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Modo: Corpus Pro

VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRÁNSITO. CONSTITUYE UNA FORMALIDAD QUE LA AUTORIDAD VERIFICADORA REQUIERA AL CONDUCTOR QUE ACREDITE SU LEGAL ESTANCIA EN TERRITORIO NACIONAL, EN DONDE SEA DETENIDO, ANTES DE ORDENAR SU TRASLADO AL RECINTO FISCAL PARA CONTINUAR CON LA INSPECCIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 440/2009. · Registro digital (IUS): 22203
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y SEXTO EN LA MISMA MATERIA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, , Pág. 1454.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 440/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y SEXTO EN LA MISMA MATERIA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formula **********, autorizado en términos del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ********** y **********, ambos quejosos en los asuntos que originaron los criterios en posible contraposición (amparos en revisión 338/2008 y 267/2009, respectivamente), conforme lo ha sustentado esta Sala en la jurisprudencia 2a./J. 152/2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, página 227, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."

TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 338/2008, en sesión de cuatro de septiembre de dos mil ocho, determinó en lo que interesa, lo siguiente:

"En este orden, en el primer agravio la recurrente argumentó, que la Juez de Distrito con la sentencia impugnada, viola lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78, 79, 80, 155 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1o., 60, 144, 146, 150, 179 y demás relativos de la Ley Aduanera, al realizar una indebida interpretación y aplicación de estos últimos y conceder infundadamente el amparo, esto es, al estimar en el considerando séptimo, que la autoridad responsable con la realización de los actos que se le atribuyeron no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento aduanal y, como consecuencia de ello, inobservó la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional. Señala que en ningún momento se ha violado la garantía de legalidad en perjuicio del quejoso, en el procedimiento administrativo en materia aduanera, iniciado el doce de febrero de dos mil ocho, como consecuencia de la orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera CVV1500008/08, contenida en el oficio 500 71 07 04 02 2008 02589 de la fecha citada, en virtud de que dicha acta se levantó cumpliendo con las formalidades previstas en los artículos 6o., 144, fracción X, 146, fracciones I, II y III, 150 y 151, fracciones II y III, de la Ley Aduanera. Expresa que la Jueza de Distrito, ilegalmente determinó en la sentencia recurrida, que la autoridad fiscalizadora violó en perjuicio del quejoso la garantía de legalidad, puesto que era obligatorio para las autoridades responsables, que al llevar a cabo la revisión de tránsito de vehículos de procedencia extranjera, debían requerir al conductor a fin de que acreditará la legal importación, estancia o tenencia en territorio nacional del vehículo que conducía y practicar la verificación en la calle, antes de llevarlo hasta el recinto fiscal, para poder realizar la verificación. Alega que de la interpretación de los artículos 150 y 153 de la Ley Aduanera, en relación con el artículo 144 de dicha ley, no se advierte que para la práctica de la verificación de vehículos de procedencia extranjera, se deba requerir previamente al conductor del vehículo, para que acredite la legal importación, estancia o tenencia en territorio nacional de dicha unidad o practicar el reconocimiento en la vía pública previo a la intervención de vehículo en un recinto fiscal. Manifiesta que de los artículos 144, 150 y 153 de la Ley Aduanera, se advierte que no existe obligación alguna de los verificadores de requerir previamente al conductor del vehículo que acredite su legal importación, estancia o tenencia en territorio nacional del vehículo que conduzca, antes de llevarlo hasta el recinto fiscal, pues contrario a lo sostenido por la Jueza de Distrito, dichos artículos no determinan llevar a cabo ese requerimiento al conductor, antes de trasladar la unidad al recinto fiscal. Agrega que si bien es cierto, el artículo 144, fracción III de la Ley Aduanera, determina que la secretaría tendrá, además de las conferidas en el Código Fiscal de la Federación y otras leyes, la facultad de requerir de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros, los documentos e informes sobre las mercancías de importación o exportación y en su caso, sobre el uso que hayan dado a las mismas, no significaba que el requerimiento a que hizo referencia la Jueza de Distrito, deba efectuarse previamente al traslado del vehículo de procedencia extranjera a un recinto fiscal. Refiere que del artículo 114 del Código Fiscal de la Federación, se puede advertir que no es posible llevar a cabo la verificación de un vehículo de procedencia extranjera, al momento de ser detenido por el personal adscrito a la autoridad responsable en el juicio natural, en virtud de que dicho vehículo debe ser revisado en los lugares legalmente establecidos para ello, como lo es el recinto fiscal, para de esta forma cumplir con dicho numeral e incluso, no incurrir en un delito por