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Modo: Corpus Pro

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO RCA-1316-10/05 DE 26 DE OCTUBRE DE 2005, POR LA QUE AUTORIZÓ LA VENTA DE CARTERA VENCIDA, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 166/2009. · Registro digital (IUS): 22292
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO, SEGUNDO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, SEXTO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, , Pág. 626.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 166/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO, SEGUNDO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, SEXTO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se refiere a la posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver asuntos en materia administrativa, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados que participan en la presente contradicción.

De igual manera, la ampliación a la contradicción de criterios denunciada se realizó por parte legítima, en razón de que la formuló **********, autorizado en amplios términos del artículo 27 de la Ley de Amparo en los asuntos a que este expediente se refiere.

TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso hacer una breve reseña de los antecedentes de los asuntos en contradicción, así como una síntesis de las consideraciones expuestas por los Tribunales Colegiados contendientes.

Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 427/2008, resuelto por mayoría de votos en sesión de seis de marzo de dos mil nueve.

a) **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra, entre otros actos y autoridades, del acuerdo o resolución RCA-1316-10/05 del Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en que se faculta a la administración del instituto a proceder a la venta de créditos en cartera vencida y sus consecuencias, que se traducen en la venta o cesión del crédito 9500904531, a nombre del quejoso, a favor de la empresa Scrap II, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

b) Seguidos todos los trámites legales, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, al que tocó conocer del expediente respectivo bajo el número 535/2008, dictó sentencia que terminó de engrosar el dos de octubre de dos mil ocho, en la que negó la protección de la Justicia Federal solicitada. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa promovió recurso de revisión.

c) El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que correspondió el conocimiento del asunto, dictó resolución el seis de marzo de dos mil nueve en la que revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado, bajo los argumentos siguientes:

1. El artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda empresa tiene obligación de proporcionar habitación a sus trabajadores, la cual se cumplirá mediante las aportaciones que hagan las empresas a un Fondo Nacional de la Vivienda, en el que con los depósitos efectuados se establezca un sistema de financiamiento que permita otorgarles crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones, para lo cual considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo mencionado, la cual deberá regular las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad dichas habitaciones.

2. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de reserva de ley se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, y por ello excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, tal como se desprende de la tesis de jurisprudencia P./J. 30/2007, de rubro: "FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES."

3. De lo anterior se observa que el Constituyente dispuso en el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Federal, el derecho de los trabajadores a obtener crédito barato y suficiente para adquirir habitación en propiedad, reservando a la ley el establecimiento de las formas y procedimientos conforme a los cuales se cumpliría con esa garantía constitucional, lo cual se robustece con lo dispuesto en el artículo 4o., quinto párrafo, de la propia Norma Suprema, que establece que "toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo."

4. De los numerales 1, 2 y 3 de la Ley del Infonavit, se advierte que el mencionado instituto se creó en cumplimiento a lo dispuesto por el Constituyente en el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución, como un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto, entre otros aspectos, de administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda y establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de vivienda.

5. Por otro lado, el artículo 49 de la Ley del Infonavit establece que los créditos que otorgue el instituto se rescindirán y, por tanto, se darán por vencidos anticipadamente, cuando sin su autorización los deudores enajenen, incluida la permuta, o graven su vivienda, así como cuando incurran en cualesquiera de las causales de violación consignadas en los contratos respectivos; pero si se trata de créditos otorgados para la adquisición de viviendas financiadas directamente por el instituto, se darán por cancelados y el contrato rescindido si los deudores incurren en alguna de las causales antes señaladas, por lo que el deudor o quien ocupe la vivienda deberá desocuparla en un término de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba el aviso respectivo.

6. De lo anterior se advierte que la materia de financiamiento de crédito para la obtención de vivienda establecida constitucionalmente a favor de los trabajadores, se encuentra sujeta al principio de reserva de ley, pues como se estableció, el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución, dispone que la ley reglamentaria correspondiente fijaría las formas y procedimientos que guardan relación con esos créditos, y en la Ley del Infonavit se encuentran fijadas las consecuencias que ocasiona el incumplimiento del acreditado a las condiciones del crédito que se le otorgó, por lo que con motivo de esa reserva se excluye la posibilidad de que tales cuestiones sean reguladas por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, pues de hacerlo, los ordenamientos relativos resultarían violatorios de aquel principio.

