QUEJA. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO QUE ADMITE LA ADICIÓN AL CUESTIONARIO MATERIA DE UNA PRUEBA PERICIAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 344/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y QUINTO DEL OCTAVO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: ARMIDA BUENROSTRO MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan diversos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En el presente caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción.
TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito conoció de los recursos de queja 83/2009-I y 84/2009-I, interpuestos por **********, por conducto de su autorizado legal, en contra de los autos de veintinueve y doce de mayo de dos mil nueve, respectivamente, dictados dentro de un juicio de amparo indirecto del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en los que se aceptó la ampliación del cuestionario solicitada por la autoridad responsable respecto de la prueba pericial contable ofrecida por la quejosa.
El tribunal del conocimiento, en sesión de diez de agosto de dos mil nueve, desechó los recursos de mérito, apoyando sus resoluciones en idénticas consideraciones, por lo que solamente se transcribirán las del recurso de queja 83/2009-I, que son, en lo conducente, las siguientes:
"SEGUNDO. Procedencia del recurso. Por ser de estudio preferente la procedencia del presente recurso, resulta innecesaria la transcripción y análisis de los conceptos de agravio hechos valer en este medio de impugnación, ya que, en virtud de las razones que serán expuestas, este recurso debe ser desechado por improcedente. En efecto, el acuerdo impugnado, en lo conducente, señala: ‘Monterrey, Nuevo León, veintinueve de mayo de dos mil nueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por proveído de veinte de mayo del presente año, se reservó proveer sobre la admisión de la ampliación del cuestionario de la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa, hasta en tanto obrara en autos el acuse del oficio número 3564 y como a la fecha corre agregado en autos, por lo que se acuerda: se tiene a la delegada del presidente de la República desahogando la vista que se le hiciera por auto de veinte de mayo del año en curso, y amplía el cuestionario ofrecido por la parte quejosa para el desahogo de la prueba pericial contable; al efecto, córrase traslado a las partes con copia del interrogatorio para los efectos legales a que haya lugar.’. La parte recurrente fundó el recurso en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo: (se transcribe). De la lectura del precepto legal transcrito, se deduce que el recurso de queja procederá, siempre que se actualicen estos tres supuestos: 1. La resolución de que se trate no admita expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 de la Ley de Amparo; 2. La resolución en cuestión posea naturaleza trascendental y grave y con motivo de ello, exista posibilidad de causar daño o perjuicio irreparable a alguna de las partes. 3. El daño o perjuicio que pudiera causarse sea de imposible reparación, aun en el dictado de la sentencia definitiva. Lo dicho con anterioridad revela que el legislador trató de evitar que dicho medio de impugnación fuera utilizado en forma desmedida y con la única finalidad de retrasar innecesariamente el desarrollo del juicio constitucional; por ello, en forma especial, condicionó su procedencia a que la resolución recurrida pudiera causar un daño o perjuicio de imposible reparación, aun en el dictado de la sentencia definitiva. Así, para verificar si es procedente el recurso de queja a que se refiere el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en que se apoya la recurrente, se deberá determinar si la adición del cuestionario para el desahogo de la prueba pericial contable ofrecida por la quejosa, ahora recurrente, le puede causar algún daño o perjuicio de imposible reparación o existe el riesgo de exponerla a una situación que pueda repercutir en su esfera personal y jurídica de forma grave y trascendente. Para clarificar cuándo se está en presencia de un acto, relacionado con la admisión, preparación o desahogo de pruebas, que pueda causar un daño irreparable aun en el dictado de la resolución fundamental del juicio de amparo biinstancial; el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 74/2001, señaló que tal característica es propia de los actos que atentan, verbigracia, contra la privacidad personal, el secreto profesional, etcétera. La jurisprudencia invocada es del tenor siguiente: ‘PRUEBAS OFRECIDAS O ANUNCIADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL AUTO DE LOS JUECES DE DISTRITO POR EL QUE ORDENAN SU PREPARACIÓN Y DESAHOGO, EXCEPCIONALMENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA, SIEMPRE Y CUANDO PUEDAN CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO TRASCENDENTE, GRAVE Y DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA; LO QUE EN CADA CASO DEBERÁ DETERMINAR EL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE.’ (se transcribe). De la jurisprudencia transcrita se desprende, como antes se dijo, que para la procedencia del recurso de queja en análisis, se requiere la satisfacción de los extremos consistentes en que, atendiendo al caso específico, la resolución de preparación y desahogo de pruebas legales y conducentes, sea de naturaleza trascendental y grave, que puedan causar daño o perjuicio de imposible reparación a alguna de las partes, incluso, en la determinación final del juicio de amparo promovido en la vía indirecta. Requisitos que este Tribunal Colegiado estima no se satisfacen en el caso particular, toda vez que el acuerdo cuya legalidad se discute, no puede reputarse como uno de los que puedan, por su naturaleza trascendental y grave, causar un daño o perjuicio no reparable en el fallo definitivo, dado que se trata de la admisión de la ampliación del cuestionario exhibido por la parte quejosa, para el desahogo de la prueba pericial contable, cuya legal admisión y valoración pueden impugnarse al interponer el recurso de revisión contra la sentencia que en el juicio de garantías se pronuncie en caso de serle adversa a la inconforme. Incluso, el propio desahogo de las preguntas adicionales por parte de la autoridad fiscal, no generan un daño o perjuicio irreparable, ya que con motivo de ellas, no se impone a la quejosa alguna carga procesal onerosa, ni se irrumpe su privacidad o se dan a conocer datos de reserva que carezcan de relación con la litis constitucional. Asimismo, es menester precisar que dicha adición tampoco representa detrimento alguno al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, protegido por el artículo 17 constitucional, pues no existen en autos, elementos de los que se pueda inferir la intención de dilatar el procedimiento u obstaculizar la impartición de justicia. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia de este Tribunal Colegiado: ‘QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE ADMITE LA AMPLIACIÓN DEL CUESTIONARIO HECHA POR LA RESPONSABLE PARA EL DESAHOGO DE UNA PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR LA QUEJOSA, PORQUE NO SE CAUSA DAÑO O PERJUICIO A ALGUNA DE LAS PARTES NO REPARABLE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 74/2001).’ (se transcribe). No pasa inadvertido para este órgano colegiado, que el Juez de Distrito tiene la obligación de analizar la idoneidad y pertinencia de la ampliación del cuestionario, en atención a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: ‘PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO LA ADICIÓN AL CUESTIONARIO CONFORME AL CUAL SE DESAHOGARÁ AQUÉLLA NO GUARDA RELACIÓN CON LA MATERIA DE LA MISMA, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DESDE SU ANUNCIO.’ (se transcribe); y, en el caso, el acuerdo impugnado adolece de razonamiento o argumento respecto de la idoneidad de la adición; sin embargo, dada la improcedencia del recurso, no es factible hacer pronunciamiento en ese contexto. Aunque, cabe destacar, el Juez del procedimiento constitucional, al momento de emitir sentencia, estará en condiciones de valorar la prueba pericial en su integridad, y decidir si las preguntas adicionales inciden en la litis o carecen de utilidad. En ese mismo aspecto, en la ejecutoria de la jurisprudencia citada, se destacó que el desechamiento de la adición debe ser claro y patente, para evitar que al oferente se le deje en estado de indefensión; en todo caso, el Juez debe actuar con amplio criterio y menor rigidez. (se transcribe). En las relacionadas condiciones, lo procedente es, como se anticipó en el preludio de este considerando, desechar por improcedente el recurso de queja planteado. No representa impedimento alguno para asumir la conclusión conocida, la circunstancia atinente a que por auto de presidencia de siete de mayo del año en curso, se admitiera a trámite la queja en mención, según se constata a foja trece y catorce de esta queja. Disertación que se hace, debido a que, no debe perderse de vista que tal determinación de índole unitaria representa, tan sólo, un examen preliminar del asunto y, en esa razón, no causa estado ni puede tener los efectos de cosa juzgada, porque siempre existe la posibilidad de volver a estudiar el caso y decidir, como ya se hizo, respecto de la procedencia del recurso. En apoyo a lo precedente, se cita, por las consideraciones que le dan sustento, la jurisprudencia de este Tribunal Colegiado publicada en la página 1126, Tomo XXI, correspondiente a abril de 2005 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO.’ (se transcribe). Finalmente, considerando que el criterio jurídico sostenido en esta resolución es contrario a aquél sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 19/2009 en sesión del veinte de abril de este año; y Quinto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver la queja administrativa 93/2008 en sesión del veinticinco de septiembre de dos mil ocho; con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese la contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que decida cuál debe prevalecer. Asimismo, infórmese a la superioridad que existe una tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito similar a la jurisprudencia de este tribunal aplicando al caso concreto, cuyo rubro y datos de identificación son: ‘QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE ADMITE LA AMPLIACIÓN DEL CUESTIONARIO FORMULADO PARA EL DESAHOGO DE UNA PRUEBA PERICIAL AL NO PRODUCIR, POR REGLA GENERAL, EFECTOS QUE IMPLIQUEN CONSECUENCIAS CUYA AFECTACIÓN PUEDA CALIFICARSE COMO GRAVE, NO REPARABLE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.’, No. Registro: 171,077. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, octubre de 2007, tesis IV.2o.A.36 K, página 3265."