parte de los verificadores. Argumenta, que no existe obligación por parte de los verificadores de requerir al conductor, a fin de que acredite la legal importación, estancia o tenencia en territorio nacional del vehículo que conduzca, antes de llevarlo hasta el recinto fiscal, puesto que de hacerlo en los términos que precisó la Jueza de Distrito, existiría una clara violación al artículo 114 del Código Fiscal de la Federación. Son infundados los argumentos del agravio que se analizan. En efecto, no asiste razón a la autoridad recurrente, con relación al argumento que hace valer en el sentido de que no violó la garantía de legalidad en perjuicio del quejoso, en el procedimiento administrativo en materia aduanera, iniciado el doce de febrero de dos mil ocho, como consecuencia de la orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera CVV1500008/08, contenida en el oficio 500 71 07 04 02 2008 02589 de la fecha citada, en virtud de que dicha acta se levantó cumpliendo con las formalidades previstas en el artículo 151, fracciones II y III, de la Ley Aduanera, ya que de los artículos 144, 150 y 153 de la ley citada, no se advierte que exista obligación por parte de los verificadores de requerir al conductor, a fin de que acredite la legal importación, estancia o tenencia en territorio nacional del vehículo que conduzca, antes de llevarlo hasta el recinto fiscal, puesto que de hacerlo en los términos que precisó la Jueza de Distrito, existiría una clara violación al artículo 114 del Código Fiscal de la Federación. En primer término, cabe destacar, que el artículo 42, párrafo primero, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación y 151, primer párrafo, fracción III, de la Ley Aduanera, disponen: (se transcriben). Del primer artículo transcrito se advierte, que las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, tendrán entre otras facultades, practicar u ordenar se realice avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte. Del segundo artículo transcrito se observa, entre otros supuestos, que las autoridades aduaneras, procederán al embargo precautorio, cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, la legal estancia o tenencia de mercancías de procedencia extranjera o se trate de vehículos de procedencia extranjera. Asimismo, del acta de verificación de vehículos, de procedencia extranjera en transporte, embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, 1586/V010009/08, se advierte lo siguiente: ‘En el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, siendo las 14:35 horas del 12 de febrero de 2008, los C.C. Óscar Gerardo Jiménez Ghigliazza e Isaías Hernández Méndez, coordinadores, adscritos a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, hacen constar que en cumplimiento a la orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera, número CVV150000/08, contenida en el oficio No. 500 71 07 04 02 2008 02589 de fecha 12 de febrero de 2008, girada por el Lic. Antonio Rojas Ortiz; administrador local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, dirigida al C. propietario, poseedor y/o tenedor del vehículo de procedencia extranjera marca **********, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ... el día 12 de febrero de 2008 siendo las 13:35 horas, se encontró circulando sobre la avenida Teoloyucan Huehuetoca, esquina calle Solidaridad, colonia Santa Bárbara, Municipio de Teoloyucan, código postal 54713, Estado de México, el vehículo presuntamente de procedencia extranjera, marca ********** ... El personal coordinador antes mencionado pidió al conductor detuviera la marcha del citado vehículo con el objeto de comprobar la legal importación o estancia en el país de dicha unidad, así como el pago de los impuestos general de importación, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, en su caso derechos y aprovechamientos inclusive cuotas compensatorias: así como de las restricciones o regulaciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas que correspondan. ... El personal coordinador, solicita al conductor trasladar el vehículo antes citado al recinto fiscal ubicado en avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 22, colonia Centro, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, para que en éste se realice la verificación física y documental de dicho vehículo ... Una vez en el recinto fiscal, el personal coordinador, conforme a lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley Aduanera, requieren al compareciente para que designe dos testigos ... solicitud de documentación comprobatoria. A continuación se requiere al compareciente para que exhiba la documentación que acredite la legal importación, tenencia o estancia de vehículo presuntamente de origen y procedencia extranjera, marca ********** a lo que manifiesta: ‘El vehículo no es de mi propiedad, es propiedad de mi tío de nombre ********** y me reservo el derecho de presentar la documentación ya sea por mi conducto, del propietario, o por conducto de mi representante en el plazo que me sea otorgado ... Embargo precautorio. El personal coordinador con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 144, fracción X y 151, fracciones II y III, de la Ley Aduanera vigente, proceden a practicar el embargo precautorio del vehículo presuntamente de origen y procedencia extranjera marca **********.’. De lo anterior transcrito, se observa que los coordinadores, adscritos a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, con Sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, pidieron al conductor del vehículo marca **********, detuviera su marcha, con el objeto de comprobar entre otras cosas, la legal importación o estancia en el país de dicha unidad, solicitándole que trasladara dicho vehículo, al recinto fiscal ubicado en avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 22, colonia Centro, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a efecto de que en este último, se realizara la verificación física y documental de dicho vehículo, por lo que una vez en el recinto fiscal requirier

