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Modo: Corpus Pro

PENSIONES DEL ISSSTELEÓN. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 412/2009. · Registro digital (IUS): 22071
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 1666.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 412/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: ARMIDA BUENROSTRO MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, que es una de las materias de la especialidad de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevaler con carácter de jurisprudencia.

En el presente caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Ministro presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 228/2002, en sesión de veintisiete de febrero de dos mil tres, determinó lo siguiente:

"SEXTO. Son fundados los agravios expuestos. Esto es así al destacarse que las quejosas aducen: Que la diferente posición que asumen trabajadores o particulares ante el patrón gobierno o gobierno-autoridad de naturaleza sustantiva trasciende cuando ocurren en litigio ante los tribunales; entratándose (sic) de una relación burocrática equiparada a la laboral, la presunción de certeza de lo que se afirma en la demanda o contestación favorece al trabajador o servidor público. Todo lo contrario se da en una relación de supra a subordinación en la que el gobierno tiene a su favor la presunción de que sus actos y determinaciones son legítimos salvo prueba en contrario que debe presentar el gobernado. Que es inexacto que en el sumario contencioso administrativo se presenten en igualdad de condiciones el trabajador frente al gobierno y que ambos estén en igualdad procesal y que tengan iguales derechos y obligaciones procesales, conforme a la Ley del Servicio Civil, en su artículo séptimo que previene que los casos no previstos en la ley o en sus reglamentos se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente o en su defecto, atendiendo a la costumbre, al uso, a los principios generales del derecho y en último extremo a la equidad. Que estas garantías para el servidor público no se encuentran en ninguno de los preceptos de la Ley de Justicia Administrativa de donde se sigue la inconstitucionalidad del ordenamiento expedido por el Congreso del Estado que obliga a los trabajadores jubilados del gobierno a ventilar sus diferencias con éste o con el ISSSTELEÓN ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Que los demandantes no exigieron en forma particular del ISSSTELEÓN el pago de las diferencias en el haber jubilatorio como una prestación autónoma e independiente sino que precisaron que en el caso se daba corresponsabilidad de la dependencia de gobierno, Secretaría de Educación, al haber dejado de reportar el ISSSTELEÓN el tiempo que el primer año de práctica pedagógica debería considerarse para beneficios de los maestros con un 5% en su percepción a partir de agosto quince de mil novecientos noventa y ocho y cubrir hasta la primera quincena de marzo de mil novecientos noventa y nueve. Que la citada exigencia tiene como elementos primarios una omisión a cargo del Gobierno del Estado en un periodo en que sus mandantes se encontraban en activo y que, efectivamente, trascendió en su estatus ya de jubilados. Que no es verdad, como dice el Juez, que el único responsable de las pretensiones que se dedujeron en el juicio original era el ISSSTELEÓN sino que, la suerte de éstas derivaba de una relación servidor público-gobierno, equiparada a una relación laboral. Se demandaban entonces prestaciones derivadas de un vínculo en orden de coordinación, por lo que, el Tribunal de Arbitraje si debió conocer de las peticiones, como lo reconoce el propio juzgador cuando establece esta jurisdicción entratándose (sic) de afectación en una relación directa obrero-patronal. Que si se colocan en la posición del juzgador de que la Ley de Justicia Administrativa en su artículo 17, fracción VII, constitucionalmente otorga competencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer de los reclamos en materia de pensiones, por lo que se ajusta este ordenamiento a los artículos 116, fracciones V y VI, y 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Política del país, discrepan por lo siguiente: La Constitución Política del país en el artículo 116, fracciones V y VI, hace una clara distinción en cuanto al establecimiento de tribunales para ventilar las diferencias entre el servidor público y el gobierno y entre el particular y el gobierno autorizándose a los Congresos la expedición de los decretos para la instalación y funcionamiento del Tribunal de Arbitraje y el Tribunal Contencioso, respectivamente. Que la lectura del artículo 116 en cuestión, los convence de que en ninguna parte de su texto se autorizó a las Legislaturas de los Estados para que incluyera los conflictos derivados de pensiones y jubilaciones en el ámbito de competencia de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. Entonces