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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADUANERAS EN LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS O EL CRÉDITO FISCAL DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY ADUANERA. PARA FUNDARLA, BASTA CITAR LA FRACCIÓN XV DE SU ARTÍCULO 144.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/2009. · Registro digital (IUS): 21645
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, , Pág. 566.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver asuntos en materia administrativa, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados que participan en la presente contradicción.

TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que lo motivaron, por lo que a continuación se transcriben.

La parte considerativa de la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en la revisión fiscal 125/2008, es del siguiente tenor:

"SEXTO. Resultan infundados los agravios antes transcritos, como enseguida se explica ... Los reseñados motivos de inconformidad resultan infundados, como se explica a continuación. En principio, conviene precisar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, textualmente dice: (se transcribe). Por otra parte, el artículo 14 de la misma Carta Magna dispone: (se transcribe). De una interpretación conjunta y armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los preceptos transcritos, en lo conducente, se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, e imprescindiblemente, que sean emitidos por autoridad competente y cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la ley o a la Constitución, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley secundaria o con la Ley Fundamental. En conclusión, las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, a que se ha hecho referencia, tienen el alcance de exigir que todo acto de autoridad, ya sea de molestia o de privación a los gobernados, deba emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el propio acto, como formalidad esencial que le dé eficacia jurídica, el o los dispositivos que legitimen la competencia de quien lo emita y el carácter con que este último actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la dependencia correspondiente o por delegación de facultades. En correlación con lo anterior, el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, textualmente dispone: (se transcribe). Como se puede advertir, en dicho dispositivo legal se corrobora lo establecido en los preceptos constitucionales antes mencionados, habida cuenta que establece que el acto de molestia debe emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el propio acto, como formalidad esencial que le dé eficacia jurídica, el o los dispositivos que legitimen la competencia de quien lo emita y el carácter con que este último actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la dependencia correspondiente o por delegación de facultades. Para cumplir con lo anterior, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 10/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Tomo 77, mayo de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’ (se transcribe). Asimismo, resultan aplicables las jurisprudencias 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2005, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas 31 y 310, Tomos XIV, noviembre de 2001 y XXII, septiembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafes y textos siguientes: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.’ (se transcribe). ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe). Ahora bien, dentro del catálogo de las contribuciones se advierte la existencia de impuestos internos e impuestos al comercio exterior; los primeros se integran por el impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, entre otros, mientras que los externos se integran por el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. Los impuestos internos y al comercio exterior, se encuentran regulados por diversas leyes, ya que los primeros se regulan por leyes especiales en cuanto a los elementos esenciales del tributo, como son los sujetos, objeto, base, tasa o tarifa, como es la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto sobre la Renta, etc., en tanto que las facultades de las autoridades fiscales para comprobar el cumplimiento de dichas disposiciones fiscales y en su caso determinar las contribuciones omitidas y determinar los créditos fiscales correspondientes por dichos impuestos, se encuentran en el Código Fiscal de la Federación, concretamente en las fracciones del artículo 42, que establece los diversos métodos o procedimientos de fiscalización, como la visita domiciliaria, revisión de gabinete, etc., mientras que en su párrafo primero se establece la facultad para determinar las contribuciones omitidas y los créditos fiscales conducentes respecto de dichos impuestos internos, se itera, como el impuesto al valor agregado o el impuesto sobre la renta. Cierto, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, textualmente dispone: ‘Artículo 42.’ (se transcribe). Como se ve, las facultades de las autoridades fiscales para ejercer actos de comprobación de las disposiciones fiscales, por parte de los contribuyentes, y en su caso, de determinación de impuestos internos, como son el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, entre otros, con sus correspondientes sanciones y recargos, se encuentran contenidas en el Código Fiscal de la Federación, mientras que en las diversas leyes especiales que regulan cada uno de los referidos tributos que se han citado de manera enunciativa, como es la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto sobre la Renta, establecen los sujetos que se encuentran obligados al pago de esas contribuciones; los supuestos en que se encuentran obligados a enterar esas contribuciones; el objeto, base, tasa o tarifa de dicho tributo, así como la mecánica y procedimiento para su determinación. Empero, se itera (sic) las facultades de comprobación de las autoridades fiscales para verificar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales, se encuentran consignadas en las diversas fracciones del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, y en su caso, ante su incumplimiento, se encuentran facultadas para determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales correspondientes, concretamente en el párrafo primero de dicho numeral. En ese contexto, cuando la autoridad fiscal decide ejercer alguno de los referidos medios para comprobar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, debe citar de manera expresa el artículo 42 y la fracción aplicable al caso, para estimar debidamente fundada su competencia para llevar a cabo dicho acto de fiscalización, además por supuesto los artículos correspondientes que funden su competencia territorial. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 196/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 298, Tomo XXVI, octubre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA SUSTENTADA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIONES II Y III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RESPETA LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN.’ (se transcribe). Sin embargo, cuando la autoridad ejerce la diversa prerrogativa consignada en el referido arábigo, consistente en la determinación de contribuciones omitidas o de un crédito fiscal (por cualquiera de los impuestos internos, a saber, impuesto a valor agregado, impuesto sobre la renta, entre otros), y no se ejerce ninguno de los métodos o procedimientos para la comprobación de disposiciones fiscales (visita domiciliaria, revisión de gabinete, etc.), si bien no es necesario citar entonces la fracción que establece el método de fiscalización empleado (visita domiciliaria, revisión de gabinete, etc.), sí constituye un imperativo legal para la autoridad administrativa, a efecto de fundar debidamente su competencia material, citar el primer párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, habida cuenta que es la porción de la disposición que expresamente le otorga competencia material para determinar contribuciones omitidas y créditos fiscales por esas contribuciones (impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, entre otros). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 207/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 491, Tomo XXV, enero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS O EL CRÉDITO FISCAL CORRESPONDIENTE, PARA FUNDARLA BASTA CITAR EL ARTÍCULO 42, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). En ese contexto jurídico, cuando se determina una contribución omitida o un crédito fiscal por alguno de los impuestos internos, como son el impuesto al valor agregado o impuesto sobre la renta, de manera enunciativa, es eviden

e que la autoridad administrativa debe fundar dicha facultad en el artículo 42, primer párrafo, del referido ordenamiento tributario y, por ende, se encuentra obligada a precisarlo a efecto de cumplir con la garantía de fundamentación de su competencia material para emitir dicho acto. Por otra parte, con relación a los impuestos al comercio exterior, cabe señalar que éstos se encuentran regulados también por leyes especiales, como la Ley del Impuesto General de Importación y la Ley del Impuesto General de Exportación, que establecen los referidos tributos, así como también por la Ley Aduanera, que regula la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste. Es en la Ley Aduanera donde se establecen las facultades de las autoridades aduaneras para verificar el debido cumplimiento de las disposiciones de la entrada al país y salida del mismo, de las mercancías, tal y como se puede advertir del artículo 144, que textualmente dice: ‘Artículo 144.’ (se transcribe). Como se puede advertir, además de las facultades previstas en el Código Fiscal de la Federación, consignadas en el artículo 42, primer párrafo, de determinación de contribuciones omitidas y determinación de impuestos internos, como el impuesto al valor agregado, entre otros, y la prerrogativa de ejercer cualquiera de los actos de fiscalización enunciados en las fracciones del citado numeral, como es la visita domiciliaria, revisión de gabinete, entre otros métodos de fiscalización; también se les faculta a las autoridades aduaneras, en lo que interesa, para comprobar que la importación y exportación de mercancías, la exactitud de los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones, el pago correcto de las contribuciones y aprovechamientos y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, se realicen conforme a lo establecido en esta ley; requerir de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros, los documentos e informes sobre las mercancías de importación o exportación y, en su caso, sobre el uso que hayan dado a las mismas; practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías de importación o exportación en los recintos fiscales y fiscalizados o a petición del contribuyente, en su domicilio o en las dependencias, bodegas, instalaciones o establecimientos que señale; perseguir y practicar el embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten en los casos a que se refiere el artículo 151 de esta ley; verificar en forma exclusiva durante su transporte, la legal importación o tenencia de mercancías de procedencia extranjera en todo el territorio nacional, para lo cual podrá apoyarse en el dictamen aduanero a que se refiere el artículo 43 de esta ley; determinar las contribuciones y aprovechamientos omitidos por los contribuyentes o responsables solidarios; comprobar la comisión de infracciones e imponer las sanciones que correspondan; y exigir el pago de las cuotas compensatorias y aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivas dichas cuotas, los impuestos al comercio exterior y los derechos causados. La determinación de contribuciones omitidas a que alude la fracción XV del citado artículo 144, no debe entenderse en el contexto de que su cita comprende también los impuestos internos, habida cuenta que para ello existe disposición expresa en el párrafo primero del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, tan es así, que el legislador estableció en el primer párrafo del primer ordinal mencionado en este párrafo: ‘... La secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades ...’; con lo cual indudablemente se refiere a que la autoridad aduanera podrá también determinar, además de las contribuciones omitidas relativas al comercio exterior, las contribuciones que pueden determinarse por las autoridades en impuestos internos; para lo cual necesariamente debe citar tanto el párrafo primero del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que expresamente autoriza a las autoridades para la determinación de contribuciones omitidas y determinación de créditos fiscales tratándose de impuestos internos, como el impuesto al valor agregado; así como el párrafo primero del artículo 144 de la Ley Aduanera, que prevé la autorización de las facultades de las autoridades fiscales consignadas en el Código Fiscal, a favor de las autoridades aduaneras, para así cumplir con el principio de legalidad de debida fundamentación de la competencia material de la autoridad aduanera para determinar una contribución de carácter interno, como es el impuesto al valor agregado, juntamente con los impuestos al comercio exterior. Pues, se itera, si bien es cierto que la Ley Aduanera, como ley especial, regula la entrada de mercancías al territorio nacional y la salida de mercancías del país, y que a diferencia de las otras leyes especiales, como la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto sobre la Renta, entre otras, establece las facultades de las autoridades aduaneras para comprobar el cumplimiento por parte de los que importen o exporten mercancías, de las disposiciones legales establecidas en la ley de la materia, en la Ley General de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, y demás leyes aplicables e incluso las faculta para determinar las contribuciones y aprovechamientos omitidos por los contribuyentes o responsables solidarios e imponer las sanciones que correspondan, como se puede apreciar de las fracciones XV y XVI del artículo 144 de la ley de la materia. No menos cierto es, que dicho numeral por sí solo, no faculta a la autoridad aduanera para determinar contribuciones internas, como el impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, pues aun y cuando deriven de un acto de importación o exportación, propio de la Ley Aduanera, su determinación debe fundarse en el artículo 42, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, por ser este dispositivo legal el que establece las facultades de las autoridades fiscales para determinar impuestos internos, como sería el impuesto al valor agregado o el impuesto sobre la renta. Pues, no debe soslayarse que la Ley del Impuesto al Valor Agregado o del Impuesto