PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN. PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 176/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, SÉPTIMO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIOS: JOSÉ ANTONIO ABEL AGUILAR SÁNCHEZ Y ÓSCAR PALOMO CARRASCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentaron diversos Tribunales Colegiados de Circuito al resolver varios conflictos competenciales que por razón de la materia son de la competencia exclusiva de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue realizada por el Magistrado presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
TERCERO. Las consideraciones relativas al tema contradictorio que sirvieron de sustento al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para resolver los conflictos competenciales administrativos 4/2009 y 5/2009, son:
"QUINTO. Las transcripciones realizadas en considerandos precedentes, ponen en evidencia que existe el conflicto competencial planteado, dado que los Juzgados de Distrito contendientes se niegan a conocer, por razón de territorio, del juicio de amparo promovido por ********** en el que se reclama la aplicación retroactiva de las reformas a lo previsto por el párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que entraron en vigor a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, así como las reformas al mismo precepto legal que entraron en vigor a partir del uno de enero de dos mil dos.
"En efecto, la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal estimó que la ejecución del acto reclamado, esto es, el pago de la pensión del quejoso, se ha efectuado en Huiramba, en el Estado de Michoacán, por lo que estimaba carecer de competencia para conocer del asunto, ya que ésta se surtía en Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno; que no era obstáculo, que se señalara como autoridad responsable al subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, pues la aplicación del precepto reclamado tiene lugar en la ciudad donde la quejosa recibe su pago correspondiente, ya que en términos del artículo 8, fracciones II, del reglamento de las delegaciones de dicho instituto, le corresponde al subdelegado de prestaciones, resolver todo lo relacionado sobre las pensiones y cualquier otra prestación económica.
"En cambio, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán sostuvo que en el caso se actualizan las hipótesis previstas en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, ya que la ejecución del acto se da en el momento en que el subdirector general de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales de la Institución aprueba los pagos de las jubilaciones y pensiones, esto es, cuando autoriza las nóminas de pagos respectivas, por lo que si dicha autoridad tiene su sede en la capital del país, la competencia se surte en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
"Esas consideraciones evidencian la existencia de un conflicto competencial entre ambos Juzgados de Distrito, pues cada uno de ellos, estimaron que el acto reclamado había tenido ejecución en la ciudad donde residen sus respectivos juzgados.
"Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 30/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 46 del Tomo XVII, junio de 2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente:
"‘CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).
"SEXTO. Para estar en condiciones de determinar en cuál de los Juzgados de Distrito contendientes radica la competencia para conocer y resolver el conflicto jurídico a que este asunto se refiere, resulta pertinente, citar el contenido del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente:
"‘Artículo 36.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).
"Deriva del precepto transcrito, que sobre la materia de estudio, se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito:
"a) Será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado;
"b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y,
"c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada.
"Lo expuesto, permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado, a la luz de las premisas antes señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que esto ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito.
"Lo anterior, obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que el juicio de amparo, contra los actos de autoridad referidos en ese precepto, se promoverá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado.
"En efecto, el propósito del legislador fue hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con mayores facilidades para el desempeño de su función, pues se agilizaría la sustanciación del juicio, el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o bien, de la sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión.
"En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de garantías no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la premisa referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia del Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.
"Ahora, el acto reclamado en el juicio de amparo del que deriva el presente conflicto competencial, se hizo consistir, en su literalidad, en la ‘aplicación retroactiva y en mi perjuicio de las reformas a lo previsto por el párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que entraron en vigor a partir del 5 de enero de 1993, así como las reformas al mismo precepto legal que entraron en vigor a partir del 1 de enero del año 2002.’; el cual se atribuye al subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales y al subdirector de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, acto que se traduce en la indebida cuantificación de la pensión del quejoso al no aplicársele los incrementos en el mismo tiempo y proporción en que se hayan aumentado los sueldos básicos de los trabajadores en activo, tal y como lo disponía el artículo 57, tercer párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su redacción vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres.