La anterior resolución dio origen a la tesis IV.2o.A.36 K, Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 3265, que es del tenor siguiente:
"QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE ADMITE LA AMPLIACIÓN DEL CUESTIONARIO FORMULADO PARA EL DESAHOGO DE UNA PRUEBA PERICIAL AL NO PRODUCIR, POR REGLA GENERAL, EFECTOS QUE IMPLIQUEN CONSECUENCIAS CUYA AFECTACIÓN PUEDA CALIFICARSE COMO GRAVE, NO REPARABLE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. El artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo prevé que el recurso de queja procederá cuando se impugnen resoluciones que cumplan con los siguientes requisitos: a) sean dictadas por los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de la citada ley; b) se emitan durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión; c) no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 de la mencionada ley; d) por su naturaleza trascendental y grave puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva; y, e) en el supuesto de que sean dictadas después de fallado el juicio en primera instancia, que no sea reparable el agravio por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esa tesitura, tratándose del auto dictado por el Juez de Distrito durante la tramitación de un juicio de garantías, en el que admite la ampliación del cuestionario para el desahogo de una prueba pericial, no se satisface el requisito precisado en el inciso d), en tanto que, por regla general, no produce efectos que impliquen consecuencias cuya afectación pueda calificarse como grave, es decir, de notorios perjuicios o altamente perjudiciales, que no puedan ser reparables en la sentencia definitiva, pues no se limita el derecho del quejoso para demostrar la inconstitucionalidad de los actos que reclamó ni origina la variación de la litis constitucional y tampoco incide en una afectación cierta sobre los sujetos que intervienen en el juicio como sería su privacidad personal, el secreto profesional, etcétera; máxime que de conformidad con los artículos 77 y 78 de la aludida ley, el Juez de Distrito, en estricto respeto a los principios de congruencia y exhaustividad, debe analizar la prueba al dictar sentencia, debiendo pronunciarse respecto de su eficacia. De ahí que cualquier daño o perjuicio que se pudiese causar sería reparable en la sentencia definitiva de otorgarse la protección constitucional al quejoso."
En el mismo sentido se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 92/2007-I, interpuesto por **********, por conducto de su autorizado legal, en contra del auto once de junio de dos mil siete, dictado en el juicio de amparo indirecto 230/2007 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en el que se tuvo a la autoridad responsable ampliando el cuestionario ofrecido por la parte quejosa para el desahogo de la prueba pericial contable.