sobre la Renta, son leyes especiales en las que se precisan los sujetos obligados a dicho tributo, los supuestos o hipótesis de pago de ese impuesto, el objeto, tasa o tarifa del mismo, y la mecánica y procedimiento para su determinación, sin embargo, es en el Código Fiscal de la Federación donde se señalan las facultades de la autoridad fiscal para verificar su cumplimiento por parte de los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, y en su caso, ante su incumplimiento, para determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales correspondientes, de conformidad con el primer párrafo del artículo 42 del citado ordenamiento tributario. Lo anterior es así, pues si bien la importación de bienes y servicios se encuentra prevista por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como un acto generador del impuesto de mérito y, por ende, corresponde a las autoridades aduaneras verificar su cumplimiento, no menos cierto es que para determinar el crédito fiscal por dicho concepto, deben fundar su competencia material en el multicitado numeral 42, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, y en el primer párrafo del artículo 144 de la Ley Aduanera, por tratarse de un impuesto interno, diverso a los impuestos generales de importación y de exportación. Pues, precisamente porque la facultad de verificación del cumplimiento de las disposiciones legales con la entrada al país o salida del mismo, de mercancía, implica la necesidad de que se observe el debido cumplimiento de leyes especiales como la del impuesto al valor agregado, por citar alguno, cuyo tributo es de carácter interno, sin embargo, dada la mecánica del despacho aduanero; es que se faculta conforme al primer párrafo del artículo 144 de la Ley Aduanera, a la autoridad aduanera para que vigile el debido cumplimiento de esa legislación (pago correcto del impuesto al valor agregado de la mercancía importada o exportada), y en su caso determine el crédito fiscal correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. De lo que se sigue, que la autoridad aduanera necesariamente debe citar cuando determina impuestos internos, como es el impuesto al valor agregado derivado de actos de comercio exterior, el artículo 42, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 144, primer párrafo, y las fracciones correspondientes de la Ley Aduanera, a efecto de cumplir debidamente con el principio de legalidad, de precisar exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso, para evidenciar que efectivamente tiene competencia material para determinar créditos fiscales de impuestos internos, como el impuesto al valor agregado, cuando deriva de actos de comercio exterior, juntamente con el impuesto general de importación y del impuesto general de exportación. No es óbice para lo anterior, que mediante decreto publicado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en el Diario Oficial de la Federación, se haya modificado la fracción XV del artículo 144 de la Ley Aduanera, y se haya sustituido el texto que decía: ‘Determinar en cantidad líquida los impuestos al comercio exterior, las cuotas compensatorias y los derechos omitidos por los contribuyentes o responsables solidarios.’, por el texto vigente que dice: ‘Determinar las contribuciones y aprovechamientos omitidos por los contribuyentes o responsables solidarios.’. Pues del texto de la exposición de motivos de dicho decreto, no se advierte que el legislador con dicho cambio de nombre de ‘impuestos al comercio exterior, las cuotas compensatorias y los derechos omitidos’ por ‘contribuciones y aprovechamientos omitidos’, se refiriera a que en el concepto de ‘contribuciones’ de dicho apartado debían considerarse no sólo los impuestos al comercio exterior, las cuotas compensatorias y derechos omitidos, sino también a los impuestos internos, como el impuesto al valor agregado. Cierto, en la referida exposición de motivos no existe ninguna razón o motivo de política fiscal, tributaria o de orden social u otra, que establezca que el motivo de la modificación del texto que ha quedado precisado líneas arriba, tuviera como propósito establecer que por ‘contribuciones’ en el referido apartado de la Ley Aduanera, también debían considerarse a los impuestos internos; pues se aprecia que únicamente se alude a los impuestos al comercio exterior. Por tanto, se concluye que la autoridad aduanera necesariamente debe citar cuando determina impuestos internos, como es el impuesto al valor agregado, derivado de actos de comercio exterior, el artículo 42, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 144, primer párrafo y las fracciones correspondientes de la Ley Aduanera, a efecto de cumplir debidamente con el principio de legalidad, de precisar exhaustivamente su competencia por razón de materia. Luego, si en el caso, la autoridad administrativa, Aduana de Mazatlán determinó a cargo de ********** mediante el oficio número 326-SAT-25-874-IV-1529 de fecha quince de mayo de dos mil siete, un crédito fiscal en cantidad