CONSEJEROS DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. EN EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELECCIÓN EL CONGRESO ESTATAL EMITE ACTOS SOBERANOS, RESPECTO DE LOS CUALES SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 253/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver asuntos en materia Administrativa, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente de uno de los Tribunales Colegiados que participan en la presente contradicción.
TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que lo motivaron, por lo que a continuación se transcriben:
La parte considerativa de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar el amparo en revisión 108/2009, en la parte que interesa, dice:
"Los agravios son sustancialmente fundados. Además, como se verá, este Tribunal Colegiado advierte una violación a las reglas fundamentales que norman el juicio de garantías, que obliga a revocar dicha resolución y a ordenar la reposición del procedimiento en términos de lo previsto por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. El recurrente sintetizadamente aduce que el Juez de Distrito consideró, erróneamente, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que la elección de los consejeros del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, es una facultad discrecional y soberana del Congreso del referido Estado. En diverso escrito, la tercera perjudicada, aquí recurrente adhesiva, sobre el tema expresa que la interpretación del juzgador que realiza de la aludida fracción VIII, es correcta. El sintetizado argumento de la parte quejosa, aquí recurrente, es fundado, toda vez que el procedimiento para la elección de los citados consejeros es un acto reglado, ya que la propia Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus artículos 35, fracción IX, 59 y 64, prevé las condiciones que se deben seguir para elegir a dichos servidores públicos. En efecto, los referidos numerales establecen: (se transcriben). Por su parte, los artículos 219 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado disponen el procedimiento que debe seguirse para la elección de los referidos consejeros estableciendo: (se transcriben). Como se ve, la Constitución Política del Estado de Jalisco establece las formalidades que se deben cumplir para ocupar el aludido cargo de consejero del Consejo General de la Judicatura, entre otros, que la elección debe ser cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes, y que debe mediar propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria de la sociedad, asimismo, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado dispone como requisito previo a la elección, que la Comisión de Justicia del Congreso del Estado analice los expedientes de los aspirantes y emita dictamen que deberá poner a consideración del Pleno de Congreso del Estado. Cabe aclarar, que aun cuando el acto reclamado, en el capítulo respectivo, es el acuerdo legislativo por el cual el Congreso eligió consejero, y sus consecuencias, de la lectura de los conceptos de violación se evidencia que también le atribuye vicios al proceso para dicha selección. De entre otros párrafos, específicamente se puede leer en el siguiente: ‘Sin embargo; la realidad es que el Congreso del Estado, para el efecto de nombrar consejera ciudadana del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a la C. **********, transgredió las normas previstas por los artículos 64 de la Constitución de Jalisco y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en cuanto tales preceptos prohíben expresamente nombrar como consejero ciudadano del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a las personas que no fueren de origen estrictamente ciudadano; esto es, que no hubieren formado parte ni hubieren ocupado puesto alguno dentro de la carrera judicial en los últimos cuatro años, previos a su elección.’ (foja 13 del juicio de amparo). Como se ve, sintetizadamente alega que el Congreso no revisó cabalmente los expedientes de las personas propuestas para ocupar el cargo de consejeros, esto es, el proceso de elección le causa perjuicio. Por tanto, no puede separarse el proceso de elección de la elección en sí. Sobre el tema, la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País ha establecido en la jurisprudencia número 2a./J. 55/98, que la demanda de amparo es un todo, y que los juzgadores deben apreciarla de esa forma. Criterio consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, en la página doscientos veintisiete, que reza: (se transcribe). Estos actos, contrario a lo que expresan el Juez Federal y la recurrente adhesiva, no son discrecionales, pues la propia Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder Legislativo establecen, para que pueda el Pleno del Congreso del Estado realizar la elección, que los aspirantes cumplan con los requisitos previstos; que la Comisión de Justicia analice los expedientes y realice el dictamen respectivo, sometiéndolo a la consideración de la asamblea, facultades éstas que son regladas. Entonces, es incuestionable, por tratarse de una facultad reglada, que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. No puede operar ésta solamente respecto de la elección, ya que si el acto reglado resultara inconstitucional, entonces, la elección también arrastraría tal vicio, siendo también inconstitucional. Ahora bien, el a quo consideró que tiene aplicación, por analogía, la tesis aislada de rubro: ‘COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERANOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’. La anterior tesis, contrario a lo dicho por el Juez de Distrito, no cobra aplicación, porque la elección que realizan los senadores para elegir al presidente de esa comisión, es bajo otro esquema, en el que la Carta Magna no limita para tomar la decisión; a diferencia de la Constitución Local que sí limita la determinación que tome el Congreso del Estado de Jalisco al nombrar consejeros del Consejo de la Judicatura, como ya se vio."
