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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA VIGENTE HASTA EL 29 DE MAYO DE 2009.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 284/2009. · Registro digital (IUS): 21994
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, DÉCIMO Y DÉCIMO SEXTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010, , Pág. 1911.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 284/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, DÉCIMO Y DÉCIMO SEXTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: ARMIDA BUENROSTRO MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan diversos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción ..."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, los cuales resolvieron los recursos de revisión fiscal 51/2009-859 y 296/2009-5030, que constituyen dos de los criterios en posible contradicción, materia del presente asunto, luego, la denuncia proviene de parte legítima.

TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito desechó los recursos de revisión fiscal 51/2009-859 y 296/2009-5030, promovidos por el director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, en contra de las sentencias de diez de enero y primero de diciembre, ambas de dos mil ocho, dictadas por la Tercera y Novena Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, respectivamente, en las cuales se declaró la nulidad de las resoluciones que decretaron la separación de un miembro del servicio de carrera de procuración de justicia.

Por la similitud que existe entre las revisiones fiscales 51/2009-859 y 296/2009-5030, solamente se transcriben las consideraciones sustentadas en la primera de ellas, las cuales son del tenor siguiente:

"... TERCERO. A fin de resolver sobre la procedencia del presente recurso, se estima conveniente conocer el contenido del artículo 63, fracciones II y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual dice lo siguiente: ‘Artículo 63.’ (se transcribe). Para acreditar la procedencia del medio de defensa que intenta, la autoridad invocó las fracciones antes transcritas, es decir, las hipótesis que establecen que el recurso de revisión es procedente cuando se trate de un asunto de importancia y trascendencia en los casos en que la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción I de ese mismo numeral, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso, y porque la resolución impugnada fue dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ahora, para demostrar si se actualizan las hipótesis de procedencia expuestas por la autoridad recurrente, es necesario conocer, en principio, las razones que dieron motivo a que la Sala del conocimiento declarara la nulidad de la resolución administrativa impugnada. En el considerando sexto de la sentencia recurrida, la Sala del conocimiento se pronunció en torno a la ilegalidad de la resolución administrativa de veintisiete de octubre de dos mil cinco, dictada en el procedimiento administrativo de separación del servicio de carrera de procuración de justicia CP/SEP/023/05, emitida por el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, a través de la cual se decretó la separación del actor del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, en el cargo de agente de la Policía Federal Investigadora, con base en los razonamientos que se resumen a continuación: De la interpretación que realizó de los artículos 32, fracción II, inciso b), 47 y 48, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 85, del reglamento de esa ley, la Sala argumentó que la autoridad demandada estaba obligada a evaluar en conjunto los exámenes patrimonial y de entorno social, psicométrico y psicológico, toxicológico y poligráfico, los cuales tienen por objeto comprobar que los agentes de la Policía Federal Investigadora cumplen los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos. Sobre esa línea de argumentación, la Sala analizó el reporte de evaluación conjunta, así como las evaluaciones médica, toxicológica, psicológica, de entorno social y situación patrimonial y la poligráfica, y concluyó que la autoridad administrativa no relacionó los resultados obtenidos en los exámenes en los que resultó apta la parte actora, es decir, no valoró en conjunto las pruebas mencionadas, sino que le concedió a la evaluación en poligrafía valor probatorio pleno y, con base en el resultado de este reporte, sustentó la evaluación conjunta. La autoridad demandada, sigue diciendo el tribunal, valoró la prueba en poligrafía como si se tratara de una pericial, lo cual es incorrecto, ya que su desahogo no se encuentra previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles; de ahí que, en todo caso, debió valorarse como documento privado, sin que fuera posible tomar alguna parte de su contenido como elemento de convicción en forma aislada. Como se observa de los