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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. PROCEDE EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE HAYAN DECLARADO LA NULIDAD DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O AUTORIDADES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES, QUE IMPONGAN MULTA POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES FORMALES DE CARÁCTER FISCAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2009. · Registro digital (IUS): 21606
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 2009, , Pág. 699.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL OCTAVO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan tres Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.

TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito al resolver las revisiones fiscales número 194/2008, con fecha veintitrés de octubre de dos mil ocho, determinó en lo que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Ante todo, cabe señalar que la tramitación del presente recurso, está regulada por lo dispuesto en el artículo 63, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual debe aplicarse como se señala en el artículo primero transitorio de dicha legislación, que a la letra establece: (se transcribe). Supuesto que se actualiza en la especie, toda vez que la demanda que dio origen al juicio contencioso administrativo, del cual se deriva el fallo ahora recurrido, se presentó en la Oficialía de Partes Común de la Primera, Segunda y Tercera Salas Regionales del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, el doce de octubre de dos mil siete (foja 01 del sumario formado por la Sala a quo). Ahora bien, se considera que la procedencia del presente recurso de revisión se encuentra debidamente acreditada, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se establece que a través de ese medio de defensa legal se pueden impugnar las resoluciones dictadas por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando las mismas sean relativas, a su vez, a una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el Servicio de Administración Tributaria, o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales; y siempre y cuando la materia del asunto se refiera a la interpretación de leyes y reglamentos, determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones, competencia de la autoridad administrativa, o afecten el interés fiscal de la Federación. Así, dicho numeral 63, en su fracción III, establece: ‘Artículo 63.’ (se transcribe). En la especie, la sentencia que se recurre es relativa a una resolución emitida por una unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, como es la Administración Local de Recaudación de Torreón, Coahuila, y de la resolución del fondo del asunto se afecta el interés fiscal de la Federación, entendido éste como aquel que surge de los créditos de origen tributario que el Estado determina a cargo de los contribuyentes, como es el caso de la multa impugnada en el juicio de nulidad, por lo que entonces resulta procedente el recurso de revisión de trato, en los términos previstos en el artículo 63, fracción III, inciso f), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, siendo irrelevante para su procedencia lo relativo al cumplimiento de los requisitos de cuantía o de importancia y trascendencia, que únicamente se prevén para las fracciones I y II del citado artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pero de ninguna manera para el supuesto previsto en la fracción III del referido numeral. Sirve de apoyo a lo expuesto, la reciente jurisprudencia por contradicción número 140/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aún y cuando no ha sido publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, fue conocida por este Tribunal Colegiado el primero de octubre de dos mil ocho, a través de medios electrónicos internos del Poder Judicial de la Federación, con los siguientes rubro y texto: ‘REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CUANDO EL ASUNTO SE REFIERA A UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES, SIEMPRE QUE COINCIDA CON ALGUNO DE LOS TEMAS FISCALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’ (se transcribe)."

Cabe señalar que resulta innecesario reproducir la ejecutoria de la revisión fiscal 213/2008, emitida por el Tribunal Colegiado referido, dada la similitud que guarda con la ejecutoria arriba transcrita.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver la revisión fiscal 169/2008, con fecha veintitrés de octubre dos mil ocho, determinó lo siguiente:

"QUINTO. Previo al análisis de los motivos de inconformidad planteados, este órgano colegiado advierte que el presente recurso de revisión es procedente en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone: ‘Artículo 63.’ (se transcribe). Ahora bien, analizado el precepto antes transcrito, se considera que el presente recurso de revisión es procedente, en términos del transcrito artículo 63, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que en la sentencia recurrida se analiza una resolución administrativa emitida por la Administración Local Jurídica de Saltillo, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, contenida en el oficio **********, de treinta y uno de agosto de dos mil siete, por medio del cual resuelve el recurso de revocación 67/2007 y confirma la resolución contenida en el diverso oficio **********, en la que se determina un crédito fiscal a cargo del demandado por **********, por concepto de multa, y en el presente asunto se cuestiona la fundamentación de la competencia de la autoridad demandada, por lo que se actualizan los supuestos jurídicos previstos en los incisos a), c) y e) de la fracción III, del precepto legal en comento, lo que es suficiente para considerar que se encuentra acreditada la procedencia del recurso de revisión fiscal que nos ocupa. Resultan aplicables al caso las tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, marcadas con los números 45/2001 y 140/2008, la primera publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 427 y la segunda que aún no ha sido publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, conocida por este Tribunal Colegiado el uno de octubre de dos mil ocho, a través de medios electrónicos internos del Poder Judicial de la Federación, de los rubros y textos siguientes: ‘REVISIÓN FISCAL. SU PROCEDENCIA DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA AUTORIDAD INCONFORME PRECISE O NO LA O LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE CONSIDERE QUE SE ACTUALIZAN EN EL CASO.’ (se transcribe). ‘REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CUANDO EL ASUNTO SE REFIERA A UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES, SIEMPRE QUE COINCIDA CON ALGUNO DE LOS TEMAS FISCALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’ (se transcribe)."

Finalmente, el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver la revisión fiscal 237/2008, el cuatro de diciembre de dos mil ocho, consideró lo siguiente:

"TERCERO. En el caso, debe desecharse por improcedente el recurso de revisión fiscal interpuesto por el administrador local jurídico de Torreón, en el Estado de Coahuila, encargado de la defensa de la autoridad demandada, por las siguientes consideraciones. De acuerdo a lo establecido en el artículo 63, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a calificar si es o no procedente el recurso interpuesto por el administrador local jurídico de Torreón, en el Estado de Coahuila, encargado de la defensa de la autoridad demandada, Administración Local de Auditoría Fiscal de Saltillo, Coahuila, con independencia de que ésta señalare precisamente los supuestos de procedencia que considere que se actualizan en el caso, puesto que este órgano colegiado lo puede realizar de oficio con apoyo en el criterio establecido en la jurisprudencia 2a./J. 140/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 452, con los siguientes rubro y texto: ‘REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CUANDO EL ASUNTO SE REFIERA A UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES, SIEMPRE QUE COINCIDA CON ALGUNO DE LOS TEMAS FISCALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’ (se transcribe). De este modo, conviene también referirse a la fracción III del citado numeral 63, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece: (se transcribe). De la jurisprudencia, precepto y fracción antes transcritos se tiene que para la procedencia del recurso de revisión fiscal no basta que la resolución sea emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el Servicio de Administración Tributaria o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, sino además es necesario que se atienda a la sustancia misma de lo decidido en la sede administrativa o en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es decir, debe determinarse si el asunto coincide con alguno de los temas fiscales contenidos en los incisos que integran la fracción III del citado numeral 63, en el entendido de que las violaciones a que se refieren los incisos d) y e), deben estar relacionadas con alguno de los supuestos previstos en los restantes incisos a), b), c) y f). De lo contrario bastaría el origen de la resolución para hacer procedente el recurso, aun cuando ésta hubiera abordado alguna cuestión distinta a la de la fracción citada, cuando la voluntad del legislador fue limitar el recurso de revisión fiscal, como se advierte de este medio de defensa, plasmada en las hipótesis contenidas en los propios incisos. Así, es necesario aclarar que atendiendo a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis número 81/2008-SS, que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 140/2008, la mencionada Sala del Máximo Tribunal del país ya superó el criterio adoptado en las tesis jurisprudenciales invocadas por la recurrente con las voces de: ‘REVISIÓN FISCAL. PROCEDE, CONFORME AL ARTÍCULO 248, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1997, POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ASUNTO SE REFIERA A UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO O POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES Y SIEMPRE QUE SE INTERPONGA DENTRO DEL PLAZO LEGAL.’ y ‘REVISIÓN FISCAL. EL ARTÍCULO 248, FRACCIÓN III, INCISO E) DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1997, NO ESTABLECE UN PRESUPUESTO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO, SINO UNA CONDICIÓN PARA OBTENER RESOLUCIÓN FAVORABLE.’, pues en la ejecutoria de contradicción de tesis aludida, se precisó lo referido en el párrafo que antecede. De ahí que en la actualidad ya no sean aplicables las tesis, donde se establece que la revisión fiscal procede por la sola circunstancia de que el asunto corresponda a una resolución emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o por autoridades fiscales locales coordinadas en ingresos federales, exigiendo sólo la interposición del recurso dentro del plazo legal o bien que el artículo 248, fracción III, inciso e), del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir de enero de 1997 -de redacción similar al ordinal 63, fracción III, inciso e), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo-, no contempla un presupuesto de procedencia de tal medio defensivo, sino una condición para obtener resolución favorable; ya que así lo dispone expresamente el artículo 194, de la Ley de Amparo. En atención a lo expuesto, y en relación al caso a estudio, debe precisarse que la sentencia que se recurre es relativa a una resolución emitida por una unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, como lo es la Administración Local de Auditoría Fiscal de Saltillo, Coahuila, y el fondo del asunto se refiere a que se declaró la nulidad de la resolución impugnada, la que se refiere a una multa por incumplimiento y/o extemporaneidad a requerimientos para cumplir obligaciones, toda vez que la autoridad demandada omitió precisar expresamente en el cuerpo de los actos de molestia, el precepto que prevé su legal existencia, así como el que establece la atribución para requerir al contribuyente los datos, informes y documentos necesarios para llevar a cabo el ejercicio de sus facultades de comprobación, por lo que carecen de fundamentación y motivación. En consecuencia, con base en las anteriores consideraciones, este Tribunal Colegiado, como lo precisó, considera que no es procedente el recurso interpuesto por el administrador local jurídico de Torreón, en el Estado de Coahuila, encargado de la defensa de la autoridad demandada Administración Local de Auditoría Fiscal de Saltillo, Coahuila, toda vez que el recurso que nos ocupa, no encuentra su fundamento en la fracción III, del artículo 63, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Así es, en principio es necesario precisar que la procedencia del recurso de mérito no depende exclusivamente de la autoridad que hubiere emitido la resolución impugnada en el juicio de nulidad, sino que existe un elemento adicional que debe tomarse en consideración para la admisibilidad del recurso consistente en que la resolución emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el Servicio de Administración Tributaria o bien, por las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, esté referida a contribuciones, así como a los accesorios de éstos. Lo anterior se deriva de lo dispuesto por la fracción III del referido numeral, de la que se advierte que la revisión fiscal procede cuando: 1) se trate de una resolución