si el Congreso no fue facultado por el Constituyente para involucrar las contiendas del orden que se analiza en el ámbito de lo contencioso administrativo, por exclusión esta materia debió recaer en el área de conocimiento de los Tribunales de Arbitraje, máxime cuando que está reconocido que con independencia de que tuvieran el carácter de jubilados, los trabajadores de la educación no perdían este carácter pues, se les identifica como trabajadores-jubilados. Que cuando dice el Juez que por la naturaleza de la prestación reclamada, de seguridad social, la competencia se surte en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, aplicándose el ordenamiento correspondiente (Ley de Justicia Administrativa) revela el desconocimiento de la jurisprudencia identificada con el número 2a./J. 47/2001 de rubro: ‘INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS SE DERIVAN.’. Que el Juez cita el artículo 91 de la Ley del Servicio Civil para establecer que este ordenamiento no prevé la procedencia del juicio ante los Tribunales de Conciliación y Arbitraje cuando se reclaman pensiones a cargo del erario del Estado de Nuevo León. Que el Tribunal de Arbitraje sólo es competente para ventilar las diferencias entre funcionarios de una unidad y sus trabajadores. Que el Juez de Distrito se desentendió de que la Ley del Servicio Civil establece en el artículo 5o., que regirán las relaciones de los trabajadores de los Poderes del Estado y de sus Municipios. Que quienes laboran en dependencias que funcionan en cooperación con el Estado u organismos descentralizados quedarán sometidos a lo que dispongan las leyes que los rigen y en lo no previsto a la Ley del Servicio Civil. Pues bien, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece que las controversias que surjan con motivo de su aplicación así como aquellas en las que el instituto tuviera el carácter de actor o demandado serán de la competencia de los tribunales del Estado. Que así, la Ley del ISSSTELEÓN no estableció que sus contiendas se ventilaran ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad, por lo que, la jurisdicción por expresa disposición de la Ley del Servicio Civil recaerá en el Tribunal de Arbitraje de la entidad. Que si está reconocido que el ISSSTELEÓN es un organismo público descentralizado y se tiene a la vista el contenido del artículo 123 constitucional, apartado A, fracción XXXI, inciso b), número 1, se encuentra que la aplicación de las leyes del trabajo en los conflictos en que éstos se ven involucrados con sus demandantes correspondería a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para el caso, lo sería la local de esta entidad federativa por estar inclusive, relacionada con el supuesto de supletoriedad a que se refiere la Ley del Servicio Civil en su artículo 7o. Así, es necesario transcribir el artículo 17, fracción VII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, que las quejosas tildan de inconstitucional, el que literalmente dice: ‘Artículo 17.’ (se transcribe). De este precepto se desprende que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado es competente para conocer de los juicios que se promuevan contra entidades de la administración pública estatal y de los Municipios cuando sus actos aborden el tema de pensiones. El citado artículo se analizará en concordancia con las fracciones V y VI del artículo 116 y el diverso 123, apartado B), fracciones XI y XII, constitucionales, que respectivamente prevén: ‘Art. 116.’ (se transcribe). Este artículo pone de relieve que los Congresos de los Estados están facultados para legislar sobre las relaciones de trabajo entre esta entidad federativa y sus empleados, teniéndose como directrices fundamentales los principios rectores del artículo 123 de la Carta Magna y sus disposiciones reglamentarias. El diverso 123, apartado B), fracciones XI y XII, constitucional, refiere: ‘Artículo 123.’ (se transcribe). De lo anterior se desprende que los conflictos individuales en los que participan trabajadores de los Poderes de la Unión o bien los Gobiernos del Distrito Federal o los Estados, serán competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o en el caso del Estado de Nuevo León, del Tribunal de Arbitraje del Estado, al regularse por la legislación burocrática (Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León). En ese orden de ideas, el argumento de las quejosas, plasmado en el inciso c), relativo a que el artículo 17, fracción VII, de la Ley de Justicia Administrativa de Estado resulta inconstitucional, por el solo hecho de establecer entre otros supuestos, que los trabajadores jubilados del gobierno deberán ventilar sus diferencias con éste o con el ISSSTELEÓN ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en tratándose de diferencias de pensiones de jubilación, resulta fundado. En esa tesitura, en contestación a los incisos g) y h), contrario a lo afirmado por el a quo, dado que la naturaleza de la prestación