JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. ES INNECESARIO AGOTARLO ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, PORQUE LA CONSULTA CIUDADANA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO TRIBUNAL CONSTITUYE UN REQUISITO ADICIONAL A LOS QUE LA LEY DE AMPARO ESTABLECE PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 312/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que es uno de los órganos contendientes.
TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 167/2009-2343, el cinco de junio de dos mil nueve, determinó lo siguiente:
"SEXTO. Las causas de improcedencia deben examinarse oficiosamente, o bien, a petición de parte, según lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que, previamente al estudio de los agravios, con fundamento en el artículo citado y en términos de lo establecido en el numeral 91, fracción III, de la ley de la materia, este Tribunal Colegiado oficiosamente advierte que se actualiza diversa causa de improcedencia a la analizada y desestimada por el Juez a quo en relación con los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 122/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, página veintiocho, que se lee: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe). Así, este órgano colegiado de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo, debió agotar el principio de definitividad y, en consecuencia, promover juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal. En principio, es menester tener presente que la parte quejosa señaló como actos reclamados en el juicio constitucional, los siguientes: (se transcribe). Ahora bien, los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, textualmente establecen: ‘Artículo 107.’ (se transcribe). ‘Artículo 73.’ (se transcribe). De las disposiciones transcritas, se advierte que tratándose de actos provenientes de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, antes de promover el juicio de amparo, deben agotarse los medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley común para revocar, anular o modificar el acto de autoridad, lo que constituye el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, a menos que se esté en algún caso de excepción a dicho principio conforme a la propia disposición citada y a los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación vía jurisprudencia, que en materia administrativa son: 1. Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. 2. Cuando no es susceptible de suspenderse dicho acto conforme al medio ordinario de defensa o cuando la ley respectiva exige mayores requisitos para la suspensión que en el juicio de amparo. 3. Cuando el quejoso es extraño al procedimiento. 4. Cuando se promueve amparo contra leyes por su primer acto de aplicación. 5. Cuando se hacen valer únicamente violaciones directas a la Ley Fundamental. Sobre las excepciones al principio de definitividad en amparo indirecto, resulta ilustrativo el criterio contenido en la tesis 2a. LVI/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156 del Tomo XII, julio de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe). Sentado lo anterior, de conformidad con el texto de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es dable concluir que el juicio de amparo indirecto en materia administrativa, resulta improcedente cuando en contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva. De igual forma, es de referir que conforme a dicho principio, es suficiente que en cualquier ley, desde el punto de vista formal y material, se encuentre establecida la procedencia de algún medio ordinario de defensa en contra del acto de autoridad para que el gobernado se encuentre obligado a agotarlo, es decir, no necesariamente el medio ordinario de defensa debe estar previsto en la ley en que se apoye el acto de autoridad. Así, se considera que, en el caso, contra de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto procede el juicio de nulidad previsto en el artículo 23, fracción I, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que a la letra dice: ‘Artículo 23.’ (se transcribe). En esa tesitura, se hace patente que en contra de los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio, resulta procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal previo a acudir al juicio constitucional; más aún cuando no se está en presencia de uno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Lo anterior es así, porque el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo establece -en lo conducente- que no procede el juicio de garantías respecto de actos provenientes de autoridades administrativas, cuando las leyes que los rijan prevean algún medio de defensa legal susceptible de modificarlos, revocarlos o nulificarlos, siempre que éste no exija mayores requisitos para la suspensión del acto impugnado que los previstos para la suspensión definitiva en el juicio de amparo, con independencia de si el acto en sí mismo sea o no suspendible, lo cual se actualiza en la figura del juicio de nulidad ya señalado, en virtud de la reforma en comento. La lectura de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, permite concluir que para determinar si en el caso se surte la causal de improcedencia de mérito, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que el acto reclamado, deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado; y, c) Que no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. Para demostrar la actualización de la causa de improcedencia en estudio, se toma en consideración que los anteriores requisitos se encuentran acreditados en el presente asunto, en virtud que el acto reclamado se atribuye a autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en específico al gerente general de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal y el acto reclamado se hizo consistir en el dictamen de solicitud de pensión número **********, de veintiséis de noviembre de dos mil ocho; actuación susceptible de ser modificada, revocada o nulificada a través del juicio de nulidad que prevé el artículo 23, fracción I, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Asimismo, en el caso, no se exigen mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva respecto a las leyes que lo rigen, como se verá a continuación: El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley rectora -en este caso específico- del juicio de nulidad, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en la especie y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa se encontraría obligada a agotar ese medio ordinario de impugnación. Lo anterior tiene sustento en el hecho de que el principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia administrativa encuentra su justificación en que se trata de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, en el cual, el quejoso debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto autoritario que le produce afectación; desde luego, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, los cuales en esencia se refieren a aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Luego, una vez justificada la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe decir que, además de los anteriores extremos, la norma constitucional y la de la ley reglamentaria correspondientes, aluden a que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo exige como condición para decretar la suspensión definitiva de los actos reclamados, lo que obliga al análisis de tales extremos a la luz de lo dispuesto sobre el tema por la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en su texto vigente, como por la Ley de Amparo, con lo cual se colma el análisis de los tres requisitos de actualización de la causa de improcedencia invocada. Sin que a lo antes dicho pase inadvertido, el hecho de que en la contradicción de tesis 92/2001-SS, suscitada entre los criterios sustentados, respectivamente, por el Segundo y el Décimo Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, la cual diera origen a la jurisprudencia 2a./J. 71/2002, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual nos referiremos en párrafos posteriores, el Alto Tribunal toralmente sostuvo que era innecesario acudir al juicio de nulidad en razón de que el artículo 59, primer párrafo, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal vigente en esa época -único precepto que fue materia de análisis por parte de Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia en cita- establecía un requisito adicional, al prever que sólo el presidente de la Sala respectiva podía conceder la suspensión de la ejecución de los actos que se impugnaran mediante el juicio de nulidad, previa petición del Magistrado instructor a quien, a su vez, le fuera solicitada por el actor; es decir, que exigía un requisito adicional a los previstos en la Ley de Amparo para la concesión de tal medida suspensiva, ya que el único requisito contemplado en este último ordenamiento -en relación con la instancia de parte agraviada-, es el previsto en la fracción I de su artículo 124, consistente en que el agraviado solicite expresamente al órgano de amparo -Juez de Distrito- la concesión de la medida suspensional, por lo que la Sala referida consideró en aquel caso que entre el agraviado y la autoridad facultada para proveer sobre la suspensión intervenía otra voluntad; así, se concluyó en la ejecutoria de mérito que en contra de los actos que en primera instancia fueran reclamables a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, procedía acudir -sin esa previa instancia-, al juicio de amparo biinstancial; sin embargo, en razón de que el análisis de ese tema lo realizó el Alto Tribunal por cuanto a normas que a partir del dieciocho de julio de dos mil siete, fueron reformadas ex profeso para superar o eliminar el vicio de inconstitucionalidad que condujo a la Segunda Sala a fallar de la forma en que lo hizo, al deducirse así del diario de los debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respectivo, este órgano colegiado considera conveniente se realice esta nueva reflexión, a la luz del nuevo texto de las disposiciones involucradas. En ese orden, la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en su artículo 23, fracción I, establece la competencia de sus Salas para conocer de los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la administración pública del Distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de las personas físicas o morales. Por su parte, el artículo 24 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal toralmente refiere que las atribuciones de carácter administrativo de los presidentes de Sala ordinaria o auxiliar, Magistrados, secretarios, actuarios, asesores y defensores jurídicos, se establecerán en el reglamento de dicha legislación. Adicionalmente debe tenerse presente lo que al respecto previenen los artículos 57 a 63, de la propia Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en su texto en vigor en dos mil ocho, que dicen: ‘Artículo 57.’ (se transcribe). ‘Artículo 58.’ (se transcribe). ‘Artículo 59.’ (se transcribe). ‘Artículo 60.’ (se transcribe). ‘Artículo 61.’ (se transcribe). ‘Artículo 62’. (se transcribe). ‘Artículo 63.’ (se transcribe). Ahora bien, con el fin de verificar si en el caso los requisitos establecidos en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en vigor a partir de julio de dos mil siete, para otorgar la suspensión de la ejecución de los actos emitidos por las autoridades administrativas, son mayores o no a los establecidos en la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión definitiva, resulta conveniente acudir al texto vigente de éstos, al tenor de una confronta con lo que hasta antes del dieciocho de julio de dos mil siete, preveía específicamente el capítulo de suspensión, dispuesto en el capítulo VI de la ley de la materia (respecto del cual fue motivo de análisis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia aludida), para así allegarse de mayores elementos que permitan crear la convicción conducente, lo cual se estima indispensable para el caso concreto. Precisado lo anterior, se retoma el análisis comparativo anunciado, en los siguientes términos.