argumentos antes sintetizados, la Sala declaró la nulidad de la resolución administrativa impugnada por la indebida valoración de las pruebas en que se sustentó la decisión de separar de su cargo a la parte actora. Una vez expuesto lo anterior, y por razón de método, a continuación habrá de resolverse si el recurso que se intenta es procedente conforme lo dispone la fracción IV del artículo 63 de de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual establece esa posibilidad en contra de resoluciones dictadas en materia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Del resumen a las consideraciones que dan sustento al fallo recurrido se advierte que a la parte actora no se le aplicó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sino que el procedimiento administrativo de separación del servicio de carrera de procuración de justicia que se le siguió se sustentó en diversos preceptos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Lo anterior equivale a decir que la resolución administrativa impugnada, tal y como lo reconoce la autoridad recurrente en el capítulo de procedencia del escrito de agravios, no fue dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que, a primera vista, no se actualiza el supuesto de procedencia en estudio. Sin embargo, sobre el verdadero alcance del enunciado: ‘resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos’, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 150/2005, y con base en ese criterio la autoridad pretende demostrar la procedencia de su recurso en términos de uno de los supuestos que invoca. La tesis de que se trata, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 369, dice lo siguiente: ‘REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DICTADAS EN TÉRMINOS DE UNA NORMA FEDERAL DIVERSA A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.’ (se transcribe). Cabe aclarar que la tesis transcrita es aplicable para resolver sobre la procedencia o improcedencia del recurso de revisión no obstante que se refiera al artículo 248, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, pues no debe perderse de vista que las disposiciones de ese ordenamiento, que regían la sustanciación de los juicios contenciosos administrativos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la procedencia del recurso de revisión en contra de sus sentencias, fueron derogados atendiendo a la expedición de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en cuyo artículo 63, fracción IV, se prevé la misma hipótesis de procedencia que se comenta. Pues bien, del criterio jurisprudencial en cita se advierte que la Segunda Sala del Alto Tribunal resolvió que procede el recurso de revisión previsto en la fracción IV del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación contra sentencias que declaren la nulidad de resoluciones administrativas en materia de responsabilidades de los servidores públicos dictadas en términos de normas federales diversas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, como pueden ser la Ley de la Policía Federal Preventiva y su reglamento, y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dado que no es la denominación de la ley lo que debe tomarse en consideración como relevante para la procedencia del indicado recurso, sino la materia sobre la que versa. Tal materia no es otra que la de responsabilidades de los servidores públicos y, por extensión, también comprende los procedimientos administrativos disciplinarios sustanciados ante las dependencias del Poder Ejecutivo Federal. Esta afirmación se corrobora atendiendo a las consideraciones expuestas por la Segunda Sala en la sentencia de la contradicción de tesis 168/2005-SS, que dio lugar a la redacción de la tesis jurisprudencial transcrita, pues en dicha resolución, en la parte conducente, se estableció lo siguiente: (se transcribe). Como se advierte de las consideraciones transcritas, la actualización del supuesto de procedencia previsto en el derogado artículo 248, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, actualmente 63, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, únicamente está supeditada a que la resolución impugnada haya decidido o verse sobre la materia de responsabilidades de los servidores públicos, sin importar la ley federal en que se hubiera sustentado. Ahora, para determinar si en el caso concreto se colma esa hipótesis de procedencia, es necesario recordar que el acto impugnado en el juicio de nulidad consistió en la resolución administrativa de veintisiete de octubre de dos mil cinco, dictada en el procedimiento administrativo de separación del servicio de carrera de procuración de justicia CP/SEP/023/05, emitida por el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, a través de la cual se decretó la separación del actor del servicio de carrera de procuración de justicia, en el cargo de agente de la Policía Federal Investigadora. Dicho procedimiento se encuentra regulado en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, específicamente en el artículo 44, ubicado en el capítulo V, denominado: ‘Del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal’. Además del anterior precepto, es necesario traer a colación lo dispuesto en los diversos numerales 32, fracción II, inciso b), 41, fracción V, 43, 44, 47 y 51, de la citada legislación, que dicen lo siguiente: ‘Artículo 32.’ (se transcribe). ‘Artículo 41.’ (se transcribe). ‘Artículo 43.’ (se transcribe). ‘Artículo 44.’ (se transcribe). ‘Artículo 47.’ (se transcribe). ‘Artículo 51.’ (se transcribe). De los preceptos transcritos destaca, en primer lugar, que los miembros del servicio de carrera de procuración de Justicia Federal deben someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de desempeño, los cuales serán iniciales, permanentes, periódicos y obligatorios. Uno de los requisitos para permanecer en dicho servicio, específicamente por cuanto hace a los agentes de la Policía Federal Investigadora, es aprobar tales procesos de evaluación, que se componen de diversos exámenes, entre ellos, patrimoniales y de entorno social, psicométricos y psicológicos y toxicológicos. Por ende, una de las formas de terminación extraordinaria del servicio consiste en la separación por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia en la institución mencionada, previo desahogo del procedimiento administrativo regulado por el artículo 44 de la ley en estudio. Dicho procedimiento consiste de una serie de etapas, seguidas en forma de juicio, que inician con la presentación de una queja y en las que se cita a una audiencia al miembro del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal que presuntamente haya incumplido uno de los requisitos de ingreso o de permanencia para que pueda ejercer su derecho de defensa, alegue lo que a su interés convenga y ofrezca las pruebas de su parte que estime pertinentes. Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República resolverá la queja, a través de la cual puede decretarse, como sucedió en la especie, la separación de un miembro del servicio de carrera de procuración de Justicia Federal. Expuesto lo anterior, es necesario puntualizar que la causa de terminación del servicio consistente en la separación, difiere de la denominada: remoción, establecida en el artículo 43, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. La primera se decreta porque el miembro del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal no cumplió los requisitos de ingreso y permanencia; la segunda es producto de un procedimiento administrativo, diverso al antes reseñado y previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que se le sigue a un elemento de esa institución por haber incurrido en alguna de las causas de responsabilidad a que se refiere el diverso 53 de esa legi

lación, inserto en el capítulo VIII, denominado: ‘De las causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Investigadora y peritos’. La separación de un miembro de ese servicio no constituye, como podría pensarse, una sanción por haber incurrido en alguna causa de responsabilidad, sino que se decreta, simplemente, cuando no se reúnen los requisitos de ingreso y de permanencia requeridos en la Procuraduría General de la República. Las únicas sanciones establecidas en la ley en estudio son aquellas previstas en el artículo 56, consistentes en amonestación, suspensión, remoción y correcciones disciplinarias, y se imponen cuando los elementos de esa institución incurren en causas de responsabilidad o por incumplir las obligaciones establecidas en los diversos numerales 53 y 54. Lo anterior se desprende de la sola lectura del primer numeral citado, que dice lo siguiente: ‘Artículo 56.’ (se transcribe). Si la separación del cargo no constituye una sanción, ni es consecuencia de un procedimiento seguido en contra de un miembro del servicio por haber incurrido en una causa de responsabilidad, difícilmente podría afirmarse que la materia en la que incide esa determinación es la de ‘responsabilidades de los servidores públicos’, o bien, que sea producto de una ‘causa disciplinaria’. En efecto, cuando se le separa de su cargo a un elemento de la Procuraduría General de la República no se le está imputando una acción u omisión que dé lugar a una sanción por haber incurrido en responsabilidad; se resuelve, simplemente, que no tiene las aptitudes necesarias para seguir ocupando el puesto que desempeñaba. La naturaleza jurídica de la responsabilidad administrativa implica, necesariamente, que a una determinada conducta infractora le corresponda la aplicación de una consecuencia, que se traduce en la imposición de una sanción de esta índole en contra de un servidor público. Por ello, siempre estará latente en el vocablo ‘responsabilidad’ la noción de culpa, en su sentido lato, por