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión número 310/2007, sustentó su criterio en los siguientes términos:
"SÉPTIMO. Previamente al estudio de los agravios formulados en el recurso de revisión principal, se deben analizar los motivos de inconformidad del recurrente adhesivo, ya que en este medio de impugnación adherente se alegan cuestiones relativas a la improcedencia del juicio de garantías examinadas en la recurrida que, por ende, deben analizarse previamente a los agravios de la revisión principal, por tratarse de un aspecto que, conforme a la estructuración procesal, exige ser dilucidado preliminarmente al tema de fondo del amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de clave P./J. 69/97, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento diecisiete, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘REVISIÓN ADHESIVA. CUANDO EN SUS AGRAVIOS SE PLANTEA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, ÉSTOS DEBEN ANALIZARSE PREVIAMENTE A LOS EXPRESADOS EN LA REVISIÓN PRINCIPAL.’ (se transcribe). Así pues, el recurrente adhesivo aduce en sus agravios, en síntesis, que le agravia la desestimación de la causal de improcedencia que hizo valer en el juicio, puesto que existe violación a la fracción VIII del artículo 73 de la repetida Ley de Amparo, dado que la Juez de Distrito determinó que el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, al elegir a los terceros perjudicados como consejeros ciudadanos del Consejo General del Poder Judicial del propio Estado, ejerció una facultad soberana y discrecional, apoyada en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERANOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). Agrega el disconforme que la conclusión a la que arribó la Juez Federal es errónea y desacertada, pues pasó por alto que esos otros actos reclamados, que constituyen el procedimiento de la elección, también encuadran en el supuesto que contempla la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque así lo señala la última parte de la aludida tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulta aplicable al caso por analogía e identidad jurídica sustancial (transcribe además, parte de una de las ejecutorias de las que derivó la tesis), ya que en tal parte del criterio aludido se señala que: (se transcribe). Concluye el inconforme en que con base en lo anterior, se debe revocar la sentencia y sobreseer en el juicio de garantías por lo que ve a dichos actos, así como por los artículos tildados de inconstitucionales, ya que se reclamaron con motivo de aquéllos, por lo que el sobreseimiento debía hacerse extensivo, de conformidad con la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de título: (se transcribe). Son fundados los anteriores agravios, toda vez que como en ellos se señala, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, puesto que los actos reclamados, consistentes en el proceso iniciado con las convocatorias emitidas el veinticuatro de agosto y ocho de septiembre de dos mil cinco, hasta la culminación del proceso de elección y nombramiento de consejeros ciudadanos del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que concluyó con los Acuerdos Legislativos 1512/06 al 1515/06, aprobados mediante sesión ordinaria celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil seis; así como todos los acuerdos y resoluciones derivados de las propuestas hechas por la Comisión de Justicia y por las comisiones parlamentarias; el contenido de la sesión ordinaria celebrada el treinta y treinta y uno de mayo de dos mil seis, en la que se aprobaron los Acuerdos Legislativos Números 8.1 Bis al 8.4 Bis, que tuvo como resultado la elección de dos consejeros ciudadanos y la toma de protesta que se hizo a los que fueron nombrados como tales (********** y **********); y la omisión de los grupos parlamentarios o fracciones parlamentarias del Congreso del Estado de Jalisco, de proponer personas que hayan aspirado al cargo de consejero ciudadano y, en el caso de que las hubiesen propuesto, la ausencia de fundamentación y motivación de la propuesta; se tratan, en esencia, de procedimiento y resoluciones de elección de funcionarios por parte del Congreso del Estado de Jalisco, respecto de las que la Constitución Local le confiere a éste, la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, tal como a continuación se detalla. En primer término, se tiene que el citado artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo dispone: (se transcribe). El artículo transcrito señala que la causa de improcedencia del juicio de amparo que surge cuando éste se promueve contra resoluciones o declaraciones dictadas por las Legislaturas de los Estados, en elección, suspensión o remoción de funcionarios; sin embargo, el texto transcrito condiciona la actualización del supuesto de mérito, a la circunstancia de que la Constitución Local correspondiente le confiera al órgano legislativo relativo, la posibilidad de resolver soberanamente o de manera discrecional, es decir, conforme al texto de la disposición de mérito, para que se surta la causa de improcedencia es preciso que, de alguna manera, la Constitución Política del Estado de Jalisco le confiera al Congreso de la propia entidad ‘la facultad de resolver soberana o discrecionalmente’. Respecto de la causa de improcedencia en análisis, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, entre otros, los criterios que se observan en las páginas mil ochocientos setenta y cinco y dos mil treinta y siete, Tomos LIII y LVIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dicen: ‘DERECHOS POLÍTICOS.’ (se transcribe) y ‘LEY DE HACIENDA (LEGISLACIÓN DE COAHUILA).’ (se transcribe). En este tenor, para clarificar las características de soberanía y discrecionalidad, que según el numeral en análisis deben revestir las facultades de los órganos legislativos, entre ellos, el Congreso del Estado de Jalisco, para que se estime que los actos emitidos en uso de ellas se encuentran contenidos en el supuesto de improcedencia de la acción constitucional de que se trata, debe acudirse, en primer lugar, a la interpretación gramatical, puesto que sólo en caso de que ese método no proporcione la significación adecuada, que guarde coherencia con el texto normativo, entonces podrá atenderse a algún sistema de interpretación distinto, pues debe partirse de la base de que en la ley se utilizan las palabras en su acepción más común; por tanto, cuando surjan conflictos normativos, dentro del propio texto de la disposición relativa o con relación a lo dispuesto en norma diversa, de igual, mayor o menor jerarquía, exclusivamente en tal supuesto, en atención al caso concreto, será aceptable que el intérprete de la norma se apoye en algún método distinto al gramatical. El Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española (vigésima segunda edición, Madrid, España, 2001) proporciona diversas acepciones del vocablo ‘facultad’ y de los adjetivos ‘soberano’ y ‘discrecional’, así como de otras palabras relacionadas con tales términos. Entre otros significados, se observan los siguientes: ‘Facultad. (Del lat.). 1. f. Aptitud, potencia física o moral. U. m. en pl. 2. f. Poder, derecho para hacer algo ...’. ‘Soberano, na. (Del b. lat. *superanus). 1. adj. Que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Apl. a pers., u. t. c. s. ...’. ‘Supremo, ma. (Del lat.). 1. adj. Sumo, altísimo. 2. adj. Que no tiene superior en su línea. ...’. ‘Independiente. 1. adj. Que no tiene dependencia, que no depende de otro. 2. adj. autónomo. 3. adj. Dicho de una persona: Que sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención ajena. ...’. ‘Discrecional. (De discreción). 1. adj. Que se hace libre y prudencialmente. 2. adj. Se dice de la potestad gubernativa en las funciones de su competencia que no están regladas. ...’. ‘Discreción. (Del lat.). 1. f. Sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. ... 3. f. Reserva, prudencia, circunspección. A (discreción) 1. loc. adv. Al arbitrio o buen juicio de alguien. ...’. Las acepciones contenidas en el instrumento de consulta referido llevan a considerar que la facultad es el derecho que alguien tiene y que está en aptitud de ejercerlo. Tal facultad amerita calificarse como soberana, cuando la ejerce quien goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones. La propia facultad será discrecional cuando su titular la ejerza conforme a su arbitrio, pero con prudencia; esto es, la facultad discrecional no implica que se adopte una decisión en forma ‘arbitraria’, sino conforme a la apreciación de las circunstancias que el titular realice o de acuerdo con la moderación de sus decisiones. Como se ve, el sentido gramatical de los vocablos referidos permite concluir, que la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo tiene lugar, entre otros supuestos, cuando se reclamen actos del Congreso Local, relativos a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que la Constitución del Estado confiera a tales entes, la facultad de resolver en forma independiente, sin injerencia de terceros, o bien, conforme a su arbitrio y con prudencia en la adopción de su decisión. En ambos casos, la facultad relativa no depende de la decisión de terceros y se encuentra libre de presión e injerencia alguna. Ahora procede analizar si las facultades que la Constitución Política del Estado de Jalisco confiere en sus artículos 35, fracción IX y 64, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, al Congreso del Estado de Jalisco, tienen la naturaleza de soberanas y discrecionales, o bien, si son atribuciones que se encuentren sujetas a la decisión de terceros o que el citado Congreso deba ejercerlas en forma determinada, es decir, despojado de su arbitrio y decisión prudente. A fin de efectuar el estudio relativo, conviene reproducir a continuación el texto de los artículos 35, fracción IX y 64, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 219 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que a la letra dicen: (se transcriben). Conforme a los preceptos de la Constitución Política del Estado de Jalisco y de las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y Legislativo del propio Estado, el Congreso de la entidad federativa en comento, tiene la facultad de elegir, mediante votación calificada, a seis de los consejeros integrantes del Consejo General del Poder Judicial, sin que en el texto normativo que co