7. En el caso, el quejoso reclamó, entre otros actos, la resolución número RCA-1316-10/05 de fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco, a través de la cual el Consejo de Administración del Infonavit autorizó a la administración proceder a la venta de la cartera vencida reservada al cien por ciento, hasta por cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y un créditos, mediante subasta pública, así como a la contratación de los proveedores necesarios para realizar esa venta, cumpliendo con la normatividad que al respecto hubiese emitido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, resolución que se emitió con apoyo en el dictamen de la Comisión de Seguimiento de Metas del Instituto, del que se advierte que la adopción de las políticas de estrategia de depuración de la cartera vencida de ese instituto, con base en las cuales se propuso la venta de la cartera vencida reservada al cien por ciento, se apoyó en el boletín "B3 Cartera de Crédito", equivalente al boletín "B6" que emitió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la circular 1488, así como en lo dispuesto en el artículo 16, fracción IX, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

8. De la lectura del boletín "B6 Cartera de Crédito", se advierte que tiene por objeto definir las reglas particulares de aplicación de los principios contables relativos al registro, valuación, presentación y revelación en los estados financieros, de la cartera de las instituciones de crédito; por otro lado, el artículo 16 de la Ley del Infonavit establece las atribuciones con que cuenta el Consejo de Administración de ese instituto, y en la fracción IX se le faculta para proponer para su aprobación a la asamblea general las políticas de crédito y aprobar las reglas para su otorgamiento, así como la normatividad en materia de control interno. Asimismo para que, a propuesta del director general, apruebe los castigos y quebrantos derivados de los créditos, las políticas de riesgos, así como las de adquisición de bienes y prestación de servicios, y cualquiera otra que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos del instituto.

9. De lo anterior se concluye que, contrario a lo expuesto por el Juez de Distrito, el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Federal, reserva a la Ley del Infonavit, toda la materia de financiamiento de crédito para la obtención de vivienda, dentro de la cual se incluyen tanto las políticas de otorgamiento, como las de recuperación de adeudos, pues dicho precepto constitucional es claro al señalar que la ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas; de ahí que con motivo de esa reserva no cabe la posibilidad de que tales cuestiones sean reguladas por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, ya que de hacerlo resultarían contrarias a la Norma Suprema.

10. En esa virtud, no es dable considerar que el Consejo de Administración tenga facultades para emitir la resolución en la que ordenó la venta de los créditos de la cartera vencida, pues en principio esa resolución se apoya en un dictamen basado en una circular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la que se establecen las reglas particulares de aplicación de los principios contables relativos al registro, valuación, presentación y revelación en los estados financieros, de la cartera de las instituciones de crédito, las que prestan un servicio de naturaleza distinta a la del Infonavit, pues conforme a lo que dispone el artículo 2o. de la Ley de Instituciones de Crédito, se considera servicio de banca y crédito la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados, lo que pone de manifiesto que el servicio de crédito que prestan ese tipo de instituciones lo hacen con el dinero de sus clientes.

11. En tanto que el otorgamiento de créditos por parte del Infonavit, como organismo de servicio social que es de conformidad con el artículo 2o. de la ley de la materia, se hace con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda de acuerdo a lo que establece el artículo 41 de la propia ley, el cual se constituye con las aportaciones de los patrones y se considera como patrimonio de los trabajadores, en términos del artículo 5o. de dicho ordenamiento legal.

12. Además, es inexacto que la facultad del Consejo de Administración para emitir la resolución reclamada se desprenda de la última parte de la fracción IX del artículo 16 de la Ley del Infonavit, por el hecho de que establezca que a propuesta del director general, puede aprobar cualquiera otra política que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos del instituto; en virtud de que la interpretación de ese precepto, así como de la ley en general, como norma reglamentaria de una disposición constitucional, debe efectuarse de acuerdo a los principios que consagra la Norma Suprema de la cual emana.

13. De modo que si, en el caso, la Ley del Infonavit se emitió para dar cumplimiento al derecho de financiamiento de crédito barato para la obtención de vivienda por parte de los trabajadores previsto en el mencionado artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución, y en este precepto se establece que la ley debe prever las formas y procedimientos para llevar a cabo tal financiamiento, no debe interpretarse la última parte de la fracción IX del artículo 16 de la mencionada ley, en los términos que lo hizo la Juez Federal, ya que, por un lado, ni de esa fracción, ni de ningún otro precepto de la ley en cuestión, se desprende que se puedan vender los créditos de la cartera vencida; por el contrario, de la mencionada Ley del Infonavit, se desprenden los lineamientos a que debe sujetarse el instituto cuando los trabajadores que hubiesen recibido un crédito de ese organismo incumplan con las obligaciones que por su naturaleza conlleva su celebración, como pueden ser, entre otras, la omisión de realizar los pagos correspondientes para amortizar el capital e intereses ordinarios derivados del crédito, así como la forma en que se resolverán las controversias que se susciten con motivo de dichos adeudos.

