurrente en sus agravios y en la cual se apoyó la autoridad responsable al emitir el acto reclamado en el amparo indirecto, se desprende que ese órgano de control constitucional estableció que los conflictos laborales que surjan entre los organismos descentralizados del Estado de Veracruz y sus trabajadores, debe conocer la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esa entidad federativa y no el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en razón de que los organismos referidos no forman parte del Poder Ejecutivo Local y, por tanto, las relaciones laborales de los mismos con sus empleados se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución, pues escapan de las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales, las que sólo pueden expedir leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los Poderes Locales y sus servidores. Precisó ese Alto Tribunal que dicho criterio opera con independencia de lo que establezcan la Constitución y los ordenamientos secundarios del Estado de Veracruz, así como los decretos de creación de los organismos públicos descentralizados de carácter local, ya que atendiendo a lo establecido en las diversas jurisprudencias y tesis a que hizo referencia a lo largo de su ejecutoria, los Poderes Legislativos Locales sólo pueden expedir leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los Poderes del Estado y sus empleados, pues de comprender a otros sujetos, las disposiciones relativas resultarían inconstitucionales. Y, por tanto, señaló, la competencia a favor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, en el caso a estudio, se surte a pesar de que la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz establezca en su artículo 183, fracción III, que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para: ‘Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre las entidades públicas y sus trabajadores’; y en su artículo 1o. disponga que: ‘La presente ley es de observancia general para los Poderes del Estado, los Municipios, así como los organismos descentralizados del Estado o municipales y las empresas de participación estatal o municipales, que tengan a su cargo función de servicios públicos, a quienes en lo sucesivo se les denominará entidades públicas, y los trabajadores a su servicio. ...’; ello en virtud del principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de la Carta Magna al disponer: ‘Artículo 133.’ (se transcribe). Tal como ya se precisó, estas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 137/2002, la cual aparece publicada en la página doscientos treinta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de dos mil dos, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: ‘COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y SUS TRABAJADORES. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis P. XXV/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 122, que, en atención a lo sostenido en jurisprudencia firme, los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo y, en esa virtud, las relaciones laborales de los organismos de carácter local con sus trabajadores escapan a las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales; asimismo, en la diversa tesis P. XXVI/98, publicada en la página 117 del referido tomo, sostuvo que conforme a lo dispuesto en los artículos 116, fracción VI, y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Poderes Legislativos de cada entidad federativa sólo pueden expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los Poderes Locales y sus empleados, pues de comprender a otros sujetos, las disposiciones respectivas resultarían inconstitucionales. Por tanto, toda vez que las relaciones laborales entre los organismos descentralizados del Estado de Veracruz y sus trabajadores se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, con independencia de lo que establezcan la Constitución y los ordenamientos secundarios del Estado mencionado, así como los decretos de creación de aquéllos, la competencia para conocer de los conflictos laborales que surjan entre los citados organismos y sus trabajadores corresponde a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz y no al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad.’. Ahora bien, aplicando las consideraciones y jurisprudencia a que se ha hecho referencia, si en la especie, la parte quejosa Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, tiene el carácter de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con el artículo 2o. de la Ley Número 272, que creó a dicho organismo, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el doce de agosto de dos mil cinco, y como tal constituye una unidad auxiliar de la administración pública estatal, debe concluirse que no forma parte del Poder Ejecutivo Local, de lo que se sigue que las relaciones laborales con sus trabajadores, deben regirse por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo, porque atento a la naturaleza de dicho organismo, no pueden incluirse en el apartado B, ni regirse por las leyes de trabajo que para su reglamentación expidan las Legislaturas de los Estados conforme a la facultad establecida en la fracción VI del artículo 116 constitucional y, consecuentemente, de la demanda interpuesta por un trabajador en contra de alguno de esos organismos compete conocer a una Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Luego, contrario a lo considerado por la Juez de Distrito, es inexacto que se esté en un caso de excepción a la jurisprudencia en comento, por el hecho de que, como el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, se trata de una institución policial, se rige por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, y por las leyes que para su reglamentación expida la Legislatura Local, conforme a la facultad establecida en la fracción VI del artículo 116 y 115, fracción VIII, de la Constitución Federal, con independencia de que se trate de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Ello es así, pues la Juez Federal pierde vista que las relaciones laborales de un organismo público descentralizado de carácter local, atendiendo a su propia naturaleza, no pueden incluirse en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, ni regirse por las leyes de trabajo que para su reglamentación expidan las Legislaturas de los Estados conforme a la facultad establecida en la fracción VI del artículo 116 constitucional, en razón de que tales organismos no forman parte del Poder Ejecutivo Local, y por ende, aun cuando realicen funciones de servicio público, en ningún nivel de gobierno actúan investidos de poder de imperio, sino que en su carácter de unidades auxiliares tienen por finalidad la ejecución de programas de desarrollo establecido por la dependencia correspondiente, y siendo ello así, debe considerarse que sus relaciones laborales escapan a las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales, que sólo pueden expedir leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los poderes de la entidad federativa y sus empleados. Por tanto, con independencia del tipo de servicio o función colectiva que presten los organismos públicos descentralizados (policía, educación, salud, etcétera), lo que determina la competencia es su propia naturaleza, y siendo ello así, por más que un organismo descentralizado realice funciones de policía, al no formar parte del Poder Ejecutivo, no puede quedar comprendido en el apartado B del artículo 123 constitucional, respecto de sus relaciones de trabajo, ya que este apartado solamente es aplicable a las relaciones laborales entre los Poderes de los Estados y sus trabajadores. Más aún que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 137/2002, a que se ha hecho mención, jamás estableció que las actividades o funciones desarrolladas por los organismos públicos descentralizados, fueran un factor determinante para efectos de establecer qué autoridad es la competente para conocer de los conflictos laborales que surjan entre estos organismos y sus trabajadores, sino que en todo momento partió de la base de que los organismos públicos descentralizados de carácter local al no form

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21339-c9ea4257/instituto-de-la-policia-auxiliar-y-proteccion-patrimonial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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