fiere tal facultad se disponga, de manera expresa, que ésta tenga la característica de ‘soberana’ o ‘discrecional’; es decir, las normas otorgan la facultad y describen la manera en que debe ejercerse, pero no le atribuye calificativo alguno. Sin embargo, para que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo, se actualice, no se exige que los actos emitidos, entre otros órganos, por las Legislaturas de los Estados, en uso de facultades conferidas por la Constitución Local correspondiente, la norma constitucional relativa deba establecer, de manera expresa y ‘sacramental’, que la facultad que otorga al órgano legislativo sea de naturaleza ‘soberana’ o ‘discrecional’. De ahí que deba analizarse la facultad correspondiente, en cada caso, con el propósito de concluir si, en atención a sus características propias, se le puede atribuir la calidad de ‘soberana’ o de ‘discrecional’, pues tales características dependen de que la facultad relativa tenga los atributos que permitan conceptuarla de esa manera y no de que la norma constitucional haga mención explícita de alguno de dichos adjetivos. En el caso concreto, el sentido en que los artículos 35, fracción IX y 64, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de Jalisco se encuentran redactados, permite advertir, sin lugar a dudas, que la facultad de nombrar a los consejeros en comentario, conferida por la Constitución Local al Congreso del Estado de Jalisco, es de naturaleza autónoma, en tanto que tal Ley Fundamental en cita, no exige que la decisión del órgano legislativo referido deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el Congreso del Estado de Jalisco es un órgano de representación conformado por la elección libre, auténtica y periódica de los ciudadanos mediante la emisión del sufragio universal, libre, secreto, directo e intransferible, conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos previstos en el artículo 11, 12 y 17 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo. De manera que cuando el Congreso del Estado de Jalisco elige a los Consejeros integrantes del Consejo General del Poder Judicial, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático porque, en su carácter de representante popular, tiende a conformar uno de los órganos públicos establecidos en el Texto Constitucional Local, en cumplimiento al propio mandato de éste, cuya labor es la de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial del Estado de Jalisco, con excepción del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo y del Tribunal Electoral. En consecuencia, la decisión del órgano legislativo estatal, en este caso, se encuentra revestida de significación constitucional relevante y del mayor grado de representatividad, lo que denota que la actuación del órgano legislativo es de naturaleza soberana, sin que los preceptos que la otorgan limiten de manera alguna, la autonomía que caracteriza a la facultad concedida al Congreso del Estado de Jalisco, para elegir a los consejeros integrantes del Consejo General del Poder Judicial, puesto que si bien la elección la sujeta a la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado y a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad, lo cierto es que estas reglas especiales de procedimiento, especialmente la convocatoria (anuncio, aviso, invitación, decreto, nota, edicto, etcétera) a la sociedad, no menoscaban al carácter autónomo de la facultad del Congreso del Estado de Jalisco, ya que no lo vinculan para que adopte su decisión en sentido determinado, ni sujeta su voluntad a la deliberación de persona u órgano ajeno al propio órgano legislativo, por lo que tal disposición no puede interpretarse en el sentido de que hayan privado de independencia a la facultad del Congreso, en tanto que no sujetan la decisión que éste debe adoptar, a la determinación que vierta persona o institución alguna en respuesta a la convocatoria de mérito. Debiéndose insistir, por ende, respecto del punto anterior, que la convocatoria a la sociedad, traducida en la mera opinión de determinados sectores de ella respecto de las personas que pudieran ser elegibles o incluso de quienes se postulen a sí mismos como candidatos al puesto, no implica sometimiento del Congreso a persona, órgano o asociación alguna, toda vez que aquélla sólo representa el sentir o estimación de las personas convocadas del asunto específico de que se trate, pero carece de toda fuerza vinculatoria, máxime porque, en todo evento, los sistemas atinentes a facilitar la toma de decisiones del órgano legislativo están orientados únicamente a optimizar la función del órgano colegiado relativo, sin que ello pueda representar menoscabo a la soberanía e independencia, en este caso, del Poder Legislativo jalisciense. Se insiste en lo anterior, porque mientras la norma atribuya al órgano legislativo la facultad de decidir por votación de sus miembros, sin sometimiento de éstos a órganos o personas ajenos, ni aquélla establezca tampoco que la decisión del Congreso deba ser aprobada, sancionada o ratificada por órgano o persona distinta, habrá elementos suficientes para concluir que la facultad relativa mantiene incólumes sus propiedades de autonomía e independencia o, en su caso, discrecionalidad, pues esta última característica implica también que la facultad relativa esté despojada de vinculación