El Tribunal Colegiado de referencia, en sesión de treinta de agosto de dos mil siete, resolvió desechar el recurso en comento, apoyando su resolución en las siguientes consideraciones:
"QUINTO. Es innecesario reproducir y analizar los agravios expuestos y las consideraciones que sustentan el auto impugnado, dado que este tribunal advierte que debe desecharse el presente recurso de queja por ser improcedente. En principio es conveniente destacar que por la naturaleza propia del proceso judicial, toda resolución emitida por los órganos jurisdiccionales ante los cuales se ventilan las controversias, deben estar provistas de algún recurso, a través del cual, puedan ser revocadas o modificadas, salvo que la ley expresamente lo niegue. En el caso de la Ley de Amparo y en lo que se refiere a los recursos que se encuentran contemplados en el juicio de garantías como medios para impugnar las resoluciones dictadas por los órganos que conozcan del juicio constitucional, acorde con el artículo 82 de esa legislación, tenemos el de revisión, queja y reclamación. Respecto al recurso de reclamación, de acuerdo con el numeral 103 del propio ordenamiento federal, procede en contra de acuerdos de trámite que emiten el presidente de la Suprema Corte de Justicia o los presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados. El recurso de revisión en el juicio de amparo indirecto, se prevé en el precepto 83 del mismo ordenamiento. De este precepto, se deduce que en lo que se refiere al recurso de revisión en el juicio de amparo indirecto, la ley precisa los supuestos específicos de procedencia, cuya principal característica consiste en su definitividad, bien sea porque pongan fin al juicio sin decidir la cuestión planteada (desechamiento de demandas, autos de sobreseimiento), o bien, la decidan (interlocutorias que se dictan en los incidentes de reposición de autos; sentencias dictadas en la audiencia constitucional; resoluciones que conceden o niegan la suspensión definitiva, modifiquen, revoquen o nieguen la revocación o modificación del auto en que la concedan). De igual manera, el recurso de queja en el juicio de amparo indirecto, se detalla en el numeral 95, fracciones I a VII, X y XI, de la Ley de Amparo, de las que se desprende que dicho medio de impugnación se actualiza en contra de resoluciones dictadas por el superior de los tribunales responsables en el caso de jurisdicción concurrente o por los Jueces de Distrito y se extiende a las emitidas, incluso, por las autoridades responsables; además, son tanto actos de trámite (admisión de demandas, cualquier acto dictado durante la tramitación del juicio que no admita expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva), como resoluciones que dirimen una cuestión determinada en el proceso (dictadas en diversos recursos de queja, al conocer de un incidente de reclamación de daños y perjuicios, o bien al decidir sobre el cumplimiento de sentencias mediante el pago de daños y perjuicios, o al conceder o negar la suspensión provisional); de ahí que, las resoluciones emitidas por los tribunales de amparo en la sustanciación del juicio constitucional indirecto, pueden ser impugnadas, ya sea mediante el recurso de revisión o el diverso de queja, si se encuentran en los supuestos comentados. Ahora bien, en el caso la autoridad recurrente formuló el recurso de queja en estudio en contra del proveído del Juez de Distrito por el que tuvo por desahogada la vista y se amplió el cuestionario relativo a la prueba pericial contable ofrecida por la parte quejosa. Tal reclamo lo hizo con fundamento en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, que prevé que el recurso de queja procede: (se transcribe). Del precepto anterior se desprenden los supuestos de procedencia del citado recurso y que son los siguientes: a) El recurso de queja es procedente en contra de las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito o el Tribunal Superior a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo. b) La resolución que se impugna sea dictada durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión. c) La resolución emitida no debe admitir expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 de la Ley de Amparo. d) Por su naturaleza trascendental y grave tal resolución pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva. e) Si la resolución es dictada después de fallado el juicio, en primera instancia, no sea reparable el agravio por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Especial interés amerita el supuesto de improcedencia señalado en el inciso d), porque tratándose del proveído por el cual un Juez de Distrito tiene por ampliado el cuestionario para los peritos, como en el caso, no cumple con el requisito ahí establecido en relación con que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. En efecto, el referido proveído cumple con el requisito establecido en el inciso a), en la medida que la queja se interpone en contra de una resolución dictada por un Juez de Distrito. Se cumple con el supuesto referido en el inciso b), en tanto que la resolución es dictada durante la tramitación del juicio de amparo. El proveído de referencia cumple con la hipótesis prevista en el inciso c), en tanto que no admite expresamente el