dictada por alguna de las autoridades referidas; y, 2) la materia del asunto verse sobre: interpretación de leyes o reglamentos (inciso a); determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones (inciso b); competencia en materia de facultades de comprobación (inciso c); violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al resultado del fallo (inciso d); violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias (inciso e); y, afectación del interés fiscal (inciso f). Así, resulta que las hipótesis que se mencionan en los incisos que conforman a la referida fracción, se deben entender referidas a resoluciones determinantes de contribuciones y sus accesorios, pues sólo de esa manera es que el asunto podrá versar, entre otras cuestiones, sobre la determinación de los elementos esenciales de las contribuciones y respecto de la competencia de la autoridad para el ejercicio de las facultades de comprobación. Cabe añadir, que aun cuando la legislación fiscal no define qué aspectos, conforman el interés fiscal; lo cierto es que, de lo dispuesto por el artículo 141, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, se deriva que dicho interés está comprendido por las contribuciones y sus accesorios, pues dispone en lo que interesa, que: (se transcribe). Por tanto, para que exista una afectación del interés fiscal, es necesario que lo decidido en la sentencia que resuelva el juicio de nulidad, impida al fisco en forma definitiva, a ejercer las facultades recaudatorias que le son propias pero, se insiste, inherentes a las contribuciones y accesorios de éstas. Ahora bien, de lo establecido por el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, se advierte que las multas formales, esto es, las que derivan por infracción a normas fiscales federales, tienen el carácter de aprovechamientos, no así de contribuciones, pues las multas de fondo susceptibles de ser consideradas como ‘accesorios’ de dichas contribuciones y que participan de la naturaleza de éstas, son aquellas que se encuentran previstas por el artículo 2o. de dicho código. Desde esa perspectiva, se tiene que si las multas impuestas por incumplir obligaciones fiscales tienen el carácter de aprovechamientos, entonces, es incuestionable que, aun cuando constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del referido Código; la sentencia que declare la nulidad de las mismas, no es susceptible de ser revisada en términos de la fracción III, del artículo 63, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues como ya se vio, no cualquier resolución emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el Servicio de Administración Tributaria o bien, por alguna entidad federativa coordinada en impuestos federales, es impugnable a través del presente recurso de revisión fiscal, pues la procedencia de recurso está restringida para aquellas resoluciones que se encuentren relacionadas con la determinación de contribuciones y los accesorios de éstas. De lo expuesto, se sigue que para establecer la procedencia del recurso de revisión en términos de la fracción III del precepto en comento, no sólo se debe atender a que la resolución respectiva hubiere sido emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el Servicio de Administración Tributaria o bien, por autoridades de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, sino también a que el asunto se refiera, entre otros, a la determinación de los elementos esenciales de las contribuciones, a la competencia de la autoridad en el ejercicio de las facultades de comprobación, así como a los asuntos que afecten el interés fiscal de la Federación, para lo cual, la resolución respectiva deberá estar relacionada con la determinación de contribuciones y los accesorios de éstas. En esas condiciones, es evidente que las hipótesis de procedencia que en dicha fracción se prevén, no son aplicables a aquéllas sanciones que revistan el carácter de ‘aprovechamientos’, pues como ya se apuntó, las mismas están reservadas a aquéllas resoluciones determinantes de las contribuciones que a las invocadas autoridades les compete recaudar. En tal circunstancia, atendiendo a las características del acto impugnado en el juicio de nulidad, como lo fue el mandamiento de ejecución correspondiente a la multa impuesta por el incumplimiento de obligaciones, debe concluirse que ésta no incide en la afectación al interés fiscal de la Federación porque carece de los atributos necesarios para considerar que se trata de una resolución susceptible de ser revisada en términos de la fracción III, del artículo 63, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Finalmente, al no actualizarse alguno de los supuestos establecidos en los incisos a), b), c) y f) de la fracción III, del artículo 63, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, entonces no es factible que se den las hipótesis de los diversos incisos d) y e), pues éstos deben estar necesariamente relacionados con aquéllos, como se establece en la tesis de jurisprudencia 140/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya invocada con la voz de: ‘REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CUANDO EL ASUNTO SE REFIERA A UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES, SIEMPRE QUE COINCIDA CON ALGUNO DE LOS TEMAS FISCALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’. Aunado a lo anterior debe señalarse, que el asunto tampoco encuadra en la fracción III, del artículo 63, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 88/2006-SS, al realizar el análisis de la fracción III, del derogado artículo 248, del Código Fiscal de la Federación, de similar contenido a la fracción III del artículo 63 del ordenamiento legal citado en primer término, la procedencia del recurso de revisión de mérito no depende exclusivamente de la autoridad que hubiere emitido la resolución impugnada en el juicio de nulidad, sino que existe un elemento adicional que debe tomarse en consideración para la admisibilidad del recurso, consistente en que la resolución emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o bien por las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, se encuentre referida a las contribuciones y los accesorios de éstas. Conclusión a la que llega el Alto Tribunal, porque afirma que el precepto en comento no sólo dispone que la resolución respectiva hubiere sido emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o por autoridades de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, sino también