a la decisión de terceros; de ahí que se estime que el hecho de que se haya dispuesto que previamente se convoque a la sociedad, para que a partir de ahí pudieran formular propuestas los grupos parlamentarios respectivos, no representa sometimiento del órgano legislativo de que se trata, a la decisión de persona, órgano o asociación alguna, ni tampoco implica que la determinación que el Congreso adopte, por votación de la mayoría calificada de sus miembros, se condicione a la aprobación, sanción o ratificación de persona u órgano alguno. En este orden de ideas, tal como se señala en los agravios por el recurrente adhesivo, si la facultad soberana que la Constitución del Estado de Jalisco confiere al Congreso, para elegir a los integrantes del Consejo del Poder Judicial del Estado, tampoco se ve destruida o limitada con el procedimiento derivado de la convocatoria, resulta inconcuso que tal acto, encuadra en el supuesto descrito en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo y, por ende, si dicho acto se señala como acto reclamado en el juicio de amparo, éste será improcedente al actualizarse la causal de mérito. Ahora bien, si respecto de la elección de los consejeros integrantes del Consejo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, efectuada por el Congreso Local, en uso de la facultad soberana que le otorga la Constitución Política del Estado de Jalisco, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por mayoría de razón este supuesto tendrá lugar, cuando se reclame cualquier otro acto emitido por el propio Congreso, dentro del procedimiento instaurado para tal designación, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación apuntado, que es el único que en todo caso podría irrogar perjuicio a determinada persona, mucho menos procederá dicha acción de amparo contra cualquier otro acto intermedio. Lo anterior se patentiza aún más, contrario a lo sustentado por la Juez de amparo, si se toma en cuenta que la causa de improcedencia que se analiza no atiende, como otros supuestos de improcedencia, a la etapa del procedimiento en que el acto correspondiente se emita, sino que dicha causa se refiere, exclusivamente, al origen del acto, esto es, a que provenga de la autoridad legislativa correspondiente, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, cuando la Constitución (Federal o Local, según sea el caso) le confiera la facultad soberana o discrecional para ello. De modo que el supuesto de improcedencia de que se trata se actualiza cuando como en el caso se reclame, en el juicio de garantías, algún acto emitido con motivo de la elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que el órgano legislativo esté dotado constitucionalmente de la facultad soberana o discrecional para decidir al respecto, con independencia de que el acto se emita dentro del procedimiento o se trate de la decisión que elija, suspenda o remueva al funcionario respectivo, es decir, la determinación con que el procedimiento culmine. En el juicio de amparo indirecto en que se emitió la resolución materia del presente medio impugnativo, el quejoso señaló, como actos reclamados, los procedimientos llevados a cabo por el Congreso del Estado para la elección de consejeros del Consejo General del Poder Judicial del Estado; desde las dos convocatorias emitidas por la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, hasta el acta levantada el treinta y uno de mayo de dos mil seis, en la que este último hizo constar que por unanimidad, los diputados presentes en la sesión ordinaria de esa fecha, emitieron voto que favoreció a ********** y **********, como consejeros ciudadanos del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Luego, al tratarse de actos emitidos dentro del procedimiento para la elección o ratificación de los consejeros integrantes del Consejo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, emitidos por el Congreso del Estado en cita, en uso de la facultad soberana que la Constitución Local le confiere para designar a aquel funcionario, como lo sustenta el recurrente adhesivo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo. La anterior conclusión se apoya en la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de clave 2a. LXXXIX/2006, publicada en la página doscientos treinta, Tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el texto de la ejecutoria de la que derivó, de la que este Tribunal Colegiado hizo propios sus razonamientos y consideraciones en el dictado de esta resolución, dada la similitud y analogía que guarda con el presente asunto. La tesis apuntada es del tenor literal siguiente: ‘COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERANOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). Luego, evidenciada la actualización al caso de la causal de improcedencia analizada y el consecuente sobreseimiento en el juicio respecto de los actos antes precisados, con fundamento en los artículos 73, fracción VIII y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, se considera necesario que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22933-6b92f9a6/consejeros-de-la-judicatura-del-estado-de-jalisco · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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