haber realizado una conducta que es contraria al derecho o a la moral. Y para clarificar lo dicho se toma en cuenta que una de las definiciones de esta locución, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, es la de: ‘deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal’. Si la separación del cargo de un miembro del servicio de carrera de procuración de Justicia Federal no deriva de la realización de una conducta que sea considerada por el legislador contraria a derecho, es claro entonces que no se le puede imputar alguna responsabilidad, ni mucho menos podría afirmarse que el procedimiento en que se decreta esa medida se refiera o incida en la materia de responsabilidades de los servidores públicos. Debe recordarse que el procedimiento de separación y aquel otro que da sustento a la imposición de una sanción por haber incurrido en alguna causa de responsabilidad se encuentran regulados en capítulos distintos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. El primero se establece en el capítulo V, denominado: ‘Del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal’, y comprende los artículos 30 a 46; el segundo se halla en los capítulos VIII y IX, relativos a las causas de responsabilidad y a las sanciones por haber incurrido en ellas, que abarcan los artículos 53 a 66. La técnica empleada por el legislador al dividir en capítulos distintos los procedimientos mencionados no es fruto de una casualidad, pues lo que se pretendió fue dejar en claro su autonomía y, sobre todo, precisar que la separación de un miembro del servicio de carrera de procuración de Justicia Federal no deriva ni es consecuencia de haber incurrido en una causa de responsabilidad. Así, en la exposición de motivos para la expedición de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de veintitrés de abril de dos mil dos, el Ejecutivo Federal expuso lo siguiente: (se transcribe). Las consideraciones expuestas en la exposición de motivos de que se trata no dejan lugar a dudas en cuanto a que la separación del cargo de un miembro del servicio de carrera de procuración de Justicia Federal, como ya se dijo, no constituye una sanción por haber incurrido en alguna causa de responsabilidad. Se trata, por el contrario, de una determinación que se adopta cuando el servidor público no resulta apto para seguir desempeñando el cargo que ocupaba, y no obstante que no hubiera infringido alguna norma que le ordene llevar a cabo determinada conducta o abstenerse de hacerla. Siendo así, es claro para este órgano judicial que esa medida no es de aquellas que versen o incidan sobre la materia de responsabilidades de los servidores públicos y, por tanto, en contra de una resolución en la que se decrete no se actualiza el supuesto de procedencia establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Incluso, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 150/2005, antes transcrita, y que cita la autoridad recurrente en el escrito de agravios para dar apoyo a su alegato, confirma la postura que se asume, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, sólo consideró como materia disciplinaria o de responsabilidad administrativa las reglas previstas en los artículos 53 a 75 de dicha legislación, y no las que se establecen en los artículos 30 a 46, en donde se regula el procedimiento para decretar la separación de un miembro del servicio de carrera de procuración de Justicia Federal. Las anteriores consideraciones llevan a la conclusión de que no se actualiza el primero de los supuestos de procedencia del recurso de revisión que invoca el recurrente, pues la resolución impugnada no versa sobre la materia de responsabilidades de los servidores públicos y, por tanto, tampoco puede hacerlo la resolución recurrida en esta instancia. En otro orden de ideas, por cuanto se refiere a la hipótesis de procedencia establecida en el artículo 63, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad sostiene que el presente asunto es de importancia y trascendencia dado que: 1) La declaratoria de nulidad de la resolución administrativa impugnada trae como consecuencia que un servidor público que perteneció a la Procuraduría General de la República desempeñe la función policial sin cumplir los requisitos de permanencia que conforme a la ley debe satisfacer, contraviniéndose con ello la previsión contenida en el artículo 123, Apartado ‘B’, fracción XIII, de la Constitución Federal, en relación con el diverso numeral 32, fracción II, inciso b), de la ley orgánica que rige a esa institución; cuestión que, incluso, no fue atendida en la sentencia recurrida por ocuparse de meros vicios de legalidad. 2) El sentido de la sentencia recurrida conllevaría, además, el pago de los haberes que la parte actora dejó de percibir, circunstancia que incide en la cuantía del asunto y que justifica, igualmente, la procedencia del recurso con base en el monto al que ascendería el pago de salarios. 