reclamada es de seguridad social, tal como el pago de diferencias de la pensión jubilatoria, en términos del artículo 17, fracción VII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, en relación con los artículos 2o., 3o., 5o. y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se estima que el artículo tildado de inconstitucional, se opone a los numerales 116, fracciones V y VI, y 123, apartado B, fracciones XI y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues basta leer lo que plantean en su demanda los quejosos, presentada ante el Tribunal de Arbitraje del Estado, el dieciocho de junio de dos mil uno (fojas 143 a 152 del juicio de amparo indirecto), lo que es del tenor siguiente: (se transcribe). Luego, en contestación a los incisos g), i), j), k) y l), los que se analizan conjuntamente por guardar estrecha relación, acorde con el artículo 79 de la Ley de Amparo, contrario a lo que afirma el Juez de Distrito asiste la razón a los quejosos, pues con independencia de que en el presente asunto no se reclamen prestaciones que surjan directamente de una relación de trabajo con el Estado de Nuevo León, sino de una relación indirecta de seguridad social, debe atenderse al régimen constitucional y legal de la relación original que sin duda es de naturaleza laboral y de ella precisamente deriva, como una consecuencia, la diversa relación jurídica indirecta que se entabla entre el trabajador y el ISSSTELEÓN. Esto es, que las prestaciones sociales, como son, entre otras, el pago de indemnizaciones, pensiones, servicios, asistencias médicas y quirúrgicas y farmacéuticas, etc. etc., no surgen por sí mismas sino que nacen de la relación jurídica entre el Estado de Nuevo León y sus trabajadores. Así, en atención a la naturaleza de la prestación reclamada (pensión) y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, que establece las reglas en las que se crea esa prestación, los pagos a que se tiene derecho, así como la tramitación para lograr su pago ante el referido instituto (artículos del 57 al 82), de ahí que, contrario a lo afirmado por el Juez de Distrito, el artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado vulnera los numerales constitucionales en cita, ya que éstos regulan las prestaciones mínimas que deben regir entre los trabajadores y el Estado dentro de las que sin duda se encuentran las prestaciones sociales de todo tipo así como los tribunales idóneos que han de crearse para resolver los conflictos derivados de esa relación; lo que en el caso no sucede; pues el legislador local al aprobar el artículo 17, fracción VII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, desatendió el régimen constitucional y legal de la relación laboral originaria inmersa en aquellos textos constitucionales y se inclinó por la relación derivada; obligando a los trabajadores a someter este tipo de asuntos a un tribunal de naturaleza ajena a la materia labor

l. Se reitera, como afirman las quejosas, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 116, fracciones V y VI, hace una clara distinción en cuanto al establecimiento de tribunales para ventilar las diferencias entre el servidor público y el gobierno y entre el particular y el gobierno autorizándose a los Congresos Estatales a expedir los decretos respectivos para la instalación y funcionamiento del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nuevo León. La creación y operación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, primero, a través de su ley orgánica y su código procesal (actualmente abrogadas) y, después, elevándose a rango constitucional, es a través de la facultad conferida a la legislatura para instituir el tribunal, en términos del artículo 116, fracción V, de la Constitución Federal. En ese orden de ideas, como se desprende de su naturaleza, el tribunal sólo puede actuar a instancia de parte como un mecanismo de control de la legalidad. Sobre el particular es conveniente transcribir los siguientes artículos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). ‘Artículo 25.’ (se transcribe). ‘Artículo 87.’ (se transcribe). ‘Artículo 88.’ (se transcribe). Los preceptos transcritos demuestran las características del tribunal, en cuanto a que sólo interviene a petición del particular y está limitado a dejar sin efecto el acto impugnado y fijar el sentido de la resolución de la autoridad para salvaguardar el derecho afectado, este hecho aunado a que el propio 2o. de la citada ley, considera parte del Gobierno del Estado, integrando la administración pública de la entidad. Por su rango constitucional, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de las entidades federativas son un mecanismo fundamental de control de legalidad dentro del país y por ello pueden considerarse comprendidos dentro de las garantías constitucionales que la propia Ley Fundamental establece. En la especie, el artículo 18 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León establece que