Ver análisis comparativo
"Hecho que además se deduce del diario de los debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de veintiocho de junio de dos mil siete, atinente a la IV Legislatura, tercer periodo extraordinario, del segundo receso, del primer año de ejercicio, que expresa la teleología de la reforma de mérito, en el sentido de eliminar de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal la porción normativa que condujo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a declarar inconstitucional el artículo 59 de esa ley, por lo que entonces el Alto Tribunal consideró la existencia de mayores requisitos en ella, que en la Ley de Amparo a efecto de que los promoventes obtuvieran la suspensión del acto reclamado. En ese tenor, de la lectura de la confronta reseñada en los párrafos que anteceden, se advierte que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se concretó, a través de la reforma de dieciocho de julio dos mil siete, a eliminar del texto de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal las disposiciones atinentes a que corresponde la figura del presidente de la Sala de que se trate, como rector del procedimiento de suspensión del acto impugnado, para instituir como tal al Magistrado instructor. Fuera de tal supuesto, el único cambio sustancial se dio en lo atinente a lo previsto en artículo 58 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el cual preveía la consulta ciudadana de aquellos vecinos que se vieran afectados de algún modo con la suspensión en cuestión. Dicho precepto disponía que la consulta ciudadana se celebraría de conformidad con los lineamientos establecidos por el título tercero, capítulo IV de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en lo que correspondiese. En cambio, en el texto reformado del propio precepto, hoy día únicamente se hace alusión a que el Magistrado instructor podrá acordar la suspensión de la ejecución de los actos impugnados, previa verificación de la existencia y autenticidad del acto impugnado y ‘consulta ciudadana de los lineamientos establecidos por el título tercero, capítulo IV, de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en lo que corresponda.’. Sin embargo, a criterio de este órgano colegiado tal prevención no implica de modo alguno mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión definitiva, para lo cual es pertinente remitirse al texto de los preceptos dispuestos en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal en cita, que son del tenor siguiente: ‘Artículo 42.’ (se transcribe). ‘Artículo 43.’ (se transcribe). ‘Artículo 44.’ (se transcribe). ‘Artículo 45.’ (se transcribe). La interpretación conforme de los anteriores preceptos, conduce a concluir que la consulta ciudadana de referencia no constituye un requisito para otorgar o no la medida cautelar de que se trata, en razón de que la modificación del texto del artículo 58 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal que antes preveía que el presidente de la Sala, en su caso, la concedería previo cercioramiento de la existencia y autenticidad del acto impugnado y la consulta ciudadana de aquellos vecinos a los que afecte de algún modo la suspensión, misma que se celebraría de conformidad con los lineamientos establecidos por el título tercero, capítulo IV de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; disposición que a través de la multicitada reforma de dieciocho de julio de dos mil siete se vio eliminada; esto es, se suprimió la obligación de la consulta, por lo que el remanente en el texto vigente no implica ahora que el Magistrado instructor se encuentre obligado a actuar y realizar el procedimiento de dicha consulta, pues de otra forma no tendría sentido que se hubiera suprimido tal porción normativa; tanto más que, como se dijo antes, ello atentaría en contra del principio de celeridad que rige tratándose de las medidas cautelares, y porque la teleología del artículo 59 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, es la de que se acuerde la procedencia o no de la suspensión del acto impugnado solicitada por el actor, en cualquier etapa del juicio, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que dicha petición se formule, sin que además en el antedicho precepto -y de hecho en ningún precepto diverso- se adviertan atribuciones actualmente para que el Magistrado instructor actúe en la forma que debía hacerlo -hasta antes de la reforma- el presidente de la Sala que conociera del