"Lo anterior es así, pues en el escrito inicial de demanda, la quejosa le atribuye a las responsables el hecho de que su pensión ha sido indebidamente cuantificada, pues a su parecer, atendiendo a la teoría de los componentes de la norma, tenía que haber sido incrementada en la misma proporción que los trabajadores en activo, ya que al momento en que se le otorgó su pensión se encontraba vigente el precepto citado que contenía la referida regla de cuantificación.
"En virtud de lo anterior, es de concluirse que esa determinación no conlleva actos de ejecución, pues la aplicación retroactiva que trajo por consecuencia la indebida cuantificación de la pensión sólo se traduce en el pago de las cantidades a que se tenga derecho a percibir.
"Es decir, el acto reclamado se atribuye a la autoridad encargada de la determinación del monto de la pensión cuyo acto trae como consecuencia inmediata el pago de la cantidad correspondiente, sin que exista ningún acto de ejecución reclamado por el quejoso.
"Cobra aplicación al caso, por las razones que las sustentan, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuarenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 139-144, Tercera Parte, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente:
"‘COMPETENCIA EN AMPARO. ACTO QUE NO ADMITE O NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).
"Atendiendo los argumentos expuestos, la competencia para la solución del juicio de amparo del que deriva el presente conflicto, se surte en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad a la que se le impute el acto reclamado, tal y como lo establece el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, pues como se adujo en líneas precedentes, la naturaleza del acto reclamado no conlleva una ejecución material.
"Ahora, tomando en cuenta lo anterior y, además, que la acreditación de la existencia del mismo será materia del juicio de amparo; a efecto de evidenciar a qué autoridad le compete su emisión, para actualizar la regla de competencia en cuanto al domicilio de la autoridad a la que se le atribuya el acto, es necesario acudir a las normas legales aplicables.
"Así, tenemos que la quejosa atribuyó el acto reclamado, además de otra autoridad, al subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y según se advierte de las fracciones II y III del artículo 46 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dicha autoridad tiene las siguientes atribuciones:
"‘Artículo 46.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).
"En atención a ello, es claro que la residencia de esa autoridad surte la competencia del Juzgado de Distrito, pues aquélla es la encargada de conceder, negar, suspender, modificar o revocar las jubilaciones y pensiones, de aplicar los aumentos correspondientes y de aprobar las nóminas de pago de éstas.
"Como consecuencia de ello, si el subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene su residencia oficial en el Distrito Federal, entonces es inconcuso que la competencia para conocer del juicio de amparo se surte en un Juzgado de Distrito con sede en el Distrito Federal.
"No es obstáculo a lo anterior, que de actuaciones se desprenda con meridiana claridad que el pago de las pensiones de la parte quejosa se ha efectuado en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán, según puede presumirse de la concesión de pensión y de los comprobantes de pago ofrecidos como prueba en la demanda de garantías; sin embargo, ello no es determinante para surtir la competencia en el Juzgado de Distrito con sede en esta última localidad, ya que, en el presente asunto no se reclama la falta de pago de la pensión correspondiente, ni se señala al delegado de esa localidad como autoridad responsable, ya que como se señaló, sólo se reclama la indebida cuantificación de pensión por no aplicar los aumentos a los que según el quejoso, tiene derecho de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su texto vigente antes de la reforma efectuada en la anualidad de mil novecientos noventa y tres; acto, que como se dijo, no conlleva una ejecución material en dicha localidad, pues sólo se traduce en el pago correspondiente.
"Cobra aplicación al caso, por las razones que la sustentan, la tesis 2a. XXXIV/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 227 del Tomo I, junio de 1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente:
"‘COMPETENCIA. PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROMUEVA EN CONTRA DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE CAREZCA DE EJECUCIÓN MATERIAL, ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD QUE LO TRAMITÓ.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).
"No obstante todo lo anterior, aun cuando se estimara que el acto reclamado tiene ejecución material, lo cierto es que la competencia se seguiría surtiendo en el Juzgado de Distrito a que se ha hecho alusión; pues en términos de la fracciones II y III del artículo 46 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la ejecución de esos actos tendría que haber sido realizada en la Ciudad de México.