14. Tales lineamientos se encuentran establecidos en los artículos 41, 49 y 53 de la Ley del Infonavit, de los que se advierte, del primero, que el instituto otorgará prórrogas en los pagos de la amortización que tenga que hacer el trabajador por concepto de capital e intereses ordinarios del crédito que hubiese recibido por parte de ese instituto, previa solicitud del deudor que deberá presentar dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiese dejado de percibir salario, prórrogas que no podrán ser mayores de doce meses cada una, ni exceder en su conjunto de más de veinticuatro meses, las cuales terminarán anticipadamente cuando el trabajador inicie una nueva relación laboral; del segundo, que los créditos que otorgue el Infonavit se rescindirán y, por tanto, quedarán vencidos anticipadamente, entre otros supuestos, cuando el deudor incurra en cualesquiera de las causales de violación consignadas en los contratos respectivos, como puede ser el hecho de que no se paguen las amortizaciones del capital e intereses ordinarios derivados del crédito respectivo, que es una consecuencia directa de la naturaleza de ese crédito por el financiamiento que recibe el trabajador; y del tercero, que prevé que las controversias derivadas de adeudos de los trabajadores al Infonavit por créditos que éste les haya concedido se tramitarán ante los tribunales competentes.

15. Por consecuencia, al establecer la Ley del Infonavit, la forma y procedimientos en que debe proceder el instituto ante el incumplimiento de los deudores a las obligaciones derivadas del crédito que les hubiese otorgado, y al no encontrarse entre éstos la posibilidad de vender la cartera vencida, debe considerarse, contrario a lo resuelto por la Juez de Distrito, que la resolución número RCA-1316-10/05 de fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco, a través de la cual el Consejo de Administración del Infonavit autorizó la venta de la cartera vencida relativa, contraviene el principio de reserva de ley, consagrado en el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Federal, pues el contenido de esa resolución excede las disposiciones a las que debe sujetarse el instituto en materia de otorgamiento de créditos para la vivienda de los trabajadores.

Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 419/2008, resuelto por unanimidad de votos en sesión de once de noviembre de dos mil ocho.

a) **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra, entre otros actos y autoridades, del acuerdo o resolución RCA-1316-10/05 del Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en que se faculta a la administración del instituto a proceder a la venta de créditos en cartera vencida y sus consecuencias, que se traducen en la venta o cesión del crédito 9201037124, a nombre de la quejosa, a favor de la empresa Recuperadora de Deuda Hipotecaria, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

b) Seguidos todos los trámites legales, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, al que tocó conocer del expediente respectivo bajo el número 660/2008, dictó sentencia que terminó de engrosar el cinco de septiembre de dos mil ocho, en la que sobreseyó en el juicio de amparo. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa promovió recurso de revisión.

c) El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que correspondió el conocimiento del asunto, dictó resolución el once de noviembre de dos mil ocho, en la que en la parte que a este expediente se refiere modificó la sentencia recurrida y negó el amparo solicitado, bajo los argumentos siguientes:

1. La doctrina clasifica la reserva de ley en absoluta y relativa; la primera aparece cuando la regulación de una determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal, como lo es la ley emitida por el Congreso de la Unión, en la que la materia reservada a la ley no puede ser regulada por otras fuentes. La segunda, en cambio, permite que otras fuentes de la ley regulen parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero a condición de que la ley sea la que determine expresa y limitativamente las directrices a las que esas fuentes deberán ajustarse; esto es, la regulación de las fuentes secundarias debe quedar subordinada a las líneas esenciales que la ley haya establecido para la materia normativa, en este supuesto, la ley puede limitarse a establecer los principios y criterios dentro de los cuales la concreta disciplina de la materia reservada podrá posteriormente ser establecida por una fuente secundaria.

2. Así, no se excluye la posibilidad de que las leyes reglamentarias emanadas del Congreso de la Unión establezcan facultades discrecionales a favor de la autoridad administrativa para que hagan posible el cumplimiento de la ley a la que en todo momento debe estar subordinada la actuación de la autoridad, sin que ello suponga una degradación de la reserva formulada por la Constitución a favor del legislador hacia dicha autoridad.