asunto. Máxime que, antes de la reforma en estudio, el presidente de la Sala del conocimiento, ni ahora el Magistrado instructor, de conformidad con los preceptos de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, se encuentran facultados para iniciar o dar trámite a la consulta de mérito, al disponer el artículo 44 de esa legislación que la consulta ciudadana sólo podrá ser convocada por el jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa, el jefe delegacional de la demarcación correspondiente, Asamblea ciudadana y/o el comité ciudadano, así como cualquier combinación de los anteriores; por lo que se afirma que el Magistrado instructor no se encuentra obligado a realizar ningún acto tendente a dicha consulta y, por ende, tal referencia en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, no puede constituir un requisito o traba para que dicho servidor público, en su caso, provea sobre la suspensión del acto impugnado de nulidad. En efecto, este órgano colegiado considera que al verse modificado el texto legal en que expresamente se imponía en ese caso al presidente de la Sala del conocimiento, en los términos que preveía el anterior texto del artículo 58 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal -y el numeral 59 en lo conducente-, el que además de verificar la existencia y autenticidad del acto reclamado, acudiera a una consulta ciudadana; requisito que, en virtud de la reforma de dieciocho de julio de dos mil siete, se modificó en la norma legal en cita, aunque en ella quedó como remanente, la referencia al capítulo de la consulta ciudadana dispuesta en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. -A mayor abundamiento, la lectura de los preceptos de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal en cita, implica que la consulta ciudadana es el instrumento a través del cual el jefe de Gobierno, las instancias de la Administración Pública del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, la Asamblea ciudadana y/o el comité ciudadano, por sí o en colaboración, someten a consideración de la ciudadanía por medio de preguntas directas, foros, o cualquier otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal. Además, que dicha consulta podrá ser convocada únicamente por el jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa, el jefe delegacional de la demarcación correspondiente, la asamblea ciudadana y/o el comité ciudadano, así como cualquier combinación de los anteriores y que los resultados de la consulta serán elementos de juicio para el ejercicio de las funciones de la autoridad convocante. Por su parte, se prevé el procedimiento a seguir, en el sentido de que la convocatoria deberá expedirse por lo menos siete días naturales antes de fecha de su realización y colocarse en los lugares de mayor afluencia de habitantes. Estableciendo lugar, fecha y modo de realización de la misma y los resultados se difundirán en el ámbito en que haya sido realizada, en un plazo no mayor de treinta días naturales contados a partir de su celebración. Y, por último, que la autoridad convocante deberá informar a través de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, los diarios de mayor circulación de la ciudad, medios masivos de comunicación, los medios electrónicos oficiales de la autoridad convocante, u otros mecanismos, a más tardar noventa días luego de publicados sus resultados, acerca del modo en que el ejercicio de sus funciones fue afectado por los resultados de la misma y, en caso de que el ejercicio de las funciones de la autoridad no corresponda a la opinión expresada por los participantes en ella, la autoridad deberá expresar con claridad la motivación y fundamentación de sus decisiones. En esa tesitura, atendiendo al procedimiento dispuesto en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en el cual rige el principio de celeridad a efecto de determinar la concesión o no de la medida cautelar que nos ocupa, resulta determinante para concluir que al suprimirse la disposición de la consulta ciudadana a los vecinos a los que afecte de algún modo la eventual suspensión, ello implica que en la norma vigente tampoco rige esa prevención, porque en ella sólo subsisten la referencia de dicha consulta en términos de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, mas no se dispone en forma expresa, como antes lo hacía a diverso funcionario, obligación alguna para el Magistrado instructor de actuar de determinada manera, de modo que ello pudiera considerarse