n al compareciente para que exhibiera la documentación que acreditara la legal importación, tenencia o estancia del vehículo presuntamente de origen y procedencia extranjera y posteriormente, el personal coordinador realizó el embargo precautorio del vehículo antes descrito. Ahora bien, precisado lo anterior, como se mencionó, conforme al artículo 42, párrafo primero, fracción VI del Código Fiscal de la Federación, las facultades de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales por los contribuyentes, se refieren entre otros supuestos, a la de ordenar y practicar la verificación física de toda clase de bienes, inclusive durante su transporte, por parte de la autoridad correspondiente. En abundamiento, si bien el artículo citado, de manera genérica otorga facultades a las autoridades fiscales para verificar físicamente toda clase de bienes, debe concluirse que se encuentra implícita la facultad para requerir la documentación que ampare la legal importación, estancia o tenencia en el país de dichos bienes, pues considerar lo contrario, resultaría nugatoria la facultad que expresamente se otorgó, ya que la autoridad, al no poder requerir al poseedor o tenedor del vehículo de procedencia extranjera la documentación que ampare su legal estancia en el país, no podría comprobar si el bien objeto de verificación, cumple con lo ordenado por las disposiciones fiscales por parte de los contribuyentes, así como determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales que, en su caso, correspondieren. Por tanto, conforme al artículo 42, párrafo primero, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 151, fracción III, de la Ley Aduanera, las órdenes de verificación de vehículos de procedencia extranjera, deben efectuarse en el lugar donde se localice el vehículo, por lo cual el propietario o poseedor del mismo, no debe acudir a las oficinas de la autoridad, ni ésta al domicilio de aquéllos, a efecto de practicar dicha verificación, en tales condiciones, dicha verificación se debe efectuar en el lugar donde se localice el vehículo, ya que el mismo se encuentra por lo general en movimiento y, por ello, no puede ser ubicado en un lugar específico para su inspección, aunado a que la autoridad no debe efectuar una revisión, ni mucho menos requerirle documentación para que la exhiba en su domicilio, establecimiento o en sus oficinas, sino simplemente solicitar la documentación que acredite la legal importación, estancia o tenencia del vehículo de procedencia extranjera en el país, situación que si bien, la fracción VI del precepto legal en comento, no establece expresamente dicha facultad, ello no implica que la autoridad no se encuentre en aptitud para ello, dado que de la interpretación del párrafo primero, fracción VI del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en relación con la fracción III del artículo 151 de la Ley Aduanera, se desprende que se trata de una facultad implícita contenida en ellos. Por lo anterior, si en el caso, los coordinadores, adscritos a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, solicitaron al conductor del vehículo marca **********, que lo trasladara al recinto fiscal, ubicado en avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 22, colonia Centro, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a efecto de realizar la verificación física y documental del mismo y una vez en el recinto fiscal le requirieron al compareciente para que exhibiera la documentación que acreditara la legal importación, tenencia o estancia del vehículo presuntamente de procedencia extranjera, efectivamente como lo estimó la Juez, dicha autoridad violó las formalidades del procedimiento aduanal, puesto que en el caso, procedió al aseguramiento del vehículo que se estima extranjero, sin previamente solicitar o requerir la documentación que acreditara su legal importación, tenencia o estancia en el país, esto es, al trasladarlo al recinto fiscal donde se levantó el acta y formalmente se decretó su embargo, cuando previamente al ser trasladado ya se había consumado indebidamente dicho embargo, violándose con ello lo dispuesto por el artículo 151, fracción III de la Ley Aduanera. En abundamiento, del acta de verificación de vehículos de procedencia extranjera en transporte, embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera 1586/V010009/08, se advierte que los coordinadores adscritos a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan con sede en Tlalnepantla de Baz Estado de México, previamente a solicitar como era su obligación, la documentación con la cual se acreditara en su caso, la legal importación, tenencia o estancia del vehículo presuntamente de procedencia extranjera, conminaron al conductor de dicho vehículo, a que lo trasladara al recinto fiscal, por lo cual se vio compelido a trasladarlo sin otorgarle oportunidad alguna para rehusarse a ello, ya que de lo contrario, esto le hubiera ocasionado consecuencias jurídicas de mayor gravedad, ya que, conforme al Diccionario de la Real Academia Española, conminar significa: ‘Dar a entender que se quiere hace algún mal // Apremiar con potestad a alguien para que obedezca // En der. Dicho de la autoridad: Requerir a alguien el cumplimiento de un mandato, bajo pena o sanción determinadas.’