de $145,593.00 (ciento cuarenta y cinco mil quinientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), por concepto de impuesto general de importación, cuotas compensatorias, derecho de trámite aduanero, impuesto al valor agregado, multas y recargos; y no citó el primer párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, así como tampoco el primer párrafo del artículo 144 de la Ley Aduanera, es por demás evidente que dicha resolución, tal como señala la a quo, no se encuentra suficientemente fundada en cuanto a la competencia material de la referida autoridad, y por lo mismo, legalmente declaró su nulidad lisa y llana en términos de los artículos 50, 51, fracción II y 52, fracción II, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuenta habida que dicha insuficiencia de fundamentación no deriva de una petición, instancia o recurso, sino del acto determinante del crédito fiscal de que se ha dado noticia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 99/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 287, Tomo XXV, junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA.’ (se transcribe). Por las razones expuestas, este Tribunal Colegiado se aparta del criterio sostenido en la revisión fiscal número 6/2008, en que sostuvo que en la determinación de un crédito fiscal derivado de un procedimiento aduanero, en el cual se determinen impuestos al comercio exterior e impuesto al valor agregado, no era necesario citar el artículo 42, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación. De ahí que los suscritos Magistrados no comparten el criterio seguido por el Segundo y Tercer Tribunal Colegiado (sic) del Décimo Segundo Circuito, contenido en las revisiones fiscales números 18/2008 y 33/2008, respectivamente, en que consideraron que no era necesario citar el primer párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en el oficio determinante de un crédito fiscal en el cual además de las contribuciones al comercio exterior, se determina también un crédito de un impuesto interno como el impuesto al valor agregado, para tener por debidamente fundada la competencia material de la autoridad administrativa. Por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, procede denunciar la contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En ese orden de ideas, considerando que lo expuesto por la recurrente, en el segundo de sus agravios, constituye tan sólo una petición de los motivos de disentimiento que han quedado precisados con anterioridad, los cuales se estima se encuentran ampliamente contestados en la forma como se abordó el estudio de la temática en la presente ejecutoria, y que dichos argumentos resultaron infundados, se impone confirmar la sentencia recurrida de fecha trece de junio de dos mil ocho, dictada por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Culiacán, Sinaloa, dentro del juicio de nulidad número 2374/07-03-01-2 de su índice."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver la revisión fiscal número 18/2008, sustentó su criterio en las siguientes consideraciones:

"SEXTO. Los agravios precedentemente transcritos devienen inoperantes en parte e infundados en el resto, por las razones que enseguida se precisan. Por encontrarse inconforme con la sentencia anterior, el administrador local jurídico de Culiacán interpuso recurso de revisión manifestando sustancialmente como agravios, entre otros, que la sentencia recurrida fue dictada en contravención a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque la Sala infringió el principio de exhaustividad que rige a las sentencias fiscales, al no haberse pronunciado respecto de ‘la totalidad de los argumentos de defensa planteados por la autoridad enjuiciada en su escrito de contestación de demanda’. En abono al aserto en cuestión la recurrente invocó las tesis consultables bajo los rubros: ‘CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. SUS ASPECTOS. EL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES EL QUE LO CONTIENE.’ y ‘REVISIÓN FISCAL. EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO REQUIERE, COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA, LA PRECISIÓN DE LAS VIOLACIONES MATERIA DE IMPUGNACIÓN.’. El motivo de inconformidad antes reseñado deviene inoperante, dado que del análisis integral practicado sobre el mencionado escrito de revisión, este Tribunal Colegiado advierte que la autoridad revisionista es omisa en precisar concretamente cuáles argumentos son los que no fueron materia de estudio por parte de la Sala que emitió el fallo impugnado, de manera que si el promovente no sustenta sus afirmaciones en un razonamiento concreto, encaminado a poner en evidencia qué argumentos propuestos en la contestación a la demanda de nulidad no fueron analizados por la em

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21645-2973b03f/competencia-de-las-autoridades-aduaneras-en-la-resolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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