3. De esta manera, la reserva en la que está fundada la facultad discrecional ejercida por el Consejo de Administración del Infonavit, en el contenido del acuerdo o resolución reclamada, es de carácter relativo, toda vez que, por una parte, dicha materia no debe ser regulada en su totalidad por una ley formal, sino que es suficiente un acto normativo primario que contenga la normativa esencial de la referida materia, puesto que de ese modo la presencia del acto normativo primario marca un límite de contenido para que la autoridad aplicadora ejerza la facultad discrecional contemplada en la ley formal a la cual no podrá nunca contravenir; y por otro lado, se está en un caso excepcional, que justifica la delegación de facultades discrecionales, sin que deba perderse de vista que tales facultades siempre deben estar subordinadas y dependientes de la ley de la que derivan, y además constituyen un complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad de la ley reglamentaria.

4. Sobre ese contexto, cuando la ley otorga a la autoridad aplicadora el ejercicio de una atribución demarcándole criterios, características o finalidades para decidir, se trata de una facultad discrecional permitida que no debe confundirse con una facultad arbitraria, ya que en todo momento puede controlarse a través del juicio de garantías, tal como se desprende de la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala, de rubro: "FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO."

5. Asimismo, conviene establecer que las reglas generales administrativas pueden regular obligaciones, establecer la operatividad de las normas, siempre y cuando con ello no se vaya más allá o se rebase lo dispuesto en la respectiva norma (cláusula habilitante), lo que implica que las referidas disposiciones de observancia general sí pueden vincular a los gobernados, siempre y cuando respeten los principios constitucionales que norman su expedición y, además, la obligación respectiva tenga sustento en un acto formalmente legislativo o reglamentario, ya que atendiendo a los principios de primacía legal y reglamentaria, las disposiciones de aquella naturaleza deben apegarse fielmente a la voluntad del órgano dotado de la potestad normativa, prevista expresamente en la Constitución Federal, que habilitó a la autoridad administrativa correspondiente.

6. Este principio general implica que, en primer lugar, la potestad para emitir reglas generales administrativas que establezcan la operatividad de las normas u obligaciones a los gobernados, está vinculada positivamente a lo dispuesto en las leyes, es decir, a los actos formal y materialmente legislativos, por lo que dichas obligaciones serán válidas siempre y cuando el legislador haya tenido la intención de que en un específico ámbito, las obligaciones de los gobernados se prevean en una regla general administrativa.

7. A la luz de la tesis citada, así como a lo dispuesto en la Ley del Infonavit, debe estimarse que es inexacto que el acuerdo o resolución reclamada transgreda el principio de reserva de ley, lo cual se desprende de los numerales 1, 2, 3 y 16 de dicha ley, de los cuales se aprecia, en principio, que el instituto tiene una función social, cuyo objetivo primordial es operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito para la adquisición de habitaciones, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, el pago de pasivos por tales conceptos; así como el coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; de lo cual se desprende que la actividad que desempeña el instituto resulta dinámica en cuanto al otorgamiento de financiamientos y recuperación de pasivos; de ahí que dependa en parte de la recuperación de pasivos o cartera vencida, la continuación de los objetivos para los cuales se creó y para hacer cumplir tales objetivos, el legislador en el artículo 16 de la mencionada ley, confirió al Consejo de Administración las facultades y atribuciones necesarias para que emitiera las políticas necesarias para el cumplimiento de los citados objetivos, de ahí que resulte inexacta la aseveración de que con la emisión del acuerdo o resolución en la que se autoriza la venta de la cartera vencida, se rebase lo dispuesto en la norma (cláusula habilitante), puesto que al tenor de la disposición antes mencionada, se establece el marco jurídico en el cual la autoridad administrativa debe ajustar su actuación al aprobar las políticas que emita sobre la materia.

8. Razones éstas por las que el acuerdo o resolución RCA-1316-10/05, emitida el veintiséis de octubre de dos mil cinco, por el cual el Consejo de Administración del Infonavit autoriza la venta correspondiente a la cartera vencida, se ajusta al marco jurídico establecido al efecto, puesto que tiende a cumplir con los objetivos para los cuales se creó el Infonavit, en tanto dicho acuerdo o resolución derivó del dictamen propuesto por la Comisión de Seguimiento de Metas del Instituto, de veinticuatro de octubre de dos mil cinco, en el cual se propone la estrategia de depuración de la cartera vencida del instituto, derivado, entre otros aspectos, por las cuentas con alta morosidad y baja probabilidad de cobro, del "análisis permanente de la cartera para solucionar problemas de raíz sobre la originación de los créditos", así como atento a las facultades establecidas en el numeral 16 de la ley, que les otorga atribuciones y facultades inherentes para aprobar las políticas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de dicho instituto.