un requisito de procedencia de la medida cautelar. Ahora bien, al retomar el análisis de los preceptos de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal que regulan los requisitos que deben satisfacerse para el otorgamiento de la medida suspensional a favor del quejoso, a la luz de los que rigen el juicio de amparo biinstancial, en este último caso, debe decirse que ésta puede concederse de oficio o a petición de parte. La suspensión a petición de parte está sujeta a determinados requisitos, con independencia de que los actos contra los cuales se haya solicitado la medida cautelar sean ciertos y de que la naturaleza de los mismos permita su paralización, como puede verse en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, los cuales previenen: ‘Artículo 124.’ (se transcribe). ‘Artículo 125.’ (se transcribe). El análisis sistemático de los artículos 24 y 57 a 61 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; frente a los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que para otorgar la suspensión de la ejecución de los actos administrativos de las autoridades de la administración pública del Distrito Federal que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales, se establecen, respectivamente, los siguientes requisitos: (se transcriben). El análisis de los anteriores elementos, pone de manifiesto que el actual texto de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, no prevé mayores requisitos o elementos que la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión del acto impugnado de nulidad; sin que se inadviertan las esenciales diferencias que cada materia implica. Cabe precisar además, que a través de la reforma de dieciocho de julio de dos mil siete, a los artículos 58, 59 y 61 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal eliminó del texto legal de ese ordenamiento el vicio por el cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente había decretado que el artículo 59, primer párrafo, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en vigor hasta antes de la reforma en cita, preveía un requisito adicional pues establecía que sólo el presidente de la Sala respectiva podía conceder la suspensión de la ejecución de los actos impugnados mediante el juicio de nulidad, previa petición del Magistrado instructor a quien, a su vez, le fue solicitada por el actor, por lo que el Alto Tribunal consideró la existencia de un requisito adicional a los previstos en la Ley de Amparo para la concesión de esa medida precautoria, ya que el único requisito contemplado en este último ordenamiento, en relación con la instancia de parte, era el previsto en la fracción I de su artículo 124, consistente en que el agraviado solicite expresamente al órgano de amparo la concesión de la medida suspensional. Criterio que se encuentra inmerso en la jurisprudencia número 2a./J. 71/2002, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Novena Época, julio de dos mil dos, página ciento cincuenta y tres, que previene: ‘CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.’ (se transcribe). En ese tenor, toda vez que la norma legal en comento ya no establece el requisito adicional a efecto de obtener la suspensión del acto impugnado de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en comparación con los atinentes a la suspensión en el juicio de garantías, es inconcuso que resulta obligatorio para los gobernados agotar el juicio de nulidad ante dicha sede, cuando se reclamen actos de su estricta competencia. Además, en el caso concreto debe considerarse que la reforma al ordenamiento en comento se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el dieciocho de julio de dos mil siete y entró en vigor el día diecinueve siguiente, en tanto que la demanda de garantías se recibió en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el día veintitrés de diciembre de dos mil ocho, por lo que no existe justificación para la parte promovente de omitir agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, esto es, que previo a acudir a esta instancia constitucional, era imperativo acudir al medio ordinario en virtud del cual se podría lograr la modificación, revocación o nulidad de los actos de los cuales hoy se duele, hecho que en el caso no acontece dada la omisión
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22001-ae5ee20b/juicio-de-nulidad-ante-el-tribunal-de-lo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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