recurso de revisión, toda vez que de la lectura del artículo 83 de la Ley de Amparo, ya referido supralíneas, se advierte que el proveído en que se tiene por ampliado un cuestionario relativo a una prueba pericial, no admite expresamente el recurso de revisión. Sin embargo, el proveído cuestionado, por su naturaleza se estima que no es trascendental y grave para que pueda ocasionar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva. Aquí cabe precisar que aunque no se definió en el texto legal positivo lo que se debe entender por ‘daño o perjuicio trascendente, grave y de imposible reparación’ en términos de la fracción VI, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante una situación análoga relacionada con la procedencia del recurso de reclamación previsto en el artículo 51 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, consideró que, para que un auto o resolución pudiera catalogarse de naturaleza trascendental y grave es necesario que, por su contenido, produzca efectos que impliquen consecuencias en el futuro y que éstas, por razón de sus efectos, sean capaces de producir una afectación tal que pueda calificarse como grave, es decir, de notorios perjuicios o altamente perjudiciales que no puedan ser reparados en la sentencia definitiva. Jurisprudencia del Tribunal Pleno publicada en la página 874, Tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN CONTRA AUTOS O RESOLUCIONES QUE, POR SU NATURALEZA TRASCENDENTAL Y GRAVE, CAUSEN UN AGRAVIO MATERIAL NO REPARABLE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).’ (se transcribe). Asimismo, la Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 152/2006-SS en la que se dirimió respecto de la improcedencia del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, tratándose del auto que reconoce el carácter de tercero perjudicado y ordena su emplazamiento, se pronunció en el sentido de que tal resolución no era de naturaleza trascendental ni grave, ni que causaba a la quejosa un daño o perjuicio irreparable en la sentencia definitiva en tanto que no limitaba su derecho a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, ni implicaba variación alguna de la litis constitucional, la cual se integra con lo expuesto en la demanda de amparo y los actos reclamados de las autoridades responsables. Jurisprudencia consultable con la clave 2a./J. 168/2006 en la página 212, Tomo XXIV, diciembre de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ‘QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE RECONOCE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO Y ORDENA SU EMPLAZAMIENTO.’ (se transcribe). Tomando en consideración los aludidos criterios de jurisprudencia, así como lo previamente expuesto por este órgano jurisdiccional, se considera que si bien el proveído impugnado se dictó durante la tramitación del juicio de garantías, de su contenido no se desprende que produzca efectos que impliquen consecuencias en el futuro, cuya afectación pueda calificarse como grave, es decir, de notorios perjuicios o altamente perjudiciales que no puedan ser reparados en la sentencia definitiva, pues no limita la oportunidad ni el derecho del promovente del juicio de amparo para demostrar la inconstitucionalidad de los actos que reclamó, tampoco origina la variación de la litis constitucional y no se advierte que incida en una afectación cierta sobre los sujetos que intervienen en el juicio, como puede ser a su privacidad personal, el secreto profesional, etcétera. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XIII, junio de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ‘PRUEBAS OFRECIDAS O ANUNCIADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL AUTO DE LOS JUECES DE DISTRITO POR EL QUE ORDENAN SU PREPARACIÓN Y DESAHOGO, EXCEPCIONALMENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA, SIEMPRE Y CUANDO PUEDAN CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO TRASCENDENTE, GRAVE Y DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA; LO QUE EN CADA CASO DEBERÁ DETERMINAR EL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE.’ (se transcribe). En efecto, se tiene que el Juez de Distrito en la parte que se impugna del auto reclamado, tuvo por desahogada la vista y por ampliado el cuestionario relativo a la prueba pericial contable ofrecida por la parte quejosa. Conforme con lo previsto en los artículos 77 y 78, en estricto respeto al principio de congruencia y exhaustividad, el Juez de Distrito en la sentencia que ponga fin al amparo biinstancial del que deriva este recurso, tendrá que analizar entre otras cosas, la efectividad de las pruebas para así estar en posibilidad de dilucidar la litis constitucional. Es necesario señalar que tratándose de la idoneidad de las pruebas, el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de que al decidir la no admisión de algún elemento probatorio, no vaya a dejar sin defensa a alguna de las partes, pues tal determinación debe tomarse sólo cuando es claro, patente y sin lugar a dudas, que aquélla nada tiene que ver con la controversia, lo que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21947-18283736/queja-la-prevista-en-el-articulo-95-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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