establece que el asunto debe referirse, entre otros, a la determinación de los elementos esenciales de las contribuciones, a la competencia de la autoridad en el ejercicio de las facultades de comprobación, así como a los asuntos que afecten el interés fiscal de la Federación. Por lo que si la intención del legislador federal al expedir la fracción III, del derogado artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, fue que la procedencia del recurso de revisión derivara de que la resolución impugnada en el juicio de nulidad hubiere sido emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el Servicio de Administración Tributaria o por las autoridades de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, relacionadas exclusivamente con las contribuciones y los accesorios de éstas, debe concluirse que cualquier otra resolución emitida en una materia distinta, como pudiera ser cuando se trate de aprovechamientos, no es susceptible de impugnación conforme a la fracción normativa en comento. En tal circunstancia, si la multa impugnada en el juicio de nulidad constituye una multa formal derivada del incumplimiento de obligaciones, tiene el carácter de aprovechamientos, según lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, pues constituye un ingreso que percibe el Estado por funciones de derecho público distinto de los que obtiene por contribuciones, lo que se corrobora de lo dispuesto por el artículo 2o. del mismo ordenamiento legal, en el cual se establece que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, sin que esté comprendida aquella multa como la que nos ocupa, ni tampoco como accesorios de las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en la omisión de alguna contribución, sino en las facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por inobservancia, en el caso, de las obligaciones que tienen que cumplir los contribuyentes, por las razones que se expusieron, luego entonces, el fallo que declara la nulidad de dichas multas no puede ser materia del recurso de revisión fiscal, pues la hipótesis normativa a la que se contrae la fracción III del entonces artículo 248, del Código Fiscal de la Federación, similar a la que prevé el artículo 63, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, está reservada a las contribuciones y los accesorios de éstas. Por otra parte, debe anotarse que el presente recurso no encaja en la hipótesis de la fracción I, del artículo 63, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (sic), pues se trata de un asunto cuya cuantía es de $********** (**********); siendo que al día treinta de junio del año en curso, fecha cuando se dictó la sentencia impugnada, el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal era de $********** (**********), que multiplicado por tres mil quinientas veces nos da una cantidad de $********** (**********), por lo cual es claro que el valor del asunto es notoriamente menor al señalado en la fracción en estudio. Tampoco se da el supuesto de la fracción II del referido numeral, ya que el inconforme omite razonar la importancia y trascendencia del caso, lo cual era necesario para justificar que el asunto no es común a los que en la mayoría de los casos conoce el Tribunal Fiscal, y cómo es que sus efectos son de índole grave. De igual forma, no se actualizan las hipótesis de las fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 63, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues simplemente no estamos frente a resoluciones emitidas en materia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (fracción IV), de Comercio Exterior (fracción V), de aportaciones de seguridad social (fracción VI), de indemnización o condena al Servicio de Administración Tributaria en términos del ordinal 34 de la ley que lo rige, es decir, sobre el pago de daños y perjuicios originados por sus servidores públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que les correspondan (fracción VII), de condena en costas o indemnización previstas en el artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (fracción VIII), ni de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Por consiguiente, al no ubicarse el asunto en alguna de las hipótesis de procedencia de la revisión fiscal, con fundamento en lo que dispone el artículo 90, de la Ley de Amparo, por notoria improcedencia se desecha el recurso a que este expediente se refiere. No es óbice a lo anterior, el hecho de que por auto de presidencia de diez de octubre de dos mil ocho, este Tribunal Colegiado hubiera admitido a trámite la revisión fiscal que nos ocupa, pues dicho proveído no causa estado ni obliga al Pleno de este órgano de control constitucional. Es aplicable por analogía, el criterio que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 479, publicada en la página 318, Tomo VI, del Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘REVISIÓN MAL ADMITIDA. DEBE DESECHARSE.’ (se transcribe)."

Resulta innecesario transcribir la resolución relativa a la revisión fiscal 243/2008, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, dada la similitud que guarda con la ejecutoria arriba reproducida.

CUARTO. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República; 197 y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias, el Pleno de este Alto Tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer, teniendo en cuenta que la existencia de la contradicción de tesis precisa de la reunión de los siguientes supuestos:

a. Dos o más ejecutorias dictadas, respectivamente, por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, al resolver los negocios jurídicos sometidos a su consideración, en las que examinen, sobre los mismos elementos cuestiones jurídicas esencialmente iguales, cuyas hipótesis, con características de generalidad y abstracción, pueden actualizarse en otros asuntos.

b. Que de tal examen, arriben a posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

c. Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias, se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.

Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 22/92, sustentada por la anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo cincuenta y ocho, octubre de mil novecientos noventa y dos, página veintidós, cuyo texto es:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21606-d519bf08/revision-fiscal-procede-en-contra-de-las-sentencias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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