"En efecto, como se apuntó en apartados precedentes, al subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le compete no sólo la concesión de la pensión, sino la aplicación de los aumentos y la aprobación de las nóminas de pago correspondientes; por lo cual, es claro que la ejecución de esos actos tendría que haber sido materializada en la Ciudad de México, pues la indebida cuantificación y autorización de pago habría sido efectuada por la citada autoridad en el lugar donde tiene su residencia oficial, que es atinente a la presente localidad.
"En esa tesitura, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, se determina que la competencia por razón de territorio, se surte en un Juzgado de Distrito con sede en el Distrito Federal.
"Ahora bien, no obstante que la materia del presente conflicto se circunscribía a definir la competencia para conocer del juicio de amparo, por razón de territorio; este Tribunal Colegiado estima que la competencia material para conocer del mismo, no se surte en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que participó como contendiente en este asunto, sino en un Juzgado de Distrito en Materia Laboral en el Distrito Federal.
"Cobra aplicación al caso, por las razones que la sustentan la jurisprudencia 1a./J. 61/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 113 del Tomo X, noviembre de 1999, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente:
"‘COMPETENCIA, ATRIBUCIÓN PROCEDENTE DE LA. A UN JUEZ NO CONTENDIENTE.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).
"En efecto, la función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando cada uno de ellos es una ramificación de un órgano único y potencialmente posee jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esta limitación de sus atribuciones, esta medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por ello, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente.
"Para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado.
Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio.
"Por regla general, en la República mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad.
"En esos casos, el tribunal de competencias debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de las acciones planteadas en esos juicios; lo anterior regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencias, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto.
"Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 83/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 28 del Tomo VIII, diciembre de 1998, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente:
"‘COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.’
"Ahora, cuando el conflicto competencial por materia se suscite entre órganos jurisdiccionales de amparo, su solución se dilucidará atendiendo a la naturaleza material del acto o actos reclamados, lo que puede determinarse esencialmente mediante el estudio que se realice al contenido de los mismos.
"Cobra aplicación al caso, por las razones que la sustentan, la tesis 2a. XVIII/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 702 del Tomo XXV, marzo de 2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente:
"‘COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario)."
"Ahora bien, en el caso, la parte quejosa plantea la inconstitucionalidad de la aplicación retroactiva efectuada por la responsable, respecto del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, en virtud de que a su parecer debió aplicársele el contenido de ese precepto legal vigente en mil novecientos ochenta y tres, año en que obtuvo su pensión jubilatoria, por lo que estima que su pensión por jubilación esta indebidamente cuantificada.
"En atención a ello, debe decirse que la naturaleza de ese acto encuadra en la materia laboral, pues la pensión por jubilación atiende a un aspecto social de esa materia que se sustenta en el numeral 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que toda controversia derivada de un acto o trámite administrativo que apunte a preservar derechos laborales quedan enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo, por constituir precisamente su sustento.
"Cobra aplicación al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 2a./J. 166/2005, emitida por la Segunda Sala de la nuestro Alto Tribunal, localizable en la página 1176 del Tomo XXIII, enero de 2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente:
"‘SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. ES COMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO PARA CONOCER DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTOS LEGALES QUE REGULEN EL PAGO Y DEVOLUCIÓN DEL SALDO CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES DEL FONDO DE LAS SUBCUENTAS DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, Y DE VIVIENDA.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).
"Además, de que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuya aplicación se imputa como indebida, es reglamentaria de ese precepto constitucional, que consagra esa garantía social en cuyo campo de protección se encuentran inmersas las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado.
"Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia 184/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de veintidós de septiembre de dos mil ocho, la cual se encuentra pendiente de publicación, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente: (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).
"Máxime, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo al analizar la constitucionalidad de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete, que los asuntos relacionados con ella son de índole laboral, al derivar directamente de las disposiciones contenidas en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e incidir en las prestaciones de seguridad social que corresponden a los trabajadores al servicio del Estado.