3) La procuración de justicia sólo es posible si la Procuraduría General de la República cuenta con personal altamente calificado, profesionalmente competente y que cumpla con los principios de honestidad, eficiencia, honradez y responsabilidad, lo que no sucedería en el caso concreto si se toma en consideración que la parte actora resultó no apto en el examen de poligrafía que se le practicó, incumpliendo con ello el requisito de permanencia previsto en el artículo 32, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 4) La resolución dictada en el procedimiento administrativo que se le siguió al actor, contrario a lo que sostiene la Sala del conocimiento, no contraviene garantía individual alguna en su perjuicio, pues se apegó a las normas esenciales del procedimiento y se encuentra debidamente fundada y motivada; siendo falso que el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República hubiera sustentado su determinación en el resultado de la prueba de poligrafía, exclusivamente, pues la decisión adoptada se basó en los resultados obtenidos en todas las evaluaciones que se le practicaron. Confrontando los alcances que tiene la decisión contenida en la sentencia recurrida, así como las razones por las cuales el recurrente sostiene que se actualiza el supuesto de procedencia del recurso de revisión previsto en la fracción II del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, este Tribunal Colegiado estima que la presente controversia no reúne las características de importancia y trascendencia y, por tanto, contrario a lo expuesto por el promovente, no se actualiza el supuesto de procedencia que invoca. Ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un asunto es importante porque tiene el carácter de excepcional, por su gran entidad o consecuencia, y es trascendente, porque puede traer resultados de índole grave, esto es, que las razones que se expresen no puedan convenir a la mayoría o a la totalidad de los asuntos, es decir, la importancia hace referencia al asunto en sí mismo considerado. El criterio referido es el sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 540, que aparece publicada en la página 389 del Tomo III, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 1995, que dice: ‘REVISIÓN FISCAL ANTE LA SUPREMA CORTE. IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. FUNDAMENTOS INEFICACES PARA JUSTIFICAR ESOS REQUISITOS.’ (se transcribe). Pues bien, tomando en consideración, por una parte, que la decisión contenida en la sentencia recurrida únicamente implica que la autoridad demandada no hubiera valorado debidamente las pruebas en que se sustentó la resolución por la cual se separó al actor como miembro del servicio de carrera de procuración de Justicia Federal -aspecto que nada tiene de extraordinario porque de manera reiterada es materia de análisis en los juicios de nulidad- y, por la otra, que la mayoría de los argumentos expuestos por el recurrente para demostrar la importancia y trascendencia del asunto involucran cuestiones de fondo que nada tienen que ver con la procedencia del recurso, es innegable entonces que no se acredita el presupuesto procesal que invoca. En efecto, dada la violación advertida por la Sala del conocimiento, el presente asunto no es de carácter excepcional, por su gran entidad o consecuencia; tampoco es trascendente en tanto que el examen del tribunal no conlleva resultados de índole grave, siendo que las razones expresadas por la a quo convienen a la mayoría de los asuntos sometidos a su conocimiento. La indebida fundamentación y motivación del acto impugnado declarada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los casos en que esta violación derive de una incorrecta valoración de pruebas por parte de la demandada, tal y como lo ha sostenido en otras ocasiones este Tribunal Colegiado, no justifica la importancia y trascendencia de un asunto, pues se trata de violaciones formales que, por su naturaleza, no tienen esa connotación. Aplicada por analogía al caso concreto, por las razones que la informan, se cita la tesis I.1o.A.230 A, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVII, febrero de 1995, página 532, cuyo rubro y texto dicen a la letra: ‘REVISIÓN FISCAL. IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA, NO SE SURTEN TALES REQUISITOS TRATÁNDOSE DE LA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS CAPITALES CONSTITUTIVOS.’ (se transcribe). Asimismo, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia 2a./J. 220/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 217, que dice lo siguiente: ‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DEC

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21994-f66e2675/revision-fiscal-es-improcedente-contra-sentencias-de-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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