todas las controversias judiciales que surjan con motivo de la aplicación de dicha ley serán de la competencia de los tribunales del Estado. Al respecto, el artículo 17, fracciones VII y X, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León dispone que será competencia de dicho tribunal el conocimiento de los juicios que se inicien en contra de actos, resoluciones o hechos definitivos dictados en materia de pensiones con cargo al erario estatal o de los Municipios de la entidad, así como los juicios que se promuevan contra cualquier acto u omisión, entre otros, de los organismos descentralizados o entidades paraestatales que afecten los intereses jurídicos de los particulares, organismos entre los que se encuentra, precisamente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, de conformidad con su artículo 2o. Los dispositivos mencionados, previenen textualmente lo siguiente: ‘Artículo 17.’ (se transcribe). ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). Por su parte el artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León señala que los Magistrados de las Salas ordinarias conocerán indistintamente de los juicios que se promuevan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los casos a que se refieren las fracciones I a XIV del artículo 17, así como de los recursos de queja que se interpongan con motivo de sus resoluciones, quienes los sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta ley; a falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León. Pero, como bien lo afirman las quejosas, de la lectura del numeral 116 constitucional, en ninguna parte de su texto se autoriza a las Legislaturas de los Estados para que incluyan los conflictos derivados de pensiones y jubilaciones en el ámbito de competencia de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, ya que en dicho artículo se establece que estos tribunales tienen a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares. De ahí que si el Congreso del Estado no está facultado por la Constitución para involucrar las contiendas de seguridad social en el ámbito de lo contencioso administrativo, por exclusión esta materia debió recaer en el área del conocimiento de los Tribunales de Arbitraje. Esto es, atendiendo a lo que establece el artículo 5o. de la Ley del Servicio Civil de Nuevo León, del que se desprende que esa ley regirá las relaciones de los trabajadores de los Poderes del Estado, entre otros. Además, acorde, con el numeral 18 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, sólo establece que las controversias que surjan serán competencia de los tribunales del Estado; de ahí que, como en el presente caso, las controversias relativas a los conflictos laborales que en su caso hubieran surgido entre los quejosos y la dependencia del Ejecutivo del Estado (Secretaría de Educación Pública del Estado) debían ventilarse ante el Tribunal de Arbitraje de la entidad, conforme con lo expuesto en el artículo 116, fracción VI, constitucional, 5o. y 91 de la Ley del Servicio Civil de Nuevo León. Efectivamente, como lo refieren los quejosos, acorde con lo establecido en el artículo 16 constitucional, el Congreso del Estado carecía de competencia para emitir la Ley de Justicia Administrativa del Estado, específicamente en el artículo 17, fracción VII, porque la materia del citado numeral es el sistema de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado de Nuevo León. Luego, los argumentos manifestados resultan fundados porque tratándose de actos legislativos, que tienen el carácter de generales, abstractos e impersonales, la garantía de fundamentación se cumple cuando el órgano que los realiza está constitucionalmente facultado para ello, esto es, actúa dentro de su respectivo ámbito de atribuciones y la garantía de motivación se respeta cuando las disposiciones legales que se emiten se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente tuteladas, sin que cada una de las hipótesis normativas que las integran tengan que ser materia de una motivación específica. El criterio que antecede ha sido sustentado por el Pleno del Más Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial 146, localizada en la página 149, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo I, Séptima Época, que a la letra dice: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcribe). En este orden de ideas y acorde con el criterio que antecede, el cumplimiento de la garantía de fundamentación del acto legislativo coincide con el respeto a la garantía de seguridad jurídica relativa a la competencia constitucional consistente en que tal acto sea emitido por autoridad competente, ya que ambas garantías se cumplen cuando el órgano legislativo está facultado para emitir la ley reclamada. Ahora, en la especie, corresponde a las Legislaturas Estatales expedir las leyes que regulen las relaciones de trabajo entre las entidades federativas en su carácter de patrón y sus trabajadores y, específicamente, lo