. En consecuencia, al verificarse el traslado del vehículo presuntamente de procedencia extranjera al recinto fiscal, como se señaló, en el caso, se consumó de facto el embargo, puesto que se aseguró materialmente dicho vehículo, dado que ya no era posible disponer libremente del mismo, aunque fue en el recinto fiscal cuando se levantó el acta de verificación de vehículos de procedencia extranjera en transporte, embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera 1586/V010009/08 y formalmente se decretó el embargo, lo cual se traduce en una violación a las formalidades esenciales del procedimiento aduanal. En efecto, lo anterior es así, pues los artículos 46 y 150 de la Ley Aduanera, disponen: (se transcriben). Del primer artículo transcrito, se advierte que cuando las autoridades aduaneras con motivo del ejercicio de las facultades que tienen expeditas para verificar la entrada y salida de mercancías al territorio nacional, de los medios en que se transportan o conducen, del despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías, adviertan irregularidades, están obligadas a levantar acta circunstanciada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 a 153 de la Ley Aduanera. Del segundo artículo transcrito se advierte, que las autoridades aduaneras se encuentran obligadas a levantar el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por la ley. Lo anterior, porque en dicho numeral se alude a un procedimiento administrativo de naturaleza específica, que tendrá lugar cuando exista ‘embargo precautorio de mercancías’, y dispone categóricamente que la autoridad levantará ‘acta de inicio’, donde se harán constar las circunstancias que en esa hipótesis se señalan. Ahora bien, atendiendo a una interpretación armónica de lo que en tales disposiciones se establece, las autoridades aduaneras se encuentran obligadas a levantar acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten irregularidades y/o se embarguen precautoriamente mercancías. Se considera lo anterior, ya que no existe razón justificada que permita a la autoridad determinar una situación jurídica en tiempo indefinido, ni se trata de una facultad discrecional que pudiera ejercer en el momento en que lo estime pertinente, pues tal actuar genera incertidumbre jurídica al gobernado, ya que la propia ley establece que ‘cuando ... tengan conocimiento de cualquier irregularidad’ y/o cuando con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, se embarguen precautoriamente mercancías y no con posterioridad, se debe levantar acta con la que se dé inicio al procedimiento administrativo en materia aduanera. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 39/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, abril de 2006, página 175, de rubro y texto siguiente: ‘ACTA DE IRREGULARIDADES CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO O SEGUNDO RECONOCIMIENTO. DEBE LEVANTARSE AL MOMENTO EN QUE LA AUTORIDAD ADUANERA LAS DETECTE Y ANTE QUIEN PRESENTE LAS MERCANCÍAS EN EL RECINTO FISCAL.’ (se transcribe). Por lo que en el caso, si bien se levantó el acta circunstanciada, lo cierto es que fue con demora, pues se realizó con posterioridad en el recinto fiscal, lo cual es contrario a la garantía de seguridad jurídica establecida en el artículo 16 constitucional que significa, en principio, cualidad de seguridad o certeza para los gobernados; y que implica la certeza que debe tener el particular de que su persona, sus papeles, su familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad y que, si ésta debe afectarlos, tendrá que ajustarse a la propia Constitución Federal, a las leyes secundarias y a las formalidades de los cateos. Lo anterior, porque la seguridad jurídica parte de un principio de certeza en cuanto a la aplicación de disposiciones constitucionales y legales que, a un tiempo, definen la forma en que las autoridades han de actuar y que la aplicación del orden jurídico a los gobernados, será eficaz. Por lo que es deber del legislador de señalar en la ley los elementos mínimos para que el gobernado pueda hacer valer sus derechos y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades. Lo anterior ha sido plasmado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXV/2002, de la Novena Época, publicada en la página 449, Tomo XVI, julio de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, QUÉ SE ENTIENDE POR.’ (se transcribe). Sin que sea obstáculo a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 114 del Código Fiscal de la Federación, que establece: (se transcribe). Lo anterior es así, dado que dicho artículo se refiere entre otros supuestos, a las penas que se impondrán a los servidores públicos que realicen la verificación física de mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales, supuesto que es diverso al de la verificación de la documentación para acreditar la legal importación, tenencia o estancia en territorio nacional de un vehículo de procedencia extranjera, previsto en los artículos 42, párrafo primero, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, en relación al 151, fracción III, de la Ley Aduanera, por lo que no resulta aplicable al caso que nos ocupa. Finalmente, es inoperante lo argumentado por la recurrente en el primer agravio, en el sentido de que la Jueza de Distrito, en la sentencia impugnada realizó una indebida interpretación y aplicación de los artículos 1o., 60, 146, 179, de la Ley Aduanera, en atención al conceder infundadamente el amparo al quejoso, esto es, al estimar en el considerando séptimo, que no se cumplieron las formalidades esenciales en el procedimiento aduanero y, como consecuencia de ello, inobservó el artículo 16 constitucional. En efecto, lo anterior es así, puesto que de la lectura a la resolución recurrida, no se advierte que la Jueza de Distrito, haya interpretado y aplicado los preceptos legales citados, a efecto de llegar a la conclusión que refiere, por tanto, sus argumentos no controvierten las consideraciones en que la a quo fundó la sentencia recurrida, sino que van dirigidos a combatir diversas circunstancias que no fueron tema del fallo, por lo que ante tales circunstancias, este tribunal no está en condiciones de estudiar ese aspecto, de ahí la inoperancia de los agravios en estudio. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la tesis de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo Tercera Parte LVI, página 31, que dice: ‘AMPAROS EN REVISIÓN, VARIACIÓN DE LA LITIS EN LOS.’ (se transcribe). En tales condiciones, al resultar infundados en parte e inoperantes en otra, los agravios formulados por la recurrente, procede en la materia de la revisión confirmar la sentencia que se revisa."

Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 267/2009, en sesión de dos de septiembre de dos mil nueve, determinó lo siguiente:

"OCTAVO. En los conceptos de violación se aduce: Que la orden de verificación es violatoria del artículo 16 constitucional, porque no está debidamente fundada, dado que no se precisa el precepto que faculta a la autoridad emisora a designar visitadores y para que éstos actúen conjunta o separadamente. Lo anterior es infundado. El artículo 16 constitucional, dispone: (se transcribe). Del numeral transcrito se desprende que todo acto de molestia debe satisfacer ciertos requisitos, a saber, constar por escrito, provenir de autoridad competente, y estar fundado y motivado. Ahora, del análisis de la orden de verificación contenida en el oficio 500 72-2009-570 CVV1100004/09, de doce de febrero de dos mil ocho, signado por el administrador local de Auditoría Fiscal del Norte del Distrito Federal, se advierte que se emitió en los siguientes términos: ‘Se ordena la verificación de vehículos de procedencia extranjera. México, D.F., a 12 febrero 2009. C. Propietario, poseedor y/o tenedor del vehículo de procedencia extranjera. ... De acuerdo a lo anterior, esta administración local, a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, primer párrafo, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación; expide la presente orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7o., fracciones VII y XVIII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995 y modificada mediante decreto publicado en el mismo órgano informativo el 12 de junio del 2003; 2o., primero párrafo, en la parte relativa a las administraciones locales, 10, primer párrafo, fracción I, en relación con el 9o., primer párrafo, fracción XXXVII y último párrafo, 19, primer párrafo, apartado A, fracción I y último párrafo, en relación con el artículo 17, primer párrafo, fracciones V y XII y penúltimo párrafo en la parte relativa a los administradores locales y 37 primer párrafo, apartado A, fracción LXIV, y último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de octubre de 2007, artículo primero, primer párrafo, fracción LXIV del acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas regionales del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2008, modificado mediante acuerdo publicado el 18 de julio de 2008 en el mismo órgano oficial; así como en los artículos 60 y 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XI, y XXXII y 151 de la Ley Aduanera; y 33, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación; autorizando para que se lleven a cabo a los CC. ... Pastor Demetrio Vergara, José Cruz Héctor Avilés Cortés ... verificadores adscritos a esta administración, quienes podrán actuar en el desarrollo de la diligencia en forma conjunta o separadamente; así como en su caso procedan al embargo precautorio del vehículo de procedencia extranjera e inicien el procedimiento administrativo en materia aduanera y levanten el acta correspondiente. La revisión abarcará la verificación física y documental del vehículo de procedencia extranjera. Con

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22203-bd183154/vehiculos-de-procedencia-extranjera-en-transito-constituye-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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