"Lo anterior se desprende de las ejecutorias correspondientes a los recursos de revisión 218/2008, 221/2008, 229/2008, 236/2008 y 252/2008 resueltos por el Más Alto Tribunal del País en sesión de diecinueve de junio de dos mil ocho, por mayoría de diez votos, que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo integran jurisprudencia.
"En efecto el Pleno del Máximo Tribunal sostuvo en las ejecutorias antes mencionadas lo siguiente: (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).
"Por otra parte, si bien es cierto que el acto reclamado puede estimarse formalmente administrativo, por virtud de la autoridad que lo emite; también lo es, que afecta una prestación que deriva de un derecho de carácter laboral, como lo es la pensión por jubilación, a la que tiene derecho el trabajador en virtud del tiempo laborado y bajo las condiciones y requisitos para su otorgamiento que prevé la propia Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyo sustento constitucional remite al propio artículo 123 constitucional.
"Cobra aplicación al caso, por las razones que la sustentan, la tesis 2a. XVII/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 707 del Tomo XXV, marzo de 2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan textualmente lo siguiente:
"‘PENSIÓN DE VIUDEZ U ORFANDAD. PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS CONTRA LA MODIFICACIÓN EFECTUADA UNILATERALMENTE POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SON COMPETENTES LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).
"No pasa inadvertido, que si bien las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia u organismo en la cual haya laborado; y por su parte, la surgida entre el trabajador y el Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es una nueva relación de naturaleza administrativa, la cual es de supra a subordinación, en la que el interesado como gobernado se somete al imperio del instituto de referencia, quien ante él adquiere el carácter de autoridad y si bien, la relación laboral respectiva no se extiende después de concedida la pensión solicitada; también lo es, que el derecho controvertido está íntimamente vinculado con una prestación de carácter social, la cual debe prevalecer al momento de fijarse la competencia del tribunal de amparo, pues la naturaleza del acto cuestionado atiende precisamente a un derecho social íntimamente vinculado con la materia laboral en virtud de sus peculiaridades y salvaguarda constitucional a la que remite.
"Cobra aplicación al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 2a./J. 17/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 308 del Tomo V, mayo de 1997, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente:
"‘JUBILACIÓN. LA LIQUIDACIÓN DEL TRABAJADOR, AUNQUE PONE FIN A LA RELACIÓN DE TRABAJO, NO HACE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE OTORGAMIENTO Y PAGO DE PENSIÓN JUBILATORIA.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).
"Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que la naturaleza del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, se puede determinar por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, si en el caso se afecta directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos o, su equiparación respecto al Estado y servidores públicos; debe entenderse entonces que el acto versa sobre esta última materia, sin importar el origen del acto, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento.
"Cobra aplicación al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 105/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 63 del Tomo XXVIII, octubre de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señala lo siguiente:
"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).
"No es obstáculo a lo anterior, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya emitido la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, de rubro: ‘INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.’; pues, en ese criterio sólo se definió la procedencia para conocer del juicio contencioso administrativo y no del de amparo, cuyas peculiaridades son disímiles dado el carácter de medio de control constitucional de este último y el de legalidad del primero; además, como se indicó las reglas para fijar la competencia de esos tribunales ordinarios son distintas a las que rigen al juicio de amparo, pues en las primeras se atiende la naturaleza de las acciones intentadas y en éstos la de los actos reclamados.
"Tampoco es óbice a lo anterior, que este Tribunal Colegiado en sesión de once de febrero de dos mil nueve, haya resuelto por unanimidad de votos, el conflicto competencial 1/2009, en el cual, se dilucidó el mismo tópico competencial por materia que hoy nos ocupa, en cuya solución se dispuso la competencia a favor de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; pues, el criterio que hoy se propone atiende a la jurisprudencia 184/2008, pendiente de publicación, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘ISSSTE. LA LEY RELATIVA ES REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).’, ya que de las consideraciones que sustentan
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21980-8d0937a0/pensiones-del-issste-es-competente-el-juez-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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