relativo al sistema de seguridad social de dichos trabajadores, tomándose para ello como base lo dispuesto por el propio artículo 123 constitucional, lógicamente en su apartado B porque, concretamente, este apartado coincide en regular relaciones laborales entre el Estado Federal o el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, esto es, establece las condiciones laborales mínimas que deben tener los trabajadores al servicio del Estado. Por su parte, el artículo 63, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León señala que corresponde al Congreso el expedir las leyes que rijan la relación de trabajo entre los poderes y los organismos públicos de dicho Estado con sus trabajadores, incluyéndose lo relativo a la seguridad social, la cual se organizará conforme con las disposiciones que para tal materia se expidan. Explicado lo anterior, al ser expedida por el Congreso del Estado la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, específicamente el artículo 17, fracción VII, éste debió atender a lo dispuesto por el artículo 116, fracción VI, constitucional, que lo faculta para expedir normas relativas a las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias. Esto es, como lo aducen los quejosos, la ley que rige las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores es la Ley del Servicio Civil, conforme con su dispositivo 1o., hipótesis que se actualiza, pues los quejosos trabajaron en un dependencia estatal, como lo es la Secretaría de Educación Pública del Estado, aunque actualmente estén jubilados; entonces, el Congreso para expedir la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, debió atender a lo que constitucionalmente establece el artículo 123, apartado B, fracción XII, y al no hacerlo así, es evidente que se infringe dicho precepto, además debe atenderse al régimen constitucional y legal que regía la relación laboral de los quejosos. En ese orden de ideas, los artículo 7o. y 91, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León establecen: ‘Artículo 7.’ (se transcribe). ‘Artículo 91.’ (se transcribe). Entonces, si el apartado B del artículo 123 constitucional establece las bases jurídicas que deben regir la relación de trabajo de las personas al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación respectiva que, como es lógico, no debe contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en inconstitucionalidad; en ese vicio incurre el artículo 17, fracción VII, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, porque al haber creado el Congreso, la Ley del Servicio Civil del Estado, y establecer en su artículo 91, que el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado es competente para conocer de los conflictos que se susciten entre funcionarios de unidad burocrática y sus trabajadores, esta disposición es acorde al numeral 123, apartado B, fracción XII, constitucional, requisito que no reúne el artículo tildado de inconstitucional. De ahí que los conflictos derivados de las relaciones jurídicas entabladas entre trabajadores al servicio de una dependencia de la administración pública estatal y el mencionado instituto en materia de pensiones deben ser competencia de un Tribunal de Arbitraje y no de un tribunal administrativo que fue creado para un fin diverso (conocer y resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y el Estado, entre otros), además, atendiéndose a la naturaleza tanto de la relación jurídica establecida entre los trabajadores y su patrón así como el vínculo jurídico derivado que se entabla entre aquellos y el propio instituto como consecuencia del surgimiento de la respectiva relación laboral. Ante ello, resulta inconcuso que la relación jurídica surge entre un trabajador al servicio del Estado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deriva del vínculo de carácter laboral que surge entre aquél y el Estado; de ahí que ante la ausencia de norma expresa, para conocer sobre que órgano jurisdiccional es competente para conocer de la demanda en la que se solicita el pago de alguna de las prestaciones de seguridad social que corresponde otorgar a este instituto, debe tomarse en cuenta el régimen constitucional y legal que rige el vínculo laboral de donde emana la prerrogativa cuya tutela se pretende. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis 2a. CXXXIII/97, localizada en la página 255, VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro, texto y datos de identificación los siguientes: ‘CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE UNA SALA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DE ÉSTE, CUANDO UN DERECHOHABIENTE DEMANDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN GLOBAL.’ (se transcribe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22071-0abe546f/pensiones-del-isssteleon-el-tribunal-de-lo-contencioso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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