9. Asimismo, resulta evidente que la Ley del Infonavit prevé expresamente la aprobación de políticas mediante acuerdos o resoluciones de carácter general, tendentes al cumplimiento de los objetivos que tiene encomendados el instituto, como es el otorgamiento de nuevos créditos, lo cual deriva, de manera inevitable, de la recuperación de la cartera vencida para allegarse el instituto en comento de los recursos respectivos, pues resulta evidente que su función no la constituye únicamente el otorgar créditos para la adquisición de vivienda a los trabajadores, sino que, como parte de la dinámica del sistema de financiamiento, también lo es la recuperación del mismo para otorgar nuevos créditos y así cumplir con la función social para la cual se creó el instituto, y no que el otorgamiento de un crédito que se encuentre en cartera vencida, implique que no sea recuperable, pues de ser así, se imposibilitaría al instituto cumplir con el sistema de financiamiento de vivienda para el universo de trabajadores que cuentan con el derecho para obtener un crédito para la adquisición de una habitación, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de su vivienda.

10. Por todo lo anterior, resulta inexacto que el Consejo de Administración del Infonavit no cuente con la facultad de aprobar políticas inherentes a los créditos, pues como se expresó, el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 16 de la Ley del Infonavit prevé la facultad de aprobar los castigos y quebrantos derivados de los créditos, las políticas de riesgos, así como las de adquisición de bienes y prestación de servicios, y cualquiera otra que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos del instituto, como lo es la venta de cartera vencida para la recuperación de pasivos, tendente a continuar con el cumplimiento de los objetivos que tiene encomendado en la ley dicho instituto.

11. Por otra parte, resulta inexacto que con la aprobación de la venta de la cartera vencida se imponga la obligación al titular del crédito de enfrentar controversia judicial con la persona física o moral que lo adquiera, para obtener la propiedad de la vivienda correspondiente, pues basta imponerse del contenido del acuerdo o resolución reclamada, para advertir que no establece que deba instaurarse controversia judicial alguna para adquirir la propiedad de los bienes respecto de los cuales se otorgaron los créditos por el Infonavit, aunado a que en el acuerdo o resolución reclamada sólo se autoriza la venta de la cartera vencida, sin que de modo alguno se ordene la cancelación, revocación o que se desconozca la titularidad de los derechohabientes cuyo crédito se ubique en cartera vencida; además, la eventual existencia de controversia judicial no depende de la venta de cartera vencida, sino de la conducta que en su caso desplieguen los titulares de los créditos, en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del referido crédito.

12. Bajo el mismo tenor, resulta inexacto que del contenido del acto reclamado se desprenda que la autoridad establezca cambio alguno con relación a las condiciones en que se otorgó la titularidad de los créditos que se encuentran en cartera vencida y que se autoriza su venta, además de que al encontrarse el crédito obtenido por el quejoso dentro de la cartera vencida de dicho instituto y venderse a tercera persona, en caso de considerar aquél que dicho acto (compraventa) reviste condiciones diversas a las contraídas con el Infonavit, con motivo del crédito que le fue otorgado por dicho instituto relacionadas con las condiciones, plazos, épocas y formas de pago, entre otros, respecto de los cuales se encuentre inconforme, ello constituye materia de impugnación en la vía ordinaria, puesto que la venta relativa al crédito 9201037124 reviste la naturaleza de un acto entre particulares; por lo que resulta inconcuso que corresponde al peticionario de garantías hacer valer lo que a su interés convenga por la vía ordinaria correspondiente.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 55/2009, resuelto por mayoría de votos en sesión de quince de abril de dos mil nueve.

a) **********, por conducto de su autorizado legal, promovió juicio de amparo indirecto en contra, entre otros actos y autoridades, del acuerdo o resolución RCA-1316-10/05 del Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en que se faculta a la administración del instituto a proceder a la venta de créditos en cartera vencida y sus consecuencias, que se traducen en la venta o cesión del crédito 9201039331, a nombre del quejoso, a favor de la empresa Recuperadora de Deuda Hipotecaria, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

b) Seguidos todos los trámites legales, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, al que tocó conocer del expediente respectivo bajo el número 1267/2008, dictó sentencia que terminó de engr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22292-d6d78172/instituto-del-fondo-nacional-de-la-vivienda-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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